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Sociedad civil ve positivo retorno a PGR de casos de corrupción

La decisión de la Procuraduría General de la República de asumir varias investigaciones por corrupción que ya estaban en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional, recibió el beneplácito de organizaciones de la sociedad civil que consideran que representa un primer paso en busca de lograr condenas.

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SANTO DOMINGO.- La decisión de la Procuraduría General de la República de asumir varias investigaciones por corrupción que ya estaban en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional, recibió el beneplácito de organizaciones de la sociedad civil que consideran que representa un primer paso en busca de lograr condenas.

La medida tomada por la procuradora Miriam Germán permitirá llevar con más rigurosidad las investigaciones y fundamentar de forma adecuada cada expediente, de acuerdo con representantes de la sociedad civil.

Míriam Díaz, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, recordó que la opinión pública veía con mucha preocupación y pena que esos expedientes no llegaban a donde tenían que llegar.

Consideró que al atraer jurídicamente los expedientes, la Procuraduría General tendrá la oportunidad y el reto de presentar expedientes suficientemente sólidos para llevar a los acusados de corrupción ahora sí a la cárcel.

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Juticia (Finjus) , Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que los casos de corrupción debieron haber sido conocidos desde un principio por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y no por la fiscalía capitalina.

Otro de los expedientes corresponde a las denuncias de irregularidades en la compra millonaria de alimentos por parte de INAIPI para distribuir entre familias vulnerables durante el confinamiento por la pandemia.

La Fiscalía apenas había entrevistado la semana anterior a la ex directora de INAIPI, Berlinesa Franco, para comenzar la investigación. Otros casos que investigará la Procuraduría son irregularidades en el CEA y una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo y otra en contra de Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.

Al solicitar a la Fiscalía del Distrito la devolución de los expedientes, la procuradora general señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.

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