Este martes están registrando la oficina del exjefe del Ejecutivo socialista (2004-2011) y otras tres sedes mercantiles, informaron a EFE fuentes jurídicas.

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

La imputación fue decidida por el juez José Luis Calama, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En su día, un juzgado de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación, varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.