El anuncio fue realizado por el secretario general del gremio, Julio Canelo, quien explicó que la decisión busca dar tiempo a las autoridades educativas para corregir los inconvenientes detectados en el sistema, por lo que esta fase será retomada la próxima semana.

• Canelo precisó que, a pesar de esta situación, el proceso no se detiene, ya que se continuará avanzando con la sexta etapa de la evaluación docente.

Etapas de la evaluación

El dirigente destacó que las primeras cuatro fases se desarrollaron conforme a lo establecido. Detalló que el proceso inició con una etapa de registro en la plataforma, seguida de la identificación del cargo que desempeña cada maestro; luego, una autoevaluación y, posteriormente, la evaluación por diversos actores.

En ese sentido, explicó que la cuarta etapa —actualmente en curso— incluye la evaluación del superior inmediato, así como la de docentes acompañados, supervisados y colegas.

Respecto a la quinta etapa, indicó que corresponde a la evaluación del desempeño o rendimiento profesional, la cual estaba prevista realizarse de manera completamente digital. Sin embargo, señaló que la modalidad implementada generó dificultades, ya que los docentes del nivel básico fueron convocados a presentarse en centros sede habilitados por distrito educativo, en horarios previamente asignados.

Cada maestro tenía una hora específica para asistir a su centro sede, pero la plataforma presentó fallas que impidieron el desarrollo normal del proceso”, explicó.

Llamado al Minerd

La ADP reiteró su llamado al Minerd a garantizar condiciones técnicas adecuadas para evitar retrasos y asegurar la transparencia del proceso evaluativo, considerado clave para el sistema educativo nacional.

• Valdez hizo un llamado a los maestros a no tomar la prueba, alegando que las deficiencias en la plataforma tecnológica y en las condiciones de aplicación impiden una medición adecuada del desempeño del profesorado.

Fallas del proceso

Según explicó, las irregularidades fueron advertidas incluso antes del inicio del proceso, señalando que miles de docentes han sido convocados a centros educativos en horario de clases, lo que —afirma— provoca que los estudiantes queden sin docencia debido a la falta de sustitutos.

Asimismo, criticó las condiciones en que se realizan las evaluaciones, indicando que muchos de los espacios no cuentan con la infraestructura física ni tecnológica adecuada. “Los lugares están llenos de ruido, con personas alrededor, lo que elimina la autenticidad de la prueba”, sostuvo.

Impacto en la calidad

El representante del colectivo enfatizó que la evaluación docente debe funcionar como un diagnóstico clave dentro del sistema de carrera, orientado a identificar áreas de mejora en la formación de los educadores. En ese sentido, advirtió que, si el proceso no se realiza correctamente, se compromete la calidad educativa en el país.

«El problema es que no se ha entendido la importancia de esta evaluación. Si se hace mal, no podremos mejorar el desempeño docente ni su capacitación y, en consecuencia, tampoco la calidad de la educación”, expresó.

Finalmente, Valdez consideró que el proceso se está ejecutando con el objetivo de cumplir metas administrativas o incentivos económicos, en lugar de priorizar la calidad y el impacto real en el fortalecimiento de las competencias de los docentes del sistema público.

Jorge, dijo que la implementación de los autobuses eléctricos ha estado plagada de improvisaciones que terminaron afectando a miles de estudiantes durante el pasado año escolar.

Explicó que el servicio estuvo suspendido por más de dos semanas, debido a que los autobuses eléctricos no tenían estaciones de carga adecuadas.

Manifestó que, en un inicio, se había llegado a acuerdos provisionales con instituciones privadas para abastecer los vehículos, pero estas retiraron el apoyo por los inconvenientes que generaba.

“El servicio estuvo suspendido. Compraron autobuses eléctricos sin tener previamente la infraestructura para cargarlos. Es un ejemplo claro de improvisación y de cómo las decisiones se toman sin planificación”, afirmó Jorge durante una entrevista.

También criticó que en zonas montañosas como San José de las Matas se enviaran autobuses eléctricos que no eran aptos para ese tipo de terreno, lo que obligó a sustituirlos por unidades convencionales.

“No daban la talla. Es evidente que se toman decisiones sin pensar en las realidades geográficas del país”, sostuvo.

A pesar de que las autoridades han anunciado la llegada de cargadores para mejorar el servicio en este nuevo año escolar, Jorge advirtió que la raíz del problema sigue siendo la falta de planificación. Según él, decisiones como estas no priorizan las verdaderas necesidades del sistema educativo, sino los intereses de quienes se benefician de contratos estatales.

SANTO DOMINGO. – La revelación de que dos de cada 10 alumnos no aprobaron las Pruebas Nacionales y deberán presentarse a una segunda convocatoria ha encendido las alarmas entre autoridades y sectores vinculados a la educación, debido al escaso avance en los niveles de aprendizaje, pese a más de una década de asignación del 4 % del PIB al sistema educativo.

Como preocupante ha sido calificado el hecho de que más del 20 por ciento de los estudiantes que tomaron las Pruebas Nacionales en la primera convocatoria hayan reprobado los exámenes.

“Son resultados que esperábamos que fueran mejores. Esto nos llama a integrar más a la familia y a revisar los procesos que se están llevando a cabo”, expresó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

Hidalgo insiste en que las Pruebas Nacionales no deben ser una carga emocional para los estudiantes, sino una herramienta diagnóstica que permita evaluar y mejorar el sistema educativo.

“Estas pruebas deben servir para mirar cómo están nuestros docentes, qué necesita la escuela y cómo planificamos mejores procesos educativos”, agregó.

Desde Educa valoran positivamente que se retome la evaluación del sistema, pero advierten que es urgente apoyar a los estudiantes que no aprobaron, evitando que se sientan excluidos o abandonados.

“Es fundamental darles seguimiento a esos estudiantes y acompañarlos de forma cercana para que esta experiencia no los saque del sistema”, dijo Yahaira Sosa, directora ejecutiva de Educa.

Sosa señala que el uso del 4 por ciento del PIB continúa siendo una preocupación, ya que no se percibe un impacto proporcional en la mejora de la calidad educativa ni en el respaldo real a la comunidad escolar.

“Los recursos deben verse reflejados en la formación de los docentes y en su compromiso con el proceso de enseñanza”, añadió.

De su lado, Radhamés Camacho, expresidente de la ADP, advierte que, aunque el 80 por ciento de los alumnos aprobó, ese 20 por ciento restante debe ser motivo de análisis profundo por parte del Ministerio.

“El vaso está medio lleno y no medio vacío. ¿Eso quiere decir que estemos feliz con eso? No hay que preocuparse, hay que preocuparse y ocuparse más”, criticó Radhamés Camacho, expresidente de la ADP.

Según el Ministerio de Educación, un total de 22,529 estudiantes no logró superar la primera convocatoria, mientras que 88,538 sí fueron promovidos, de un total convocado de 114,790, con una asistencia del 97 por ciento.

Del total promovido más de 63 mil corresponden a la Educación Secundaria.

Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la educadora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, expresó este lunes su desacuerdo con la propuesta de unificación del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), al considerar que no existe una justificación clara que sustente esa iniciativa ni que garantice una mejora en el sistema educativo dominicano.

“De la fusión, yo nunca estuve de acuerdo desde que eso se planteó, no la he encontrado fundamental. O sea, yo no he encontrado una fundamentación sólida que me diga que esa fusión va a contribuir a mejorar problemas de lo que afecta el ámbito de la educación”, afirmó Cabrera.

Al ser entrevistada en el programa El Despertador, la maestra advirtió que el MINERD ya enfrenta una carga considerable, y que añadirle las funciones del MESCyT no representaría una solución para los desafíos que hoy en día enfrenta la educación en el país.

“Yo creo que el sistema educativo, el Ministerio de Educación, por sí solo tiene una burocracia sumamente pesada, que es de las cosas que hay que abordar; eso está bien documentado en distintas investigaciones”, explicó.

Asimismo, aseguró que la posible motivación económica detrás de la propuesta no justifica su implementación.

“Yo no le encuentro, más allá del tema de los recursos, que pudiera plantearse reducir dinero a uno de lo que se invertía en uno de estos ministerios… me parece inapropiada si esa es la única razón que se alude para tomar esa decisión”, señaló.

Consideró que las autoridades deberían enfocarse en resolver los problemas estructurales del sistema educativo, como deficiencias en edificaciones, logística y la alimentación escolar.

“Seguimos teniendo desafíos importantes en materia de infraestructura escolar. Yo quiero que podamos salir, que ya no se hable aquí de que una escuela está dañada, de que Cristo Rey está luchando para que le terminen un pabellón… que hay escuelas que no tienen agua potable, que no tienen energía, que no tienen servicios básicos», subrayó.

La educadora enfatizó sobre la relevancia de una discusión profunda sobre el papel constitutivo de la educación en la sociedad dominicana. Insistió e hizo un llamado a la continuación de un debate para mejorar infraestructuras y lógicas escolares.

«La sociedad actual demanda problemas muy concretos del contexto nuestro y también problemas universales, y la educación es una vía esencial para abordarlo», concluyó.

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mostró su preocupación y pidió emitir un reglamento nacional sobre videovigilancia escolar, postura que es apoyada por varios padres de alumnos en el Gran Santo Domingo, quienes ven positiva la instalación de cámaras en las escuelas del país.

Tras entender que esto podría ayudar a esclarecer conflictos en los centros educativos y por considerarla una medida acorde a los tiempos, algunos padres apoyan la instalación de videovigilancia.

Aunque a otros les preocupa quién tendría el control de las imágenes y concuerdan con el Sindicato de Profesores en que deben establecerse reglas claras.

“Las autoridades y personas seleccionadas son las que pueden ver esos videos… Ellos tienen una policía escolar o la directora”, comentó uno de los padres.

La ADP pidió que se cuente con la participación del Ministerio de Educación, las asociaciones de padres y amigos de la escuela, y la sociedad civil para la elaboración de un reglamento para la videovigilancia escolar.

Los maestros también propusieron constituir una mesa de diálogo con la participación del Defensor del Pueblo, UNICEF y otros sectores sociales para estudiar el tema.

La ADP resaltó que no se opone a la instalación de cámaras de videovigilancia en los planteles escolares, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen al magisterio o al estudiantado.

Varios padres se mostraron de acuerdo con la ADP en que deben establecerse sanciones claras ante el uso indebido de las imágenes.

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El sindicato de los maestros también planteó constituir una mesa de diálogo con la participación del Defensor del Pueblo, la UNICEF y otros sectores sociales y, al mismo tiempo, sugirió establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o instalación irregular de sistemas de videovigilancia.

La ADP dijo que no se opone a la instalación de cámaras de videovigilancia en planteles escolares, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen al magisterio o al estudiantado.

Asimismo, la entidad magisterial sugiere establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o instalación irregular de sistemas de videovigilancia. Y propone que su utilización sea un sistema de herramienta y no una herramienta de control laboral, disciplinario o punitivo contra el profesorado.

“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa”, agreg{o la ADP.

Además, indicó que se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela.

Cualquier instalación de cámaras debe guardar equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto al derecho a la intimidad de los estudiantes, docentes y personal”.

La ADP consideró oportuno también tomar en cuenta la jurisprudencia y las opiniones institucionales, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano (TC/0096/19), que reconoció la necesidad de adoptar medidas tecnológicas para prevenir la inseguridad, pero con límites razonables que no vulneren el derecho a la intimidad. Además, la

ADP citó las posiciones externadas por el Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, quienes han manifestado que cualquier política de videovigilancia en escuelas debe centrarse en la protección del menor, y no en el control disciplinario o punitivo encubierto.

Además, refirió que existen una serie de instrumentos internacionales vinculantes al marco jurídico dominicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales y las observaciones de la UNESCO y UNICEF sobre vigilancia escolar y protección de la niñez.

La ADP también analizó el tema del consentimiento y la transparencia que se requieren sobre este tema y opinó lo siguiente: “Toda instalación de cámaras debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal administrativo. El consentimiento debe ser libre, informado y específico, en conformidad con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal”.

Asimismo, consideró que sobre la proporcionalidad y necesidad: “La medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos. No puede instalarse de forma generalizada o indiscriminada. Debe existir un estudio de impacto legal y social previo, incluyendo análisis sobre los efectos psicológicos en estudiantes y docentes”.

Durante la rueda de prensa, los representantes de la ADP denunciaron las precarias condiciones en las que operan numerosos centros escolares: falta de verjas perimetrales, problemas de aguas residuales, ausencia de personal docente y administrativo, deficiencia de materiales didácticos, así como estructuras físicas abandonadas o sin mantenimiento básico.

“Es inadmisible que en pleno siglo XXI tengamos que movilizarnos para exigir que se cumpla lo que establece la Constitución dominicana en su artículo 63”, expresaron los dirigentes gremiales.

En marzo pasado, tras una serie de jornadas de lucha, los presidentes de ambas seccionales se reunieron con el Ministro de Educación, Luis Miguel Decano, quien solicitó desmontar las protestas a cambio del compromiso de atender las demandas planteadas. Según la ADP, se acordó:

Nombramiento inmediato del personal docente, de apoyo y administrativo.

Construcción urgente de verjas perimetrales en centros que no la poseen.

Entrega de recursos pedagógicos y mobiliarios esenciales.

Intervención para mantenimiento básico: pintura, reparación de filtraciones, entre otros.

Creación de una comisión para reactivar la construcción de planteles escolares paralizados desde hace décadas.

Los dirigentes provinciales advirtieron que estas acciones deben ejecutarse durante el periodo de vacaciones escolares finales de junio, julio y principios de agosto— para no afectar el inicio del próximo año lectivo.

“Si no se cumple lo pactado, desde ya informamos que el año escolar 2025-2026 en Duarte y Hermanas Mirabal iniciará movilizado y con demandas activas”, sentenciaron.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Este, se concentró este jueves en el distrito educativo 07-05 para demandar a las autoridades la intervención de los centros educativos en deterioro.

El presidente del sindicato, Waddy Paredes, condenó la situación que enfrentan escuelas como Hilma Contreras, Salvador Then, Politécnico Manuel María Castillo, Eusebio Manzueta, Padre Las Casas y Padre Brea, debido al deterioro progresivo en el que imparten docencia, entre grietas y filtraciones peligrosas.

“Exigimos al Ministerio de Educación y a los organismos competentes que actúen de manera inmediata para resolver esta crisis, garantizando condiciones seguras y adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje”, expresó Paredes.

En medio de consignas, también exigen la destitución de la actual directora del distrito educativo, Socorro Evangelista, tras detectar el uso político que se les está dando a las reubicaciones y traslados de docentes en el distrito.

Esta práctica es promovida por la cúpula del partido PRM, que vulnera los derechos de los educadores y responde a intereses partidistas en lugar de criterios técnicos y pedagógicos.

“A más de un año de haber asumido la dirección del Distrito 07-05, Socorro Evangelista, no ha podido dar respuesta a una sola de las necesidades que afectan los centros educativos que bajo su jurisdicción padecen el mal común de caerse a pedazos. Centros educativos como Hilma Contreras, Eusebio Manzueta, Padres Las Casas, Padre Brea y Manuel María Castillo, Carmen García y Salvador Then, condiciones deplorables, entre filtraciones y grietas que comprometen seriamente el derecho a una educación digna para nuestros estudiantes”, expresó Waddy Paredes presidente de la seccional Este.

El presidente del sindicato, seccionales Este, exige al Ministerio de Educación y a los organismos competentes que actúen de manera inmediata para resolver esta crisis, garantizando condiciones seguras y adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, rechaza enérgicamente el uso político que se está dando a las reubicaciones y traslados de docentes en el distrito, asegura es una práctica promovida por la directora y la cúpula del partido PRM, que vulnera los derechos de los educadores y responde a intereses partidistas en lugar de criterios técnicos y pedagógicos. La ADP reafirma su compromiso con la transparencia y la meritocracia en el ejercicio de la docencia, y advierte que no tolerará la manipulación de los nombramientos con fines políticos, ratificó en sus declaraciones.

Para mañana jueves la ADP está convocando a una concentración frente al Distrito Educativo 07-05 a partir de las 8 de la mañana.

La ADP San Francisco Este continuará en pie de lucha, defendiendo los derechos de los docentes y la educación pública de calidad que merece nuestro país.