Eric Raful, Miguel Valerio y Manuel Rodríguez afirmaron que Moya, implicado en la Operación Medusa ciertamente se reunió con varios de los encartados en el proceso Odebrecht, pero para tratar de censurarlos con el propósito de que los medios solo publicaran las versiones de la PGR y del ex procurador Jean Alain Rodríguez.

“En las reuniones, por separado, a algunos les dijo que apenas la prensa había revelado una reducida proporción de informaciones  en manos de la PGR, que supuestamente tenía más vías para hundir a los imputados que se activaran en los medios de comunicación”, indica un comunicado de los abogados.

Manifestaron que De Moya, con tinte de chantaje, llegó a plantear a nombre del entonces Procurador la idea de que el caso Odebrecht funcionara “como unos vagones que a lo largo del proceso harían paradas para ir bajando a los imputados en distintas estaciones.” En ese contexto, Moya dejó entrever que “los imputados que desarrollaran acciones mediáticas contra los argumentos de la Procuraduría,” corrían el riesgo de que su vagón no se detuviera en ninguna estación, con una clara intención de amedrentar y aplicar censura, impidiendo el derecho a la defensa.

                                                                                                                                                 “Naturalmente, y como se ha podido ver, nuestrosclientes han asumido su derecho a la defensa desde el punto de vista legal y reputacional, porque el origen de este proceso estuvo marcado por una exposición mediática con el fin de lograr una condena en la opinión pública”, expresaron los abogados en una declaración conjunta.

“A la defensa, tres semanas no le han resultado suficientes para responder a una petición que ha hecho el Ministerio Público de incorporación de las delaciones”, declaró el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales litigantes, se mostró confiado en que esas evidencias serán leídas en el juicio de fondo que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de seis exfuncionarios e intermediarios, procesados por los sobornos recibidos a la constructora brasileña.

Se trata de pruebas comunes contra Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández, encartados por los US$92 millones que la multinacional admitió haber distribuido en sobornos en el país para ser beneficiada con importantes contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.

Al ser abordado por la prensa a la salida de la sala de audiencias, Camacho rechazó que sea el Ministerio Público que esté entrampado, como alegan los abogados defensores.  “Si hay alguien entrapado en este proceso es la defensa, no el Ministerio Público”, insistió.

El juicio de fondo continuará este martes 20 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, por disposición del tribunal.

El titular de la Pepca resaltó la legalidad de las citadas delaciones hechas por los ejecutivos de la empresa.  “Las delaciones llegaron a República Dominicana como consecuencia de la cooperación internacional; las delaciones fueron a la fase intermedia y un juez de la Suprema Corte de Justicia admitió las delaciones y las envió para el juicio”, expresó.

Agregó que, como si todo eso fuera poco, las mismas defensas ofrecieron las delaciones entre sus pruebas y que ahora se oponen a ellas.

El magistrado Wilson Camacho recordó que planteó la pasada semana al tribunal que incorpore las delaciones y que dictamine traer al país a los delatores para que se refieran a su contenido.

“El Ministerio Público no tiene ningún inconveniente en que los delatores sean escuchados en este tribunal y no tenemos inconvenientes porque no le tememos a la verdad; a nosotros nos interesa que se sepa, que se hable y que se diga lo que se tenga que decir, de cualquiera de las obras de Odebrecht en República Dominicana y de cualquier persona que haya participado en el esquema de sobornos que creó esa empresa”, reiteró.

Los fiscales solicitaron la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de esa empresa Marcelo Odebrecht.

En el bloque número 2 se encuentran las del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.