Solicitarán 18 meses de prisión preventiva para Hugo Beras y Jochi Gómez por caso Transcore Latam
Medida de coerción
Los fiscales acusan a los imputados de haber participado en delitos relacionados con asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, y sabotaje de infraestructuras públicas, entre otros.
Redacción.- El Ministerio Público solicitará este 4 de octubre de 2024 una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez y José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez), en el marco de la investigación del caso Transcore Latam, también conocido como Operación Camaleón.
Este caso involucra a varios exfuncionarios y empresarios por su participación en un entramado de corrupción y espionaje, que ha sacudido el sistema de tránsito del Gran Santo Domingo.
Los fiscales acusan a los imputados de haber participado en delitos relacionados con asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, y sabotaje de infraestructuras públicas, entre otros.
La solicitud presentada por el Ministerio Público ante el tribunal incluye a otros involucrados como Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, así como a las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., e INPROSOL S.R.L..
La Fiscalía también ha solicitado que se declare la complejidad del caso, de acuerdo con el artículo 369 del Código Penal Dominicano, lo que permitiría ampliar los plazos para la investigación, debido a la gravedad y la complejidad de las pruebas presentadas hasta la fecha.
Según las autoridades, la decisión de solicitar prisión preventiva por un período de 18 meses responde al riesgo de fuga, la influencia política y empresarial de los acusados, y el potencial de interferencia con la recolección de pruebas.
El Ministerio Público argumenta que los imputados, por sus posiciones de poder y sus contactos internacionales, representan un peligro para el proceso judicial y la seguridad pública.
Este caso, que ha acaparado la atención pública, involucra denuncias de irregularidades en la licitación del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, así como la utilización de redes de comunicación para espionaje y otras actividades ilícitas.
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