Afirmó que están poniendo en riesgo la integridad de todos los residentes de ese lugar, aunque no especificó quien se encuentra detrás del desmantelamiento del lugar.

Richardson solicitó ayuda a las autoridades para resolver la situación «ya que allí tenemos alrededor de cincuenta de jóvenes que se están reformando y están pasando por un proceso de reeducación», afirmó.

Según dijo, se tiene la intención de utilizar la instalación para otros fines,» dañando el trabajo que hemos hecho allí reformando a aquellos adictos que a pesar de su condición penal han dado el paso hacia la recuperación», detalló.

El desmantelamiento se produjo durante la requisa llevada a cabo el lunes en el recinto por tropas del Ministerio de Defensa en una intervención militar solicitada al Ministerio de Defensa por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, la cual fue dirigida por el general de brigada del Ejército Ángel Alfredo Camacho Ubiera.

Las autoridades explicaron que el servicio de internet comercializado, vía wifi, en forma ilegal por privados de libertad dentro y fuera de La Victoria era incluso alimentado por una línea de fibra óptica extendida por sus propios medios y tomado desde un punto ubicado en Sabana Perdida.

Los autoridades penitenciarias ocuparon además un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, mismas que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras, informó Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al presentar un informe detallado del operativo a la magistrada Germán Brito.

Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, explicaron a la procuradora que, además, fueron incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 playstation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas.

La operación de las unidades militares, de distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), permitió ocupar 312 objetos cortopunzantes tanto de origen industrial como de fabricación artesanal.

Las autoridades ocuparon 496.003 cigarrillos de una marca conocida (los cuales, además, son introducidos al país de contrabando por la frontera terrestre), dos uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora y 720 abanicos que serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática.

En la requisa se ocuparon 514 porciones de un vegetal verde, que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 2,875.2 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 234 gramos.

Las autoridades incautaron 71 neveras de distintos tamaños, la mayor parte tipo ejecutiva, 11 microondas, 35 licuadoras, 24 tostadoras, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa y 4 balanzas. Hernández Basilio explicó que todos los electrodomésticos serán entregados a los familiares de los privados de libertad debido a que su uso en el recinto implica privilegios.

La Victoria aloja a 7,582 privados de libertad, lo que representa un tercio de la población penitenciaria total del país, que asciende a 27,146 personas.

“Sabemos que se trata de un recinto con una alta tasa de hacinamiento, pero las autoridades penitenciarias seguimos haciendo esfuerzos para garantizar la integridad de todos los privados de libertad”, dijo Hernández Basilio, quien agradeció la efectividad de los órganos armados que intervinieron en el operativo.

“Las intervenciones como las que hicimos el lunes por disposición de la magistrada Miriam Germán Brito solo buscan mejorar los servicios de los privados de libertad, para que puedan cumplir con las penas impuesta por el sistema de justicia en un ambiente que garantice su integridad y lleve tranquilidad a todos sus familiares”, añadió

El prófugo fue capturado la madrugada de este jueves en el sector Capotillo por agentes de la Policía Nacional mientras portaba la cédula de identidad en nombre de Anthony Michael Medina Tatis.

Carlos Alberto Rodríguez o Starlin Javier Santana, de 30 años de edad, fue trasladado la noche del 27 de enero al hospital Francisco Moscoso Puello, en el Distrito Nacional, para una evaluación médica.

Con la intención de fugarse del centro hospitalario, se valió del agente policial que lo custodiaba, quien notificó al penal sobre el supuesto fallecimiento del interno, pero luego las autoridades comprobaron que se trató de una información falsa.

Rodríguez cumplía, desde 2016, una condena a 30 años de reclusión por asesinato, asociación de malhechores y porte ilegal de armas, por la muerte de un hombre en 2015, en el sector de Capotillo.

El ciudadano que estuvo privado de libertad fue entregado al presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, por los procuradores de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez y Francisco A. Berroa Hiciano, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios y titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, respectivamente.

Las autoridades tuvieron conocimiento del caso durante una de las jornadas médicas en las que aplicaron pruebas de laboratorios para identificar posibles casos de internos afectados por la COVID-19.

 Manuel María Mercedes agradeció a la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito y a todo el personal de la Procuraduría General.

“En primer lugar quiero agradecer a la honorable procuradora general de la República, a la Procuraduría con todos sus funcionarios, y sobre todo, muy especial al magistrado que coordina el Gabinete Penitenciario, porque en corto tiempo ha asumido una causa como la que nosotros hemos estado asumiendo desde el año 2003, que fue cuando dimos los primeros pasos sobre la base de que había que cambiar ese sistema penitenciario en República Dominicana”, dijo Mercedes.

Sostuvo que desde 2003 se registran avances, aunque “hay retrocesos, como todo en la vida”. “Pero de verdad que con lo que en estos momentos está sucediendo, podemos decir que es un día de gloria para el sistema penitenciario, para la libertad, que es el principal elemento fundamental”, dijo.

Reconoció que la directora de La Victoria, María Soriano, tiene grandes retos, pero que aseguró con el esfuerzo del Ministerio Público, la CNDH y la Defensoría del Pueblo se pueden superar.

El privado de libertad entregado a la CNDH, sin cédula de identidad y electoral, asegura que llevaba más de 10 años en La Victoria sin haber sido presentado ante un juez. Además, que, al momento de su detención, se desempeñaba como albañil en la provincia de Monte Plata, de donde es oriundo.

El hombre también argumentó que su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle por un trabajo realizado. Explica que el patrón llamó a la Policía y un sargento y un cabo se presentaron al lugar y se lo llevaron al destacamento de La Quinta Compañía, de Monte Plata, y, al día siguiente, lo trasladaron para La Victoria.

Durante las indagatorias, realizadas por Félix Castillo, procurador de Corte de Apelación, adscrito a la Procuraduría Regional de Santo Domingo, la Dirección General de Prisiones certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno. Lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata.

El Gabinete Penitenciario espera otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, en su interés por respetar la integridad del interno, adelantó su entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un acto administrativo y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

 Al hacer la entrega del hombre a la CNDH, Baró Gutiérrez informó que el Gabinete de Asuntos Penitenciarios sigue investigando si existen otros privados de libertad en las mismas condiciones.

“Desde el Gabinete de Asuntos Penitenciarios mantenemos el interés, y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios, para que, si encontramos otro caso similar, proceder conforme a la responsabilidad que nos puso sobre los hombros el Consejo Superior del Ministerio Público al encomendarnos velar por el correcto desenvolvimiento de la vida penitenciaria”, sostuvo Baró Gutiérrez.

Recordó que hace unas semanas el Gabinete Penitenciario adoptó una serie de cambios en la dirección de varios centros de privación de libertad, para corregir distorsiones pasadas. Se espera que, de identificarse casos similares, los nuevos directores alerten sin demora para coordinar las indagatorias de lugar con las procuradurías regionales correspondientes.

Baró Gutiérrez ratificó el compromiso de las actuales autoridades penitenciarias de garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, para que las personas solo puedan estar privadas de libertad bajo una orden emitida por autoridad judicial competente.