SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Dominicano de Abogado, Miguel Surum Hernández, dijo estar «sorprendido» ante las revelaciones de qué empleados de la Procuraduría supuestamente borraban y alteraban los registros de personas que tenían determinadas fichas, lo cual calificó como una situación grave.
«Estamos hablando de un ámbito muy sensitivo de seguridad nacional que a la luz de la ley 53-07 de delitos electrónicos, pues conlleva penas de hasta de diez años», dijo Hernández.
El presidente del gremio espera que las autoridades refuercen las medidas de control y fiscalización de quienes manejan los códigos de esos programas de registro, así como la instalación de sistemas de backup que permitan en un momento determinado realizar comparaciones y alarmas en caso de alguna alteración.
Se recuerda que, el Ministerio Público puso en marcha, en la madrugada de este martes, la Operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.