Quito.- La primera audiencia de testimonios que se celebraba en una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador sobre los papeles de Pandora fue suspendida este lunes después de que dos asambleístas opositoras abandonaran la sala por no querer escuchar a uno de los expertos.
La sesión en la Comisión de Garantías Constitucionales fue interrumpida abruptamente alrededor de las 13.00 horas locales (18.00 GMT) cuando comenzó a hablar el abogado Rodrigo Cordero, experto en empresas offshore y paraísos fiscales.
Pero el presidente de la comisión, José Cabascango (movimiento indigenista Pachakutik), tuvo que interrumpir la cita tras advertir una administrativa que la salida de las asambleístas Victoria Desintonio y Paola Cabezas, del movimiento Centro Democrático, plataforma del correísmo en las pasadas elecciones, dejaba sin quorum la audiencia.
Lo hicieron en protesta por el testimonio de Cordero, cuyo nombre fue mencionado en el pasado en relación a actividades en paraísos fiscales y los papeles de Panamá.
«Es un tema de muchísima actualidad, de alta movilidad. Los paraísos fiscales no son estáticos, se mueven de una jurisdicción a otra», apenas alcanzó a decir el abogado, en una jornada dedicada a conocer el funcionamiento técnico y legal de estas empresas.
PRIMERA AUDIENCIA DE TESTIMONIOS
La mencionada Comisión, donde la oposición cuenta con apoyo mayoritario, espera descubrir si el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, incurrió en algún delito.
Según los Papeles de Pandora, Lasso tuvo ese tipo de bienes hasta 2017, y así lo ha confirmado él mismo, pero asegura que ese año, a raíz de un referendo, se deshizo de ellos para poder seguir su carrera política.
Sin embargo, la oposición quiere investigar si aún le queda alguna propiedad, si incurrió en algún tipo de testaferrismo al deshacerse de los bienes -algunos transferidos a familiares- o si cometió evasión o elusión de impuestos.
La audiencia se celebra de forma semipresencial y transmitida por Facebook, con la participación este lunes sobre todo de expertos académicos y financieros.
El docente de derecho tributario Carlos Pontón explicó que por «paraíso fiscal» se entiende un lugar que cobra bajos impuestos y brinda un completo sigilo de la información.
A su criterio, Dakota del Sur, donde el presidente tendría fideicomisos, puede ser considerado uno de estos paraísos por las características de su política fiscal, aunque sugirió realizar una consulta vinculante al Servicio de Rentas Internas (SRI, Hacienda) para que aclare el tema.
Por su parte, el constitucionalista Alfonso Zambrano insistió en que se debe investigar cómo se deshizo Lasso exactamente de sus bienes e inversiones antes de alcanzar la Presidencia en mayo.
A la Comisión, que tiene un mes para entregar su informe, han sido llamados a declarar más de 40 testigos, primero de organizaciones técnicas, entre ellas los periodistas locales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), funcionarios y representantes de instituciones fiscales y jurídicas del Estado, el propio Lasso, su esposa y un hijo.
Los periodistas del ICIJ tenían previsto testificar este lunes.
ESPOSA E HIJO TAMBIÉN
La primera audiencia ha puesto de relieve la politización de la investigación, entre otras cuestiones, al lidiar con la pregunta de si la esposa del presidente, María Lourdes Alcívar, y uno de sus hijos Santiago Xavier Lasso, pueden o no ser convocados a la comisión, dado que esta solo puede en teoría convocar a funcionarios de Estado.
En ese sentido, y mediante votación, la Comisión ratificó el llamado a ambos familiares del presidente bajo el alegato de Cabezas de que «no se trata de una comparecencia» sino de una invitación a brindar información.
Ambos comparecerán este miércoles, como Lasso, pero a horas distintas.
Frente a los ataques y críticas a los que ha quedado expuesto Lasso, su vicepresidente, Alfredo Borrero, le dio este lunes un «apoyo total» y recordó que «él está abierto completamente a todo tipo de investigación».
«Pero ojalá no se entremezcle en la investigación la política. El objetivo de la política mal llamada, mal utilizada, es querer destruir lo que se logró en las urnas», denunció sobre la politización del caso.