¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados interceptaron a la víctima cuando se desplazaba por la zona y, tras resistirse al asalto, fue atacado mortalmente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La medida de coerción fue impuesta mientras se desarrolla la investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad penal de los implicados.

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Solicitud del Ministerio Público

Tal y como lo solicitó el Ministerio Público, la jueza Karen Casado de este Juzgado de Instrucción, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Jose Antonio Glass, alias Yoyon, con quien fue visto por última vez el niño Yustin Peralta el pasado 27 de septiembre.

La defensa de los familiares del menor informó que investiga si ciertamente el imputado se encontraba en libertad condicional por otra violación en La Vega.

Por disposición del Tribunal, el imputado deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de La Victoria.

Al término de la audiencia, los familiares del niño con condicion especial, se retiraron de este palacio de justicia sin ofrecer declaraciones a la prensa.

En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público indica que con la promesa de comprarle un helado, el imputado llevó al pequeño desde su residencia ubicada en Los Mina de SDE  hasta el sector Los Pinos de Sabana Perdida, donde en un solar barrio abusó y asfixió al niño hasta la muerte.

Los imputados son Joel Morrobel Peña (Matatán), Brailyn Cepeda Ramírez (El Gago), Harolin José Martínez (Arolin), Julio José Mateo y Omar Reyes Vásquez. La decisión fue tomada tras presentarse evidencias que los relacionan con los hechos investigados.

La fiscal investigadora Elizabeth Parra instrumentó el expediente a partir de la denuncia número 8841, presentada el 23 de agosto de 2025, en la que se detalla lo ocurrido ese mismo día, cuando la adolescente salió de su vivienda rumbo al lugar de trabajo de su padre.

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Hechos bajo investigación

Según el expediente, durante su trayecto, la adolescente fue abordada por un individuo que le ofreció transportarla hasta su destino. Sin embargo, fue llevada a otro lugar, donde se encontró con los ahora procesados, quienes también le ofrecieron ayuda.

Posteriormente, fue conducida a una residencia desconocida, donde se habrían producido los hechos que motivaron la apertura de la investigación y la acción penal correspondiente.

Solicitud acogida y proceso en curso

En la audiencia para conocer medidas de coerción, el fiscal Tito Oseas González presentó los elementos probatorios que sustentan la solicitud de prisión preventiva, la cual fue acogida por la jueza Karen Casado Minyety.

La magistrada ordenó que los imputados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

Este proceso está calificado de manera provisional como una presunta violación a los artículos 331 y 354 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como a los artículos 12, 14, 16, 18 y 396 del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Andrea es acusada de estafar a las personas con más de 29 millones de pesos con la falsa promesa de una alta rentabilidad.

Según la acusación, la imputada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. para captar la suma de RD$29,280,500, ofreciendo a las víctimas un supuesto plan de negocios en el que aseguraba contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero.

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A cambio, prometía tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias, cuyos beneficios serían compartidos con los inversionistas.

Decisión del juez

La decisión judicial fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien valoró la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público.

En su resolución, la magistrada destacó la utilidad, pertinencia y base legal de las pruebas, rechazando los incidentes planteados por la defensa técnica de la acusada.

De acuerdo con la investigación dirigida por la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo.

Pero también José Valdez formalizaba las operaciones a nombre de su empresa mediante contratos de préstamo y recibos, recibiendo los fondos a través de transferencias y depósitos directos en cuentas bancarias de la sociedad comercial.

El Ministerio Público acusa a José Valdez de cometer abuso de confianza, en violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, por conductas que, según el órgano acusador, lesionaron directamente el patrimonio de más de veinte víctimas.

Por otro lado, los panelistas Yolanda Martinez, Ana Mitila Lora y Ezequiel Abiu hablaron sobre la aprobación del pasado  miércoles de 150 propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias en distintos ámbitos con el objetivo de ayudar a mitigar el impacto de la crisis de Haití en República Dominicana.

Y el presidente Luis Abinader dio el primer palazo para la construcción de una nueva terminal de pasajeros y dejó inaugurado un centro de logística Currie en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

SANTO DOMINGO.- Al establecer el Ministerio Público la culpabilidad de un hombre en la violación y agresión sexual de dos niñas de 10 y 11 años de edad, un tribunal de Santo Domingo Este le impuso al procesado 20 años de prisión.

La condena le fue impuesta a Albert Alexander Alvarado Bonilla, de 22 años de edad, por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, integrado por Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez (miembros), por los daños ocasionados a las víctimas, cuyos nombres que se omiten para proteger sus identidades.

La investigación instrumentada por el fiscal Franklin Céspedes, revela que el día 9 de febrero de 2024, fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público, estableciéndose que en fecha 2 de febrero de 2024, alrededor de las 4:10 de la tarde, la niña de 11 años de edad salió de la escuela con dirección a su casa, y, mientras pasaba por el frente de la casa del encartado, este la agarró por un brazo y la entró a la fuerza para su casa, y una vez allí la violó sexualmente.

• Los hechos ocurrieron en el sector Los Frailes.

Igualmente, se estableció que en otra ocasión hizo lo mismo con la otra niña de 10 años de edad.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Olivares, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad penal del hoy procesado.

Este fue hallado culpable de violar los artículos 12, 14, 15, 18, 330 y 331 del Código Penal dominicano, y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescente (Ley 136-03).

Alvarado Bonilla deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

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En la República Dominicana, los casos de violación sexual a menores de edad han generado creciente preocupación en los últimos años, con múltiples procesos judiciales que evidencian un patrón de vulnerabilidad en comunidades empobrecidas y entornos cercanos al círculo familiar o vecinal.

El Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal, ha intensificado sus acciones para enfrentar este flagelo mediante la creación de unidades especializadas en violencia de género e intrafamiliar y delitos sexuales, así como el fortalecimiento de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia Basada en Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Santo Domingo.- Considerando válidas la pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez condenó a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una menor de edad.

Carlos José Morrobel Santana, fue condenado al demostrar el órgano acusador, con diferentes elementos probatorios, que violó a la niña, ahora adolescente, cuando tenía ocho años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima residía en la casa de un familiar en la provincia Santiago Rodríguez, siendo denunciados los mismos ante el Ministerio Público el 6 de marzo de 2023.

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El expediente señala que el acusado ingresó a la habitación de la víctima, le tapó la boca y la amenazó con matarla si hablaba, procediendo a cometer los hechos. Este acto criminal se repitió en varias ocasiones, bajo amenazas constantes.

La investigación fue dirigida por la fiscal Ramona Taveras, mientras que el fiscal litigante Rafael Antonio Bueno presentó ante el tribunal una acusación sólida, sustentada en pruebas documentales, periciales y testimoniales, recolectadas conforme a los principios legales vigentes. Estas evidencias demostraron de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

Los jueces del tribunal colegiado, integrado por Robinson Rodríguez, presidente; Dayanara Peralta y Yakelma Reynoso, valoraron las pruebas presentadas y declararon culpable a Morrobel Santana por violar los artículos 305 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396, literales A, B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes la Ley (136-03).

Estadía en prisión 

El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Santiago Rodríguez y pagar una multa de cien mil pesos dominicanos.

La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, resaltó la decisión del tribunal. “Desde la Fiscalía de Santiago Rodríguez reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia”, manifestó.

“Reafirmamos que trabajamos incansablemente para que cada acto de violencia sea investigado, procesado y sancionado conforme a la ley”, dijo.

Se trata de Yeison Matos, quien quedó captado en cámara cuando le lanzó una piedra a la víctima.

El joven deberá cumplir la medida en la cárcel 19 de marzo de Azua.

La víctima fue identificada como Yanibel Katherine Ortiz (Maruca), a quien la encontraron muerta en el patio de su vivienda.

El expediente de investigación instrumentado por el fiscal José Lenin Hernández, detalla que el imputado Carlos Abreu González, recibió en fecha 11 de marzo, cinco tanques con ropa usada, en las cuales estaban envueltas 73 fundas de color transparente y negro de sustancias narcóticas, que de acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), resultó ser marihuana con un peso de 82.68 libras.

El documento judicial también establece que los tanques enviados desde Estados Unidos, serían recibidos por el procesado en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, hasta donde se trasladó el Ministerio Público de esta jurisdicción y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y le realizó al imputado una entrega controlada de los cinco tanques plásticos de color azul con las sustancias narcóticas.

Durante la audiencia, el fiscal Lenin Hernández, señaló que el encartado al percatarse de la presencia de miembros del Ministerio Público y la DNCD intentó huir en un vehículo Honda CR-V, color gris, luego de tener dominio y control de los paquetes con las sustancias mencionadas anteriormente, los cuales les fueron entregados por un agente encubierto.

Tras ser arrestado, al encartado le fue ocupada un arma de fuego, tipo revolver, calibre 38, marca Smith Wesson, con cinco cápsulas y el vehículo en el que pretendía huir.

El juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente, dictó la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, luego de acoger las evidencias presentadas por el Ministerio Público.

Las acciones cometidas por el imputados están calificadas de manera provisional de tráfico internacional de sustancias controladas, en los artículos 6-A, 28, 59, 60, 75, párrafo II, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 03-8, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.

El imputado Abreu González deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en la provincia Puerto Plata.

Adalberto Rafael García fue declarado culpable de provocarle la muerte a José Manuel Santo, decisión que fue adoptada por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal, que lo declaró culpable de violar los artículos 295 y 304, párrafo III, del Código Penal Dominicano, en perjuicio del occiso.

García propinó a Santo varios batazos en la cabeza y otras partes del cuerpo, que le provocaron la muerte varios días después del hecho, el 5 de enero de 2023, según se estableció en el juicio.

La acusación indica que el caso ocurrió el 1 de enero del año 2023, alrededor de las 8:30 de la noche, en el parque de la avenida Libertad de San Cristóbal, donde la víctima participaba en una reunión de sordomudos.

Detalla que el procesado llegó al lugar, y, sin mediar palabras, golpeó a la víctima tras sorprenderlo mientras se encontraba de espaldas. Antes de ocurrir el hecho García había amenazado a Santo por problemas personales.

La fiscal Ingris Maribel Guerrero Polanco, quien estuvo a cargo de la investigación y litigación del caso, demostró en el juicio con suficientes pruebas cómo ocurrió el hecho.

Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Biulkys Milanés Balbuena dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.