SANTO DOMINGO.- La Pepca en la solicitud de medida de coerción en contra del ex procurador y los demás co-imputados, señala que el extitular del ministerio público, convirtió la sede de la Procuraduría General de la República en un centro de operación de la estructura criminal.
El conocimiento de la medida de coerción fue fijada para conocerse la mañana de este viernes.
El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, junto a otros imputados en la Operación Medusa, convirtieron la Procuraduría General de la República en un “centro de operación de una estructura criminal”.
Transformando la misión de la organización en un objetivo inverso, ya que en la practica la PGR “pasó de la obligación constitucional de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala”.
De igual forma señala el documento que la PGR era utilizada “como un centro de envase y distribución de ron” que se utilizaban en las campañas políticas para la selección del candidato del PLD del 2019, así como para la escogencia de los alcaldes y regidores, además para la campaña presidencial del 2020, y según los testigos empleados de la PGR con los que cuenta la Fiscalía eran obligados asistir fuera de sus horarios laborales apoyar las actividades del entonces candidato peledeista Gonzalo Castillo.
Indica el documento que utilizaron la sede del MP como una especie de comando político o centro de operación desde donde se dirigía el ‘Movimiento Político Renovación” y las aspiraciones personales del entonces procurador.
En la solicitud de medida de coerción, la Pepca afirma que Jean Alain Rodríguez junto a otros exfuncionarios de la institución, distrajeron fondos de agencia de cooperación internacional, con el que, además de “cometer un delito, coloca al país en una vergüenza internacional”.
Así mismo dice la Fiscalía de crearon nóminas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría, recibiendo dinero de soborno en bultos que eran llevados a la PGR.
Además indican que fueron eliminadas las principales fuentes de información de la entidad, con el objetivo según explica en la acusación de “destruir evidencia de los hechos que habían cometido, colocando a la institución en una pérdida irreparable de informaciones en áreas claves como “extradiciones, bienes incautados y antecedentes penales”.
Además sostiene la Pepca que crearon nominas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la PGR.
En el documento se plasma que establecieron un proceso fraudulento de compras en el que se legitimaban los oferentes que eran escogidos previamente.
Recibieron dinero de soborno en bultos que eran traídos a la propia sede de la PGR; el MP dice que crearon empresas a través de testaferros para ellos mismos.
Se le acusa además de destruir evidencias en un gran operativo de trituración en plena transición gubernamental del 2020, desapareciendo cientos de evidencias, perdiendo la institución parte de su memoria histórica; detalla la acusación que incineraron documentos sin dejar acta ni constancia del proceso.
Según el interrogatorio realizado el imputado José Miguel Moya, este manifestó al MP que tras ganar la licitación para los talleres, se le informó “que lo que el Procurador lo que quería crear un show de marketing e imagen con el caso Odebrech, no impartir esas capacitaciones”
Dentro del Plan de Humanización se adquirieron más de 420 millones (RD$420,150,970.49) en equipo de adquisición de sistema de monitoreo, instalación IP, detectores de metales, equipos de seguridad y vigilancia, así como arma de fuego marca glock, los cuales supuestamente fueron adquiridos de manera irregular en una licitación privilegiada a la empresa Smart Logistica Internacional SRL.
De igual forma utilizaban programas informáticos para espiar empleados de la entidad; asegura el MP que espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados, en una maquinaria de espionaje con fines de “intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”.
Además la Fiscalía sostiene que distrajeron cuantiosas cantidades del presupuesto de la entidad para solventar los gastos de equipamientos del local, comida del persona, empleados, material gastable, transporte, combustible entre otros, todo esto indica la Pepca en detrimento de recursos básicos para perseguir los hechos delictivos, facilitar el acceso a la justicia de las personas, proteger las víctimas y testigos y mejorar las condiciones laborales del capital humano.
En la acusación se destaca que en febrero del 2020 la PGR adquirió más de 10 millones en combustible de la empresa Sunix Petrelum SRL, sin embargo, destacan no existen evidencias de a quienes se le asignó el combustible.
El MP en la solicitud cuenta con 47 testimonios de empleados de la PGR y más de 360 pruebas documentales.
