Ambos juristas presentaron títulos y sentencias que, afirman, avalan de manera definitiva la titularidad del inmueble.

Los representantes legales indicaron que el conflicto por los terrenos tiene más de tres años en curso y ha estado sustentado en múltiples decisiones judiciales.

Explicaron que, durante este periodo, el abogado del Estado autorizó la ejecución del desalojo en más de nueve ocasiones, pero diversos retrasos administrativos y el vencimiento de las órdenes impidieron su materialización. Esto llevó a la compañía a interponer una acción de amparo de cumplimiento, con el objetivo de que la Policía Nacional ejecutara la sentencia vigente.

De acuerdo con los juristas, las decisiones judiciales, acuerdos previos con los ocupantes y una resolución del abogado del Estado respaldan la legalidad del proceso.

Reacciones oficiales y consecuencias del operativo

Señalaron que, incluso, hace un año se había alcanzado un entendimiento con quienes ocupaban los terrenos, pero este no fue cumplido, lo que obligó a proceder con el desalojo.

Los abogados agradecieron al abogado del Estado por actuar con objetividad conforme al artículo 15 de la Ley 136-11, así como al presidente Luis Abinader, quien —afirman— respetó el marco constitucional pese a presiones políticas relacionadas con el caso. 

Asimismo, destacaron el trabajo de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que recibió las querellas correspondientes y citó a los ocupantes señalados como ilegales.

El operativo culminó con el retiro de más de 350 personas del área, lo que, según los representantes de Mar de Plata, permitió restablecer el orden en la zona y reafirmar el derecho de propiedad reconocido en las sentencias y títulos presentados.

Karla Rincón, de 27 años, denunció que durante la intervención perdió su vivienda, todas sus pertenencias y fue detenida, quedando separada de su bebé de un año. Afirmó que tras ser esposada y trasladada en una camioneta, recorrió varios lugares sin saber dónde estaba la niña, hasta encontrarla finalmente en la casa de un vecino.

Otra de las afectadas, Mónica Rincón, de 24 años y madre de dos niños, aseguró que lo perdió todo, incluyendo la ropa, zapatos y uniformes de sus hijos. «Me quedé con lo que tengo puesto. No sé dónde vamos a dormir esta noche», expresó.

• Los desalojados señalan que, ante la falta de soluciones inmediatas, han sido los vecinos quienes les han brindado apoyo con comida, ropa y espacios improvisados para pasar la noche. «Dormimos donde un vecino. Los niños están asustados», dijo Jessica Soto, mientras que Rafael Soto aseguró que las autoridades les prometieron reubicación, pero «solo llegaron a tumbarlo todo».
  
  

Edwin Rincón, otro afectado, declaró haber vivido 15 años en el lugar y perder no solo su vivienda, sino también el pequeño negocio del que dependía su sustento.

De su lado, el Departamento de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas informó a Noticias SIN que esperan el informe final del operativo para emitir una declaración oficial.

Asimismo, indicaron que el Departamento de Avalúos y Expropiaciones está disponible de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde para continuar los procesos con las personas expropiadas.

El desalojo provocó que los campesinos bloquearan la carretera Manolo Tavárez Justo, en el tramo conocido como «la recta de La 70», interrumpiendo el tránsito entre Dajabón y Montecristi. Durante la protesta, los manifestantes encendieron neumáticos y colocaron piedras y palos en la vía.

• Los campesinos alegan que los terrenos pertenecen a una empresa estatal actualmente en total abandono, razón por la cual decidieron ocuparlos para levantar sus viviendas.
  
  

¿Cuál fue la reacción de las autoridades y representantes?

El senador por la provincia Montecristi, Bernardo Alemán, condenó enérgicamente el desalojo a través de una nota de prensa distribuida este jueves.

Alemán agregó que este atropello «hiere profundamente la dignidad de personas humildes y comprometidas con su comunidad».

El senador informó que sostuvo conversaciones con el presidente Luis Abinader y con el ministro de Agricultura Limber Cruz, quienes —según dijo— mostraron preocupación y disposición para investigar y resolver esta situación.

Desde el año 2014, los residentes aseguran vivir en constante incertidumbre por el conflicto legal que se ventila en el Tribunal de Tierras, donde afirman que el proceso se ha visto afectado por aplazamientos y falta de respuestas concretas.

Uno de los afectados, Erasmo Liberato, expresó que su vida ha estado marcada por la angustia desde que recibió la notificación judicial.

En igual situación se encuentra Juan Núñez, quien también asegura tener documentos que lo acreditan como propietario.

• Por su parte, Norma López, con más de 35 años residiendo en el barrio, cuestionó la legitimidad del supuesto comprador y pidió esclarecer quién está detrás de las acciones.
  
  

• Por su parte, Norma López, con más de 35 años residiendo en el barrio, cuestionó la legitimidad del supuesto comprador y pidió esclarecer quién está detrás de las acciones.
  
  

Mientras tanto, Rubén Almonte denunció que el reclamante estaría haciendo uso de influencias para intentar apropiarse de las tierras.

Advertencia

Los residentes de Los Platanitos advirtieron que no cederán ante las presiones y que, de ser necesario, realizarán manifestaciones pacíficas para defender sus viviendas y exigir la intervención de las autoridades competentes.

Sosúa, Puerto Plata. – En un ambiente de tensión y denuncias de abuso policial, fue arrestado la mañana de este miércoles el sacerdote Juan Luis Díaz Bonilla, junto a varios comunitarios del sector Cerro Alto, en medio de un operativo de desalojo llevado a cabo por las autoridades en la comunidad de La Unión, Sosúa.

En declaraciones ofrecidas a través de un audiovisual, el padre Díaz Bonilla, visiblemente afectado, denunció haber sido víctima de agresiones físicas por parte de los agentes policiales. “He recibido trompadas, patadas y empujones”, expresó con voz entrecortada, mientras era trasladado junto a otros detenidos en un camión hacia el cuartel general de la Policía Nacional en Puerto Plata.

Testigos en el lugar aseguran que los desalojos han estado acompañados de disparos, uso de bombas lacrimógenas y maltratos físicos a personas indefensas, entre ellos envejecientes y familias completas.

Comunitarios de La Unión de Sosúa, Villa Liberación y Cerro Alto advirtieron que, de no ser liberados los detenidos y detenerse los atropellos, se verán en la obligación de iniciar protestas pacíficas en defensa de sus derechos.

Las autoridades no han emitido aún una versión oficial sobre los motivos del desalojo ni sobre el número total de personas arrestadas en el operativo.

La acción generó tensión entre residentes y autoridades, quienes ejecutaban el desalojo en terrenos reclamados por el CEA.

Hasta el momento no se han reportado heridos, aunque testigos indican que varias familias resultaron afectadas por los gases, de acuerdo con nuestro corresponsal Hugo Gómez.

Durante el operativo, al que calificó como un atropello, se registraron daños irreparables a bienes de la familia, incluyendo el local de la Cooperativa de Pescadores de Las Terrenas. “Independientemente de las razones jurídicas que puedan existir en el litigio sobre los terrenos ocupados, lo que presenciamos fue un atentado contra mujeres, niños y hombres indefensos”, expresó el legislador.

El senador denunció que durante el desalojo se violaron principios fundamentales establecidos en la Ley 139-19, ya que no se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público, autoridad encargada de dirigir legalmente este tipo de operativos. Según los videos captados en el lugar, el procedimiento fue ejecutado por individuos desconocidos, ajenos a la comunidad, sin supervisión oficial ni respeto a los bienes de los afectados.

Al momento del desalojo, Catrain se encontraba fuera del país. Sin embargo, al conocer los hechos, contactó inmediatamente a la procuradora fiscal de Samaná, magistrada Érica Pujols, quien alegó desconocer el operativo. También conversó con el coronel Mancebo, comandante policial local, quien estaba de licencia, y con el general Mata, director regional, quien afirmó que la orden había sido autorizada por el Abogado del Estado.

El legislador aseguró que este suceso no solo golpea a una familia de profundo arraigo comunitario, sino que también perjudica gravemente la imagen del turismo en la zona, ya que el hecho fue presenciado por residentes extranjeros y se difundió ampliamente por redes sociales, generando indignación nacional e internacional.

En este sentido, el senador Pedro Catrain solicitó formalmente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que dispongan de manera urgente una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y prevenir que acciones similares vuelvan a repetirse en el país.

En un comunicado emitido por los miembros directivos de la Junta de Vecinos Platanitos Churchill, detallan: “El reclamante Ramón Arturo Francisco Collado, amparado en un documento «Constancia Anotada» sobre una «Compra» que realizara mediante acto de venta bajo firma privada con Rafael Corporán De Los Santos en el año 1993”.

Asimismo, continúan describiendo que: “el solar en cuestión, es identificado como Solar 2, Manzana 2790, Distrito Catastral No. 01 (El barrio está frente al elevado Churchill esq. Kennedy entre las agencias de vehículos Mercedes Benz y Maxus / British Motors y nos divide una pared con el Colegio Claret)”.

Mientras que, en el mismo documento, indican que, “el citado solar es área verde según los planos del propio Ayuntamiento, D.N (Inobservancia Ley 6400)”.

Los comunitarios y miembros de la Junta de Vecinos exigen que se respete el derecho de los habitantes a seguir viviendo en la zona, quienes llevan más de 30 años residiendo de manera pacífica e ininterrumpida, y apelan a las autoridades competentes para que se investigue a fondo la validez de la documentación presentada por el reclamante.

De acuerdo con la denuncia, el desalojo se produjo luego de que el ex diputado Alejandro Jerez Espinal, presuntamente compró más de 80 mil hectares al ingeniero Eduardo Bogaert Álvarez.

Declaraciones

Los abogados de los afectados, los lincenciados José Cristino Peñalo y Gustavo Saint Hilaire, explicaron que la audiencia pautada para este lunes 17 de febrero fue reenviada sin fecha.

«La magistrada entendió que este proceso vino directamente del abogado del Estado, no del órgano correspondiente y competente, que sería la Dirección General de Mensuras Catastrales. Por lo tanto, se cayó esa parte en que apoderaron al tribunal, porque fue apoderado por el abogado del Estado cuando no tiene capacidad o competencia para apoderar al Tribunal de Tierra», añadió Cristino Peñalo.

Mientras que Héctor Collado (Pelo de Caña), uno de los campesinos desalojados y regidor en el ayuntamiento de Sabaneta, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que apoye a los campesinos que «tienen cientos de años» en la zona.

«A nosotros van a tener que matarnos para podernos sacar de ahí. Estamos contando con la mayoría de las comunidades que nos están apoyando y estamos haciendo un llamado al presidente de la República para que también nos apoye», agregó Collado.

El regidor concluyó diciendo que «La sierra está en las calles. Estos comunitarios se han desplazado de la parte alta. Están buscando el respaldo de las autoridades para que se honre lo que es el derecho a la propiedad. Quieren que se respete el derecho que ellos tienen por tener cientos de años viviendo en la zona alta».

De acuerdo con un comunidado, el desalojo es para agilizar la reconstrucción y modernización del kilómetro 9 que conecta con las 14 provincias del Cibao, en las que transita más del 60 por ciento de la población nacional, y que garantiza un mejor y más cómodo desplazamiento para los conductores.

El MOPC aseguró que los dueños de las instalaciones afectadas fueron compensados económicamente, aunque algunos persisten en ocupar ilegalmente terrenos correspondientes al derecho de vías y se niegan a recibir el dinero ofrecido, cuyos montos se derivan de las tasaciones correspondientes.

“No obstante estar amparados por las leyes que penalizan la invasión de una propiedad pública, se trabajó para que la intervención de la CODEVIAL fuera de forma humana, tomando en cuenta los derechos y la dignidad de las personas, a fin de que ninguna de las partes resulte afectada”, dice la nota.

La ampliación y remodelación de la Autopista Duarte abarca desde el kilómetro 9, en esta capital, hasta Montecristi.