La magistrada Vanesa Acosta, rechazó una objeción a la decisión de la Procuraduría General de la República, introducida por los abogados de las querellantes Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, quienes trabajaban en el departamento de Auditoría del órgano fiscalizador estatal.

La jueza entendió que como determinaron los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte el caso, los hechos que se denunciaron no forman parte del tipo penal de acoso sexual que se plantea en el artículo 333-2 del Código Penal.

Defiende que el ilícito, dicha acción típica se constituye por actos conducentes a conseguir favores sexuales, situación que no aparece en el relato fáctico ni pudo ser verificado en la oferta probatoria, de manera expresa ni tácita. Pero la conducta del funcionario puede ser considerada como antiética y cuestionable en lo moral.

Los abogados de las demandantes, encabezados por Francisco García Rosa, habían solicitado a la jueza Acosta, revocar la decisión de los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte, dictada a través de un auto número 02-2023 de fecha 20 de julio del 2023.

El representante legal de las querellantes adelantó que pedirán una indemnización de 5 millones de pesos para cada una de las agraviadas.

Las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, del Departamento de Auditoría de la Cámara de Cuentas, confirmaron que el acoso en su contra se llevaba a cabo desde diciembre del año pasado.

Ambas mujeres no descartan llegar a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Cuentas.

El abogado de las dos querellantes, Francisco García, quien dijo que piden prisión contra Janel Ramirez y una indemnización de 5 millones de pesos para cada una de sus representantes, reveló que existen pruebas de que otras empleadas de la Cámara de Cuentas y de diferentes instituciones donde Ramirez ha prestado servicios, también han sido acosadas.

Ambas abogadas se presentaron la mañana de este miércoles ante la procuraduría para ser interrogadas por los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte.

Se espera que la próxima semana comparezca ante esta Procuraduría para ser interrogado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez.

Francisco García, Abogado de las querellantes, manifestó que hay pruebas de que las dos fueron acosadas, y que incluso hay pruebas que de otras más.

De las tres formas de acoso en el trabajo -psicológico, físico o sexual- la primera es la más habitual, ya que un 17,9% de los encuestados (583 millones) dice haberlo sufrido, destaca el estudio presentado en rueda de prensa por la asistente del director general de la OIT para Gobernancia y Derechos, Manuela Tomei.

Mientras los hombres son las principales víctimas en el acoso físico (que afecta al 8,5% de todos los empleados encuestados, el equivalente a 277 millones), las mujeres sufren más el acoso sexual, que en total dicen haber padecido 205 millones de trabajadoras, un 6,3% del total.

«El estudio nos muestra la enorme tarea que queda por delante a la hora de acabar con la violencia y el acoso en el marco laboral, y esperamos que acelere las acciones sobre el terreno», destacó Tomei.

Entre los encuestados que dijeron haber sido víctimas de acoso, casi un tercio dijo haber sufrido más de una de las tres modalidades (físico, psicológico y/o sexual), y un 6,3% alegaron haber padecido todas ellas.

Además, tres de cada cinco acosados alegan haber sufrido estas formas de violencia en más de una ocasión.

El sondeo indica por otro lado que las mujeres jóvenes tienen el doble de probabilidades de sufrir acoso sexual en comparación con sus colegas de trabajo de la misma edad, o que el peligro de sufrir este tipo de violencia se duplica entre las trabajadores migrantes con respecto a las no migrantes.

El estudio muestra además la dificultad en conocer el verdadero impacto de este acoso laboral, ya que sólo algo más de la mitad de los que lo sufren dicen haber compartido esta mala experiencia con alguien, e incluso en estos casos, suele ser únicamente cuando se ha experimentado de forma repetida.

Tomei explicó que las principales razones que los acosados adujeron para no denunciar esta violencia fueron considerar que contarlo «era una pérdida de tiempo», o que incluso podría afectar a su reputación en el marco laboral.

Las mujeres se mostraron más abiertas a denunciar estas formas de acoso (un 60,7% lo hicieron) en comparación con los hombres (50,1%).

Por regiones, la encuesta arrojó cifras especialmente altas en América, donde más de un tercio de empleados (34,3%) dice haber sufrido algún tipo de acoso laboral, un porcentaje que en el caso de las mujeres sube al 39%.

La segunda región con cifras más altas es África, donde el porcentaje de empleados que padecieron acoso fue del 25,7% (en este caso es mayor entre hombres, un 26,5%), mientras que en Europa y Asia Central la tasa de empleados que han vivido esta violencia es del 25,5% (entre las mujeres sube al 30%).

Las tasas bajan al 19,2% en Asia-Pacífico y al 13,6% en los países árabes, siempre según las cifras de la OIT.

La encuesta, primera que la OIT lleva a cabo para medir el impacto del acoso y la violencia en el trabajo, fue elaborada junto a la Fundación Lloyd’s Register y la firma de análisis y asesoría Gallup, basando sus resultados en respuestas a 75 mil empleados en 121 países.

En tanto que legisladores aseguran estar listos para iniciar un juicio político de encontrarse culpable al presidente del pleno.

Al menos cuatro personas se tiene previsto entrevistar este miércoles, entre los que figuran la vicepresidente de la cámara de cuentas, Elsa María Catano Ramírez y el también miembro  del pleno Mario Fernández.

El abogado de las querellantes Bella Massiel García y Virginia Correa Jiménez, explicó que tras concluir los interrogatorios de los empleados del órgano fiscalizador y miembros del pleno, serán entrevistas sus clientas, así como al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, como parte de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.

Asimismo indicó que ya fue entrevistado el asistente de Ramírez y otro empleado de la entidad.

De su lado, legisladores indicaron que de  encontrarse culpable de acoso a Ramírez están listos para abrir un juicio político en su contra.

Las entrevistas son hechas por los procuradores adjuntos Fernando Quezada e Isis de la Cruz, quien están al frente de las investigaciones por la querella interpuesta contra el presidente de la cámara de cuentas por supuesto acoso laboral y sexual.

En el día de ayer fueron interrogados los empleados  Loyda Mejía, Carlos Hernández, Fernelis Ortiz y Roberto Reyes.

Además de la acusación privada contra Janel Ramirez, se notificó al Senado, la Cámara de Diputados, la Dirección de Ética y al Ministerio de la Mujer, donde las damas fueron evaluadas y enviadas a centros de protección contra la violencia.

Para esta tarde se tiene previsto que sean entrevistados la vicepresidenta de la Cámara de cuentas y otro miembro del pleno.

Los declarantes corresponden a los nombres de Carlos Hernández, Noemí mejía, Fernelis Ortiz y Roberto Reyes, indicaron Francisco García Rosa y Máximo Correa,  abogados de las dos empleadas del órgano fiscalizador del Estado, quienes sometieron la denuncia.

Sostuvieron que los interrogatorios serán hasta la próxima semana como una primera etapa de testigos “a cargo y descargo”, pero que luego, las querellante, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, serán llamadas para las indagaciones de lugar.

“La investigación no solo son interrogatorios, estos son partes de las investigación, pues finalmente llegará el momento en que el imputado, Janel Ramírez, será indagado” expresaron.

Además, no descartaron que un juicio penal y uno político se lleven de manera paralela contra el imputado, ya que entienden que no se contrapone con la ley. Se recuerda que la querella fue depositada el pasado viernes 16 de septiembre en la Secretaría General de la Procuraduría. En el documento de 13 páginas, expusieron ante Miriam Germán Brito la cronología del supuesto acoso, el cual según el informe, comenzó en diciembre del 2021.

El tema de presuntas irregularidades cometidas por el máximo representante de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, vuelve a la opinión pública, esta vez, por la decisión que adoptó este miércoles el Senado de la República.

De acuerdo a la bancada oficialista cuando se trata de un funcionario de elección, como es el caso de los miembros de la referida institución, lo que procede no es la creación de una comisión, sino más bien realizar un juicio político.

Desde la oposición criticaron la decisión del Senado y aseguraron que los 16 votos en contra de que se cree una comisión para investigar el conflicto de la Cámara de Cuentas no es más que una línea partidaria.

Desde hace varias semanas, el Ministerio Público investiga una acusación contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramirez por acoso laboral.

Según informaciones en este caso existen unas 11 personas que declararán en contra del Ramírez.

Además de las presuntas irregularidades en que estarían incurriendo miembros del órgano de control externo de acuerdo con la oposición, que consideró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con su decisión malogró el ejercicio de la transparencia.

Con una votación de 16 de los 24 senadores que estuvieron presentes en el hemiciclo, la Cámara Alta decidió dejar que el Ministerio Público desarrolle las investigaciones contra Janel Ramírez, quien preside la institución fiscalizadora.

El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo consideró que no hay justificación para que el Senado no indague sobre el caso.

La posición de los legisladores oficialistas salió del Palacio Nacional, según el vocero de la bancada peledeista, Yván Lorenzo, quien señaló que el caso tiene mérito para ser investigado.

Sin embargo los congresistas oficialistas justificaron su decisión de votar contra la resolución.

Hasta el momento se desconoce si la oposición volverá a introducir la resolución en el Senado de la República para solicitar mediante una comisión investigar el caso de la Cámara de Cuentas.

Para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado la solicitud carece de objeto tomando en cuenta que los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, negaron haber recibido alguna denuncia de acoso laboral y otras presuntas irregularidades en el órgano fiscalizador.

El senador Catrain consideró además que el consenso al que arribaron la mayoría de los miembros de la Cámara de Cuentas evidencia que la situación está subsanada.

Pero la oposición política lamenta los pronunciamientos del presidente de la Comisión de Justicia del Senado y esperan que todavía haya espacio para una profunda investigación.

Participación Ciudadana considera que el presidente de Cámara de Cuenta debería tomar una licencia en lo que se investiga el caso.

Mientras esto ocurre en el Senado, en la Cámara de Diputados ya una comisión determinó citar para la próxima semana a los miembros del órgano de control a los fines de entrevistarlo sobre la denuncia que pese en su contra.