«La traición se la pagaron con traición«, apuntó el mandatario colombiano, que se negó a reconocer la legitimidad del Gobierno de Boluarte, surgido tras el cuestionado derrocamiento del entonces presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

La traición se la pagaron con traición

Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas. https://t.co/tJ7gwgU96b

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

En su publicación, Petro recordó la suerte de Castillo, quien sigue tras las rejas: «Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas», agregó.

El Congreso de Perú aprobó la madrugada de este viernes una moción de vacancia contra Boluarte por permanente incapacidad moral en medio de una ola de inseguridad que azota el país. Ahora, el poder está en manos de quien ejercía la presidencia del Congreso, José Jerí, según establece la legislación del país.

El Congreso de Perú destituyó en la noche del jueves, de manera exprés, a Boluarte tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) que declararon su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

«Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas», agregó Petro en referencia al destituido Castillo, a quien Boluarte reemplazó en diciembre 2022.

Petro defendió numerosas veces a Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución y acabó en prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo.

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Derechos Humanos

El juicio por su intento de golpe de Estado comenzó el 4 de marzo pasado y la Fiscalía pide para Castillo una pena de 34 años de prisión, al acusarle de rebelión por haber anunciado el cierre del Congreso y la intervención en la Judicatura, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

Según dijo Petro, el día que comenzó el juicio oral contra Castillo, ese proceso es un «insulto» a la democracia y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, en su opinión, el único delito del expresidente peruano «es ser pobre y de izquierda».

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Destitución de Castillo

Las críticas de Petro a la destitución de Castillo llevaron a Perú a retirar a su embajador en Colombia en marzo de 2023, pero en febrero de este año los dos países acordaron volver a nombrar embajadores tras dos años de desencuentros.

El Parlamento peruano invistió a Jerí como jefe de Estado hasta las próximas elecciones generales convocadas para abril de 2026 conforme contempla la Constitución en caso de que el presidenta o presidenta no disponga de vicepresidentes, como sucede con Boluarte, que era la vicepresidenta del izquierdista Pedro Castillo, quien también fue destituido a finales de 2022.

Congreso de Perú

Jerí, de 38 años, es presidente del Congreso de Perú desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018 2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Congreso.

Momentos antes, el parlamentario izquierdista José Quito planteó ante el pleno del Congreso que se censurara a la mesa directiva del Parlamento para que José Jerí no asumiera la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte.

«Llega un momento en que la crisis se ha desbordado, se han ido demostrando las grandes falencias (carencias) institucionales, la gran ausencia del Estado para con las grandes mayorías», remarcó Quito al exponer su posición antes de decir que la destitución de Boluarte «no viene sola».

Quito agregó que, en caso de que Jerí se mantenga en el cargo y asuma la presidencia peruana, su gobierno «no se va a sostener una semana en el cargo porque serán las calles los que los saquen».

El Congreso destituyó a Boluarte en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Hemiciclo para ejercer su defensa

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021 2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señaló que se declara la «permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República» peruana.

Detalló que este jueves se presentaron cuatro mociones de orden del día que propusieron la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su «permanente incapacidad moral» y la vacancia de la presidencia, así como «en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido» en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. «En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia«, remarcó.

De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.

«Un debido proceso parlamentario cuya decisión afecta derechos constitucionales tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas», aseguró.

Portugal acusó, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado «a esta garantía» y consumar «su violación».

«Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones», concluyó.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

El proceso contra Boluarte

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso fue irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Proceso de destitución 

Entre los promotores del proceso de destitución hubo varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se acumularon de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se quedó sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021 2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016 2018), Martín Vizcarra (2018 2020), Manuel Merino (2020 2020), Francisco Sagasti (2020 2021) y Pedro Castillo (2021 2022), además de Boluarte.

Boluarte dijo que iba a responder «por única vez» sobre temas «fuera de contexto», dado que la convocatoria a su presentación era sobre el proceso de formalización minera.

Respecto al cuestionado incremento de salario, a 9.900 dólares mensuales, la mandataria dijo que «nadie está al margen de la ley» y que el despacho presidencial está cumpliendo con la ley del servicio público, vigente desde hace 12 años.

La mandataria añadió que existe un «cambalache» de leyes de vinculo laboral en el Estado e invitó a todos los estamentos públicos a someterse a esa norma.

Boluarte fue cuestionada por los reporteros por no responder a la prensa en más de 200 días, a lo cual respondió que «si bien es cierto que no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar al pueblo peruano que la presidenta se va a comunicar siempre que nos convoque temas de interés nacional y no temas de interés personal, como han sido mi salud, que ha generado 50.000 leyendas, inclusive le quieren dar el carácter de perito al médico tratante».

El cirujano Mario Cabani reveló a la prensa que las cirugías al rostro a las que se sometió Boluarte, en junio de 2023, fueron estéticas, y no sólo por un problema de respiración, con lo cual la Fiscalía abrió una investigación por presunto abandono temporal del cargo, pues no comunicó al Parlamento de su ausencia por una intervención médica.

La jefe de Estado dijo que no entendía la «desesperación» de la fiscal general, Delia Espinoza, de haber enviado «al por mayor» varias denuncias en su contra al Congreso, entre ellas las de la cirugía al rostro, cuando supuestamente tenía plazo hasta agosto para culminar con sus investigaciones.

«Nosotros hemos demostrado inocencia, sin embargo no esperó su plazo, lo trasladó al Congreso, que en la próxima legislatura seguramente lo estará programando», comentó Boluarte.

La presidenta peruana añadió que, en adelante, si es que la prensa quiere comunicarse con ella para ver temas de interés nacional estará «encantada» de comunicarse con los medios de comunicación, pero aclaró que su deber es comunicarse con el pueblo y que lo hace cada vez que viaja a entregar obras.

El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía presentó ante el Parlamento la solicitud de petición para que se reconsidere la decisión de archivar la denuncia constitucional contra Boluarte por presuntamente haber recibido relojes Rolex y otras joyas de oro de una autoridad regional que esperaba una transferencia de fondos del Ejecutivo.

La Fiscalía explicó en un comunicado que el pedido se fundamenta en los «graves vicios procesales» incurridos en su trámite y, como consecuencia de ello, se solicita la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y se disponga a diferir el procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial, a efectos de garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho.

«El Ministerio Público actúa en defensa del orden constitucional, exigiendo que todo procedimiento, incluso en sede parlamentaria, se ajuste estrictamente a los principios fundamentales que rigen el Estado constitucional y democrático de Derecho», precisó en la información compartida en la red social X.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.

En caso de recibir el visto bueno del Legislativo, la Fiscalía puede proceder a acusar al investigado, y de ser rechazada, interrumpe el proceso, como ha sido este caso.

El pasado viernes, el Congreso archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra Boluarte por el caso conocido también como ‘Rolexgate’, al aprobar un informe que recomendó el archivo de la denuncia porque consideraba que no se reunían los elementos suficientes para sustentar una infracción constitucional por el uso de relojes y otros objetos de lujo que no fueron declarados.

El texto, de la legisladora fujimorista Nilza Chacón, también planteaba evaluar si procede denunciar al exjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, por haber presentado hace un año esta denuncia contra Boluarte.

La denuncia fiscal se fundamentaba en que Boluarte «habría recibido -en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca ‘Rolex’, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera ‘Bangle’ con 94 brillantes con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República».

Boluarte dijo -en un primer momento- que los relojes eran suyos y «fruto de su esfuerzo», pero semanas después reconoció que «eran un préstamo», de su amigo Oscorima y afirmó que había sido «un error político» aceptarlos.

Esta no es la única denuncia que el Ministerio Público ha presentado contra Boluarte por este caso. La última fue hace dos semanas, cuando la Fiscalía volvió a denunciarla por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, a raíz de estos bienes de lujo y el supuesto incremento de su patrimonio.

La mandataria inauguró en Lima el foro del Consejo de las Américas, que analiza el potencial de Perú como socio estratégico para la inversión y el desarrollo en América Latina, y en su discurso agradeció la invitación del Gobierno de Estados Unidos para viajar a ese país.

«Asistiré y confío que en el Congreso de la República prevalecerán los intereses nacionales dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones», indicó Boluarte.

Sostuvo que esta visita representará «una oportunidad histórica» para avanzar en la agenda común de cooperación, desarrollo y prosperidad compartida para ambos pueblos.

Detalló que fue el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien le transmitió la invitación de viajar al país norteamericano por parte del presidente Donald Trump.

Vance y Boluarte se sentaron en primera fila en la misa de inicio de pontificado del papa León XIV, que tiene la nacionalidad de ambos países, el 18 de mayo último.

El canciller peruano, Elmer Schialer, ya adelantó la semana pasada esta noticia y detalló que durante esa conversación en El Vaticano, Boluarte también les invitó a Perú, a lo que Vance respondió que tenía mucho interés puesto que su esposa, Usha Vance, ya ha viajado al país andino, donde quedó «maravillada» y le estaba animando a hacer lo mismo.

Para que la presidenta pueda viajar a Estados Unidos, el Congreso lo debe autorizar en el pleno, como indica la Constitución peruana, y han sido numerosas las veces que los parlamentarios han denegado a Boluarte viajar al extranjero por diversos motivos, como la actual crisis de inseguridad ciudadana.

Con 14 votos a favor y 8 en contra, dicha comisión aprobó el informe de la legisladora fujimorista Nilza Chacón, quien recomendó el archivo de la denuncia porque consideraba que no se reunían los elementos suficientes para sustentar una infracción constitucional por el uso de relojes y otros objetos de lujo que no fueron declarados.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.

Boluarte designó como ministro de Economía y Finanzas a Raúl Pérez Reyes, hasta hoy titular de Transportes, después de que José Salardi presentara su renuncia luego de tres meses en el cargo.

El nuevo ministro del Interior, en plena ola de inseguridad, es el general en retiro de la Policía Nacional Carlos Alberto Malaver Odias. Reemplaza a Julio Díaz Zulueta, que estuvo menos de dos meses como cabeza de esta cartera.

Malaver fue director de la Dirección de Inteligencia y en la actualidad era jefe de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado.

La ola de inseguridad

El nuevo ministro tendrá que hacer frente al aumento del crimen organizado y delincuencia que atraviesa el país y que hace dos semanas mostró su faceta más sangrienta cuando aparecieron asesinados en un socavón 13 trabajadores de una mina.

Como reemplazo de Pérez Reyes en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Boluarte nombró al abogado César Sandoval Pozo, afiliado al partido derechista Alianza para el Progreso (APP) y asesor del Despacho Presidencial.

Poco antes de estos anuncios, los principales gremios empresariales del país emitieron un comunicado en el que expresaron su apoyo al trabajo del ahora exministro de Economía, puesto que Salardi «estaba orientado en destrabar barreras burocráticas, reducir el déficit fiscal y promover el despegue de las obras de infraestructura que necesita el país». 

Este inesperado cambio ministerial ocurre un día antes de que el Congreso debata y vote cuatro mociones de censura que reclaman la destitución del primer ministro, Gustavo Adrianzén, al que acusan de ser «incapaz» de frenar la ola de inseguridad criminal en el país.

Si el Parlamento decide censurarle, caería todo el Gobierno y la mandataria tendrá que nombrar a su cuarto primer ministro de su gestión. 

Un oficio con la firma de la mandataria enviado al presidente del Congreso, el conservador Eduardo Salhuana, solicitó la autorización del pleno para salir del país del 16 al 19 de mayo próximos.

El oficio destacó que Robert Prevost, quien nació en Estados Unidos, se nacionalizó peruano en septiembre de 2015, tras haber ejercido su labor pastoral durante casi cuatro décadas en el país andino, por lo que consideró que Perú «debe tener la representación de Estado» en la misa de inicio de su pontificado.

Señaló que, por ese motivo, el Ejecutivo ha remitido una invitación para que Salhuana sea parte de la comitiva oficial peruana, junto con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

«El cariño que su santidad tiene al Perú fue puesto de manifiesto ante el mundo, al mencionar con especial afecto, en su primer mensaje en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, a la Arquidiócesis de Chiclayo, a la cual envió expresos saludos en nuestro propio idioma y evidenció el lugar central que el Perú ocupa en su trayectoria espiritual», acotó.

Agregó que durante su ausencia del país, Boluarte se mantendrá al frente del despacho presidencial «a través de tecnologías digitales«, ya que la gobernante no cuenta con vicepresidentes.

La Presidencia adjuntó una nota de invitación enviada por la Nunciatura Apostólica a Boluarte y notas de la secretaría de Estado de la Santa Sede relacionadas a la celebración de la misa solemne.

El pleno del Congreso rechazó el pasado 24 de abril dar permiso a la mandataria para asistir a las exequias del papa Francisco en El Vaticano, con el argumento de que debía permanecer en el país para atender obligaciones urgentes como la lucha contra el incremento de la inseguridad ciudadana.