Las incautaciones se realizaron en el Distrito Nacional y en Punta Cana como parte de la recuperación de activos obtenidos por la estafa cometida por la red contra decenas de adultos mayores en Estados Unidos, la cual fue desmantelada con la Operación Discovery 3.0, el pasado 12 de agosto, con la realización de 34 allanamientos.

Bernardo Taveras Vélez, dentro de la estructura, se encargaba de crear el software para las operaciones de estafa y suplir de internet a los call center clandestinos. El imputado guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Rafey Hombres, de Santiago, por espacio de 18 meses, junto a otros miembros de la red criminal.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.

A este caso también están vinculados Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes cumplen tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres, de Santiago.

También, Jesús Manuel Castaños Colón, quien cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

Igualmente, los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, quienes cumplen arresto domiciliario.

Mientras que a Gipsy Pamela Castaños García le fue impuesta una garantía económica de $500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

Otros fueron solicitados en extradición

En medio de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez) y Edward José Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

Así lo refleja la declaración conjunta publicada este jueves por la Comisión Europea y la Casa Blanca, en la que precisan por escrito los términos del acuerdo político al que llegaron el mes pasado en Escocia para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

Así se lo transmitió al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien le confirmó que en ese caso lo aplicarían de manera retroactiva desde el 1 de agosto, explicó Sefcovic.

La declaración conjunta, esperada desde que se cerró el acuerdo político en julio, fija un arancel máximo del 15% para la gran mayoría de los bienes de la UE que entren en Estados Unidos, incluidos los automóviles, así como los semiconductores y los productos farmacéuticos en caso de que Washington, que tiene una investigación comercial en marcha sobre ellos, decida imponerles aranceles.

Estados Unidos ya aplica este arancel del 15% desde principios de agosto a los bienes europeos que estaban sujetos a los llamados aranceles «recíprocos», que hasta entonces eran del 10% y que Trump había amenazado con elevar hasta el 30%.

Sin embargo, la orden ejecutiva aprobada por la Casa Blanca dejó fuera de esa aplicación a los automóviles europeos, que actualmente siguen teniendo un arancel del 27.5%.

La declaración conjunta precisa hoy que este se rebajará a partir del «primer día del mismo mes en que la UE introduzca su propuesta legislativa» para reducir sus aranceles.

En concreto, Bruselas prevé eliminar los aranceles a todos los bienes industriales de Estados Unidos y dar acceso preferencial a su mercado a productos agrícolas y mariscos de ese país, como lácteos, frutas y verduras procesados, semillas o carne porcina, entre otros.

Sin detalles sobre acero y aluminio

Por otro lado, en el caso del acero y el aluminio, a los que Washington aplica un arancel del 50 %, el documento solo señala que considerarán «la posibilidad de cooperar» contra el exceso de capacidad en sus mercados, incluido a través de un sistema de aranceles y cuotas, aunque no precisa cómo funcionaría ese mecanismo.

En julio, Bruselas había dicho que una cierta cantidad de importaciones europeas podrán llegar a Estados Unidos gravadas al 15% y a partir de ese monto se aplicará un arancel del 50%.

Asimismo, el acuerdo contempla un trato preferencial para ciertos productos estratégicos como las aeronaves, recursos naturales como el corcho, medicamentos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos, y prevé que Bruselas y Washington sigan negociando para añadir más bienes a la lista.

Unión Europea

La UE, por su parte, ha expresado su voluntad de adquirir gas natural, petróleo y productos de energía nuclear estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares (unos 700.000 millones de euros) en los próximos tres años, así como chips de inteligencia artificial por 40.000 millones de euros (unos 46,600 millones de euros).

Asimismo, los Veintisiete planean «aumentar sustancialmente» las compras de equipamiento militar y de defensa de EE.UU. 

En concreto, las exportaciones de la UE a Estados Unidos aumentaron un 4.4 % (hasta los 46,200 millones) y las importaciones descendieron un 7.4 % (hasta los 27,800 millones).

El superávit comercial de la UE con EE.UU. también aumentó un 3.9% entre abril y mayo de este año, ya con los denominados aranceles «recíprocos» en vigor del 10% que Washington ha impuesto a las importaciones de todos los productos procedentes de la UE, que ascienden hasta el 25% para vehículos, acero y aluminio.

El superávit comercial de la UE con EE.UU. también aumentó un 3.9% entre abril y mayo de este año, ya con los denominados aranceles «recíprocos» en vigor del 10% que Washington ha impuesto a las importaciones de todos los productos procedentes de la UE, aunque el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, viaja hoy a Washington para seguir negociando un posible acuerdo con su homólogo Howard Lutnick, antes de esa fecha.

Miguel Ángel Díaz Villalona, presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, declaró nula una demanda en designación de secuestrario judicial interpuesta en contra de una empresa que, pese a haber recibido la suma convenida por concepto de la venta ciertos bienes muebles e inmuebles, retiene su posesión y los usufructúa en detrimento del comprador.

Basó su decisión en que “los socios de la sociedad comercial, a juicio de este juzgador, deben ser debidamente emplazados, [porque] la medida que se adopte los arrastra y afecta… deben tener por lo menos la posibilidad de poder hacer uso de sus medios de defensa que constitucionalmente le asisten, pues de no ser así evidentemente sería una transgresión frontal a este derecho”.

Los autores de este artículo están convencidos de que la motivación transcrita no fue repensada con la profundización adecuada. Claro que los jueces gozan de un margen de discreción para elegir entre dos o más opciones jurídicamente válidas, no entre una de estas y otra voluntariosa.

De ahí que uno de los parámetros del test de motivación sea la “precisa y correcta identificación de las disposiciones legales que le permiten tomar la decisión”, requerimiento indispensable de la búsqueda honesta y desinteresada de la verdad material. Díaz Villalona arribó a su conclusión tomando, según parece, una de las garantías fundamentales a beneficio de inventario y, peor todavía, sin individualizar regla, principio o jurisprudencia que secundara su apreciación respecto del emplazamiento a los socios o accionistas.

Y eso, sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual, puso la arbitrariedad de relieve. Permítasenos poner las cosas en contexto: el art. 5 de la Ley núm. 479-08 establece que las sociedades de comercio, una vez matriculadas en el Registro Mercantil, “gozarán de plena personalidad jurídica”. A partir de entonces, pasan a ser sujetos de derechos y obligaciones distintas a las de sus socios o accionistas. En palabras de nuestra alzada casacional, “responden en su propio nombre y riesgo”, salvo levantamiento del velo.

Por tanto, las obligaciones que asumen no recaen más que sobre ellas, sin comprometer el patrimonio personal de sus socios o accionistas, siendo innecesario encausar a uno, varios o a todos ellos en la hipótesis de que sea la empresa la que celebre el negocio jurídico que da origen a la demanda, excepto, como ya señalamos, que se desestime su personería jurídica.

De hecho, no hace mucho tiempo que la excepción de nulidad que, cabe reiterarlo, Díaz Villalona acogió sin especificar la premisa normativa que le habría servido de soporte, fue rechazada con esplendida motivación por nuestra sede casacional: “En la demanda en designación de secuestrario judicial de una sociedad comercial, basta con que se demande solo a la sociedad” (SCJ, Primera Sala, 25 de noviembre del 2019, núm. 121, BJ 1306).

Hicimos una extensa búsqueda en la jurisprudencia de esa alta corte para saber si, con posterioridad a la fecha de esa sentencia, había modificado su criterio, pero, como es lógico, no encontramos nada. No es que nos apegamos al art. 5 de la Ley núm. 479-08 cual Ulises al mástil para resistir el canto seductor de las sirenas. Al contrario, reconocemos que el derecho propugna por interpretaciones innovadoras que adecúen el dinosaurio legalista, por lo que cualquier operador puede desafiar la norma en cita, o si se prefiere, el reconocimiento de las empresas como entes independientes de sus socios o accionistas.

Ahora bien, semejante empresa reclama el anclaje en un precepto o principio desde el cual se ofrezca una carga argumentativa con vocación de derrotarlo. Lejos de hacer la tarea, Díaz Villalona apeló a una perífrasis constitucional atormentada, sobrecargada por demás en la metáfora, y como si bailase un acompasado tango, asumió la competencia legislativa al erigir su convicción empecinada en ley. Para ser honestos, ese y cualquier otro desplazamiento de las reglas procesales sobre las que descansa buena parte de la seguridad jurídica, resulta inasumible en un Estado de derecho.

Pero hay más; la declarada ineficacia del acto introductorio de instancia en virtud de que los socios no fueron encausados, plantea determinar si esa omisión configuraba una nulidad de forma o de fondo. Como es sabido, estas últimas son limitativamente enumeradas por el art. 39 de la Ley núm. 834: falta de capacidad para actuar en justicia, falta de poder de quien figura en el proceso como representante de una persona moral o de una afectada de incapacidad de ejercicio, y falta de capacidad o poder del que asegura la representación de un litigante.

En cambio, las nulidades por violación a las reglas de forma no fueron listadas por el legislador. Eso sí, el art. 37 del mismo texto condiciona su pronunciamiento a que estén expresa y legalmente contempladas y, además, a que “el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden público”.

Es obvio que la que dio lugar a la ordenanza de Díaz Villalona, al escapar de las señaladas en el art. 39, no era de fondo, lo que abre de inmediato una interrogante: ¿puede una empresa demandada promover la nulidad de forma de un acto de procedimiento por la presunta afectación del derecho de defensa de sus socios o accionistas? Por supuesto que no.

Primero, porque estaría peticionando justicia por cuenta de otros, esto es, litigando por procuración, lo que está prohibido en el estado actual de nuestro derecho. Si a juicio de la empresa ellos deben integrar el contradictorio, o si lo eventualmente decidido puede fracturar sus intereses, debe demandarlos en intervención forzosa, pero nunca utilizarlos como mascarón de proa para derivar ventajas en su favor.

Segundo, porque la nulidad del repetido art. 37 es relativa y de interés privado, lo que implica que tan solo puede plantearla aquel al que está destinada a proteger, único capaz de justificar la lesión que la parte in fine de dicha norma exige. El 27 de enero del 2021, la Primera Sala de la SCJ insistió por enésima vez que es “la parte notificada la que debe acreditar el perjuicio concreto sufrido por el defecto de forma del acto tachado de nulidad”.

Nada distinto han considerado las Salas Reunidas de ese colegiado. En efecto, la nulidad por violación a las reglas de forma precisa, además del incumplimiento de un requisito contemplado por la ley, que le cause “un agravio al adversario”, no a terceros. De manera que, en buena lógica jurídica, una sociedad comercial carece de calidad para aducir la nulidad de un acto procesal que, a su entender, vulnera el derecho de defensa de sus socios o accionistas.

Por último, la misma corte de vértice ha insistido, amparada en el art. 1030 del Código de Procedimiento Civil, que la anulación sin texto legal es improcedente. ¿Qué precepto apremia a poner en causa a los socios o accionistas de una empresa titular de bienes en perjuicio de los cuales se demanda el nombramiento de un secuestrario? ¿Cuál sanciona el incumplimiento de tal supuesto con la nulidad? Ambas preguntas se contestan con el mismo adjetivo: ¡ninguna!

Nunca es bueno que los humores ni las fantasías paranoides orienten el sentido de ningún juzgador, porque entonces la justicia se convierte en un instrumento opaco a través del poder decisorio que empuña. Lo que la sociedad espera de él es que sustente sus fallos en una exégesis racional del ordenamiento jurídico, como lo sentenció John Marshall hace dos siglos con ocasión del caso Osborn vs The Bank of the United States: “La autoridad judicial no se ejerce para darle cumplimiento a la voluntad personal del juez, sino para asegurar el cumplimiento de la ley”.

Estos resultados fueron presentados durante la XII Asamblea General Ordinaria de Delegados, donde Rafael Piantini, presidente del Consejo de Administración, expresó que el principal objetivo de COOPNAZONAF sigue siendo mejorar la calidad de vida de sus socios y sus familias, a través de los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa.

“Más allá de los resultados financieros que con orgullo hemos alcanzado, lo que realmente nos motiva son las historias que conocemos y compartimos, aquellas en las que hemos sido parte fundamental del cambio y del progreso en las vidas de nuestros socios”, aseguró Piantini.

COOPNAZONAF cerró el 2024 con un notable desempeño financiero, alcanzando una cartera de ahorros que superó los 2,000 millones de pesos. De igual manera, la cartera de préstamos mostró un crecimiento significativo, totalizando RD$2,517 millones, en contraste con los RD$2,294 millones registrados en 2023.

José Rodríguez, gerente general de COOPNAZONAF, resaltó que estos éxitos son fruto del apoyo permanente de los socios y la dedicación del equipo de trabajo. “Gracias al respaldo de nuestros socios y al compromiso de nuestro equipo, hemos alcanzado un crecimiento sostenido en nuestros indicadores financieros. La cartera de préstamos aumentó en un 10% con relación a 2023, mientras que los ahorros crecieron en un 11%, lo que refleja la solidez de nuestra institución y la confianza depositada en nuestros servicios”, puntualizó Rodríguez.

Durante la XII Asamblea General Ordinaria de Delegados, que estuvo dedicada al Fortalecimiento de los Controles en COOPNAZONAF: “Un compromiso con la Eficiencia, Seguridad y Cumplimiento Regulatorio”, fueron reconocidos por su entrega, responsabilidad y compromiso, Rafael Piantini, saliente presidente del Consejo de Administración; y seis colaboradores de COOPNAZONAF.

Cury sostuvo que, pese a que dicha ley establece que todos los bienes incautados deben ser puestos bajo custodia del INCAVIDE, el Ministerio Público retiene estos bienes de forma irregular, y en muchos casos sin contar con una orden judicial de incautación.

“Lo más grave es que se quedan con ellos y hasta los utilizan para movilizarse”, afirmó.

El abogado como ejemplo, citó un reciente caso en el que el juez Franky González, de la Cuarta Sala del Juzgado de Primera Instancia de Comisaría de Ciudad Nueva, acogió una acción de amparo que él interpuso, tras la incautación ilegal de cinco vehículos sin orden judicial.

“El Estado de Derecho está menguado, acomodado a las conveniencias de los intereses de muchos de sus integrantes”, denunció el abogado.

Aseguró que estas prácticas arbitrarias deben enfrentarse con demandas de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios y el propio Ministerio Público por abusos de poder.

SANTO DOMINGO. – Decenas de personas continúan este lunes acudiendo a la Fiscalía del Distrito Nacional en busca de recuperar las pertenencias de sus familiares, como carteras, relojes, celulares y vehículos, tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

En medio de luto, familiares de fallecidos y sobrevivientes de la tragedia en el Jet Set continúan acudiendo a la fiscalía con la esperanza de encontrar al menos una prenda, un celular o algún recuerdo de sus seres queridos.

Wagner Guerrero, hermano de una de las víctimas, explicó que las autoridades le entregaron algunas pertenencias. Sin embargo, aún no ha encontrado la cartera de su familiar y espera que pueda estar dentro del vehículo, que sigue sin ser entregado.

Otras personas que perdieron a un ser querido en la tragedia indicaron que han logrado recuperar sus pertenencias.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa entregando los vehículos a los parientes de los afectados que acuden al destacamento de la policía ubicado en la Feria Ganadera. En el proceso de entrega están trabajando al menos 25 empleados del Ministerio Público para agilizar el procedimiento.

Aunque la visita no estaba en la agenda oficial del primer ministro ni el presidente electo había confirmado la reunión, informes de prensa confirmaron la llegada de Trudeau al aeropuerto internacional de Palm Beach (Florida), cercano a la residencia de Trump en Mar-a- Lago.

Trudeau cenó con Trump en Mar-a-Lago el viernes por la noche. El Ministro de Seguridad Pública Dominic LeBlanc acompañó al primer ministro, según fuentes citadas por el periódico New York Times.

La reunión se da después que el presidente electo de EE.UU. ha puesto en alerta a los gobiernos de México y Canadá tras anunciar que aplicará un arancel del 25 % a todos los bienes importados desde esos dos países, así como un recargo adicional del 10 % a los productos chinos, hasta que ambos -que son sus principales socios comerciales- frenen la llegada de inmigración ilegal y drogas.

La visita a Mar-a-Lago el viernes, de la que informó Canadian Broadcasting Corporation (CBC, en inglés), pretende ser un esfuerzo director de Trudeau para demostrar que tiene un plan para abordar las preocupaciones fronterizas de Trump y evitar que se aplique. el arancel.

En la mañana, el primer ministro dijo a la prensa canadiense que él y Trump “trabajarán juntos para abordar algunas de las preocupaciones» del republicano y responder a esos problemas.

El primer ministro también advirtió que lo realmente «importante de entender» es que cuando Trump hace declaraciones como esas «planea llevarlas a cabo». No hay duda al respecto”,

Tanto Trudeau como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionaron al anuncio advirtiendo a Trump que estos aranceles causarían un enorme daño a la economía de toda la región.

El primer ministro canadiense se reunió en la noche del miércoles con los jefes de Gobierno de las 11 provincias de ese país para perfilar una estrategia común ante la amenaza del presidente electo de EE.UU.

Trudeau subrayó en esa reunión, que “el número de migrantes que intentan viajar de Canadá a EE.UU. es una fracción de los que intentan viajar de México a Estados Unidos», según señaló su oficina en un comunicado.

La estrategia de Canadá hasta el momento es desasociarse tanto como sea posible de México y recalcar que la frontera norte de Estados Unidos es segura para evitar que Trump haga realidad su amenaza e

imponga unos aranceles que los economistas advierten sumirán al país en una recesión.

Valdez quien es ingeniero civil empresario y político presentó en la declaración de bienes varios vehículos, así como muebles del hogar y electrodomésticos valorados en RD$ 7,801,700.00 millones de pesos.

El funcionario presentó cuentas de ahorro, acciones en empresas, cuentas por cobrar, entre otros documentos bancarios por un valor total de RD$ 2, 365,161.72 millones de pesos.

El documento de la declaración jurada de bienes detalla que el ingeniero tiene deudas por un valor total de RD 1, 376,558.33 millones de pesos.

En tanto que si al valor total de los activos es de RD$ 10, 166,861.72 millones de pesos le restamos los pasivos es decir las deudas que son de RD$ 1, 376,558.33 millones de pesos, es decir que de acuerdo con el resumen de bienes de la Cámara de Cuentas el político posee un patrimonio de RD$ 8, 790,303.39.

De acuerdo con la ley 311-14 promulgada el 8 de agosto de 2014 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, dice que presentar estos documentos es crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad, esta establece el marco legal.

De acuerdo con la declaración Paino tiene varios inmuebles dos vehículos y otros bienes valorados en 34, 363,112.41 millones de pesos.

El funcionario presentó cuentas de ahorro, acciones en empresas, cuentas por cobrar, entre otros documentos bancarios por un valor total de RD$ 58, 824,002.94 millones de pesos.

Mientras que en pasivos, préstamos personales hipotecarios y tarjetas de crédito por un valor de RD$ 18, 777,302.61 millones de pesos.

En tanto que el valor de los activos 93, 187,115.35 millones de pesos menos el valor de los pasivos 18, 777,302.61 millones de pesos, de acuerdo con el resumen de bienes de la página de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el ministro posee un patrimonio de RD$ 74, 409,812.78 millones.

De acuerdo con la ley 311-14 promulgada el 8 de agosto de 2014 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, dice que presentar estos documentos es crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad, esta establece el marco legal.