Superintendencia de Bancos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El consultor jurídico de la Superintendencia de Pensiones informó este lunes que la Superintendencia de Bancos debió aportar entre el 2011 y 2012 RD$95 millones porque en los próximos 40 años esa institución, según él, no podía ser autosostenible y reveló que no se sabe lo que varias instituciones del Estado hacen con el dinero de las pensiones porque no están registradas.
Entre las instituciones no supervisadas están: la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Liga Municipal Dominicana (LMD), el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral, según indicó Leonel Sosa.
“Nosotros hemos mandado correspondencia a la Junta Central Electoral para que nos permitan ir y supervisar y para que ellos se registren y no se ha podido. Ya lo hicimos con la Liga Municipal Dominicana y ya nos recibieron, pero todavía no se ha completado el proceso. Sí se hizo con la UASD y mostraron muchos interés, pero no se ha podido…”, expresó.
El presidente Danilo Medina ordenó mediante el decreto 616-12 a la Contraloría General de la República suspender todo aporte de fondos públicos a los fondos y planes complementarios de pensiones.
El decreto dispone que la Contraloría General del República proceda a suspender todo aporte de Fondos Públicos que realicen la administración central del Estado, las instituciones autónomas y descentralizadas y autónomas y descentralizadas financieras y no financieras, instituidas por la ley, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas públicas financieras y no financieras, los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, a los Fondos y Planes Complementarios de Pensiones existentes.
Los fondos aportados por las instituciones públicas a estos planes complementarios de Pensiones deben ser retornados a las mismas.
Leonel Sosa habló en esos términos al ser entrevistado en El Despertador, del Grupo SIN, que se transmite por Antena Latina, donde dijo que la ley 87-01 es de carácter universal, por lo que los funcionarios que quieran aportar en planes complementarios deben hacerlo con recursos propios.
En base a la Superintendencia de Bancos puntualizó que las pasadas autoridades creían que los fondos por ser procedentes de las entidades que ellos supervisaban no eran públicos, pero que la ley indica que todos los recursos que entren al Estado sea por donaciones o por otra vía se convierten en públicos.
