Los legisladores opositores afirmaron que el documento ya estaba preparado antes de concluir las discusiones, motivo por el cual votaron en contra de la iniciativa, al igual que el PRD, alegando falta de transparencia y respeto al proceso legislativo.

“El informe ya estaba listo”, denuncian opositores

Los congresistas de oposición aseguraron que el informe favorable fue elaborado previamente, incluso antes de escuchar a representantes del sector empresarial que acudieron al Congreso a presentar sus observaciones sobre el proyecto.

«Es una gran falta de respeto… El informe estaba listo cuando todavía no habíamos escuchado a los empresarios”, expresaron, al señalar que se ignoraron propuestas que consideraron “sensatas y racionales” durante las vistas realizadas en la comisión.

Criticaron, además, que el proceso se haya desarrollado “de manera mecánica y abusiva”, sin la profundidad que, según dijeron, amerita una reforma de este tipo, que impacta directamente en la economía nacional.

Acusan “aprobación en tiempo récord” y alertan sobre impacto económico

Los legisladores opositores calificaron como “un papelazo” la aprobación del informe en un tiempo reducido, asegurando que el proyecto fue despachado en cuestión de horas, sin el debido análisis técnico ni político.

Sostuvieron que la iniciativa contempla alrededor de RD$50,000 millones en nuevas cargas fiscales, que, según su visión, terminarán recayendo sobre la población consumidora.

En ese sentido, advirtieron que el proyecto no contempla beneficios directos para la ciudadanía, como reducción en el costo de los alimentos, los combustibles, la electricidad o los medicamentos.

• «Esto no baja la comida, no baja el combustible, no baja nada. Al final, quien paga es el consumidor”, afirmaron.

Los opositores también cuestionaron la finalidad de los recursos proyectados, al señalar que el Gobierno se limitó a justificar la iniciativa en la necesidad de cubrir el déficit fiscal y sostener subsidios, sin explicar con claridad el impacto real en la economía de los hogares.

Asimismo, advirtieron que los impuestos al sector empresarial podrían trasladarse indirectamente a los precios finales, afectando el costo de vida de la población.

Finalmente, los legisladores de oposición reiteraron su rechazo al procedimiento seguido en la comisión bicameral y advirtieron que continuarán denunciando lo que consideran una aprobación acelerada y sin consenso de una de las reformas más importantes de los últimos años en el país.

El debate en torno a la reciente reforma fiscal en la República Dominicana se enmarca dentro de una discusión histórica sobre la necesidad de ajustar el sistema tributario para aumentar la recaudación del Estado y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En distintos momentos de las últimas décadas, los gobiernos dominicanos han intentado impulsar cambios estructurales en materia impositiva, casi siempre en contextos de presión fiscal, déficit presupuestario o crisis económicas.