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Suspenden contratos para defensa legal de antiguos titulares de Cámara de Cuentas

La disposición también suspende los efectos jurídicos de la referida decisión, así como los efectos de las contrataciones y actuaciones administrativas aprobados en la misma, hasta tanto sea dictada una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

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SANTO DOMINGO.- La decisión DEC-X-2021-001 por la cual los pasados titulares de la Cámara de Cuentas contrataron los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal y de Francisco Franco Soto para que asumieran su defensa por las indagaciones del Ministerio Público en su contra en el caso Caracol, fue suspendida y declarada por las actuales autoridades de la referida institución como lesiva para el interés público.

La disposición también suspende los efectos jurídicos de la referida Decisión, así como los efectos de las contrataciones y actuaciones administrativas aprobados en la misma, hasta tanto sea dictada una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, así mismo la impugnación de la decisión ante el Tribunal Superior Administrativo para que declare su nulidad absoluta, así como la nulidad de las actuaciones y contrataciones efectuadas.

La decisión fue tomada este lunes primero de noviembre a través de la resolución ADM-2021-X-008.

Los antiguos titulares de la Cámara de Cuentas (CC) adquirieron dos contratos con el fin de demandar al Ministerio Público para la entrega de los interrogatorios realizados a miembros de esa entidad, además de exigir la entrega y demandar la nulidad de la Resolución 01-2021, impuesta por María G. Garabito, jueza de la Suprema Corte de Justicia.

En la sede de la CC se desarrollaron allanamientos luego de que la jueza Garabito autorizara el inicio de un proceso de investigación en contra de los miembros de la entidad y exempleados de la misma.

El contrato adquirido contaba con una cláusula penal que disponía que si su terminación se daba por disposición unilateral de la Cámara de Cuentas, la institución estaba en la obligación de pagar los honorarios profesionales pendientes de pagar a la firma Inteligencia Legal y a Francisco Franco Soto, sin lo cual no podrían contratar a otros abogados para la prestación de ese servicio y tendrían la obligación de indemnizarlos moralmente con el pago del duplo de la suma convenida a título de honorarios.

De acuerdo con los titulares actuales, el pago se llevó a cabo en tres partidas.

Una primera parte fue a favor de Francisco Franco Soto por un monto de RD$1,350,000, la segunda parte fue de RD3,150,000 perteneciente al 75 por ciento bajo el concepto de servicios de representación legal a la firma Inteligencia Legal S.R.L y una tercera partida en beneficio de la misma firma equivalente a RD$1,935,000, lo que correspondía al otro 25 por ciento completando el pago a la misma.

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