• En un comunicado conjunto, las comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval señalaron que la acción se llevó a cabo “bajo estricto apego a las leyes nacionales” y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango (norte).

Quiénes fueron detenidos

Entre los detenidos se encuentran Abel ‘N’, identificado como la mano derecha y persona de mayor confianza de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, preso en Estados Unidos.

Asimismo, fue capturado Eber Israel ‘N’, señalado como operador financiero y logístico del grupo, presuntamente encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

También fue detenido Etzair Lugo ‘N’, a quien las autoridades identifican como jefe de seguridad y responsable de las confrontaciones con grupos rivales, entre ellos células del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del Cártel Sinaloa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Armas e investigación

Durante la operación, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora minimi calibre 5,56 milímetros, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, así como diversos cargadores y cartuchos.

Las autoridades destacaron que la inteligencia que permitió concretar las detenciones se obtuvo mediante información compartida por autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos.

Los detenidos y el armamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

El operativo representa un golpe a la estructura de seguridad y logística de la facción encabezada por Aureliano Guzmán Loera en la zona serrana conocida como el Triángulo Dorado, entre Durango y Sinaloa.

Así lo detalló la oficina local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un comunicado, donde se ofreció por primera vez más detalles sobre los arrestos, que tuvieron lugar en un lote de puestos de comida ambulante donde también, según las autoridades, funcionaba un local de fiestas clandestinas.

Las autoridades no dieron una lista con el nombre de los detenidos, pero informaron que la mayoría (98) son de nacionalidad venezolana, 21 hondureños, 14 mexicanos, cuatro cubanos, dos ecuatorianos, un nicaragüense, un peruano, un guatemalteco y un salvadoreño.

Los arrestados, en un operativo que tuvo lugar sobre las 3 a.m del domingo 16, fueron trasladados a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades aseguran, además, que 50 de los individuos detenidos son miembros «confirmados» del Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, no entregaron más evidencia para explicar la relación con el grupo criminal.

Y es que, solo 25 de los detenidos, detalló el FBI, tienen «antecedentes criminales«, la 13 por crímenes federales y 12 por delitos menores.

la redada masiva en Texas

Esta redada en el sur de Texas es el último ejemplo de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por arrestar y detener a la mayor cantidad posibles de migrantes que viven en el país.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de estar cometiendo abusos contra la población, por medio del arresto indiscriminado y «sin respeto por los derechos humanos» de personas migrantes o de origen latino.

En operativos de este tipo en otras ciudades como Chicago (Illinois), Charlotte (Carolina del Norte) y Boston (Massachusetts), se ha visto como personas sin antecedentes criminales o con un estatus legal en EE.UU. son también arrestadas, como consecuencia de la expansión de las fuerzas federales.

Un lugar de «fiestas clandestinas«

La redada ha provocado críticas por parte de los legisladores demócratas que representan en el Congreso nacional a varios distritos en San Antonio, quienes han exigido al Gobierno entregar más información sobre el motivo del operativo y los detenidos.

El congresista Joaquín Castro hizo pública esta semana la orden de registro -emitida por un juez del distrito del condado de Bexar– que dio luz verde al operativo.

En el documento, un agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), detalla que su agencia había estado «investigando» por meses el sitio donde se llevó a cabo la redada, ya que tenían información de un testigo confidencial de que en uno de los locales se vendía droga y se celebraran fiestas clandestinas frecuentadas por «miembros del Tren de Aragua«.

Usando al testigo confidencial, DPS asegura haber comprobado que un individuo, identificado como el responsable del establecimiento, vendía cocaína en el local.

«Miedo» en la comunidad y falta de transparencia

Castro, en un comunicado publicado hoy, criticó lo que llamó «una inaceptable falta de transparencia» por parte del Gobierno respecto al operativo.

Laura Flores-Dixit, abogada de la ONG American Gateways, coincidió con esta lectura e indicó que, en vez de crear seguridad, este tipo de redadas masivas generan miedo en la comunidad latina e inmigrante de la región.

• Su organización ha entrado en contacto con los familiares de al menos cinco de los arrestados, que han sido enviados a distintos centros de detención para migrantes en Texas. Todos ellos, detalló, son jóvenes de entre 20 y 24 años.
  
  

La activista levantó además las alarmas sobre los supuestos nexos entre algunos de los detenidos y el Tren de Aragua, asegurando que el Gobierno tiene un «patrón» de «declarar de manera unilateral pertenencia a esta banda criminal» sin ofrecer pruebas.

El Gobierno Trump ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos de identificar y detener a migrantes venezolanos como miembros del Tren de Aragua sin pruebas o antecedentes penales, en lo que Human Rights Watch y Amnistía Internacional califican de «detenciones arbitrarias«.

En dos de las instancias más polémicas, Washington envió a inicios de año a cientos de estos migrantes a un centro de detención de máxima seguridad en El Salvador y a la base naval de Guantánamo.

La mayoría de ellos, según análisis de medios y organizaciones, no tenía antecedentes ni nexos con la banda criminal, sino que fueron señalados por sus tatuajes.

«Yo he sido una mujer que he enfrentado la criminalidad y jamás he tenido vínculos con ningún actor armado ilegal en este país», expresó Márquez en una entrevista con ‘El reporte Coronell’.

Una investigación de Noticias Caracol reveló el domingo conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de un supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022, así como la infiltración de esos grupos en organismos de seguridad del Estado.

El presunto apoyo a la campaña de Petro se dio por medio de la hoy vicepresidenta, según indica un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, y otros guerrilleros.

El EMC es el grupo armado más fuerte en Suárez, un municipio ubicado en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

¿Cuál es la respuesta de Francia Márquez ante las acusaciones?

La vicepresidenta señaló que esta no la primera vez que la acusan de ser miembro de un grupo armado: «Primero me señalaron de ser del (Ejército de Liberación Nacional) ELN y ahora me señalan supuestamente de vínculos con las disidencias«.

«Yo no he tenido vínculos con ningún grupo, y mi pueblo, Suárez, ha vivido el conflicto armado y la violencia. Yo estando muy pequeña, recuerdo que cuando se tomó la guerrilla mi pueblo y mataron a doña Ruth, la única señora que fiaba los medicamentos en el pueblo, y a don Bernardo, que era un miembro de la comunidad servicial, se lo llevaron», relató la alta funcionaria.

Igualmente recordó que sufrió «desplazamiento forzado, atentados con granadas y llegando a la Vicepresidencia esos ataques no pararon».

«El que nada debe, nada teme. Yo he hecho las cosas con honestidad, con transparencia, yo no me alío con corrupción, criminalidad, así que no tengo ningún problema en que se hagan las investigaciones«, añadió Márquez.

La revelación de Noticias Caracol fue hecha en un reportaje más amplio que señala que las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, así como contactos con altos funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

• La operación se llevó a cabo en los hornos de una empresa de acero ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y epicentro de la violencia criminal, donde se destruyeron 1.642 armas de fuego letales, 117 armas no letales, 18.602 municiones letales, 429 municiones no letales y 410 accesorios.
  
  

El contralmirante Marco Rocafuerte, director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, explicó a medios locales que el 70 % de las armas fueron decomisadas en operativos conjuntos de las fuerzas militares y policiales a grupos criminales como Los Choneros, los Chone Killers, o Los Lobos.

El resto eran de personas que no tenían los permisos correspondientes

Si bien reformas legales establecidas tras el referéndum de 2024 permiten a las fuerzas de seguridad equiparse con el armamento incautado a las bandas criminales, estas unidades han sido desestimadas por considerarse que no eran útiles para la formación policial ni militar.

«Aquellas armas que cumplen ciertas características que puedan ser usadas por Fuerzas Armadas o la Policía pasan un proceso de registro en activos fijos, de pruebas. Posteriormente, el Comando Conjunto las distribuye a los equipos especiales en donde haya la necesidad de usar esas armas. El resto son destruidas», señaló Rocafuerte.

Impacto del conflicto armado interno en la violencia

Los grupos armados a los que se les decomisó estas armas pasaron a ser denominados como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» declarado por Noboa en 2024 para intensificar la lucha contra el crimen organizado y bajar los niveles de violencia que han llevado al país a situarse a la cabeza del índice de homicidios en la región.

A pesar de ello, el primer semestre de 2025 fue el más violento de la historia del país, al registrar 4.619 homicidios, un 47 % más que el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.

¿Qué resultados dejó el operativo «Operation Dirtbag»?

La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

¿Qué nacionalidades y delitos se identificaron entre los detenidos?

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

«Gracias al liderazgo del gobernador (Ron DeSantis), hemos conseguido establecer el tono para la nación al remover a lo peor de lo peor, hemos logrado asociarnos en una forma que puede ser un modelo para el resto del país», expresó la subdirectora del ICE.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400,000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, que comenzó el 20 de enero con la promesa de la mayor deportación de la historia, según el DHS, que prevé la expulsión de 600.000 en el primer año de gestión.

El concejal de Medellín Alejandro de Bedout le pidió a la Comisión, encargada de estudiar y tramitar las denuncias contra el jefe de Estado, averiguar si Petro «estaría involucrado con hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente».

En el documento, divulgado por medios locales, se sumarían hechos como el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la supuesta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con «presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional».

Acto público de Medellín

El pasado 21 de junio, Petro encabezó un acto público sobre los diálogos de paz de su Gobierno con las bandas de Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), y para celebrar la aprobación en el Congreso de su reforma laboral.

Al llamado «tarimazo» asistieron criminales presos como Juan Carlos Mesa, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo; Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre, y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, de la banda de sicarios llamada La Oficina.

• Esos delincuentes fueron autorizados para salir de las cárceles de Medellín para asistir al evento, lo que desató una polémica que todavía no cesa.
  
  

Diálogos con bandas criminales

El Gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.

El Ejecutivo también realiza diálogos de este tipo, como el que hace en Medellín con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, en el Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.

El enfrentamiento ocurrió este lunes en la comunidad de La Brecha

En la ciudad de Guasave, Sinaloa, de acuerdo a lo informado en redes sociales por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

Según el funcionario, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 hora local en La Brecha, donde los agentes cumplían labores de patrullaje de seguridad cuando fueron atacados por un grupo armado que estaba oculto bajo un puente.

Tras los hechos, el propio jefe de Seguridad de México informó que la respuesta inmediata de las Fuerzas Federales permitió que trece agresores perdieran la vida.

• Además, otros cuatro presuntos criminales fueron detenidos, mientras que las autoridades liberaron a nueve personas que se encontraban secuestradas.
  
  

De igual forma, informó del decomiso de siete vehículos, armas largas y equipo táctico, que fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

«La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad», declaró el mandatario en un punto de prensa desde La Moneda.

«Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación. Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad», subrayó Boric.

Según detallaron las autoridades, a la fecha ya se están construyendo nuevos espacios de visitas, una oficina técnica y equipos de vigilancia en el espacio donde antes existía una cancha de tenis al interior de la prisión.

«Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio», recalcó Boric.

El anuncio tiene lugar a menos de dos semanas de las presidenciales en Chile, en las que por primera vez desde el fin de la dictadura compiten con posibilidades de pasar a la segunda vuelta de diciembre dos candidatos de ultraderecha que defienden el régimen de Augusto Pinochet, los exdiputados José Antonio Kast y Johannes Kaiser, junto a la hija de uno de los oficiales del Ejército miembros de la Junta Militar que dirigió el país tras el golpe de Estado.

Punta Peuco

Por Punta Peuco han pasado criminales como Manuel Contreras (1929-2015), el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo responsable de perseguir, torturar, exterminar y desaparecer a cientos de personas opositoras a la dictadura, militantes de izquierdas y funcionarios de la Unidad Popular.

Condenados como Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, Álvaro Corbalán e Raúl Iturriaga Neumann, todos sentenciados a cientos de años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, siguen recluidos en sus celdas.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3,200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición, según las últimas cifras oficiales.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Justicia, busca actualizar la legislación vigente desde 2013 y será sometida a votación en el Congreso tras recibir el visto bueno del Ejecutivo.

La decisión de Lula ocurre tres días después del operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, desarrollado en los complejos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida del norte carioca, que dejó entre 121 y 132 muertos, según diversas fuentes.

Endurecimiento de penas y control del crimen organizado

De aprobarse, el proyecto instaurará el tipo penal de “organización criminal calificada”, aplicable a grupos que ejercen control territorial o económico mediante violencia. Las penas irán de ocho a quince años de prisión, con posibilidad de aumento si se comprueban homicidios por orden o en beneficio de las facciones, o la participación de funcionarios públicos en los delitos.

La propuesta también contempla el agravamiento de las sanciones cuando se determine que la organización tiene operaciones transnacionales o vínculos con grupos criminales de otros países.

Medidas de rastreo y acceso a datos

El texto prevé la creación de un banco nacional de datos para unificar la información sobre las facciones criminales y fortalecer las investigaciones. Este sistema permitirá rastrear la actividad de los grupos y mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad.

Asimismo, autoriza a los jueces a exigir que las empresas de internet y telefonía móvil proporcionen datos de geolocalización de usuarios vinculados a facciones criminales, siempre que exista una amenaza inminente contra la vida o la integridad de las personas.

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Tras el operativo del martes, Lula da Silva reiteró la necesidad de integrar las fuerzas policiales del país bajo una política nacional antidrogas. Señaló que el crimen organizado no se combate solo con enfrentamientos en las favelas, sino mediante medidas que descapitalicen a las organizaciones y reduzcan su poder financiero.

Las dos mayores facciones del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), han sofisticado su estructura y ampliado sus operaciones más allá del narcotráfico, convirtiéndose en redes criminales con presencia en sectores de la economía formal.

En el último año, operativos policiales investigaron la infiltración del PCC en los mercados de combustibles, transporte, moteles e incluso en el sector inmobiliario, evidenciando la expansión y diversificación del crimen organizado en Brasil.

El proyecto, titulado ‘Antifacción’, fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, quien justificó la propuesta ante la creciente sofisticación de los grupos delictivos, afirmando que el Estado enfrenta el desafío de «estar más organizado que el crimen».

El proyecto, que actualiza la legislación vigente de 2013, deberá ser sometido a votación en el Congreso Nacional tras el visto bueno del Ejecutivo.

Nuevas penas y tipificación

De aprobarse en todas las instancias, el proyecto instaurará el tipo penal de “organización criminal calificada”, que implica un control de territorio o de actividades económicas a través del uso de la violencia, y los condenados por este delito enfrentarán penas que irán de ocho a quince años de prisión.

Con la posibilidad de duplicar la condena si se comprueba la participación de niños, adolescentes o funcionarios públicos en el esquema, el uso de armas de fuego prohibidas, entre otros agravantes.

En el caso de organización criminal simple, la pena subirá de tres a ocho años, como establece la legislación actual, hasta los cinco a diez años de prisión.

Y los homicidios por orden o beneficio de una organización criminal pasarán a ser tipificados como ‘crimen hediondo’, es decir, no serán plausibles de indulto, fianza o amnistía.

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Medidas complementarias y contexto

El texto además prevé la creación de un banco nacional de datos para estandarizar las informaciones sobre las facciones criminales con el fin de nutrir las investigaciones y facilitar el rastreo de los grupos.

El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos organizaciones criminales más importantes del país, han sofisticado su accionar y han logrado expandir su dominio más allá del narcotráfico, transformándose en empresas criminales con tentáculos en los sectores económicos formales.

Operativos policiales del último año han investigado la presencia del PCC en el mercado de los combustibles, los transportes, moteles, e incluso el mercado inmobiliario, entre otros ramos.