Este viernes se cumplen seis meses de la última vez que fue vista la mujer de 84 años (31 de enero de 2026) en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson (Arizona), donde vivía sola.

La Oficina del Alguacil del Condado de Pima, que adelanta la investigación, sacó a la luz las notas enviadas el 2 y 6 de febrero pasado a KOLD-TV 13, una televisora local de Tucson (Arizona) afiliada a CBS.

La primera nota dirigida directamente a Savannah Guthrie, presentadora del programa ‘Today’ de NBC, provenía de alguien que afirmaba tenerla en su poder y aseguraba que «ella está a salvo, pero asustada».

El mensaje asegura que la octogenaria, que portaba un marcapasos, había sido secuestrada y que no sería liberada hasta que se recibiera el pago de cuatro millones de dólares estadounidenses en bitcóin, antes de las 5:00 de la tarde del 5 de febrero.

La nota también advierte que, si no se cumplía el pago, la cifra por el rescate se incrementaría a seis millones de dólares, que se podían pagar hasta el 9 de febrero, o Guthrie sería asesinada.

Su madre está al tanto de esto y su vida está en sus manos. A todos nos conviene que esto se resuelva lo antes posible. A partir de ahora no podrá contactar conmigo; no habrá negociación. No juegue; las fuerzas del orden no podrán ayudarle», se lee en el mensaje.

La segunda nota, también enviada a la mesa de asignaciones de la televisora, solo iba dirigida a la familia Guthrie y comunicaba que la madre había fallecido: «No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico», ahondaba.

La nota añadió que los secuestradores nunca quisieron hacerle daño y que no era su intención que muriera.

Falleció poco después de ser capturada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en plena naturaleza. Nada de lo que hubieran podido hacer habría cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que todos encuentren paz. Lo sentimos sinceramente», se lee en el mensaje.

Las autoridades ya habían filtrado a la prensa en junio pasado que se había recibido una nota sobre la posible muerte de la madre de la periodista, pero no habían precisado la fecha en la que se recibió.

En su llamado al público este viernes, el departamento del alguacil dijo que estas comunicaciones revelan patrones distintivos en la elección de palabras, la sintaxis y la fraseología, que reflejan el estilo lingüístico «único del autor», por lo que ofrecen información valiosa para que se pueda reconocer.

La familia de Guthrie ofreció una recompensa de un millón de dólares para quien ayude a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.

Además de la posible ayuda del público, los investigadores aún esperan que los resultados de muestras de ADN y de otros análisis forenses recolectados en la casa Guthrie les ayuden a dar con el paradero de la mujer. 

La comunidad inmigrante se encuentra bajo una fuerte presión, bajo una gran angustia y se sienten impotentes porque son fuerzas externas que ellos no pueden controlar», dijo a EFE Tita Flores, fundadora y directora del programa.

Creado en 2025 y financiado por donaciones, el proyecto comenzó en una iglesia en el centro de Tucson (Arizona), en medio del incremento de las redadas a cargo de agentes migratorios.

Sin embargo, Flores detalla que, a medida que se incrementó la presencia de la ‘migra’ en las calles, cerca de escuelas o en centros comerciales, se vio obligada a cambiar la estrategia.

«Nosotros vamos (ahora) hasta sus hogares, llevamos los materiales necesarios para que los niños y los padres puedan trabajar», explica.

Precisa que ofrece ayuda a las familias y que aquellas que aceptan generalmente lo hacen, en principio, por sus hijos, quienes muchas veces no comprenden la situación que viven sus padres.

«A través de los dibujos, los trazos, los colores, los niños encuentran una forma de expresión; lo mismo ocurre con los padres», dijo.

La fundadora del programa aseguró que ha visto avances en los niños después de las clases: «Su comportamiento cambió, pusieron más atención en la escuela y la relación con sus padres mejoró», cuenta.

«Terror psicológico»

El miedo entre los migrantes sube conforme crecen las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que reportó cerca de 43,000 arrestos en junio, más de 1,400 al día, un récord desde que comenzó la segunda Administración de Trump.

Los arrestos migratorios en Arizona se triplicaron en 2025, con más de 6,000, la séptima cifra estatal más alta, según un análisis de la organización CALÓ News y el medio Arizona Luminaria.

En este contexto, la artista considera que la comunidad inmigrante en este país atraviesa un verdadero «terror psicológico» por los operativos migratorios, por lo que, afirma, es más necesario que nunca prestar atención a la salud mental de las familias afectadas.

Explica que las familias migrantes necesitan apoyo legal y financiero para cubrir gastos como renta y alimentos, pero también acompañamiento emocional para enfrentar la presión y el temor que, asegura, están viviendo.

La belleza es gratis; el arte es otra forma de alimentar el alma; a veces es la motivación más grande para aliviar nuestro espíritu», dijo Flores.

El arte: un escape para migrantes

Uno de los beneficiados con este programa es Irma, una inmigrante de origen mexicano que pidió omitir su apellido.

La mujer, quien tiene más de dos décadas viviendo de manera irregular en Estados Unidos, asegura que ha encontrado en el programa un desahogo a sus problemas.

«Es difícil de explicar: cuando uno toma el pincel, combinas los colores; por un momento dejas de pensar en los problemas, te relajas, te transportas a otro lugar», relató.

La inmigrante, quien se enteró del programa por amistades, indicó que en este grupo ha encontrado mucho apoyo.

La ristra se refiere al tejido en forma de trenza que se elabora al unir los chiles verdes recién cosechados para colgarlos y dejarlos secar en lugares como Nuevo México.

Como su nombre lo dice, ‘La Ristra‘, encuentra un enlace familiar que nos apoya y te conecta con tus raíces», dijo la inmigrante.

«Para mí es algo muy precioso, me ha ayudado moralmente, es algo que necesitamos, me ayuda a compartir mis problemas», enfatizó.

Indicó que, debido al incremento en los operativos migratorios, sus hijos temen que ella salga a la calle, pero este programa le ha servido para enfrentar estos miedos.

Flores dijo que entre sus planes está establecer una exhibición de arte, donde la comunidad pueda admirar el trabajo que han hecho.

El traslado afectaría a un bebé de 5 meses, nacido en Estados Unidos, detenido junto a su progenitor, según advirtió la legisladora.

Los planes de la administración Trump de trasladar a 108 niños a cientos de millas de distancia de sus abogados y defensores constituyen un intento peligroso de privarlos de sus derechos al debido proceso y de acelerar sus deportaciones», dijo en un comunicado la congresista que representa un distrito fronterizo de Arizona.

La demócrata advirtió que obligar a los niños a estos traslados “solo agrava el sufrimiento que muchos ya han padecido antes de llegar a Estados Unidos”.

Defendió que todo niño en EE.UU., sin importar su situación migratoria, merece protección, estabilidad y un acceso efectivo a la representación legal que la ley les garantiza.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha enfrentado críticas por los esfuerzos para detener y deportar a menores de edad.

Un análisis reciente de ProPublica reveló que los menores no acompañados que residen en Estados Unidos están siendo detenidos y expulsados a un ritmo aproximadamente tres veces mayor que durante el anterior mandato del presidente Trump (2017-2021).

El estudio también encontró que se han emitido más de 10.000 órdenes de expulsión y de salida voluntaria al mes contra menores inmigrantes que llegaron solos o con familiares, una cifra casi cuatro veces superior a la registrada durante su primer periodo en la presidencia.

Grijalva también cargó contra “la falta de transparencia” de la administración republicana respecto a estos traslados, lo que, en su opinión, plantea serias dudas sobre si se están socavando deliberadamente los derechos legales de los niños.

El Departamento de Seguridad Nacional debe detener de inmediato estos traslados imprudentes”, urgió la demócrata. 

El Campaign Legal Center (CLC), que defendió la nueva ley, subrayó que la decisión judicial reafirma «una salvaguarda» del derecho de los votantes a saber quién gasta enormes cantidades de dinero para influir en el voto.

«Se ha reivindicado el derecho de los habitantes de Arizona a conocer las verdaderas fuentes del dinero que intenta influir en sus votos, conforme a su propia constitución», indicó CLC en un comunicado difundido esta semana.

Respaldo judicial a la Proposición 211

La máxima corte de Arizona dejó en pie la Ley del Derecho a Saber de los Votantes (Proposición 211), aprobada por una gran mayoría (72 %) en las elecciones de 2022.

Umbrales y donaciones que deben revelarse

La ley exige que cualquier grupo que gaste en publicidad política en medios y gastos relacionados más de 50.000 dólares en campañas a nivel estatal —o 25.000 dólares en campañas no estatales— estará obligado a llevar un registro de las grandes donaciones que reciba.

«Además, las campañas deberán revelar las fuentes originales de aquellas donaciones que superen los 5.000 dólares».

Los demandantes, entre los que se cuenta Center for Arizona Policy, argumentaron que la ley limita la libertad de expresión de las personas adineradas que desean influir en las elecciones, pero no quieren que se les conozca.

El centro expresó su temor de que el acoso que ya sufría se dirigiera a sus donantes si se revelaban sus identidades.

Por su parte, el CLC añadió que, antes de la aprobación de la Proposición 211, el sistema de divulgación de financiación de campañas de Arizona era «una de las normativas más favorables al dinero oscuro (financiamientos que se mantienen en el anonimato) que cabe imaginar».

La presidente de la Corte Suprema de Arizona, la jueza Ann Timmer, dictaminó que la Cláusula de Libertad de Expresión «no impide la prohibición de las contribuciones corporativas a las campañas», según escribió en el fallo.

No obstante, el máximo tribunal aceptó que siguiera adelante una impugnación para revelar la identidad de ciertos donantes individuales.

Arizona y el debate sobre dinero oscuro

El financiamiento de campañas políticas ha sido un tema de debate constante en Estados Unidos debido a la creciente influencia del llamado «dinero oscuro» (dark money), que consiste en aportes realizados por personas u organizaciones cuya identidad no se hace pública.

Este tipo de financiamiento ha generado preocupación entre diversos sectores porque dificulta que los ciudadanos conozcan quién financia la publicidad política y qué intereses pueden influir en las decisiones electorales.

En el estado de Arizona, antes de 2022, la legislación permitía un alto nivel de anonimato en las donaciones destinadas a campañas políticas, lo que fue considerado por organizaciones de transparencia como una de las regulaciones más permisivas del país.

• Como respuesta a esta situación, surgió una iniciativa ciudadana que buscó fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el financiamiento electoral.
• En las elecciones de 2022, los votantes aprobaron con el 72 % de los votos la Proposición 211, también conocida como la Ley del Derecho a Saber de los Votantes, la cual establece que las organizaciones que invierten determinadas cantidades en publicidad política deben registrar y revelar la identidad de los principales donantes y el origen de los fondos que financian dichas campañas.

Hallazgo en la morgue de Arizona

El caso ocurrió en Gilbert, Arizona, y comenzó cuando el menor fue encontrado dentro de una piscina y trasladado de emergencia al Mercy Gilbert Medical Center. Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, pero posteriormente un médico certificó su fallecimiento.

De acuerdo con los registros policiales, aproximadamente cinco horas después de que el niño fuera declarado muerto, personal de la oficina del médico forense acudió a la zona refrigerada del hospital, donde había sido colocado el cuerpo, y descubrió que el menor todavía estaba respirando.

Tras el hallazgo, el niño fue trasladado en helicóptero a otro centro médico para recibir atención especializada. Según las autoridades, sobrevivió y posteriormente fue dado de alta.

El informe policial señala que varias personas presentes durante la emergencia, incluidos los padres del menor, habían expresado dudas sobre si el niño realmente había dejado de respirar antes de que se confirmara su muerte. Las autoridades documentaron que hubo cuestionamientos sobre el estado del menor antes de su traslado a la morgue.

Investigación del hospital y la Fiscalía

El hospital involucrado informó que abrió una investigación interna para revisar las circunstancias del caso y determinar qué ocurrió durante la atención médica inicial. La institución calificó el hecho como una situación extremadamente difícil y señaló que está colaborando con las revisiones correspondientes.

Mientras tanto, la Policía de Gilbert recomendó presentar cargos por negligencia contra los padres del niño. La Fiscalía del Condado de Maricopa analiza actualmente el caso y será la encargada de determinar si se presentan cargos formales.

Las autoridades también investigaron las circunstancias que llevaron al menor a entrar en la piscina sin supervisión. Según el informe policial, los investigadores encontraron elementos en la vivienda que formaron parte de la evaluación del caso.

El episodio generó interrogantes sobre los protocolos médicos y de emergencia utilizados antes de declarar el fallecimiento del niño. Sin embargo, las autoridades y los involucrados continúan revisando los hechos antes de establecer conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.

El caso ha sido reportado por medios estadounidenses como Associated Press y cadenas locales de Arizona, a partir del informe policial y declaraciones oficiales.

Recurso legal por 108 menores en Arizona

El grupo presentó un recurso de ‘habeas corpus’ para proteger a estos niños que actualmente se encuentran en Arizona, bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses, ciudadano de Estados Unidos, que se encuentra bajo custodia junto a sus padres.

La petición fue presentada el lunes ante la Corte Federal en Tucson y busca impedir que la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, pueda trasladarlos fuera de Arizona y alejarlos de sus representantes legales, informó este miércoles el Proyecto Florence.

Temor a traslados a Texas y Luisiana

La organización indicó que esta petición se presenta en respuesta a información fidedigna y reportajes de medios de comunicación que informaron que el gobierno planea intentar eludir el debido proceso.

Además, aseguró que este plan es el más reciente de una serie de amenazas crecientes contra los derechos y la seguridad de los niños inmigrantes no acompañados.

Menos de un año después de intentar expulsar a niños hacia Guatemala en contra de su voluntad y violando sus derechos, la Administración Trump ataca nuevamente a los niños inmigrantes no acompañados mediante un plan ilegal para eludir el debido proceso y acelerar las deportaciones», declaró en un comunicado Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence.

La funcionaria afirmó que la ley federal no permite que se trate a los niños como peones en un sistema de control migratorio.

Con esta petición, simplemente solicitamos al tribunal que garantice que el gobierno cumpla con esa norma», enfatizó.

En septiembre del 2025, un juez federal determinó que 57 niños migrantes guatemaltecos y hondureños no podrían ser deportados después de una demanda similar presentada por el Proyecto Florence. 

El organismo indicó en un comunicado que han recibido algunas notas de rescate de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida el 31 de enero pasado, «consideradas intentos de extorsión sin legitimidad», pero «otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y se siguen investigando como tales».

Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro a cambio de rescate. El FBI ha ofrecido y continuará ofreciendo toda la asistencia posible en la investigación. Sin embargo, las autoridades locales siguen estando a cargo», apuntó el Buró Federal de Investigaciones.

FBI mantiene la hipótesis de secuestro

La información trasciende tras una nota enviada a medios de comunicación la semana pasada, presuntamente vinculada a la desaparición, que aseguró que la mujer murió poco después de su rapto y que su deceso no fue intencional.

El Departamento del Alguacil del Condado de Pima, en Arizona, también indicó que «ha recibido información sobre posibles notas de rescate relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie«.

Cada pista e indicio se toma con total seriedad y se remite directamente a nuestros detectives, quienes continúan trabajando en coordinación con el FBI«, sostuvo.

Recompensa y pistas en Arizona

Las declaraciones de las autoridades se producen mientras crece el escrutinio sobre las labores oficiales para hallar a la mujer, vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona, después de cenar con su hija mayor.

La familia reportó su desaparición un día después, cuando no acudió a la iglesia, y la policía cree que la secuestraron después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa, donde videos de vigilancia captaron a un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche.

La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información para encontrar a la mujer y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100.000 dólares por pistas que ayudaran a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.

Acuerdo judicial frena el centro en Surprise

La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que, por el momento, frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas.

Este acuerdo responde a una demanda interpuesta por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril, cuestionando el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.

Capacidad para 1.500 detenidos

El Gobierno federal adquirió una gigantesca bodega en la ciudad de Surprise para convertirla en un nuevo centro de detención, un proyecto con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en unos 180 millones de dólares anuales.

La noticia causó un gran descontento entre miembros de la comunidad, políticos y defensores de los migrantes, quienes cuestionaron la apertura de este centro cerca de una escuela secundaria y barrios primordialmente hispanos.

Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprice; las agencias federales deben seguir la ley y llevar a cabo los estudios de impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos», dijo Mayers en un comunicado.

«Bajo el acuerdo, DHS y ICE se comprometen a no renovar de ninguna forma la estructura, incluidas demoliciones, hasta que el estudio esté terminado».

Costo del proyecto y rechazo vecinal

La compra de depósitos en varios estados y su transformación en centros de detención forman parte de la dura política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

La política migratoria en Estados Unidos ha sido un tema de alta sensibilidad social, política y judicial durante las últimas décadas, especialmente en los estados fronterizos como Arizona, donde el flujo migratorio irregular ha impulsado la creación de centros de detención administrados por el gobierno federal.

Estas instalaciones forman parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para gestionar la detención de personas migrantes mientras se procesan sus casos legales o de deportación.

Arizona exige revisión ambiental

La expansión de estos centros ha generado recurrentes debates sobre sus condiciones operativas, su impacto en las comunidades cercanas y el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas. En muchos casos, proyectos de gran escala han sido cuestionados por autoridades locales, organizaciones civiles y residentes, quienes exigen evaluaciones de impacto ambiental antes de su construcción o puesta en funcionamiento.

• En el estado de Arizona, estas tensiones se intensifican debido a su condición de territorio fronterizo y a la presencia de comunidades altamente sensibles a la dinámica migratoria.
• Las autoridades estatales han intervenido en diversas ocasiones para exigir mayor supervisión y cumplimiento de la normativa ambiental en proyectos federales relacionados con infraestructura migratoria.

En una carta fechada el 26 de junio, aunque ha trascendido este lunes, los miembros del comité informaban al senador de que «no encontraron pruebas» que respaldaran las acusaciones presentadas por la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna el pasado mes de abril.

Tras la investigación del Comité, este no encontró pruebas de que sus acciones violaran la ley federal, las normas del Senado o las normas de conducta relacionadas», aseguraron en la misiva.

Impacto político para Rubén Gallego

El cierre de la investigación supone un importante respaldo para la carrera política de Gallego, quien aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028.

El senador, que había negado cualquier irregularidad desde el momento en que se conoció la denuncia, aseguró en un comunicado hecho público este lunes que el archivo de la investigación revela que «se trataba de conspiraciones de derecha difundidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados».

Además, el senador afirmó que esperaba «con interés» una disculpa de la congresista Luna por «instrumentalizar el proceso ético».

Denuncia en plena tensión del Capitolio

• La denuncia se produjo el pasado mes de abril, en un momento de máxima tensión en el Capitolio, ya que dos de sus cargos renunciaron por acusaciones de mala conducta sexual.
• El demócrata por California Eric Swalwell y el republicano por Texas Tony Gonzales se enfrentaban a la posibilidad de ser expulsados por la Cámara, lo que aceleró sus decisiones de retirarse.

Un estudio de la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres revela que hasta treinta miembros del Congreso han sido acusados de acoso sexual en el lugar de trabajo a lo largo de los últimos 20 años, aunque es probable que la cifra sea mucho mayor, ya que son pocos los casos que se denuncian públicamente. 

El Comité de Ética reiteró que todas las denuncias recibidas son evaluadas bajo estrictos protocolos de confidencialidad y verificación de evidencias, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y proteger tanto a los denunciantes como a los investigados.

En este caso, los miembros del organismo señalaron que las pruebas presentadas no alcanzaron el umbral necesario para sustentar sanciones o acciones disciplinarias adicionales.

Tras el cierre del expediente, analistas políticos en Washington consideran que el resultado podría fortalecer temporalmente la posición de Rubén Gallego dentro del Partido Demócrata, aunque advierten que el impacto a largo plazo dependerá de la evolución del clima político en el Congreso y de futuras controversias que puedan surgir en el contexto electoral de cara a 2028.

El caso también ha reavivado el debate en el Congreso sobre la necesidad de reforzar los mecanismos internos para la investigación de denuncias de conducta inapropiada, especialmente en lo relativo a la financiación de campañas y el uso de influencias políticas.

Diversos legisladores han pedido revisar los protocolos actuales para evitar que situaciones similares generen polarización o dudas sobre la imparcialidad de los procesos.

Detalles confirmados

El caso, inicialmente tratado como una búsqueda de persona, pasó a ser una investigación criminal por posible secuestro tras el hallazgo de evidencia alarmante en la vivienda de la mujer, ubicada en el condado de Pima.

Entre los indicios se encuentran una mancha de sangre confirmada como perteneciente a Guthrie, la desconexión de cámaras de seguridad y la pérdida de señal de su marcapasos horas después de su última comunicación conocida.

En las últimas horas, el FBI difundió nuevas imágenes y videos de vigilancia que fueron recuperados mediante datos residuales almacenados en sistemas internos, luego de colaborar con socios del sector privado.

El material muestra a un individuo enmascarado y armado que aparentemente manipuló la cámara del timbre en la puerta principal de la vivienda de Guthrie la mañana de su desaparición, pese a que el dispositivo había sido retirado o desconectado.

Acciones de la autoridad

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su domicilio en la zona de Catalina Foothills, cerca de Tucson. Al no presentarse a sus actividades habituales, su familia alertó a las autoridades al día siguiente.

En el transcurso de la investigación también surgieron supuestas notas de rescate con exigencias millonarias, cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento, no se han identificado sospechosos ni vehículos vinculados directamente al caso.

Savannah Guthrie ha realizado reiterados llamados públicos a través de redes sociales, solicitando la colaboración ciudadana y pidiendo que cualquier información relevante sea reportada a las autoridades, incluso si se encuentra fuera del área de Tucson.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que cuente con información sobre el caso a comunicarse con el FBI, mientras continúan los operativos y análisis forenses en la zona.