FIU y el programa migratorio 287(g)

En 2025, FIU se convirtió en la primera universidad de Estados Unidos en sumarse voluntariamente al programa 287(g), que permite a los servicios policiales locales asumir funciones de agentes migratorios federales. Ninguna otra institución educativa del país, fuera de Florida, participa en ese programa, según la demanda, interpuesta a nombre de los estudiantes.

La universidad abrió un proceso administrativo contra siete participantes por infringir la prohibición de realizar «actividades expresivas» dentro de los edificios. Seis de ellos recibieron una amonestación escrita, mientras que el séptimo caso sigue abierto.

La jueza suspende las sanciones

La jueza Jacqueline Becerra dictó esta semana una medida cautelar en la que concluyó que esa prohibición es probablemente contraria a la libertad de expresión.

La expresión de los estudiantes no puede limitarse, salvo que perturbe de forma sustancial la misión educativa o implique un desorden grave o la invasión de los derechos de otros», escribió la jueza en la orden, difundida por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida, que lleva el caso.

La breve protesta ocurrió en marzo pasado, cuando un grupo de estudiantes se levantó a mitad de un foro de la rectora Jeanette Núñez —quien fue vicegobernadora de Florida durante el mandato de Ron DeSantis— y mostró camisetas con el mensaje en inglés: ‘ICE fuera de la FIU‘.

Bloquear esta norma significa que los estudiantes pueden empezar el semestre de otoño sin miedo a que los castiguen por protestar pacíficamente», afirmó en un comunicado Max Fondren, al frente de ICEBreakers, el grupo estudiantil que nació contra el convenio y demandó a la universidad el pasado 11 de agosto.

Impacto en alumnos hispanos y DACA

Casi el 70 % de los alumnos de grado de la FIU son hispanos y unos 600 están acogidos a DACA, el programa que ampara a quienes llegaron al país siendo niños, según la demanda.

La medida es provisional y ampara formalmente solo a los miembros de ICEBreakers, aunque la ACLU sostiene que su razonamiento haría inconstitucional aplicarla a cualquier otro estudiante.