La inminencia de reformas anunciadas por el Gobierno ha desatado un previsible griterío aminoplístico en medio del cual pueden confundirse reclamos legítimos con defensas puramente sectoriales. Quizás cada una de las voces en el coro debe juzgarse por su calidad individual. Si se habla de impuestos, exenciones o incentivos, debería existir alguna relación de correspondencia entre aportes al Erario y peso real del cantante. Es una innegable realidad que ha sido exitoso el estímulo oficial al turismo y las zonas francas, cuyas ventajas comparativas, costo de oportunidad menor y alta rentabilidad atraen inversiones. Nuestro país es el décimo mayor exportador de manufacturas de Latinoamérica, lo que no da risas sino ganas de preguntarse cuánto más podríamos exportar si las industrias contaran con un ambiente más favorable. El turismo se vanagloria de generar, junto con las remesas y la minería, parte importante de los dólares para financiar importaciones. Pero la reciente pandemia y contracción mundial por la guerra, cuando el turismo y el transporte marítimo desaparecieron, demostraron cómo la industria y agricultura nacionales mantuvieron abastecido al comercio y con cierto dinamismo a la economía y los flujos de impuestos al Erario. La elogiada resiliencia dominicana posee una fuerte base industrial. Si los empresarios pleitean, en vez de unirse en defensa de principios, o si los privilegios son para uno u otro sector, solo gana el ogro filantrópico que se alimenta de todos. Cuando se nubla el sol playero, el país debe poder seguir avanzando.