Al participar en la entrevista central de El Despertador, Castellanos indicó que en el nombramiento de Astacio hubo una falla, «no por la persona en sí, sino por de donde viene esa persona». 

En ese sentido explicó que el nuevo superintendente fungía como administrador de una distribuidora, que es un agente del sector eléctrico, la cual, según señaló, mantenía conflictos con el ente regulador, por lo que supone errado colocarlo al frente de la superintendecia.

Además, dijo el experto hidroeléctrico, que Astacio formó parte del comité de licitaciones que canceló o suspendió indefinidamente de manera unilateral, y en violación a la Ley General de Electricidad, la recepción de las ofertas para una licitación, por lo que cuestiona la imparcialidad del superintendente cuando la misma sea apelada por el ministro de Energía y Minas. «¿Él va a juzgar lo mismo que él propuso y se lo rechazaron?», cuestiona el ingeniero.

“Al margen de que sea estatal o privado, aunque la ley no lo prohíbe, a mí me luce que no es prudente que usted elija para poner como regulador, como el árbitro del sector eléctrico, a una persona que 24 horas antes de su nombramiento, un minuto antes, era una figura máxima como agente del sector, eso no procede», manifestó Castellanos.

Para enfatizar su punto, el ingeniero explicó que la ley prevé un plazo de uno o dos años para que el superintendente de electricidad que ha cesado en sus funciones preste servicio a ningún agente del sector para evitar conflicto de interés. 

Por lo que consideró que, de manera independiente a sus cualidades, la designación fue un error del presidente o un mal asesoramiento del equipo del respresentante del Ejecutivo.

“Al margen de las cualidades que puede tener Astacio…, fue un error del presidente, mal asesorado, porque no debió poner una persona sacada, precisamente, de un ente que es actor del sector eléctrico para entonces ahora regular a todo el mundo. Creo que eso es un error», subrayó.

Andrés Astacio fue nombrado en la Superintendencia de Electricidad mediante el decreto número 428-22 tras la renuncia de Rafael Velazco, luego de críticas al incremento de salarios en el sector en medio de la crisis marcada por la inflación y el aumento de las tarifas eléctricas por el desmonte gradual al subsidio de la energía.

Aunque Bernardo Castellanos, de manera extraoficial, advirtió que la renuncia del anterior superintendente fue producto del impase entre las distribuidoras y el titular de Energía y Minas, en la que Velazco habría negado unas modificaciones a las licitaciones.

Andrés Astacio se desempeñaba desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha,como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de Edeeste, Edenorte y Edesur, designado mediante el decreto 329-20.

Astacio es un profesional del derecho con experiencia en la asesoría de empresas, gestión de conflictos cotidianos y de alto impacto, así como en la gestión de las relaciones interinstitucionales y la estructuración de estrategias tendentes a la solución de los problemas que puedan afectar el desarrollo de las mismas.

Andrés es un abogado con amplia experiencia en el sector eléctrico, graduado con honores en la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En el año 2002 fue consultor jurídico de Edeeste.

Astacio explicó que, para el año anterior a la pandemia, el pasado gobierno destinó para transferencia corriente 33 mil millones de pesos, pero luego abrió una línea de crédito que posteriormente convirtió en deuda pública por RD$30,000 millones adicionales.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el funcionario dijo que a eso se le agrega la deuda que acumuló con los generadores por 39 mil millones de pesos más.

Precisó que las pasadas autoridades procedieron a emitir un bono que lo convirtió en deuda pública, y a final de cuentas el déficit del sector eléctrico fue de 109 mil millones de pesos.

“Lo que pasa es que no transparentaban, y hacían como dice un gran amigo, que hoy es superintendente de Bancos, hacían una cucaramacara financiera”, ripostó el doctor Andrés Astacio.

Agregó que en el año 2020, que fue el año de la pandemia, exactamente pasó lo mismo, y el déficit real fue de casi RD$75 mil millones. “A todo esto, en esos dos años, a la gente no se le estaba brindando el cien por ciento de la electricidad, no todos los dominicanos tenían acceso al servicio eléctrico como ahora”, sentenció el funcionario.

Sostuvo que con eso 59 mil millones de pesos que han recibido del gobierno le están dando electricidad a toda la población.  “Es decir, gastamos prácticamente la mitad del 2019, y más o menos las dos terceras partes que el 2020, y le damos servicios a todos”, insistió el vicepresidente Ejecutivo de las Distribuidoras de Electricidad.

Aseguró que el sector eléctrico en la actualidad está sirviendo más energía que nunca, a tal punto que se está supliendo entre un 98 y 99 por ciento de la demanda nacional, y eso se está dando en todos los circuitos porque no hay discriminación.

“Lo único que ha sucedido es que nosotros somos transparentes, y nosotros sí ponemos todo lo que gastamos en la cuenta correspondiente, para darte un ejemplo las empresas distribuidoras vamos a recibir 44 mil millones de pesos en transferencia corriente, se gastaron en el proceso de liquidación de CDEEE unos tres mil millones de pesos, y el gobierno tiene programado inversiones con fondos internacionales por diez mil millones, esos son 59 mil millones de pesos”, detalló.

En otro orden el doctor Astacio dijo que el sector eléctrico está en la disposición de seguir suministrando al Ministerio Público todas las documentaciones que requieren en torno al sometimiento, con constitución en actor civil, a exfuncionarios de las EDES y CDEEE, así como otras personas que hicieron negocios con esas empresas y que están encartados en el expediente.

Sostuvo que las pruebas aportadas en la pieza acusatoria son producto de las auditorías que se le practicó a dichas empresas.

Una auditoría realizada en las distribuidoras de electricidad encontró irregularidades por unos 30 mil millones de pesos, relevó Astacio el pasado miércoles.

Astacio dijo que no descartan emprender acciones legales contra los responsables de estas pérdidas en el patrimonio estatal a las que no puso una calificación exacta.

“Todas las irregularidades hasta ahora encontradas rondan los 30 mil millones de pesos”, reveló en una rueda de prensa en la que presentó sobrevaluaciones en la compra de medidores a través del cuñado del expresidente Danilo Medina.

El Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad hace reserva así de su derecho de realizar una investigación profunda, como en efecto se está haciendo, tendente a posibles acciones judiciales sobre las decisiones administrativas que se realizaron en el pasado reciente, que pudieron costarle al Estado sobre el 80% de la inversión que realizaron las empresas distribuidoras.