El aplazamiento fue solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de depositar un informe técnico que, según la institución, demostrará que no existe un impacto ambiental negativo vinculado al proyecto energético desarrollado en la zona.

Durante la audiencia celebrada este lunes de manera virtual, la representación legal del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), encabezada por su director ejecutivo, el abogado Euren Cuevas Medina, y por su asistente, la abogada Heidy Lorenzo Jiménez, Cuevas destacó, que el pedimento de Medio Ambiente es "confuso e improcedente, ya que en materia ambienta quien tiene que probar son los demandados y no los demandantes", sostuvo Cuevas Medina en su participación.

Las entidades demandantes acusan al Ministerio de Medio Ambiente, a Karpowership Dominican Republic y a la Procuraduría General Administrativa de aprobar de forma irregular el proyecto, sin cumplir con los procedimientos ambientales establecidos por la legislación dominicana.

El proyecto de las barcazas ha sido fuertemente criticado

Desde su llegada a la provincia de Azua, el proyecto de las barcazas ha sido fuertemente criticado por sectores comunitarios, sociales y medioambientales, quienes advierten sobre potenciales daños a los ecosistemas marinos, la pesca artesanal y la salud de las comunidades costeras.

1. Las organizaciones demandantes reiteraron su compromiso con la defensa del medio ambiente y exigieron la nulidad de la licencia ambiental, alegando que la autorización otorgada contraviene los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.

Los querellantes plantean que advirtieron a las autoridades ambientales y de energía que no permitieran dicha instalación en la “reserva de vida silvestre manglares de puerto viejo” ya que era ilegal y además provocaría daños irreversible al ecosistema.

Además del Ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, los demandantes se querellaron en contra de los viceministros Indhira de Jesús, de Gestión Ambiental, Federico Alberto Franco, de Áreas Protegidas y Biodiversidad, entre otros funcionarios del sector eléctrico.

Los comunitarios de esa demarcación acudieron a la audiencia con pancartas y consignas en rechazo a ese proyecto, ya que consideran es inviable y que atenta contra el medio ambiente.

Los manifestantes entienden que un proyecto que ha sido desechado en otros lugares del país, no debe ser recibido en una zona como Puerto Viejo de Azua.

Reclamaron que las plantas sean retiradas del río Ozama y llevadas a otro lugar porque con los ruidos, gases y otros componentes químicos que emanan, provocan enfermedades a miles de personas que viven en los barrios aledaños, como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y Ciudad Colonial.

Resaltaron, además, que estas plantas afectan gravemente el medioambiente, dañando el ecosistema en el principal río de la ciudad de Santo Domingo.

Ysaias Lara Kevelier, presidente del Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), recordó que en el informe realizado por la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), se reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas de Seaboard afectan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente.

Lara destacó que esa investigación dejó muy claro que todos los contaminantes que emanan de las barcazas de Seaboard ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedad y muerte.

En tanto que Nelson Pimentel, coordinador de litigios del Instituo de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), planteó que Seabord alega tener los estudios y permisos para la operación de sus plantas, sin embargo ha admitido que se modificó la Categoría de Estrella del Mar lll de A a B y se unificaron las Iicencias y el permiso de ambas plantas, violando la ley y el compendio de reglamentos de permisos y licencias, “por lo que todo lo que nace de un acto ilegal e ilegítimo es ilegal”.

Afirmó que la empresa está operando de manera ilegal, ilegítima y arbitraria, dado que, para esos generadores en ese lugar, no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00. “Las operaciones de las Plantas Estrella de Mar II y Estrella de Mar III son ilegales e ilegítimas porque violan el ordenamiento jurídico en materia de medioambiente”, dijo.

Luis Kelvin Martínez, de la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama informó que esa institución está coordinando acciones con más de 600 organizaciones en las tres cuencas del río Ozama “para que de una vez y por todas, nuestro río sea rescatado y saneado, tal como se lo propusimos a nuestro Presidente de la República, Luis Abinader, un año antes de él tomar posesión cuando le entregamos una serie de propuestas de un contentivo que se llama ‘Por un Gobierno Verde y Ecológiista’. En ese sentido, estamos aquí representando la cuenca baja del río Ozama solicitando que por favor nos desalojen esas barcazas que por demás, expertos han demostrado que están ahí de manera ilegal, que contaminan y afectan la salud de todos los pobladores de este entorno”.

De su lado, Cándida Rosa Bonell Alcántara, madre de 13 hijos, expresó que “está en protesta constante contra el maltrato que nos están haciendo en esta comunidad por más de 20 años. Tenemos cantidad de personas muertas, tenemos personas con problemas renales, personas con sinusitis, con infartos cardíacos, con artritis, y personas con un asma enorme que no se les quita nunca porque la contaminación de las barcazas una de 110KW y otra de 150KW absorben el agua y cuando botan el agua contaminan el río, matan la flora, nos lo están secando y nos rompen la calle. Decidimos ya que las barcazas se van”.

Roberto Suero, secretario general del Movimiento Cívico Ciudadanos manifestó que participaba en la Gran Parada Cívica porque las barcazas están destruyendo la salud de los moradores cercanos “porque contaminan el río y la fauna y esto a los moradores les causa muchas enfermedades. Le pedimos al Presidente de la República que tome carta en el asunto para que ejecute la orden de retirar esas barcazas ya que los ministros van y vienen y no han hecho nada, y el pueblo sigue sufriendo y recordarle que el medio ambiente es de todos y hay que salvarlo”.

Con esta Gran Parada Cívica, los participantes están manifestando la permanencia de su lucha para que las barcazas sean trasladadas por la contaminación y el daño que ocasionan a la salud y al medioambiente.

Entre las organizaciones que participaron en esta parada cívica estuvieron diversas juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones comunitarias, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, entre otras.

PACMA expuso que esa resolución de fecha 30 de abril del 2021, modificó la licencia ambiental 0003-01 renovada de fecha 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard, la cual autoriza la operación de la planta Estrella de Mar III, “pero lo consigna como una sustitución de la barcaza Estrella de Mar II y, sin embargo, la empresa lo que hizo fue ponerla a operar de manera paralela ambas plantas. Además, esa misma resolución otorgó un plazo de 2 años no renovable para que Estrella de Mar III sea trasladada”.

El PACMA expuso que “la permanencia de los efectos de esta inusual resolución dictada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, supone una licencia para afectar al medio de ambiente de toda la zona territorial donde se encuentra situada Estrella de Mar II, en tanto que, estas nuevas máquinas –que no guardan relación con la licencia primogenia- son colocadas sin la debida permisología y al margen del debido proceso administrativo”.

La entidad defensora de los recursos naturales considera, además, que esa decisión, contenida en la citada resolución administrativa, fue dictada en franca violación a las normas que rigen el sistema de protección de medio ambiente y recursos naturales, en detrimento del interés general.

Entiende que existe urgencia para la adopción de la medida cautelar, ya que, de no suspenderse la resolución citada, habría afectaciones irreparables al medio ambiente.

En ese sentido, el PACMA también solicitó al TSA disponer que Seaboard se abstenga de continuar operando el proyecto Estrella de Mar II, hasta tanto sea decidido el recurso contencioso administrativo.

El PACMA indicó que tomó esta decisión de solicitar una medida cautelar anticipada “para garantizar los derechos de la impetrante y hacer cesar el daño inminente y la turbación manifiestamente ilícita que está sufriendo el medio ambiente en la Republica Dominicana, así como para garantizar la efectividad de eventuales de recursos en sede jurisdiccional en nulidad de esta resolución manifiestamente ilegal”.

El presidente del PACMA, Ysaias Lara Kevelier, dijo que: “Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente acaba de depositar una medida cautelar ante el TSA para detener la resolución 0022-2021 que emitió el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado. Con esta medida pretendemos revocar esa resolución y detener las operaciones de la planta Seaboard en el río Ozama por los daños que causa, tanto al medio ambiente como a los moradores de sus alrededores, tanto de Calero, de Timbeque, Villa Duarte y todas las comunidades que viven alrededor del río Ozama”.

Lara Kevelier agregó que la citada resolución, además, violenta la Ley de Medio Ambiente y el artículo 66 de la Constitución de la República que clama por un medio ambiente sano para la ciudadanía, “y entendemos que violenta todas las normas ambientales porque fue tomada de una manera completamente arbitraria”.

Previamente, a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitiera la resolución 0022-221 del 30 de abril del 2021, en fecha 21 de febrero de 2018, expidió la licencia ambiental No. 0003-01-renovada en favor de Seaboard, a fin de que operara la planta Estrella de Mar II, al margen de los debidos estudios de impacto ambiental y levantamientos correspondientes.

El PACMA es una entidad cuyo objeto es la protección del medio ambiente, dedicándose a defender ante los tribunales del orden judicial y la reivindicación de derechos colectivos y difusos a favor del futuro de los dominicanos.

“Estamos confiados en que el nuevo ministro Miguel Ceara Hatton es un hombre que viene de los organismos internacionales y sabe que lo principal en un país es la educación y la salud. Estamos apelando a su bondad para que revise todo este proceso que se ha realizado de manera ilegal con relación a las barcazas que están en el río Ozama. Estamos seguros que el petitorio que le hemos hecho, lo va a ejecutar, que es que remueva ya esas barcazas de ahí, que las traslade a cualquier otro lugar porque ahí no pueden seguir”, afirmó Euren Cuevas, director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

Indicó que hacen esa petición amparados en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece que cualquier industria que pueda impactar de manera negativa la salud de las comunidades no se le dará ningún tipo de permisos ni el Ministerio de Medio Ambiente ni las alcaldías. “Es bien claro ese artículo 113 en su párrafo 1 que no pone en manos del Ministerio de Medio Ambiente permisos, es decir que tiene que negarlo inmediatamente”, dijo.

Expuso que Ceara Hatton debe revisar la decisión que se tomó en el año 2017 por el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, de negar la renovación de licencia a Seaboard Transcontinental y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía entonces, la Estrella de Mar II.

Informó que el nuevo ministro también debe investigar a fondo la resolución 0022-2021 del año 2021 que modificó la licencia ambiental 0003-01 renovada de fecha 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard, la cual autoriza la operación de la planta Estrella de Mar III, pero en sustitución de Estrella de Mar II. Y, sin embargo, la empresa lo que hizo fue poner a operar ambas plantas de manera paralela. Además, esa misma resolución otorgó un plazo de 2 años no renovable para que Estrella de Mar III sea trasladada.

“Las decisiones son ilegales porque en materia ambiental la ley no permite que se den permisos provisionales. Esos permisos deben estar amparados por un estudio de impacto ambiental y un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. Estamos completamente seguros que cuando el ministro revise todo eso y se entere de las ilegalidades que hay ahí va a tomar la decisión del traslado definitivo de esas barcazas”, planteó.

De su lado, Pablo de la Rosa, de la Central de Trabajadores Unidos (CTU), pidió al Gobierno, en las manos del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que investigue, a qué se debe que ministros pasados han violado la ley otorgando permisos provisionales.

“Nosotros confiamos en que el nuevo ministro tomará cartas en el asunto, al igual que el compromiso que hizo el Presidente el mes de octubre del año pasado en el recorrido que realizó. Nosotros confiamos y esperamos que las autoridades actuales cumplan con la ley y el compromiso que hicieron con la nación”, puntualizó.

Junto a esta solicitud, las organizaciones también le entregaron al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de esas barcazas afectan la salud de los moradores de sectores de la zona, tales como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, la Ciudad Colonial, entre otros.

Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Las organizaciones hicieron esta solicitud a la Academia de Ciencias en su calidad de institución científica, como veedora y garante de un trabajo transparente y que dé mayor legitimidad y confianza a la sociedad civil.

Consideraron además, que la Academia tiene como misión “el conocimiento, promoción, la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología en el país, como base imprescindible al desarrollo nacional, sostenible e independiente”, y alienta y apoya investigaciones en diversas áreas del saber humano.

También, que uno de sus objetivos es velar por la protección y defensa de los recursos naturales, “entendidos como un patrimonio insoslayable y vital del país, propiedad y riqueza que pertenece a la sociedad en su conjunto y a los futuros ciudadanos dominicanos”.

Fueron recibidos por su presidente y coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Luis Schecker Ortiz y Felícita Heredia, respectivamente.

Tras recibir la solicitud, el doctor Luis Schecker Ortiz manifestó que la Academia de Ciencias siempre ha tenido la posición de respaldar toda acción que persiga la protección del medio ambiente y los recursos naturales y particularmente del agua, de manera “que es un compromiso formal que la Academia de Ciencias formula, pudiendo contar siempre con el apoyo de nuestros investigadores para que se hagan los estudios correspondientes”.

Valoró positivamente poder tomar todos juntos una acción conjunta que permita liberar a la nación y a las partes que están siendo ahora mismo duramente afectadas de esta “anómala situación”.

“No sabemos cuál fue la autorización o el derecho que acompaña a estas empresas, pero ningún derecho está por encima de la Constitución de la República y si se ejerce un derecho mal habido, entonces la Constitución de la República impone que se hagan regulaciones y se pongan en buenas condiciones lo que hasta ahora ha sido un daño y un perjuicio muy perturbador para la nación y para el país”, expresó Schecker Ortiz.

Junto a esta solicitud, las organizaciones también le entregaron a la Academia de Ciencias un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de esas barcazas afectan la salud de los moradores de sectores de la zona, tales como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y la Ciudad Colonial.

Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unificados (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Las entidades de defensa ambiental y legal solicitaron al presidente de la Academia de Ciencias, doctor Luis Scheker Ortiz, designar una representación de la institución para que sea parte integral del equipo que habrá de ser designado por el Ministerio de Salud Pública en la investigación sobre los impactos de estas barcazas, tanto a la salud como al medio ambiente, reiterando que la participación de la Academia de Ciencias y del Colegio Médico Dominicano constituyen la garantía de estos estudios a ser ejecutados.

El informe entregado establece la presencia de contaminantes del aire en la zona donde operan las barcazas, tales como los óxidos de nitrógeno, cuya exposición al NO2 que es el principal de estos, provoca irritación del tracto respiratorio, broncoconstricción y dificultad para respirar, ataques de asma y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.

También, que las emisiones de óxidos de azufre forman partículas contaminantes que alteran el desarrollo de la función pulmonar en los niños y contribuye al deterioro de la función pulmonar en los adultos; y además, causa y agrava el asma y enfermedades cardiovasculares.

“Este estudio revela que esas plantas están contaminando 15 veces más o por encima de lo que estipulan las normas para un generador de esta misma capacidad. Y están provocando asma, enfermedades cardíacas, de la piel e insomnio, enfermedades nerviosas por las vibraciones. Por el tiempo prolongado de las plantas de 32 años, es necesario, examinar las víctimas de la zona”, manifestó Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA.

Con relación al ruido y la vibración, el documento cita que, “la presencia de una contaminación significativa por ruido y vibraciones es una fuente de malestar y posiblemente una fuente de graves problemas de salud para las comunidades vecinas”.

Señala el estudio: “Los niveles altos de ruido pueden provocar pérdida de audición, especialmente durante períodos prolongados. Sin embargo, más allá de la pérdida auditiva, la exposición prolongada a niveles de ruido incluso moderados causa una amplia gama de problemas, desde la interrupción del sueño hasta el deterioro del rendimiento cognitivo en los niños y enfermedades cardiovasculares”.

Por estas razones el informe concluye que: “Las barcazas eléctricas que operen bajo estándares marinos para impactos ambientales no son adecuadas para su colocación en comunidades densas como Santo Domingo durante períodos prolongados”. Otra de las conclusiones del informe es que el HFO (full oil), el más sucio de los combustibles derivados del petróleo debe cesar por completo.

Esta coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG), previamente depositaron una instancia ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la realización de una exhaustiva investigación médica para establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan estas barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama. Requirieron la intervención del Ministerio de Salud Pública como entidad rectora en materia de salud colectiva en nuestro país.

Estos  solicitaron a esta entidad ser parte de la investigación y estudios que realizará el Ministerio de Salud Pública para establecer la magnitud de los graves daños a la salud que estas plantas generan.

Las organizaciones realizaron la solicitud al Colegio Médico Dominicano en su calidad de garante del cumplimiento de la ley 42-01 sobre salud, de la Ley 63-03 que instituye a esa entidad en su artículo 2, así como el artículo 159 párrafo II letra i, 179, de la Ley 87-01 de seguridad social y sus modificaciones.

Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unificados (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Fueron recibidos por el presidente, vicepresidente y secretaria general del Colegio Médico Dominicano, doctores Rufino Senén Caba, Justo José Nicasio y Francisca Moronta, respectivamente.

El presidente del CMD, Senén Caba expuso que se esa entidad se siente enaltecida y honrada de recibir esa solicitud y “pueden estar seguros de que le vamos a acompañar. El compromiso con el ejercicio y cuido del medio ambiente es una de las responsabilidades más loables que puede tener un ciudadano. Existen medicinas del llamado triángulo morbigenético de Debi en donde el impacto ambiental sobre la salud es una las determinantes más importantes. Ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a asumir y demandar que se lleve a cabo el mismo”.

Senén Caba afirmó que asistimos en estos momentos al ejercicio de prácticas verdaderamente irresponsables, inhumanas en términos del daño al medio ambiente y añadió que “el río Ozama se ha convertido prácticamente en un albañal en donde todas las aguas negras y donde todo el que quiere poner un negocio irresponsable como este de las barcazas lo han deteriorado, han deteriorado completamente la cuenca de este río”.
Según el estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), los generadores eléctricos Estrella del Mar II y Estrella del Mar III, ubicados sobre el río Ozama producen daños a la salud tales como enfermedades respiratorias en niños y envejecientes, enfermedades auditivas por el ruido y las vibraciones, y enfermedades cardiovasculares a los residentes de sectores aledaños como Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte, y Los Guandules, Las Cañitas, La Nueva Barquita y la Ciudad Colonial.

El referido informe establece la presencia de contaminantes del aire en la zona donde operan las barcazas, tales como los óxidos de nitrógeno, cuya exposición al NO2 que es el principal de estos, provoca irritación del tracto respiratorio, broncoconstricción y dificultad para respirar, ataques de asma y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.

Dicho informe menciona, además, que las emisiones de óxidos de azufre forman partículas contaminantes que alteran el desarrollo de la función pulmonar en los niños y contribuye al deterioro de la función pulmonar en los adultos; y además, causa y agrava el asma y enfermedades cardiovasculares.

“Este estudio revela que esas plantas están contaminando 15 veces más o por encima de lo que estipulan las normas para un generador de esta misma capacidad. Y están provocando asma, enfermedades cardíacas, de la piel e insomnio, enfermedades nerviosas por las vibraciones. Por el tiempo prolongado de las plantas de 32 años, es necesario, examinar las víctimas de la zona”, manifestaron.

Con relación al ruido y la vibración, el documento depositado cita que, “la presencia de una contaminación significativa por ruido y vibraciones es una fuente de malestar y posiblemente una fuente de graves problemas de salud para las comunidades vecinas”.

Señala el estudio: “Los niveles altos de ruido pueden provocar pérdida de audición, especialmente durante períodos prolongados. Sin embargo, más allá de la pérdida auditiva, la exposición prolongada a niveles de ruido incluso moderados causa una amplia gama de problemas, desde la interrupción del sueño hasta el deterioro del rendimiento cognitivo en los niños y enfermedades cardiovasculares”.

Por estas razones el informe concluye que: “Las barcazas eléctricas que operen bajo estándares marinos para impactos ambientales no son adecuadas para su colocación en comunidades densas como Santo Domingo durante períodos prolongados”. Otra de las conclusiones del informe es que el HFO (full oil), el más sucio de los combustibles derivados del petróleo debe cesar por completo.

Esta coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG), previamente depositaron una instancia ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la realización de una exhaustiva investigación médica para establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan estas barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama. Requirieron la intervención del Ministerio de Salud Pública como entidad rectora en materia de salud colectiva en nuestro país.

Diversas personalidades de la vida nacional como ambientalistas y expertos en materia de energía se han manifestado a favor de que estas plantas sean trasladadas a otro lugar por su alto nivel de contaminación.

La institución responsable del estudio citado es la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), la cual ayuda a comunidades a manifestarse acerca del aire limpio, el agua limpia y un planeta más saludable. Es una alianza mundial de abogados, científicos y otros defensores, colaborando a través de fronteras para promover los esfuerzos a nivel de base para construir un futuro sustentable y justo.

Carvajal expuso que las plantas de Seaboard tienen un impacto muy negativo sobre el sistema legal e institucional de la República Dominicana porque contamina los procedimientos “porque se instala violándolos. Contamina la institucionalidad porque se violenta y se irrespeta. Pero sobre todo, contamina la expectativa social que creía que los organismos fácticos, los poderes del Estado están para aplicar las normativas ambientales y de salud, que se basan en respetar y hacer respetar la ley, y no en ser agente para su violación. Ese es el gran problema”.

Manifestó que a raíz del surgimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta planta se coloca de manera ilegal y cuando se hacen las primeras evaluaciones desde la perspectiva ambiental, lo que paren todas las recomendaciones es la necesidad de trasladarla.

El también catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), explicó que a lo largo de los años de operación que tiene la planta Estrella de Mar II, la más contaminante de las dos que están ubicadas sobre el rió Ozama, se han encontrado siete efectos adversos a la salud de la gente y el entorno.

Citó, entre estos efectos que cuando las plantas liberan gases contaminantes en grandes cantidades, la respirabilidad inmediata y directa la gente la siente porque esas estructuras están ubicadas por debajo del nivel en el cual viven las poblaciones.

“Qué ocurre, que esto provoca que los gases vayan directamente a las personas e incrementando el daño, porque no se trata solo de la cantidad y el tipo de contaminantes que libera, sino el hecho de que estos contaminantes hacen un contacto directo con la gente”, expuso.

En su consideración, el hecho de que una de las plantas tenga más de 30 años operando en ese lugar incrementa su nivel de peligro “porque el tipo de contaminante que genera que está asociado al hollín, a los gases derivados de nitrógeno, a los derivados de azufre y a los metales pesados que salen de allí, tienen un efecto continuo y acumulativo”.

Otro de los efectos registrados que los residentes en las zonas circundantes a las barcazas más sienten son los ruidos y las vibraciones de alta intensidad,  y aunque estas últimas no se escuchan como ruidos, pero sí tienen un impacto sobre los edificios. Relató que los moradores de los barrios cercanos se quejan del agrietamiento de sus casas, de que no pueden dormir, de que sienten el zumbido en la cama y “ese es, desde luego, el efecto de una planta que está donde no debía estar”.

Agregó que a todos esos efectos hay uno fundamental que es no tomar en cuenta el ordenamiento urbano, pues “una ciudad tiene que ordenarse en función de su energía, pero la energía no puede colocarse donde constituya una amenaza para la salud de la ciudad y los ecosistemas que están en el entorno y consecuentemente estas plantas actúan como un disruptor social”.

Otra razón que expuso por la cual las plantas deben ser removidas del lugar, dijo, es por la importancia de la ría del Ozama que es un mecanismo altamente complejo, llamado así porque ahí hay una intrusión marina que llega de 12 a 17 KM y cuando hay eventos especiales como tormentas, va mucho más lejos generando un gradiente de salinidad y toda una serie de procesos dinámicos y biológicos muy complejos.

Recordó que es un río que “ya tiene altos niveles de contaminación, pero decir que una nueva contaminación no importa es no entender el carácter exponencial de los factores que se agregan y de los dos tipos de contaminación asociados a las barcazas”.

Manifestó que, además de la que pudieran venir fruto de un derrame o un efecto perverso, está la contaminación térmica, y la misma reduce significativamente la disponibilidad de oxígeno en el agua, lo cual reduce sustancialmente la calidad del agua.

También señaló la contaminación visual, sobre todo por estar en el contexto de la Zona Colonial, principal área turística de Santo Domingo.

El experto ambiental enfatizó que el primer análisis que se hace para la instalación de una planta de esta naturaleza es el de pertinencia y por la ubicación que tienen las mismas, que están por debajo de las edificaciones de población y de concentraciones humanas y por las características de sus emisiones contaminantes, no pueden estar ahí.

Señaló que aunque cuando la primera planta de Seaboard se instaló, todavía el país no contaba con una Ley Ambiental, pero sí había regulaciones que limitaban instalar chimeneas en las zonas cuyas emanaciones pudieran afectar poblaciones.

A raíz del surgimiento de la ley 64-00, se dio un plazo un plazo de dos años para que instalaciones de este tipo que están ubicadas en zonas en contradicción con la ley se ubicaran adecuadamente, y luego hubo una extensión de tres años, por lo que desde el 2003 la empresa está ahí en violación.

Sostuvo que por eso ya había habido un plazo en el 2017 para su traslado obligatorio, plazo que venció sin ninguna modificación, por lo tanto hay una ordenanza que ordena trasladarla, manifestó.

Recordó que cuando se planteó traer la otra planta, la Estrella de Mar III, “que es menos contaminante porque combina gas y fuel oil, pero esta nueva planta estaba obligada a pasar el proceso completo de evaluación ambiental que implica todo el análisis previo, la pertinencia del lugar, y no iba a pasar la pertinencia porque cuando se colocara frente a las leyes actuales, se iba a demostrar que no era pertinente. También había que hacer las dos consultas sociales necesarias y someter todo el procedimiento de evaluación ambiental”.

“Eso no se ha hecho. Es tan así que no se ha hecho, que esta discusión empezó antes del cambio de gobierno y cuando se hace el cambio de gobierno, ellos proceden de nuevo a solicitar la nueva planta y el ministro de Medio Ambiente les da un permiso, mandando a la prensa una nota que dice que le están negando el permiso, que lo que le están dando es una prórroga a la que está, pero en realidad lo que permiten es que se establezca la nueva (planta)”.

Expuso que así se estableció Estrella de Mar III, al lado de la Estrella de Mar II y ahora tenemos un problema de doble violación de la ley: una planta que ya no debió estar ahí porque había una orden de trasladarla y otra planta que no se podía instalar porque no ha cubierto los procedimientos que obliga la ley 64-00.

“Esa planta se instaló violando las normativas legales y ya tiene un pecado original, el irrespeto al marco legal que ordenan los procesos ambientales. Tiene otro pecado, pues se colocó en una situación de urgencia con un permiso mínimo y temporal; si es temporal, con los años que tiene, la temporalidad hace rato que se fue al carajo”, sostuvo.

El doctor Eladio Pérez explicó que esto es un tema del Departamento de Salud Ambiental de esta entidad, la cual conlleva una evaluación de impacto, por lo que su abordaje debe ser multidisciplinario.

Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y auditivas, son tres de los principales padecimientos señalados por las ONGs, cuyos representantes indican que son provocadas por las dos barcazas que pertenecen a la empresa Seabord Transcontinental y que inyecta energía al sistemático eléctrico nacional.