El aplazamiento se produjo debido a que los acusados no disponían de representación legal, lo que motivó al tribunal remitir el caso a la Defensoría Pública a los fines de que se les asigne un abogado de oficio y poder continuar con el juicio sin afectar el derecho de defensa de los procesados.

Ambos acusados son miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a quienes el Ministerio Público le atribuye violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, sobre golpes y heridas, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión. 

La acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada por la fiscal litigante Yudelkis Utate, sostiene que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Digesett.

El incidente se registró el 12 de abril de 2022, cuando Ulloa y varios de sus ayudantes en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos. 

En el proceso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio en contra de Javier y Ramírez Sierra, en tanto que emitió un auto de no ha lugar en beneficio de la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña.

El juez también dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino, y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra. 

De igual forma emitió un auto de no ha lugar en beneficio de Isabel de los Santos, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas y Rony Recio, Carlos Oliver Paulino, por no haberse probado la participación de los mismos en los tipos penales que atribuye el Ministerio Público y ordena el cese de la medida de coerción en su contra.

Los acusados en el proceso valoraron de positiva la decisión, en tanto, la Defensa de Ulloa dijo que recurrirán a apelación.

La lectura íntegra fue fijada para el nueve de febrero.

El incidente se registró el pasado 12 de abril del 2022 cuando Ulloa y miembros de la Defensoría del Pueblo se disponían a realizar una inspección en el Canodromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos, en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación.

http://<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Dictan apertura a juicio de fondo contra dos implicados en agresión a <a href=»https://twitter.com/hashtag/defensordelpueblo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#defensordelpueblo</a> y otros en <a href=»https://twitter.com/hashtag/Can%C3%B3dromo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Canódromo</a>; de igual forma emitió un auto de no ha lugar en beneficio de otros cuatro involucrados.<a href=»https://t.co/AwrIXsMgJ2″>https://t.co/AwrIXsMgJ2</a> <a href=»https://t.co/unmDEl7sqn»>pic.twitter.com/unmDEl7sqn</a></p>&mdash; Noticias SIN (@SIN24Horas) <a href=»https://twitter.com/SIN24Horas/status/1616226625967820801?ref_src=twsrc%5Etfw»>January 20, 2023</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

El funcionario dijo que el nuevo establecimiento se va a ejecutar por medio del Ministerio de la Vivienda y tendrá una estación de combustible, área monitoreo y seguridad, depósito vehicular y área de chatarreo.

“Hace 50 días se hizo una publicación en la prensa de una última advertencia, como manda la ley, a los vehículos que tenían una cantidad de tiempo retenidos y no han sido reclamados. En los próximos 90 días se procederá a realización una subasta”, explicó.

Beras dijo que antes de dos meses va a ser informado el nuevo centro de manera formal.

La información fue compartida por el funcionario durante la presentación del nuevo plan estratégico de la institución, “amparado en lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana”.

El titular del Intrant resaltó que dentro de los avances en materia de tránsito, la institución establecerá una nueva red de semáforos sincronizados, y que además trabajan con la micro simulación del tránsito y monitoreo de conducción de carga, que proporcionarán las condiciones necesarias para probar diferentes escenarios antes de la implementación final, permitiendo de igual modo a la institución, diagnosticar, desarrollar, crear y mejorar las redes viales.

Respecto a la Seguridad Vial, el director del Intrant señaló que «se tiene el más ambicioso proyecto para reducir significativamente la cantidad de accidentes de tránsito en el país, interviniendo en una primera etapa de 600 intersecciones en todo el territorio nacional, y de manera específica, en los lugares de mayor cantidad de accidentes con un proyecto llamado Intersecciones Seguras».

La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Interior y Policía (MIP), y contó con la participación del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, del ministro Jesús Vásquez, el director de la Impuestos Internos, Luis Valdez, el director de la Digessett, Ramón Guzmán Peralta, entre otros representantes de las entidades que integran la comisión establecida para los fines.

Beras dijo que “estamos reunidos en seguimiento a la agenda de trabajo de la Comisión establecida por nuestro presidente, Luis Abinader, para dar respuesta de manera conjunta a la devolución de vehículos retenidos en los distintos centros a nivel nacional, dada la conclusión de los 90 días otorgados el pasado cinco de mayo para que los propietarios reclamen sus vehículos».

Se recuerda que el comunicado, sustentado en el artículo 243, párrafo 1 de la Ley 63-17 establece que los propietarios de vehículos retenidos pueden hacer las gestiones de retiro con la documentación correspondiente, como es el acta de infracción, matrícula, cédula o documento de identificación, seguro y licencia de conducir.

Asimismo, el aviso emitido en mayo, indica que, en el caso de los terceros compradores de buena fe, para efectuar el retiro deben presentar el acta de infracción, recibo de compra o conduce, acto de venta de fecha anterior a la detención (se validará el notario), cédula, seguro y licencia de conducir.

Además, el documento de prensa informa que, transcurrido el plazo establecido, los vehículos no reclamados que se encuentren en los centros de retención vehicular, serán subastados o convertidos en chatarras, según aplique, procedimiento que será determinado y ejecutado por la Dirección

General de Aduanas (DGA), con el apoyo de cualquier otra institución que le corresponda.

La instancia, presentada por las fiscales del Distrito Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, formaliza la solicitud de apertura a juicio contra Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Las fiscales Batista Hernández y Reyes Valenzuela establecen que los imputados agredieron a las víctimas, tanto de manera física como verbal, cuando se dirigían al despacho de la generala a cargo del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Indican que el Defensor del Pueblo acudió al centro junto a personal de la institución que dirige y representantes de los medios de comunicación para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del Centro de Retención Vehicular, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.

Luego, agredió físicamente a Pablo Ulloa, golpeándolo en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones físicas curables de uno a diez días, según certificado médico legal.

Explican que, posteriormente, continuaron las agresiones y que el imputado Javier Javier golpeó al secretario general de la Defensoría del Pueblo, provocándole lesiones, así como a una periodista de esa institución.

Asimismo, establecen que De los Santos Peña agredió a la periodista del Listín Diario presente en el lugar y la despojó de su flota perteneciente al periódico, a la cual eliminaron datos que luego fueron recuperados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Posteriormente, la coronel De los Santos Pérez, directora del Canódromo, en la puerta de entrada a las oficinas, acompañada de los acusados Recio Rosario y Borque Paulino, con actitud agresiva, empujaron e impidieron el paso a las víctimas, mientras la encargada vociferaba palabras obscenas y manipulaba un palo de golf amenazando con golpear, intención que no logró por la intervención de un agente policial que se encontraba en el lugar.

La conducta de los imputados Ysabelita de los Santos Pérez, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino fue calificada por el Ministerio Público como rebelión y golpes y heridas, que constituyen una violación a los artículos 209, 212, 309 y 234 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 3, 4 y 27 de la Ley 19-01, del Defensor del Pueblo.

En tanto que la conducta de Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fue tipificada por las fiscales como golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. A De los Santos Peña además le imputan la violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La comisión sostuvo una segunda reunión entre las autoridades y el defensor del pueblo, luego que se solicitara que se realizaran investigaciones sobre el manejo y las retenciones irregulares de vehículos en ese Canódromo, el cual está bajo el control de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terretre (Digesett).

En una próxima reunión, se explicó en el documento, que los órganos administrativos estarán designando distintos grupos de trabajo para cada centro de retención, con el objetivo de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de los vehículos y su condición.

En el encuentro participaron Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía; Pablo Ulloa, defensor del Pueblo; Luis Valdez, director de Impuestos Internos, el mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional; Rafael Arias, director del Intrant; general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la DIGESETT, y Catalino Correa, contralor General de la República.

“Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”, manifestó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.

Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando pretendían realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo.

El presidente Luis Abinader anunció que habría consecuencias contra los actuantes del hecho.

Se recuerda que la Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.

Sin embargo, sin multas ni sanciones adicionales, la Digesett instruyó el traslado “todos los agentes que operan en el Canódromo”, sin especificar hacía que dotación se estaría enviando a cada uno.

Según la información el próximo martes está pautada una cita en la Fiscalía con el equipo de CDN, informó la directora de ese medio, Alba Nely Familia.

Asimismo, la Fiscalía también tiene previsto entrevistar al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y los periodistas del periódico Listín Diario que resultaron agredidos durante el incidente del pasado lunes y que interpusieron querellas formales ante el Ministerio Público.

El pasado miércoles, el Listín Diario denunció que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) borraron los vídeos y fotografías del teléfono celular asignado a un periodista de ese medio, con el que se captaron las agresiones de los agentes de tránsito contra los periodistas y el defensor del Pueblo, en el canódromo.

Mientras que la directora de CDN, se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Expresó que lo ocurrido es más que una afrenta a la libertad de expresión y condenó la agresión física al personal.

Uno de los televidentes aseguró que desde joven en su familia le inculcaron a «Quedarse en su casa, dialogar con la familia, ir a la iglesia y comerse su habichuela con dulce», durante el asueto de la Semana Mayor.

«Todos tenemos derecho a equivocarnos» comenzó a decir un dominicano residente en Pensilvania sobre que la que era encargada del Canódromo dijo desconocer al Defensor del Pueblo, lo que consideró como «el primer error» que la coronela cometió.

Esta declaración de De los San­tos Pérez fue calificada como una «vergüenza para esta sociedad» por otra ciudadana que llamó para participar en el segmento.

Por otro lado, otro dominicano residente en el exterior respondió a un televidente que llamó para decir que en la actualidad en el país «lamentablemente vamos para atrás»,  a lo que el señor indicó que «no debemos pensar de esa manera porque no estacancamos».

En cuanto a la Semana Santa, coincidió en que esta época las personas deben «recogerse, meditar y analizarse uno mismo» en su relación con Dios y los demás.

Semana Santa no solo es un periodo para pasarla bien, también es un llamado a reflexionar por las acciones propias con el propósito de corregirlas. Para los que se desplazan a otros lugares es momento para actuar con prudencia y precaución, cuidando de no caer en excesos y preservar la vida.

Sostuvo que cuando Pablo Ulloa y miembros de la prensa llegaron al Canódromo le informaron que se trataba de una «turba» que había llegado al lugar y que por eso salió con su palo de golf que siempre porta porque «no podía salir con las manos peladas» para poder defenderse ya que no tenía su arma de fuego en ese lugar.

«Yo estaba en la entrada antes de que llegaran, bajé a mi oficina y luego me llamaron, diciendo que había una turba de personas. Como siempre van algunos a sustraer vehículos y motores yo salí a ver», explicó la coronela.

 “No me dejo dar una pela de nadie, ni funcionario ni nadie”, agregó durante su participación en el espacio radial El Sol de la Mañana.

Al preguntarle si sabía cuál es la figura del Defensor del Pueblo expresó no lo conocía, pero que si Pablo Ulloa se hubiera dirigido donde ella, lo hubiera recibido conforme.

“En ese momento que él llegó (Pablo Ulloa), yo no sé quién era él, en mi vida nunca lo había visto…Yo no conocía hasta esta fecha al Defensor del Pueblo hasta ahora que lo veo en los medios de comunicación, no sabía de esa figura”, indicó.