Sentencia y rechazo a extinción de acción penal

El tribunal de alzada rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo argumentada por el procesado y confirmó en todos sus aspectos la Resolución Penal marcada con el núm. 249-02-2025-SRES-00089, dictada el 5 de agosto del pasado año por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por no haberse verificado los vicios argüidos por el recurrente.

El Ministerio Público estuvo representado por José Manuel Aguiló Talavera, procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Jonathan Pérez, fiscal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El tribunal fue integrado por los jueces de la corte Isis Muñiz (presidenta), Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, quienes rechazaron el pedimento del acusado por corrupción.

«Este tribunal rechaza el pedimento de extinción de la acción penal por duración máxima», indicó el pleno del tribunal al dar a conocer la decisión.

El recurso de apelación fue interpuesto el 30 de septiembre del pasado año por Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), a través de los abogados constituidos y apoderados especiales Cristian Alberto Martínez, Romer Antonio Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino.

Red de corrupción y proceso judicial

Cáceres Silvestre, principal acusado del caso, encabezó la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos por más de RD$4,500 millones del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitieron en primera instancia la resolución penal que rechaza la extinción de la acción penal del proceso.

La decisión fue fundamentada en precedentes del Tribunal Constitucional, que ha establecido que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la justicia dominicana, caracterizado por limitaciones operativas y múltiples recursos procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos.

También, se estableció que en la fase preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco (5) a noventa y cinco (95) días hábiles, medida que fue adoptada para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos.

En ese mismo orden, las juezas indicaron que durante la etapa de juicio se produjeron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2025, fecha en la cual inició la presentación oral de la acusación por parte del Ministerio Público.

Los citados aplazamientos respondieron a causas atribuibles a las defensas de los imputados, como la incomparecencia de personas jurídicas a través de sus representantes legales, la designación de defensores públicos, la concesión de plazos adicionales para que los nuevos abogados conocieran la acusación y las pruebas, las renuncias y cambios de defensores, la incomparecencia de defensas técnicas y las licencias médicas de imputados.

El tribunal, igualmente, indicó que no existe constancia de que algún aplazamiento o suspensión, tanto en la fase preliminar como en el juicio, haya sido provocado por el Ministerio Público o el actor civil querellante.

La decisión señala que: «Tras el análisis de todos estos elementos, entiende el tribunal que no puede determinar en el conocimiento del caso seguido al acusado Adán Benoni Cáceres Silvestre y compartes, que ha existido una dilación indebida, sino que el discurrir del proceso se ha dado dentro de los márgenes de la ley y respetando el derecho de todos los involucrados, lo que ha justificado la extensión del plazo previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal».

–

El proceso contra la red de corrupción

El Ministerio Público solicitó el pasado 5 de febrero al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

Además, solicitó 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

Durante la audiencia, los abogados de Cáceres aseguraron que el órgano persecutor no presentó pruebas que vinculen a su cliente con los hechos imputados, por lo que solicitaron su descargo.

Acusación por desfalco al Estado dominicano

Adán Cáceres y otras 47 personas físicas y jurídicas están acusadas de presuntamente desfalcar al Estado dominicano con más de cuatro mil millones de pesos mediante estructuras vinculadas a instituciones castrenses.

El Ministerio Público concluyó este jueves la presentación de sus conclusiones en el juicio y solicitó al tribunal la condena de los imputados, a quienes acusa de integrar un entramado de corrupción administrativa que habría operado desde organismos de seguridad del Estado.

Durante la audiencia, el órgano acusador pidió penas de 20 años de prisión, además de multas equivalentes a 400 salarios mínimos y el decomiso de bienes para los principales implicados en el proceso.

Adán Cáceres: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Juan Carlos Torres Robiou: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Rafael Núñez de Aza: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Julio Camilo de los Santos Viola: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Boanerges Reyes Batista: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Franklin Alberto Mata Flores: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.

15 años

Rossy Guzmán, Kelman Santana, Pedro Castillo Nolasco

10 años

Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco y 0tros 12 imputados.

5 años.

Eric Daniel Pereyra Núñez.

En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, el órgano persecutor solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunez

Y 200 salarios mínimos, asi como el decomiso de sus bienes. El tribunal deberá tomar en consideración el tiempo en prisión domiciliaria y lo restante será de manera suspendida.

Además, 5 años de prisión para Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

Bienes incautados y calendario judicial

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.

Según el calendario establecido por el Primer Tribunal Colegiado del DN, le corresponderá a la defensa del exdirector del CUSEP Adán Cáceres el 10 de febrero. 

Tras 15 días de haber iniciado con la presentación de sus conclusiones, este martes el MP tiene previsto solicitar a las juezas del primer Tribunal Colegiado del D.N.  condenas para el ex jefe del cuerpo de seguridad presidencial Adán Cáceres y demás imputados en el supuesto entramado de corrupción administrativa que involucra a altos mandos militares.

Durante la mañana de este martes, el órgano acusador concluyó que el General de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos  Viola junto a seis miembros de su familia formó una red para lavar activos provenientes del dinero sustraido de entidades castrenses.

Reacciones de la defensa ante nuevas imputaciones

La fiscalía asimismo señaló que De los Santos Viola se asoció con Adan Caceres para apropiarse de manera ilegal de varios apartamentos y  posteriormente  rentarlos o venderlos de forma irregular.

Tras escuchar las conclusiones del MP,  la defensa del General de la Fuerza Aérea, aseguró que en esta etapa del proceso, el  órgano acusador ha añadido nuevos tipos penales contra su cliente, que no estaban sustentados en la acusación inicial.

Los abogados del imputado declararon que no descartan pedir una sanción administrativa contra el MP, una vez culmine el proceso contra su defendido.

Actualmente, Cáceres Silvestre cumple prisión domiciliaria y uso de grilletes como medida de coerción.

Antes de imponérsele la citada medida de coerción, Cáceres Silvestre estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, por ser el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral, que involucra a militares, policías y familiares de estos.

El pasado mes de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso, al acoger la petición del Ministerio Público, que alegó que la acción fue interpuesta fuera del plazo.

El proceso penal que incluye a unos 30 policías y militares está en la etapa de juicio de fondo. Constantes aplazamientos de las audiencias, durante ocho meses, han impedido el avance del caso, que está siendo conocido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Al insistir que a su defendido le violaron sus derechos y varios principios del debido proceso, la defensa técnica del General Adán Cáceres, concluyó su defensa este lunes pidiendo al tribunal que su cliente sea excluido del proceso además del retiro de unas 600 pruebas, que asegura son ilegales.

Junto a la solicitud de auto no a lugar, los abogados de Cáceres pidieron al tribunal la devolución de todos los bienes y dinero que fueron incautados, tanto del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, la Asociación Campesina Madre Tierra y las propiedades de Cáceres, que en la actualidad se encuentran bajo custodia del Ministerio Público.

Así mimo la barra de la defensa solicitó el cese de toda medida de coerción impuesta a Cáceres.

Cáceres y demás implicados en las operaciones Coral y Coral 5G, son acusados por el MP de desfalcar al Estado con más de 4 mil millones de pesos.

Los juristas agregaron que dicha solicitud tiene el objetivo de articular una defensa integral a la querella particular presentada por la Fundación Alfredo Nobel, Inc.

Asimismo, en la audiencia llevada a cabo este lunes 24 de abril, los abogados de Cáceres Silvestre, Cristian Alberto Martínez Carrasco, Romer Jiménez y Francisco Álvarez Aquino, reiteraron a la magistrada Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que en este proceso tiene particular importancia el llamado principio de contradicción, alegando que los jueces no pueden adoptar ninguna decisión de mérito sin que en forma previa las partes hayan expuesto sus argumentaciones.

Sobre el principio de contradicción «la regla abarca no sólo a la sentencia, sino también a cualquier decisión que implique la restricción de los derechos del acusado o tenga alguna transcendencia para el curso del proceso» sostuvieron los juristas quienes aseguran que hasta hace poco desconocían sobre la acusación presentada por la Fundación Alfredo Nobel, Inc. en fecha 28 de noviembre de 2022.

Afirman que «el artículo 95 del Código procesal penal al referirse a los derechos del imputado establece que la obligación de comunicarle los cargos que se le adjudican existe no en este período que nos encontramos ahora, sino que deben estar configurados y presentados sin sorpresas y juegos del gallo capón, desde las primeras gestiones relacionadas al inicio de una investigación en su contra, dicho texto incluso establece un régimen de consecuencias en caso de violación a estos derechos, y los efectos al proceso mismo, que en el caso ocurrente, coinciden con las derivaciones de derecho que concretizaremos en nuestra parte petitoria formal».

Por lo que los representantes legales del general Adán Cáceres manifestaron que la falta de notificación de los cargos de forma adecuada y oportuna, es decir, antes de ejercer sus medios de defensa, implica violaciones a los derechos fundamentales de su cliente.

Se recuerda que hace unas semanas la defensa de Adán Cáceres solicitó ante el Consejo del Poder Judicial un juicio disciplinario contra la Juez Yanibet Rivas, alegando que violó el artículo 66 de la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, 69 de la Constitución y 83 del Código Penal Dominicano.

Los abogados señalaron a través de la denuncia que con este proceso se han ejecutado graves violaciones a la Constitución y las leyes.

“Pedimos que la acusación de la Fundación Alfredo Nobel sea presentada sea presentada como las demás, para tener un conocimiento integral de la carga acusatoria en el presente proceso, entonces a partir de ese momento poder realixar una defensa completa”, dijo el abogado Cristian Martínez, durante su exposición ante la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas.

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

De acuerdo con la querella, Rivas violó el artículo 66 de la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, 69 de la Constitución de la República Dominicana y 83 del Código Penal Dominicano, que regula los derechos y deberes de los magistrados del orden judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, estableciendo las normas de trabajo entre estos, para garantizar la idoneidad, estabilidad e independencia de los mismos.

Los abogados explican que su cliente en base a su línea de defensa, ha impugnado decisiones, ha realizado solicitudes de resolución de peticiones, algunas de las cuales han sido aceptadas y otras no.

“Ha solicitado peritajes, ha procurado juramentación de peritos, ha presentado incidentes frente a los querellantes que dicen representar al Estado dominicano, ha asumido una posición definida y clara con respecto a la solicitud de fusión del Ministerio Público en correspondencia con su línea de acción”, dice el documento.

Manifestaron que el ciudadano Adán Cáceres ha objetado líneas discursivas del Ministerio Público y de algunas partes, ha depositado pruebas a descargo y ajustado matemáticamente sus medios al devenir del desarrollo del proceso.

“Cáceres ha virado sus cartas sobre la mesa jurisdiccional pensando que las reglas del juego también lo estaban. A la fecha, sólo queda plantear oralmente las consecuencias que se subsumen de esas medidas que, por cuestiones de plazos e imposición, ha tenido que realizar sin demora conforme el ritmo de este proceso, incluso sin tener el tiempo necesario para conocer el alto volumen de papeles, al que de forma digital, el Ministerio Público pretende dar carácter de prueba en este proceso dirigido y cautelado por la jueza denunciada”.

Los juristas califican la situación como un escenario de anarquía, burla al derecho y terror judicial “al que nos quiere llevar el Ministerio Público, al parecer todo es permitido. Todo es válido. Aquí vale todo, salvo que sea para respetar los derechos de los sometidos a escrutinio judicial”, cita el documento.

Cristian Ramírez, Romer Jiménez y Francisco Álvarez, expresaron que el juez debe ser neutral frente al proceso “no puede presumir lo que conviene o no a las partes. Tiene la obligación de notificar a todos los involucrados sobre los hechos de la causa, máxime si afectan la carga de acusación y pruebas de la instancia que se ventila”.

El tribunal tomó la decisión al no asumir un recurso de apelación presentado por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

El Ministerio Público buscaba revocar la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dispuso la variación de la medida de coerción de los imputados, al cumplirse el tiempo que establece el Código Procesal Penal para este tipo de medida.

Asimismo, la Corte de Apelación rechazó un recurso de apelación presentado por los imputados de manera separada, con el cual buscan la libertad pura y simple, al no estar conformes con el arresto domiciliario que cumplen desde hace más de un mes.

En la instancia, el Ministerio Público pedía al tribunal de alzada acoger su recurso y en consecuencia revocar la decisión de la jueza para que los imputados regresaran a la medida de coerción dada inicialmente por el juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, quien dictó prisión preventiva en contra de los acusados de presuntos actos de corrupción.