Amnistía Internacional insiste maliciosamente en atribuir a nuestro Gobierno aplicar inexistentes políticas migratorias racistas. A diferencia de Haití, que desde su fundación se vanagloria de ser una “república negra”, la República Dominicana carece de disposiciones legales ni regulaciones basadas en asuntos de raza, dado el innegable hecho de que somos un país de mulatos y otras mezclas raciales donde poquísimos dominicanos son puros blancos o negros. Digo que la imputación es maliciosa porque Amnistía conoce perfectamente la cuestión dominico-haitiana, nuestra historia, abismo cultural y económico. Por eso me alegro ver cómo nuestra vicepresidente Raquel Peña les respondió: «aquí no hay políticas migratorias racistas. Esos organismos internacionales pueden decir lo que quieran, pero que respeten la soberanía nacional y nuestras políticas, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes. Defendemos nuestra soberanía y los derechos de que quién esté aquí. Tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional». Nunca he creído que exista una conspiración anti-dominicana, pero hay que admitir que grupos como Amnistía trabajan duro para convencernos de que sí…