El juez Larry E. Thompson de la Corte de Apelaciones concedió al fiscal general del estado, el republicano Daniel Cameron, la solicitud de emergencia para reinstaurar dos leyes que habían sido paralizadas por otro magistrado y que de facto prohíben casi cualquier aborto.

El pasado 22 de julio, el juez Mitch Perry decidió que se pudiera seguir abortando en el estado mientras durara el juicio en el que se decidirá si la prohibición de esta práctica por parte de las autoridades estatales es legal.

Antes, el 30 de junio, el propio Perry ya había atendido la petición de las dos organizaciones con clínicas en Louisville (Kentucky) que practicaban interrupciones voluntarias, EMW Women’s Surgical Center y Planned Parenthood, y había suspendido la prohibición con carácter temporal.

Kentucky activó la prohibición al aborto nada más hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de este derecho en Estados Unidos.

Fue uno de los nueve estados que tenía ya lista la prohibición del aborto para cuando saliera el fallo del Supremo, y que fue por tanto efectiva el pasado 24 de junio.

El pasado 27 de junio otro juez de Luisiana suspendió la prohibición del aborto en este estado y el 28 hizo lo mismo un juez de Texas.

Hay otros litigios abiertos en el país y promovidos por las organizaciones que defienden los derechos reproductivos de la mujer que tratan de impedir la prohibición total al aborto que defienden muchos estados conservadores.