«Hay más de 700 cocodrilos en total en la granja. Decidimos sacrificar a 125 cocodrilos (adultos)», explicó a EFE por teléfono Natthapak Khumkad, que sacrificó ayer los cocodrilos en su criadero en la provincia de Lamphun (norte).

«Las fuertes lluvias provocaron la erosión del muro, haciéndolo más vulnerable al derrumbe, lo que podría suponer un peligro para los vecinos», agregó el tailandés.

Natthapak señaló que los cocodrilos restantes no han sido sacrificados porque son más jóvenes y pequeños, por lo que es más fácil trasladarlos a un recinto seguro.

En las últimas semanas, el norte de Tailandia ha sufrido graves inundaciones debido al temporal causado por el tifón Yagi, que llegó a Tailandia como depresión tropical tras causar estragos en Filipinas, China y Vietnam, donde ha dejado cientos de muertos.

Al menos 10 personas murieron en Tailandia debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra por el temporal, que prosiguió hacia Birmania (Myanmar).

Tailandia cuenta con dos especies de cocodrilos, el siamés («Crocodylus siamensis») y el de agua salada («C. porosus»), ambas declaradas en peligro de extinción en estado salvaje, aunque hay decenas de miles de ejemplares en granjas en todo el país.

Estas granjas usan a los animales para vender su carne y su piel, así como en espectáculos en los que domadores introducen sus cabezas en las fauces de los reptiles ante los turistas.

La ley aprobada en enero para poner fin a la cría y matanza de perros para consumo humano, así como la distribución y venta de su carne, para febrero de 2027 estableció hoy como la fecha límite para que los criadores solicitaran inscribirse al plan de apoyo para el cierre de sus granjas o para que éstas transiten hacia otro tipo de operaciones.

El plan cubre costes de demolición o el reembolso por el valor de instalaciones que resulten inservibles después del 6 de febrero de 2027, fecha en la que entra en vigor la norma, que establece que todo el que sacrifique a un perro para consumo humano puede conllevar hasta tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de wones (unos 21.780 dólares).

Asimismo, cualquiera que críe un perro o lo venda para consumo humano después de esa fecha se enfrentará a una pena de hasta dos años de cárcel o una multa de hasta 20 millones de wones (unos 14.520 dólares).

La Asociación de productores de Carne de Perro ha organizado protestas contra la ley y reclamado más medidas de apoyo al Gobierno, que tiene previsto presentar en septiembre su plan básico que detallará cómo se realizará el desmantelamiento del sector.

«Estamos deseando ver el plan básico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, aunque cabe destacar que una porción de las granjas de perros no serán aptas para recibir el paquete de apoyo para la transición debido a su estatus ilegal», afirmó en un comunicado Sangkyung Lee, jefe de campaña en el país asiático de la ONG Humane Society International.

La asociación, que en la última década ha ayudado casi a una veintena de granjeros a cerrar o cambiar de negocio, subraya que muchas de estas explotaciones ilegales violan las leyes vigentes a las que deben someterse aún los criaderos en materias como gestión de residuos y que por ello seguramente se queden fuera del plan de ayudas.

Según datos del Gobierno, en Corea del Sur había registradas en 2023 unas 1.150 explotaciones que crían perros para consumo humano, 34 matarifes, 219 distribuidores y unos 1.600 restaurantes que incluyen platos con carne de perro en sus menús, aunque se desconoce el número de granjas y operaciones ilegales.

Sondeos recientes muestran que una gran mayoría de surcoreanos, especialmente los más jóvenes, nunca ha probado esa carne, que se consume desde hace siglos en la península coreana, y que no tiene intención de hacerlo.