Tinco ha sido denunciado por los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal, y fue detenido en un megaoperativo dirigido por el fiscal adjunto supremo Iván Melgar, que incluyó allanamientos, registros domiciliarios, personales y vehiculares, en las regiones de Apurímac, La Libertad y Puno, y en las ciudades de Abancay y Lima.

Entre los hechos investigados figuran los aportes de dinero que la esposa de Tinco, Elionora Yntusca Janampa, había exigido a los trabajadores de la corte de Apurímac para celebrar la fiesta popular y religiosa de la Virgen de Cocharcas, además de la contratación de jueces sin estar habilitados formalmente para ejercer ese cargo.

El Poder Judicial rechazó de forma categórica cualquier acto de corrupción o inconducta funcional, tras recordar, en un comunicado, que «la probidad y la honestidad son requisitos inherentes e irrenunciables para el ejercicio de la magistratura», con mayor razón si se cumple un cargo como la presidencia de una corte superior.

Añadió que la independencia judicial no constituye ni puede constituir un mecanismo de protección frente a presuntas conductas ilícitas, pues «ningún juez o jueza está por encima de la ley ni exento de responder por sus actos cuando corresponda».

La integridad de quienes conforman el sistema de justicia es un imperativo ético que el Poder Judicial no está dispuesto a soslayar», subrayó el pronunciamiento compartido en sus redes sociales.

Además, el Poder Judicial informó que se están coordinando acciones para el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la atención en el Distrito Judicial de Apurímac, con el fin de no afectar la continuidad del servicio de justicia después de la detención de sus altos funcionarios.