La decisión fue adoptada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la magistrada Yanibet Rivas considerara que existen elementos probatorios suficientes presentados por el Ministerio Público para que el caso sea conocido en un tribunal de juicio.

A su salida de la audiencia, Hugo Beras defendió su inocencia y aseguró que mantiene su confianza en la justicia dominicana.

“La presunción de inocencia es un derecho que se mantiene hasta que haya una decisión irrevocable. Nosotros confiamos en el sistema de justicia”, expresó.

Tribunal excluye cargos de terrorismo, pero mantiene acusación principal

Durante la audiencia preliminar, el tribunal decidió excluir del expediente la calificación jurídica de terrorismo y, de manera parcial, la acusación de falsificación de documentos privados.

• Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que estas decisiones no afectan el núcleo de la acusación.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirmó que los hechos y las pruebas fundamentales fueron retenidos por el tribunal.

“Las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje. Es como decir que se conservó el 90 % del tipo penal que sustenta el proceso”, indicó.

Estado reclama indemnización de RD$12 mil millones

El Ministerio Público adelantó que durante el juicio solicitará una indemnización de RD$12 mil millones contra todos los imputados, recursos que, según explicó, deberían retornar al Estado para ser utilizados en obras y servicios públicos.

Las autoridades acusan a los involucrados de haber causado un perjuicio superior a RD$1,300 millones mediante presuntas maniobras irregulares relacionadas con la adjudicación de contratos para la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Además de los imputados individuales, siete empresas también deberán responder ante la justicia en esta etapa del proceso.

La magistrada mantuvo las medidas de coerción impuestas previamente a los acusados, mientras que el expediente será remitido ahora a un tribunal colegiado del Distrito Nacional, que tendrá a su cargo el conocimiento del juicio de fondo.

Con esta decisión, uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años entra en una nueva fase judicial, donde las partes deberán presentar y debatir todas las pruebas ante el tribunal de juicio.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio.

Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.

En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitidos por el tribunal en el caso de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas, y otros 3 acusados.

Entre los enviados a juicio también se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.

En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.

La jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas para que se declarara la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.

«El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, adelantó.

«Y la vamos a apelar porque, de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.

En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba”.

«El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.

«Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó, y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó.

«Yo creo que se hace necesario repetir que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso, junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.

Asimismo, agregó: “eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofertó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio y están enviados a juicio”.

La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado.

El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.

El expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo del año 2026. Ese día se cerraron los debates y todas las partes quedaron convocadas para el viernes a las 3:00 de la tarde para escuchar la decisión. La audiencia inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó pasadas las 11 de la noche.

El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes. Por lo avanzado de la hora, la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.

El proceso penal

En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la operación, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura, además, sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios; implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda, en estricto apego al marco jurídico.

El Ministerio Público, en este caso, presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes, y lavado de activos.

En el proceso, el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de prueba.
La operación se puso en marcha el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación,300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

El señalamiento fue realizado por el abogado Carlos Balcácer, quien sostuvo que mantener esa práctica podría afectar seriamente el proceso judicial que se sigue contra su cliente, incluso hasta provocar la nulidad de la acusación.

El desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional puede salirle caro al Ministerio Público”, expresó el jurista al referirse a los denominados nombres utilizados para identificar casos de presunta corrupción administrativa.

Balcácer insistió en que el órgano persecutor está obligado a cumplir las disposiciones emitidas por el Tribunal Constitucional y aseguró que el incumplimiento de esa decisión vulnera garantías fundamentales del debido proceso.

La defensa de Jean Alain Rodríguez ha mantenido una postura crítica frente a las actuaciones del Ministerio Público, alegando violaciones procesales y una supuesta campaña de descrédito en contra del exfuncionario.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo del caso y fijó para el 14 de junio la lectura de la decisión.

Defensas y cierre

Antes del cierre de los debates, Cáceres Silvestre presentó su defensa material, en la que sostuvo la legalidad de su gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Al igual que él, otros diez imputados hicieron uso de la palabra, manifestando su expectativa de que el tribunal emita sentencias absolutorias.

Entre los momentos más emotivos de la audiencia estuvo la intervención de la pastora Rossy Guzmán, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la participación de su hijo, también imputado en el proceso.

Las defensas técnicas coincidieron en que las acusaciones del Ministerio Público no serán probadas y vaticinaron descargos para sus representados. Sin embargo, el órgano acusador, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que las pruebas presentadas son suficientes para lograr condenas.

Penas solicitadas

• El Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión contra Cáceres Silvestre, Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores.

Asimismo, pidió 15 años de prisión para Guzmán, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, mientras que para otros implicados solicitó penas de 10 años. En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, señalado como delator, el órgano acusador requirió una condena de cinco años.

De acuerdo con la acusación, el grupo habría desfalcado al Estado dominicano a través de instituciones castrenses y del Conani.

El tribunal dará a conocer su decisión en la fecha establecida, cerrando así una de las investigaciones de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país.

El condenado es Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), contra quien el Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años de prisión.

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, quienes valoraron las pruebas presentadas por la acusación.

Estafa mediante documentos falsos y suplantación institucional

De acuerdo con el expediente acusatorio, Beato Dionicio aprovechó su posición para captar suplidores y empresarios, a quienes hacía creer que contrataban con la Procuraduría General de la República y la DGSPC.

El Ministerio Público estableció que el acusado utilizó documentos públicos falsificados para obtener productos alimenticios, los cuales posteriormente eran revendidos a comerciantes de la provincia San Cristóbal.

El imputado también habría utilizado el nombre de ambas instituciones para generar confianza en las víctimas y facilitar la entrega de mercancías.

Pruebas contundentes del Ministerio Público

La acusación, presentada en noviembre de 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, estuvo sustentada por un amplio conjunto de evidencias.

El expediente incluyó 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que, según el órgano acusador, demostraron la responsabilidad penal del imputado.

Actualmente, Beato Dionicio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Ministerio Público valora la sentencia

El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como un avance en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.

“Esta condena sirve de ejemplo para todos los funcionarios públicos, para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”, expresó el representante del Ministerio Público.

• Ramírez destacó que el acusado utilizó su posición para engañar a empresarios que confiaban en la legalidad de las supuestas contrataciones con instituciones estatales.

Compromiso contra la corrupción

El Ministerio Público reiteró que este tipo de decisiones judiciales fortalecen la política de persecución contra la corrupción administrativa, al tiempo que envían un mensaje de advertencia a servidores públicos sobre el uso indebido de sus funciones.

“Desde el Ministerio Público no se va a tolerar ningún tipo de conductas que sean contrarias a la ley”, enfatizó Ortiz al referirse al proceso abierto contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación.

Caso de Valdez Alcántara no afecta labor general

Ortiz aclaró que este caso es particular y no representa la actuación de los fiscales que trabajan diariamente con vocación y compromiso para construir una mejor sociedad.

Sobre los casos en los que ha trabajado Valdez Alcántara, la procuradora explicó que los procesos siguen su curso normal. “Ningún fiscal trabaja de manera aislada; todos los casos se manejan en equipos, Fuerzas de Tarea, donde cada miembro tiene pleno conocimiento y dominio de la investigación”, señaló.

Ciudadanos deben denunciar irregularidades

La funcionaria insistió en la importancia de la participación ciudadana para combatir la corrupción. “Instamos a toda persona que tenga conocimiento de un acto ilegal realizado por un funcionario público, en cualquier institución, a denunciar, porque esa es la única manera de proteger el patrimonio público y el buen nombre de la República Dominicana”, dijo.

Ortiz ofreció estas declaraciones durante un receso de la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en la que se conocen casos de corrupción administrativa contra Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Cananaán y otros procesados.

• El domingo, el Ministerio Público solicitó que se imponga un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara.

Antecedentes generales

La corrupción administrativa en República Dominicana ha sido un desafío persistente que afecta tanto el patrimonio público como la confianza ciudadana en las instituciones. Para combatir este fenómeno, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha desarrollado mecanismos de investigación y persecución de funcionarios involucrados en actos ilícitos.

En los últimos años, se han iniciado múltiples procesos contra servidores públicos acusados de recibir sobornos, malversar fondos o cometer irregularidades que vulneran la ley y el buen funcionamiento del Estado.

Entre estos casos recientes destaca el proceso contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión y la transparencia en la función pública.

Ortiz manifestó que los casos de presunta corrupción en la que el fiscal participó no corren riesgo ni credibilidad, ya que en los mismos participan varios investigadores.

Llamado a la población

La magistrada exhortó a la población a denunciar a todos los funcionarios que incurran en algún tipo de delito.