Santo Domingo.- La abogada y esposa del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, quien representa a una de las víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set, solicitó una garantía económica de 300 millones de pesos y el impedimento de salida del país para los hermanos Espaillat, imputados por la muerte de 236 personas durante el colapso del establecimiento.
La jurista aclaró que esta suma no corresponde a una indemnización formal, sino que busca garantizar la reparación futura de los daños ocasionados. Además, calificó el hecho como un “homicidio involuntario por negligencia”, y reiteró que están adheridos a la acusación del Ministerio Público.
“Nosotros estamos solicitando que se imponga una garantía económica de 300 millones de pesos en efectivo y el impedimento de salida del país para los imputados, como una forma de asegurar el cumplimiento de futuras indemnizaciones”, sostuvo la abogada.
Explicó que la indemnización varía según el impacto en cada familia afectada, ya que no es lo mismo una víctima que dejó tres hijos menores que otra que no dejó dependientes. “Cada víctima representa una realidad distinta, y los jueces deberán valorar esos elementos en su momento”, indicó.
La profesional del derecho detalló que, aunque la audiencia fue pospuesta por solicitud de la defensa, se encuentran listos para retomar el proceso este martes ante el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Sobre el estado emocional de su representada, dijo que se encuentra atravesando una situación de profundo dolor: “Es una joven viuda, con tres niños, uno de apenas 15 años, y nadie debería pasar por algo así”.
En cuanto a la calificación jurídica del caso, la abogada coincidió con el Ministerio Público en que hubo una priorización del dinero por encima de la vida humana. “Nosotros creemos que se trató de un homicidio involuntario debido a la inobservancia y negligencia por parte de Antonio Espaillat, su hermana y otros implicados. Este tipo de conductas deben ser sancionadas con la pena máxima”, afirmó.
Aclaró que este es apenas el inicio de la investigación y que podrían surgir nuevos elementos que agraven la responsabilidad de los involucrados. “Nos adherimos plenamente a la investigación y a la calificación jurídica que ha hecho el Ministerio Público. Este no fue un accidente fortuito, fue una negligencia que costó vidas”.
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