Asimismo, descartó que se pongan “de relajo” a los jueces que aspiran a ser evaluados para repetir en la SCJ.

Evaluación de jueces en la SCJ

El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó el proceso de evaluación para la escogencia de los jueces.

Sostuvo que existe una comisión que está analizando los diferentes artículos del texto legal y anunció que el informe final será presentado al presidente de la República, Luis Abinader, para “su consideración y posible envío al Congreso”.

Consulta previa con instituciones del sistema de justicia

Previamente, el documento será consensuado con el Ministerio Público y otros sectores, informó Peralta. Sin embargo, el funcionario no precisó cuáles serán esos sectores.

Tampoco mencionó quiénes integran la comisión que estudia el nuevo conjunto de normas jurídicas que establecerá qué conductas son consideradas delitos y sus sanciones.

La reacción del ministro de Justicia se produce horas después de que la Fundación Institucionalidad y Justicia, a través de un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, solicitara al presidente Abinader el aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo Código Penal por considerar que presenta «ambigüedades, duplicidades e incoherencias».

La entidad sostiene que, de entrar en vigor sin las correcciones de lugar, podrían producirse conflictos interpretativos y situaciones que vulneren principios constitucionales.

Amtecedentes generales del tema

• El Código Penal de la República Dominicana es una de las piezas legislativas más importantes del sistema jurídico nacional
• Define las conductas consideradas delitos y establece las sanciones correspondientes.

Sin embargo, desde hace más de dos décadas, se mantiene en el centro del debate público debido a la necesidad de su actualización para adecuarlo a los cambios sociales, tecnológicos y jurídicos del país.

A lo largo de los años, distintas propuestas de reforma han sido presentadas en el Congreso Nacional; muchas de ellas sin lograr su aprobación definitiva debido a debates en torno a temas sensibles como los derechos fundamentales, las causales médicas, la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de ciertas penas.

Esta situación ha generado que el país continúe aplicando un marco penal considerado por diversos sectores como parcialmente desfasado.

En este contexto, el Poder Ejecutivo ha jugado un rol de impulso en varios intentos de reforma, promoviendo la conformación de comisiones técnicas encargadas de revisar el contenido del Código Penal y evaluar posibles modificaciones. Estas comisiones suelen integrar juristas, asesores legales y representantes institucionales vinculados al sistema de justicia.

Asimismo, el debate sobre la reforma penal en la República Dominicana ha involucrado a múltiples actores sociales, incluyendo el Ministerio Público, el Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil y sectores profesionales del derecho, lo que ha hecho del proceso un tema complejo y de amplio alcance político e institucional.

En los últimos años, el aumento de la criminalidad, los cambios en la dinámica social y la aparición de nuevas formas de delito han reforzado la necesidad de modernizar el marco legal penal, incorporando tipificaciones más actualizadas y procedimientos acordes con estándares internacionales de justicia.

En este escenario, la revisión del Código Penal forma parte de una agenda legislativa pendiente que busca lograr consenso entre los distintos sectores del Estado y la sociedad, con el objetivo de establecer un sistema penal más moderno, equilibrado y acorde a las realidades actuales del país.

Peralta explicó que la creación del Ministerio de Justicia representa un paso histórico para fortalecer la separación de poderes en la República Dominicana, especialmente con la separación del sistema penitenciario del Ministerio Público y su traslado al Poder Ejecutivo a través de este nuevo órgano.

«Por eso el Ministerio de Justicia nació grande, nació caminando y hablando porque conjuntamente, paralelo a la designación del ministro y la puesta en funcionamiento del ministerio, se transfirieron varias funciones, entre ellas la de mayor volumen que es el sistema penitenciario», expresó.

Reforma del sistema penitenciario

El funcionario indicó que ya se trabaja de manera coordinada con la Dirección Penitenciaria y Correccional, encabezada por Roberto Santana, para avanzar hacia un régimen más humanizado.

Según explicó, tanto la dirección penitenciaria como la estructura central del ministerio desarrollan acciones conjuntas con el objetivo de lograr, a mediano plazo, mejoras sustanciales en el sistema carcelario del país.

Fortalecimiento institucional

Peralta detalló que entre las responsabilidades del ministerio se encuentra la coordinación del sistema de derechos humanos, en el que participa el Defensor del Pueblo, así como otras tareas orientadas a consolidar la separación de funciones entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.

A su juicio, esta reestructuración permite definir con mayor claridad los roles institucionales y afianzar la independencia del Ministerio Público.

«El Ministerio Público y el Poder Ejecutivo tenían una mezcla en sus funciones. Al separarse y enviarse esto al Ministerio de Justicia, se definen los roles de ambos poderes», sostuvo.

Código Penal y posibles ajustes

En cuanto a la aplicación del nuevo Código Penal, el ministro comparó la entrada en vigencia de nuevas leyes con la inauguración de una infraestructura que requiere ajustes iniciales.

«Una ley tan importante como el Código Penal o el Procesal Penal es como cuando se inaugura un acueducto: cuando se abre, hay escapes. Siempre hay ajustes«, explicó.

Peralta afirmó que cualquier posible desfase en la normativa solo podrá determinarse con la práctica, y que las leyes, como organismos vivos, requieren actualizaciones con el tiempo.

El ministro reiteró que el principal reto inmediato es consolidar la estructura física y operativa del Ministerio de Justicia, al tiempo que se fortalecen los equipos técnicos y las coordinaciones interinstitucionales.

Mientras tanto, entre residentes de Santo Domingo persiste la insatisfacción ante la percepción de que no existe una aplicación justa del sistema judicial.

Para Lirio de León, la garantía de que las leyes se respeten y de que los derechos de los ciudadanos estén protegidos necesita ser reforzada en el país.

Esta opinión es compartida por otros residentes de Santo Domingo, quienes aseguran que los constantes casos de corrupción y la puesta en libertad de acusados en procesos judiciales debilitan su confianza en el fiel cumplimiento de las leyes y en las instituciones.

Declaraciones oficiales sobre la seguridad jurídica

Por su parte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, aseguró este sábado que la seguridad jurídica en la República Dominicana ha avanzado en las últimas décadas.

A pesar de sentir desconfianza en el cumplimiento de las leyes, ciudadanos esperan que las autoridades endurezcan sus acciones en la aplicación de la justicia.

Peralta explicó que el Ministerio de Justicia tiene como función principal la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar el sistema judicial y fortalecer su desempeño institucional.

En ese sentido, señaló que desde la entidad que dirige se da seguimiento y se analizan los casos que se encuentran en proceso en los tribunales, aunque aclaró que esa labor no implica intervenir ni emitir respuestas sobre cada situación particular.

«Nosotros analizamos, no necesariamente tenemos que responder, pero siempre analizamos, porque somos un centro de estudio jurídico, una especie de laboratorio donde se forma una opinión. Ahora bien, los asuntos de justicia son asuntos propios de la justicia», expresó.

Importancia de la independencia judicial

El funcionario subrayó así la importancia de respetar la independencia del sistema judicial, al tiempo que reafirmó el rol del Ministerio en el estudio y desarrollo de iniciativas que contribuyan a su fortalecimiento.

Explicó que el Ministerio de Justicia articulará funciones que históricamente han estado dispersas entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de establecer una coordinación clara entre las áreas administrativas del Estado vinculadas a la justicia, sin interferir con la independencia del Poder Judicial ni del Ministerio Público.

Indicó que el Poder Ejecutivo mantiene responsabilidades que requieren una interacción constante con los demás poderes del Estado, particularmente en áreas como la infraestructura judicial, la administración penitenciaria y las políticas públicas en materia de justicia.

Destacó que el sistema penitenciario fue una de las áreas donde existía mayor indefinición institucional, especialmente tras la reforma constitucional que otorgó autonomía al Ministerio Público.

Peralta señaló que el proceso actual se encuentra aún en una fase de instalación administrativa, que incluye la conformación del equipo de trabajo y la integración de órganos ya existentes en el Estado, y afirmó que todavía «están buscando dónde sentarse».

Además, el ministro se definió como el primer ministro de Justicia de la era moderna, «claro, esto después de la reforma judicial«.

Uno de los cambios centrales descritos por Peralta es el traspaso del régimen penitenciario al Ministerio de Justicia. Explicó que, en el esquema anterior, el Ministerio Público tenía bajo su regencia la administración de los privados de libertad, pese a ser el órgano encargado de su persecución penal.

«El mismo órgano que acusaba era el que tenía bajo su cuidado a los presos», señaló.

Indicó que ahora el sistema penitenciario operará bajo una dirección con independencia funcional y administrativa, pero bajo la supervisión del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia.

Funciones que pasan de la Procuraduría al nuevo ministerio

El ministro detalló las dependencias y funciones que se desprenden de la Procuraduría General de la República y que pasarán a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia. Entre ellas mencionó el registro de notarios, el registro de organizaciones sin fines de lucro (ONG) y áreas administrativas vinculadas a la política de prevención del crimen.

Aclaró que el Ministerio Público conserva la persecución penal, mientras que la prevención se articula mediante un sistema coordinado desde la Presidencia de la República.

Señaló, además, que el Ministerio de Justicia tendrá participación institucional en órganos como el INACIF y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, mediante representación en sus consejos, sin que estas entidades salgan de la órbita del Ministerio Público.

En tanto, Peralta explicó que una de las funciones de mayor alcance del nuevo ministerio será la defensa y representación legal del Estado, tanto a nivel nacional como internacional.

Indicó que actualmente el Estado enfrenta múltiples reclamaciones patrimoniales sin una estructura centralizada de defensa, lo que ha generado sentencias condenatorias de alto impacto económico.

Agregó que el Ministerio de Justicia contará con una oficina especializada que asumirá esta función y que la ley obliga a las instituciones públicas a notificar al ministerio, en un plazo de 24 horas, cualquier acción judicial en su contra, a fin de organizar una defensa coordinada.

En el ámbito internacional, el ministro explicó que el Ministerio de Justicia asumirá la defensa del Estado en arbitrajes comerciales internacionales, una función que hasta ahora se ha manejado de manera fragmentada.

Detalló que se creará una dirección de prevención de disputas, encargada de revisar contratos estatales que incluyan cláusulas arbitrales, con el objetivo de reducir riesgos y costos futuros para el país.

Derechos humanos como eje institucional

El ministro señaló que el sistema de derechos humanos será otra de las áreas bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, a través de políticas públicas y del seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

Indicó que esta función se ejercerá sin sustituir las atribuciones del Defensor del Pueblo y que el ministerio contará con un viceministerio de derechos humanos para coordinar estas acciones en los planos nacional e internacional.

Información penitenciaria y estructura administrativa

Peralta destacó la importancia de la información estadística para la formulación de políticas públicas y confirmó que la Dirección de Catastro Penitenciario, encargada del registro digital de la población privada de libertad, pasará íntegramente al Ministerio de Justicia, junto con su personal y presupuesto.

Indicó que esta dependencia permitirá trazar políticas basadas en datos reales sobre el sistema penitenciario.

Mientras se completa el proceso de instalación, explicó que algunas dependencias continuarán operando de manera transitoria en la Procuraduría General de la República, aunque bajo la supervisión administrativa del nuevo ministerio, como parte del proceso de reorganización institucional previsto en la ley.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Peralta reiteró su apoyo personal a que se incluyan las tres causales, pero consideró que se debe buscar una salida práctica frente al estancamiento legislativo.

“Yo he dicho en otras ocasiones que, si yo hubiese sido legislador, voto en favor de que se incluyeran las causas para, digamos, interrumpir el embarazo en situaciones particulares”, sostuvo. “Creo que eso es una decisión de la embarazada”, agregó.

No obstante, reconoció que ese punto específico no ha logrado los votos suficientes para ser aprobado en el Congreso Nacional.

“Yo tengo una posición, digamos, intermedia en esta discusión, y es que yo, frente al hecho de que no hay un acuerdo sobre un tema del Código, que es ese, un tema muy importante, que no haya un consenso entre los legisladores que arrastre los suficientes votos como para aprobarlo”, explicó.

Ante este panorama, propuso que se apruebe el Código Penal con los demás artículos, dejando el debate sobre las causales para una ley aparte: “A mí me parece una buena salida, y lo voy a decir en dominicano, una buena jugada sacar el Código aunque este tema siga en discusión y pueda conocerse en una ley separada posterior”.

Recordó que el Código contiene muchas otras reformas necesarias para el sistema penal. “Un Código, como su nombre lo indica, es un conjunto de normas y no solamente el tema de la interrupción del embarazo es de importancia para la justicia penal y para la sociedad”, indicó. “Ahí hay muchos elementos que ya no pueden seguir bajo el régimen que se está conociendo ahora”, añadió.

Frente a cuestionamientos sobre la premura con la que se ha reactivado el proceso legislativo en torno a la pieza, Peralta respondió con una anécdota familiar: “Yo me río por esa pregunta, Yolanda, porque por un tema personal, que me permito establecer el símil aquí, y es que un día iba a vender la casa de mi abuelo y una prima me llama y me dice: ¿cuál es la prisa de vender la casa? Y yo le digo: bueno, mi abuelo murió en el 57, yo no sé qué entender”.

Peralta afirmó que, aunque no ha participado directamente en la redacción final del proyecto, desde el inicio del actual gobierno se han hecho esfuerzos para colaborar con el Congreso. “Yo llamé a un grupo de penalistas a la consultoría… para que ellos me ayudaran, se integraran con la comisión de la Cámara de Diputados en ese momento”, recordó. Sin embargo, reconoció que el proceso se detuvo por falta de continuidad.

“Yo lo que creo que ha faltado quizás es un poco de conversación, de mesas de trabajo donde la gente se siente y se vea la cara”, dijo. “Como yo dije ahorita, si se transe, alguna cosa hay que aceptarla y otras no. Así son las normas”, concluyó.

En una carta de respuesta a una consulta realizada por el Ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, en relación con la autoridad competente para otorgar autorizaciones o no objeciones al uso de suelo en proyectos de construcción, Peralta precisó que en la Ley de Ordenamiento Territorial se establece que las juntas de distritos municipales que cuenten con al menos 15,000 habitantes y que demuestren capacidad económica y tributaria, podrán también gestionar autorizaciones de uso de suelo dentro de su demarcación.

Sin embargo, advierte que la aplicación plena de esta disposición está condicionada a la emisión del reglamento de aplicación de dicha ley, a través del cual se determinará qué distritos municipales cumplen con los requisitos establecidos.

Esta aclaratoria surge a raíz del conflicto entre el Ayuntamiento de Higüey y el distrito municipal Verón-Punta Cana, en la provincia La Altagracia, en la que este último exige al MIVED a otorgarle la facultad de crear y operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano.

La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.

“La no existencia de un reglamento no impide la aplicación de la ley”, subrayó Peralta, al referirse a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. En ese sentido, explicó que, si bien esta normativa aún no cuenta con su reglamento, su aplicación no está condicionada a ello.

El reglamento está en estudio tras revisión del TC

El funcionario informó que actualmente el Tribunal Constitucional ha revisado dos artículos de la Ley 368-22, razón por la cual la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se encuentra en proceso de análisis, dado que estos dictámenes podrían influir en la redacción final del reglamento.

“Cuando aprobamos el reglamento de la Ley de la Policía, lo hicimos en esta gestión, a pesar de que esa ley tenía más de 10 años promulgada”, agregó Peralta, señalando que el enfoque del Gobierno ha sido consensuar los reglamentos con todos los sectores involucrados.

La ley ya está en vigor y es de obligatorio cumplimiento

La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) respaldó la posición de Peralta al recordar que, según el artículo 109 de la Constitución, las leyes son obligatorias una vez transcurren los plazos legales establecidos tras su publicación.

FEDODIM también citó el artículo 1 del Código Civil, que establece que las leyes, una vez promulgadas y publicadas en la Gaceta Oficial, se consideran conocidas y, por tanto, obligatorias: al día siguiente en el Distrito Nacional, y dos días después en el resto del país.

La Ley 368-22 fue promulgada y publicada el 22 de diciembre de 2022 en la Gaceta Oficial No. 11092, por lo que su entrada en vigencia se produjo el 24 de diciembre de ese mismo año, siendo de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional desde esa fecha.

Tanto la Consultoría Jurídica como FEDODIM coincidieron en que los procesos regulatorios deben realizarse de manera participativa, pero reiteraron que la vigencia de una ley no depende de la existencia de su reglamento, conforme al ordenamiento jurídico dominicano.

En ese orden enfatizó en que no todos los casos en que hay una muerte deben ser tratados bajo el mismo enfoque penal, ya que en un homicidio involuntario no hay el deseo ni la intención de matar.

“Puede ocurrir, por ejemplo, por negligencia, como cuando alguien deja un vehículo en una pendiente sin freno de mano o sin calzo. Ahí podría haber una calificación de homicidio involuntario, pero no puede ser sancionado igual que uno donde hubo dolo”, explicó.

Peralta aclaró que hablaba en términos generales, sin hacer referencia a ningún caso específico, y recalcó que su intención era explicar la técnica legal que rige este tipo de situaciones.

“Yo no soy abogado de ningún caso en particular, no estoy estudiando expediente alguno, pero es importante que se entienda la diferencia entre una falta penal y una falta civil, y entre un homicidio intencional y uno por negligencia”, concluyó.