El denominado detective Ángel Martínez proclama que la libertad de expresión es la columna de la humanidad mientras responde ante la justicia por casos de difamación, que incluso él mismo ha reconocido. Entonces cabe preguntarse, ¿qué humanidad se construye mansellando honras ajenas desde una tribuna sin escrúpulos?

Defender la libertad de expresión no puede ser la excusa de quienes practican el descrédito como oficio. Los tribunales deben convertirse en un muro de contención frente a la creciente industria del chantaje digital, esa que trafica con reputaciones sin pruebas y sin pudor.

La prensa libre y responsable es indispensable, pero las bocinas del odio y la mentira ni micrófono, ni impunidad que respondan como ciudadanos ante una justicia, que también tiene la oportunidad de dignificarse.

El primero se conocerá en la Octava Sala Penal, del Distrito Nacional, donde se ventila un recurso de amparo interpuesto por su defensa tras alegadamente haber recibido tarde la notificación de la resolución en la que se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos como medida de coerción por alegada difamación e injuria contra Milagros de Camps Germán.

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Mientras que la Cuarta Sala Penal conocerá un recurso de Habeas Corpus con el que busca obtener su libertad por supuesta violación de derechos luego de estar en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia durante cinco días.

Durante su traslado a la sala de audiencias, Martínez se notó desmejorado de salud, luego de una huelga de hambre que inició cuando el juez Raymundo Mejía ordenó mantenerlo en prisión por “delitos de audiencia”.

La solicitud fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en virtud de la violación a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De acuerdo con la instancia, en diversas fechas el imputado incurrió en difamación e injuria contra la víctima mediante publicaciones realizadas a través de sus redes sociales. La abogada de profesión alega que las publicaciones, sin ningún tipo de fundamento ni pruebas, afectaron de manera directa su vida laboral, personal y profesional.

El Ministerio Público solicitó la imposición de una garantía económica ascendente a diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000), presentación periódica e impedimento de salida del país, conforme a lo establecido en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.

La solicitud fue presentada por Kelvyn Colón, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional; Marineldy Peña, procuradora fiscal y coordinadora del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual e Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el fiscalizador Rafael Reyes.

La Coordinación de los Juzgados de la Instrucción apoderó al Séptimo Juzgado de la Instrucción para el conocimiento de la medida. La audiencia fue pautada inicialmente para las 9:00 de la mañana de este jueves, siendo luego aplazada hasta las 2:00 de la tarde, a solicitud de los abogados del imputado, que alegaron no tener preparados los presupuestos de defensa del imputado que enfrenta otros procesos similares en otras demarcaciones del país.

La denuncia fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional y en ella Riverón exige una indemnización de 10 millones de pesos como justa reparación por los daños causados a su honor y reputación.

La acción legal se origina tras unas declaraciones publicadas en el canal de YouTube de Ángel Martínez, donde, según Riverón, se le vincula con el narcotráfico y sectores del Bajo Mundo, sin presentar pruebas.

“El señor que nos ha difamado se ha convertido en un difamador patológico, porque no presenta ninguna evidencia. Lo único que hace es lanzar lodo”, declaró Riverón, al referirse a las acusaciones que, a su juicio, afectan su integridad personal y profesional.

El periodista considera que expresiones como señalar que posee recursos inmensos, que es empleado del narcotráfico o que trabaja en un canal del Bajo Mundo, constituyen declaraciones difamatorias e injuriosas.

Además, aprovechó para instar al Congreso Nacional a aprobar el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, sometido recientemente por el Poder Ejecutivo, al considerar que esta legislación es necesaria para proteger tanto el derecho a la información como el respeto a la dignidad de las personas.