• Hazim explicó que, en noviembre de 2024, acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.
  
  

Señaló que al asumir la dirección de Senasa tuvo claro que la función pública implica estar presto a rendir cuentas en cualquier momento, y por ello destacó que está en total disposición de responder ante los órganos competentes las veces que sea necesario. “Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera”, subrayó.

Al referirse a las declaraciones del presidente de la República, quien aseguró que puede tener amigos, pero nunca cómplices, Hazim saludó y coincidió con ese planteamiento.

“Yo tampoco he tenido cómplices. Por eso mi decisión fue denunciar lo que descubrí porque era mi deber moral y legal. Entendí que mi obligación era cuidar el sistema y evitar que los fondos públicos se desviaran de su verdadero propósito: la salud de la gente”, explicó.

De su lado, el abogado del exdirector de Senasa, jurista Miguel Valerio, resaltó que Hazim es un profesional con una reconocida trayectoria en el sector salud y que no tiene nada que ocultar. Aseguró que su defendido está en disposición de acudir a cualquier instancia que lo requiera y que fue precisamente él quien denunció ante el Ministerio Público lo que sucedía para que las investigaciones llegaran hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, Hazim destacó que su mayor tranquilidad radica en haber conducido a Senasa con honradez y transparencia. “Estoy seguro de que la verdad prevalecerá, porque mi gestión se sustentó en principios éticos y en la convicción de servir al país con responsabilidad”, concluyó.

Durante un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), con motivo del 210 aniversario de la Carta de Jamaica, Gil instó a los ciudadanos y gobiernos de la región a retomar el pensamiento integrador del Libertador Simón Bolívar.

En dicho documento expresó su visión de una América unida bajo un sistema republicano.

«Invitamos, 210 años después, a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo latinoamericano, a encontrarse en el espíritu de la Carta de Jamaica para ver su unidad, que hoy más que nunca vuelve a ser una referencia», sostuvo el funcionario.

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Acusaciones contra EE.UU. por maniobras en el Caribe

Gil denunció que Washington ejecuta un despliegue «inusitado» de fuerzas en el Caribe, usando como argumento una supuesta lucha contra el narcotráfico, pese a que —según afirmó— Venezuela no está involucrada en dichas actividades ilícitas.

En ese sentido, enfatizó que «todas y cada una de las letras de la Carta de Jamaica están vigentes», en referencia a la necesidad de una respuesta colectiva de los países de la región.

Tensión bilateral tras supuesto ataque a embarcación

A mediados de agosto, la administración del presidente Donald Trump activó un operativo militar en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas. El Gobierno de Nicolás Maduro calificó esta maniobra como una «amenaza directa» a la soberanía nacional.

Las tensiones escalaron el pasado martes cuando la Casa Blanca denunció un presunto ataque contra una embarcación en la que viajaban once personas, supuestamente vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y presuntamente dedicada al tráfico de estupefacientes.

El Gobierno venezolano rechazó la versión estadounidense, calificándola de “invención”, y reiteró que la acusación de que el Estado lidera el llamado Cartel de los Soles carece de fundamento.

El Consejo celebraba una de sus sesiones trimestrales sobre Haití, que sirvió una vez más para constatar la lentitud del proceso político de transición en el país y el deterioro de la seguridad, pero en esa ocasión sirvió de escenario para un rifirrafe diplomático entre haitianos y dominicanos.

En el primer semestre del año, según la Dirección General de Migración de República Dominicana, se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Pero la cifra aumentó exponencialmente en octubre: en los veinte días transcurridos, se han deportado a 27.352 personas al país vecino. El presidente Luis Abinader ha prometido deportar a 10.000 por semana.

El embajador Rodrigue llegó a pedir «solidaridad internacional para poner fin a estas graves violaciones a los derechos humanos, que azuzan la tensión e impiden las relaciones pacíficas entre las dos naciones», tras asegurar que las deportaciones, criticadas por la ONU, son contrarias a los acuerdos firmados entre los dos países.

Al embajador haitiano le respondió el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en términos no menos contundentes: «Mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir», zanjó.

Y abundó en la idea de que la República Dominicana no ha causado los problemas de Haití: «La crisis rampante en Haití es responsabilidad de Haití, agravada por la falta de apoyo de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca fuimos la causa de sus problemas humanitarios, económicos o de seguridad, pese a que seguimos teniendo que lidiar con esta crisis durante décadas, casi en solitario», recordó.

La República Dominicana ha optado por estar presente a nivel ministerial en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a Haití precisamente para llamar la atención a la carga que el país debe asumir como único país con frontera terrestre con Haití, con los consiguientes flujos migratorios que no cesan por la crisis casi crónica del país.

Álvarez ejemplificó con cifras la presión de la inmigración vecina: según él, 147.000 niños haitianos ocupan un pupitre en las escuelas del país, y el 16 % de beneficiarios del sistema público de salud son haitianos. «Hay límites», concluyó.

Según la Junta, la obra, propiedad de la ciudadana Luchy Marte, ha sido objeto de varias paralizaciones por parte del Ayuntamiento, pero a pesar de estas acciones y del visible letrero que indica su estado de paralización, la construcción ha continuado, desafiando abiertamente la autoridad municipal.

La preocupación de la Junta de Vecinos se agudiza al considerar el impacto que esta construcción tendría en el ya congestionado Ensanche Julieta. El sector, que alberga dos colegios y varios consultorios médicos instalados en contravención de las normativas urbanísticas, enfrenta un tráfico considerable, situación que se vería exacerbada por la nueva plaza comercial.

En un comunicado, la Junta ha extendido un agradecimiento al Ayuntamiento del Distrito Nacional por sus esfuerzos en hacer cumplir las leyes y normativas urbanas, destacando su labor en la protección del orden y la legalidad en el sector.

«Este llamado a la acción por parte de la Junta de Vecinos del Ensanche Julieta no solo es un intento de proteger su comunidad, sino también una muestra de apoyo a las autoridades en su lucha contra las violaciones urbanísticas», destacó la organización comunitaria al destacar la importancia de mantener el respeto por la ley y rechazar cualquier intento de burlarse de las normativas que rigen el bienestar comunitario.

La Junta de Vecinos del Ensanche Julieta hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades competentes para unirse en esta causa, expresando un firme rechazo a los infractores y a los abusos de quienes se creen por encima de la ley.