En un comunicado, la agrupación política informó que se trata de una «iniciativa ciudadana» que «dará seguimiento al proceso judicial» de Ruffo Appel, quien fue detenido el pasado 16 de julio tras una investigación de «alta complejidad» relacionada con grandes operaciones de robo de combustible.

El comité fue presentado por la hija del exgobernador de Baja California (1989-1995), Verónica Ruffo, quien además será la responsable de coordinar esta instancia de carácter «plural, ciudadana y no partidista», señaló el texto.

Este comité surge a raíz de que, tanto en lo personal como las personas que me han acompañado, hemos recibido mensajes de ciudadanos y organizaciones en apoyo a la defensa de mi padre y para que se haga justicia», subrayó Ruffo durante una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México.

Explicó también que una de las prioridades será «velar por la salud y los derechos humanos» de su padre, de 74 años, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en Estado de México (centro).

En esa misma línea, familiares e integrantes de Somos México afirmaron que la situación en la que se encuentra Ruffo Appel es la de un «preso político».

Por ello, aseguraron que el comité encabezará una estrategia nacional e internacional para visibilizar el caso, así como promover acciones públicas en defensa del debido proceso y de los derechos humanos.

El uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia constituye un riesgo para cualquier democracia», alertó el comunicado.

Ruffo Appel es considerado el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura del estado de Baja California en 1989, abanderado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).

El nombre del exfuncionario surgió durante las pesquisas sobre la empresa Ingemar, que fundó y que, desde 2025, es objeto de investigación por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos y evasión de impuestos.

El caso de Ruffo Appel se suma a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos implicados en redes de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’.