La información fue ofrecida por la Defensa Pública, que asumió la representación legal de Ortiz y explicó que se opuso al aplazamiento solicitado por la parte acusadora.

Según indicó, la solicitud surgió debido a la ausencia del acusador privado, el abogado Carlos Balcácer, durante la audiencia.

“Nosotros promovimos que no se debía aplazar la audiencia, que se debía dar continuidad a lo que es el procedimiento de acción privada que manda verificar si hay conciliación o no”, expresó el representante de la Defensa Pública.

No obstante, señaló que el tribunal evaluó los planteamientos de las partes y decidió fijar la próxima audiencia para el 14 de julio.

Próxima audiencia el 14 de julio

• La defensa de la magistrada informó que aprovechará el plazo otorgado para analizar la acusación privada, revisar los elementos probatorios y estructurar su estrategia jurídica.

“La defensa de Mirna Ortiz va a proceder a lo que es el análisis de la acusación privada, ya que es nuestro primer momento que llegamos a asumir el caso y poder hacer algunos reparos, analizar elementos de prueba a cargo y también realizar una estrategia de defensa que debe ser efectiva en dicho plazo”, sostuvo.

Durante la audiencia también se planteó un cuestionamiento sobre la participación de la Defensa Pública en un proceso de acción privada.

Al respecto, el abogado de Ortiz afirmó que se trató de una opinión expresada por la parte querellante y no de un pedimento formal, al tiempo que defendió la legalidad de su intervención.

• “La ley de defensa pública sí establece claramente y la Constitución cuándo debe participar un defensor público. En este caso, como la persona ha sido, en calidad de acusada, tiene el derecho a ser asistida por un defensor público”, manifestó.

Ortiz compareció ante el tribunal en calidad de acusada por alegadas declaraciones difamatorias emitidas contra Balcácer en el contexto del proceso judicial que se sigue al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Comparecencia en audiencia

• Durante la audiencia, la directora de la PEPCA se presentó sin representación legal privada, con la intención de ser asistida por un defensor público.

Por su parte, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, consideró que la acción judicial forma parte de una presunta estrategia del exprocurador Jean Alain Rodríguez para apartar a la magistrada Mirna Ortiz de los procesos que lleva adelante el órgano persecutor.

Aplazan conocimiento del caso

La audiencia fue aplazada para el próximo 23 de junio a las 11:00 de la mañana.

Agregó que ha colaborado con el Ministerio Público desde el inicio del proceso, al atender tres requerimientos oficiales y comparecer en igual número de ocasiones ante las autoridades.

Balcacer explicó que, aunque el sábado pasado se realizó un allanamiento en la residencia de Martínez y este no se encontraba en el lugar, el propio Martínez se comunicó con las autoridades para manifestar su disposición de presentarse voluntariamente ante el procurador adjunto Wilson Camacho, a los fines de atender cualquier requerimiento que sea necesario, ya sea para fines de coerción u otras diligencias procesales.

El jurista hizo énfasis en una aclaración que calificó de «importante y urgente», al negar versiones difundidas por algunos comunicadores sobre supuestos vínculos familiares entre Rafael Martínez y Santiago Hazin.

Balcacer afirmó de manera categórica que no existe ninguna relación de parentesco, señalando que, incluso al analizar el árbol genealógico, no hay conexión ni siquiera hasta una sexta generación.

«Eso es mentira. No hay forma de establecer ese parentesco», sostuvo el abogado, al rechazar las informaciones que circularon en ese sentido.

Finalmente, Balcacer reiteró que Martínez mantiene una actitud de colaboración con la investigación y que no tiene nada más que agregar sobre el tema en este momento.

Acciones de la autoridad

Por su presunta participación en la estructura acusada de cometer actos de corrupción administrativa, también están detenidos Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo.

El Ministerio Público asegura que este entramado fue identificado tras recabar evidencias de sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico.

¿Qué declaró el abogado de Rafael Martínez?

El abogado destacó que Martínez ha colaborado desde el inicio, atendiendo requerimientos y presentándose ante las autoridades.

Además, negó categóricamente cualquier vínculo familiar con Santiago Hazin, desmintiendo versiones difundidas en medios.

Balcazar argumentó que le va a abrir dos procesos a los jueces, uno por prevaricación por que se presentaron en la audiencia sin cita y sin convocatoria legal. También se le abrirá “un procedimiento disciplinario”..

Comentó que los jueces se presentaron a la audiencia sin cita y sin convocatoria y que solo fueron a “tildarse de víctimas”.

Dijo que tiene en sus manos pruebas de como la policía barrial de naco estaba solicitando a la empresa Aurix, identificación e información de las cámaras sobre varios asaltos ocurridos en las zonas altas de la ciudad.

Especificó que entre sus pruebas tiene que José Martin Enrique Rivera Gabirondo era el director de Aurix.

“Aquí tenemos de la división de casos complejos dirigido por Carlos Gómez Mejía uno de los mejore investigadores le estaban cursando invitaciones y solicitudes de datos de inteligencia a Aurix empresa de Jochi Gomez”, señaló el abogado.

Explicó que tiene en su poder prueba de otras fiscalías barriales y fotos de microtrafico que la jueza y la PEPCA tuvieron en conocimiento. “Todas estas solicitudes de tres fiscalías barriales no pueden constituir disque labores de espionaje donde se aclararon más de 50 homicidios y más de 50 asaltos y no hay un papelito que vincule a estos tres payasos jueces indagándoles sus vidas”, explicó.

Culmino diciendo que no había una nota marginal que mencione sus nombres están en los portales, a menos de que ellos tengan miedo de que se les investigue sus vidas.

Balcácer dijo que que hay dos problemas y es que se necesita un programa especial a instalar en el ordenador que le permite el Centro Correccional de Najayo.

«Se podría conjugar en dos condiciones, es que el consejo de defensa le lleve el programa para que lo introduzca en el computador entonces poder tener la facilidad de accesar al contenido de ese caudal aprobatorio, o que el mismo centro de corrección ordene que tenga acceso a internet para poder abrir ese programa», sostuvo,

Balcácer adelantó que para la próxima semana hará importantes revelaciones en una rueda de prensa, “en cuanto a este señor, un peligro para la comunidad europea”.

Se recuerda que según el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, quien era señalado como mano derecha del exprocurador, la acusación formulada por el Ministerio Público tiene sustento y recoge lo ocurrido en la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020 y que ha dado origen a lo que se ha denominado “Caso Medusa”.

¿Quién es Rafael Stefano Canó Sacco?

Rafael Stefano Canó Sacco, quien había sido apresado en España por agentes de la INTERPOL que ejecutaron una orden de arresto en su contra emitida por las autoridades dominicanas por su vinculación a la red que, según el Ministerio público, estafaba al Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se desempeñó como Jefe del Gabinete del Procurador, Jean Alain Rodríguez, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2020.

Las funciones de Canó Sacco, que estaba prófugo desde junio del 2021, en la Procuraduría General de la República eran coordinar a nivel nacional las iniciativas y proyectos especializados de carácter administrativo, operativo y de recursos humanos.

El Ministerio Público establece que benefició a su socio, Daniel Elías Manzur Báez, a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana.

Balcácer ofreció declaraciones al llegar al Palacio de Justicia de las Cortes, donde será llevada a cabo la audiencia preliminar en contra de los implicados en el caso, donde hizo referencia a que las pruebas de más 12 mil páginas están contenidas en un dispositivo electrónico lleno de “mentiras y falsedades”.

Además, aseveró que para su cliente tener acceso a los documentos necesita de un programa  especial en el ordenador que posee en prisión ya que “están comprimidos” por lo que necesitan la prueba física.

“Observen esto, (haciendo referencia al dispositivo) cuál de las décadas anteriores pudiera siquiera sospechar que tanta mentira y falsedades podían soportar este dispositivo electrónico”, dijo.

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«Malicia Ortega naturalmente hace esa versión en la víspera de esta audiencia, ahora que no hace malicia ortega», expresó Balcácer, al tiempo que la periodista de Noticias SIN le hace la corrección de lugar.

Balcácer descartó que la presunta falsificación de firmas en los contratos de la Procuraduría para el transporte de alimentos carcelarios, vinculen directamente a su cliente.

En tanto, Carlos Balcácer y Ingrid Hidalgo señalaron por separado que eso demuestra la debilidad que tiene el expediente instrumentado contra su cliente, al entender que ya ha pasado un tiempo considerable para ellos sustentar sus pruebas.

Sin embargo, Hidalgo entiende que el Ministerio Público no necesita de la prórroga, aunque considera que es una facultad que tiene de solicitarla si cree que el tiempo que se le otorgó para presentar las pruebas no es suficiente.

“No hay que dársela porque ellos desde el inicio dijeron que este era un expediente blindado, y que iniciaron este proceso inmediatamente hubo inicio de gobierno, entonces nosotros entendemos que ellos han usado mucho más que el tiempo”, dijo la representante legal.

Se quejó de los privilegios que dice tienen los principales representantes del Ministerio Público para permitir que algunos periodistas entren a la sala de audiencia.

“Lo que pasa es que aquí hay una persona que ustedes muy bien conocen que quieren seleccionar los medios de comunicación para entrar, estamos de acuerdo que toda la prensa participe, pero sin excepción, y sin favoritismo de una persona que se encarga de entrar a los que son amigos de ella”, dijo sin hacer mención de nombre.

De su lado, Balcácer señaló que aunque el Ministerio Público siempre habló de un “caso blindado y pruebas abrumadoras”, hoy se demuestra que fue un engaño.

Dijo que de ser así hoy estuvieron presentando acto conclusivo y no solicitando una prórroga porque no han concluido el expediente.

“A ocho meses, hoy comulga que no tiene las pruebas completas, el que está listo, dispuesto y preparado para afrontar una realidad procesal la hace con la prueba, porque no se acusa, ¿por qué el estudiante no va al examen?, porque no está preparado”, dijo.