El mandatario asistió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó ante cada uno de los ataúdes de los militares cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las únicas víctimas estadounidenses tras una semana del comienzo de la guerra.

Trump expresó en Miami, horas antes de acudir al homenaje militar, que «es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar».

«Pero son grandiosos héroes en nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay eso (muertes), vamos a mantenerlo al mínimo«, señaló en su discurso a mandatarios latinoamericanos en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, que abandonó antes de tiempo para asistir a la ceremonia.

Detalles del ataque y contexto militar

Pese a los decesos, insistió en que Estados Unidos está «proporcionando un servicio, no solo a Oriente Medio, sino al mundo» porque le «hizo un favor» a la comunidad internacional al impedir que la República Islámica obtuviese armas nucleares.

Los seis soldados, todos pertenecientes a la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca indicó que Trump deseaba estar presente en la ceremonia, que no se transmitió al público, para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.

El mandatario también afirmó este sábado en Miami que el Ejército de Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

Deudas acumuladas y proceso judicial

Durante una rueda de prensa, los juristas explicaron que algunas de estas obligaciones datan del año 1998, lo que ha generado un prolongado proceso de reclamaciones administrativas y judiciales sin resultados definitivos.

Los representantes legales señalaron que detrás de estas cifras existen ingenieros, arquitectos y contratistas que cumplieron con sus contratos y entregaron obras al Estado, pero que durante más de dos décadas no han recibido el pago correspondiente.

«Más allá de los números, hablamos de una tragedia humana. Muchos de estos profesionales comprometieron su patrimonio para ejecutar obras públicas, asumieron préstamos y hoy enfrentan consecuencias económicas, de salud y familiares derivadas de esta situación», indicaron.

Obstáculos administrativos y judiciales

De acuerdo con lo expuesto, el proceso para reclamar estos pagos se ha visto afectado por obstáculos administrativos y judiciales, lo que —según los abogados— ha generado dilaciones prolongadas que impactan el acceso efectivo a la justicia.

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En ese sentido, cuestionaron que en diversos casos los expedientes hayan enfrentado decisiones de inadmisibilidad en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), aun cuando las deudas se encuentran certificadas por las propias instituciones públicas. Indicaron que, en múltiples ocasiones, estas decisiones han sido posteriormente revisadas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, generando procesos que se prolongan durante años. Y finalmente cuando reciben el pago, los montos no son actualizados para compensar la devaluación, ni son otorgadas indemnizaciones que realmente cubran los daños causados, mayormente de índole moral.

Asimismo, denunciaron que los procedimientos administrativos para el reconocimiento y pago de estas obligaciones dentro del Ministerio de Hacienda se han convertido en un proceso altamente burocrático, que exige reiteradamente documentación que ya forma parte de los expedientes o que resulta difícil de obtener debido al paso del tiempo.

Otro de los puntos señalados fue la situación que enfrentan algunos contratistas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Según explicaron, para que el Estado pueda efectuar pagos se exige una certificación de cumplimiento tributario, pero muchos acreedores no pueden regularizar su situación fiscal precisamente debido a la falta de pago de las facturas emitidas al propio Estado. Convirtiendo a los contratistas en víctimas nuevamente de los incumplimientos del Estado y poniendo trabas absurdas que impiden hacer efectivo el pago reclamado pese a haber cursado los largos procesos judiciales ya mencionados.

«Se genera un círculo vicioso en el que el Estado es simultáneamente deudor y autoridad que condiciona el pago», expresaron.

Ante esta situación, los representantes legales hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras para la creación de una mesa de resolución de deudas históricas, que permita revisar los expedientes, validar los montos y establecer un mecanismo institucional para su pago justo.

«Lo que pedimos no es una concesión ni un privilegio. Exigimos el cumplimiento de contratos válidamente suscritos y la preservación de la seguridad jurídica del país», concluyeron.

Los abogados indicaron que continuarán impulsando las acciones legales correspondientes y reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar una solución institucional a este problema acumulado durante décadas.

«Las elecciones libres y justas son la piedra angular de nuestra democracia. Pero ahora mismo, están bajo ataque. Varios estados controlados por los republicanos han redefinido sus mapas electorales para obtener una ventaja injusta en las elecciones intermedias», declaró Obama en la plataforma social X.

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«Ahora Virginia tiene la oportunidad de contribuir a la igualdad de condiciones», aseguró animando a la participación en una votación que se celebrará el 21 de abril, pero que comienza este viernes de manera anticipada.

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Denuncias y acciones sobre rediseño de mapas electorales

«Durante el último año, varios estados controlados por los republicanos han tomado la medida sin precedentes de rediseñar sus mapas del Congreso a mediados de la década, y lo han hecho por una razón simple: darse una ventaja injusta en las elecciones intermedias de este otoño», denunció Obama.

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En las elecciones de medio término de este mes de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado y una amplia gama de cargos estatales y locales.

El cambio en los mapas de los estados influirá significativamente en el resultado final que configure las Cámaras de Estados Unidos y tanto republicanos como demócratas están activando las modificaciones en estados que consideran favorables.

En los últimos meses, los republicanos han aprobado nuevos mapas en Texas, Carolina del Norte y Misuri y también preparan una reunión en Florida para el próximo mes, que les podría dar hasta cinco escaños más en ese estado.

Los demócratas ya aprobaron un nuevo mapa electoral en California y esperan ahora que Virginia se sume a este cambio.

La Corte Suprema de Virginia permitió esta semana, por segunda vez, que se celebre la votación.

El anuncio se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Contexto diplomático y reformas en Venezuela

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al Gobierno de Maduro a romper relaciones con Estados Unidos.

Esta afirmación, que puede parecer provocadora, es en realidad una constatación histórica. No porque la fe se reduzca a un sistema humano, sino porque, al asumir funciones de gobierno, legislar conductas y estructurar el poder, la religión entra en el terreno propio de la política, donde toda cosmovisión que legitima un orden social termina operando como ideología.

La religión nace como experiencia de trascendencia: es relación del hombre con lo absoluto, interrogación sobre el bien y el mal, búsqueda de sentido ante el destino final de la vida.

No surge como programa administrativo ni como código coercitivo; es, en su origen, llamada interior antes que mandato policial. 

Pero cuando esa experiencia espiritual se convierte en fundamento del Estado, se ve obligada a traducir sus verdades en normas obligatorias, instituciones permanentes y jerarquías de autoridad. 

Esa traducción —inevitablemente humana, histórica y contingente— transforma a la religión en principio organizador del poder, es decir, en ideología de legitimación política.

El fenómeno no pertenece a una sola civilización ni a una única tradición religiosa. 

Ocurrió en la Cristiandad medieval, cuando el Papado ejerció soberanía temporal sobre territorios concretos en nombre del Reino de Cristo en la Tierra. 

Ocurrió también en diversas configuraciones del mundo islámico, donde la ley religiosa se convirtió en ley civil y penal y el Estado fue concebido como ejecutor de la voluntad de Allah en la sociedad. 

En ambos casos, la fe, sin dejar de ser fe, tuvo que administrar justicia, organizar ejércitos, recaudar impuestos y negociar con otros poderes temporales. Es decir, actuar como cualquier Estado, aunque su legitimidad se proclamara divina.

Ese es el momento decisivo: cuando lo sagrado se convierte en fuente directa de normatividad política. 

La religión deja entonces de ser solo propuesta espiritual libremente acogida por las conciencias y pasa a ser un sistema obligatorio que regula la vida pública y privada.

Define lo justo, lo legítimo y quién tiene autoridad para imponer ese orden. En ese punto, adopta la forma de una cosmovisión total que pretende organizar la totalidad de la vida social. Y esa pretensión totalizante es el rasgo esencial de toda ideología política.

La historia, sin embargo, enseña también que ninguna religión se agota en su forma estatal. El cristianismo sobrevivió al fin del poder temporal del Papado y, paradójicamente, reforzó su vocación universal cuando dejó de identificarse con un territorio concreto.

Al desprenderse del dominio político, pudo presentarse nuevamente como mensaje espiritual dirigido a todas las naciones y no como ideología de un Estado particular. La renuncia al poder temporal no debilitó su esencia religiosa; la purificó de la confusión entre fe y dominación terrenal.

El mundo islámico, por su parte, continúa debatiéndose entre modelos en los que la religión inspira al Estado y otros en los que constituye el fundamento directo del orden jurídico y político. 

Esta tensión revela un problema central: si la ley se entiende como revelada por Dios, ¿puede el Estado declararse plenamente neutral sin cuestionar esa soberanía divina? La dificultad no es solo jurídica; es teológica, cultural y civilizatoria, y explica las diversas formas en que las sociedades contemporáneas intentan articular fe, poder y pluralismo.

La cuestión de fondo permanece constante: cuando el poder político se presenta como intérprete exclusivo de la voluntad divina, la crítica política se transforma en sospecha de irreligiosidad y la disidencia puede ser tratada como herejía. Allí donde el Estado habla en nombre de Dios, la oposición deja de ser adversario político para convertirse en enemigo moral o espiritual. Ese desplazamiento convierte la religión en instrumento de legitimación del poder y, por tanto, en ideología política en el sentido más pleno del término.

La laicización moderna puede comprenderse, entonces, no solo como un rechazo de la religión, sino como un intento histórico de proteger la fe de su captura por el Estado y de proteger al Estado de su sacralización absoluta. 

Separar ambas esferas no significa expulsar lo religioso de la vida pública, sino impedir que lo sagrado sea monopolizado por el poder político.

Cuando el Estado se declara laico, no necesariamente niega a Dios; reconoce, más bien, que ningún gobierno humano puede arrogarse la representación total de la voluntad divina sin correr el riesgo de absolutizarse.

Así, afirmar que las religiones, al convertirse en Estados, se transforman en ideologías, no implica negar su dimensión espiritual, sino señalar una mutación funcional que ocurre cuando la fe asume tareas de gobierno. 

La religión continúa siendo fuente de sentido, de ética y de esperanza; pero el aparato estatal organizado en su nombre opera con las lógicas propias del poder: obediencia, coerción, legitimación y control. 

En ese cruce entre trascendencia y dominio temporal se juega uno de los dilemas más persistentes de la historia humana: si la fe debe inspirar al poder o si, al convertirse en poder, corre el riesgo de perder su carácter propiamente religioso para convertirse en ideología de gobierno.

El Reino de Cristo en la Tierra del Estado Pontificio y el Dominio del Estado de Allah han sido, a lo largo de la historia, dos grandes intentos de organizar el poder humano bajo la sombra directa de lo divino.

No fueron simples sistemas políticos, sino visiones del mundo en las que Dios no era una inspiración lejana, sino el fundamento mismo de la ley, de la autoridad y del orden social. 

Ambos modelos, surgidos en contextos culturales distintos, compartieron la ambición de convertir la fe en arquitectura institucional, de traducir la trascendencia en soberanía y de otorgar a la política una legitimidad que no proviene del pueblo ni de la historia, sino del cielo.

En el caso del Estado Pontificio, el Reino de Cristo en la Tierra no fue concebido como una monarquía temporal más, sino como prolongación visible de la autoridad espiritual del Papa, Vicario de Cristo y Pastor universal. Durante siglos, el Pontífice no solo guiaba conciencias; gobernaba territorios, administraba justicia, cobraba impuestos y firmaba tratados como cualquier príncipe europeo. Roma no era únicamente sede de una Iglesia; era también capital de un Estado que se concebía como expresión histórica de la Cristiandad. Sin embargo, desde sus orígenes existía una tensión latente: el Evangelio afirmaba que el Reino de Cristo no era de este mundo, y aun así la Iglesia debía habitar en el mundo, defenderse en él y, en ocasiones, gobernarlo para sobrevivir.

El dominio político inspirado en la ley de Allah se desarrolló a partir de una experiencia fundacional distinta. En el islam primitivo, la comunidad religiosa y la comunidad política nacieron simultáneamente en la experiencia de Medina. 

No hubo un largo periodo de marginalidad antes del poder: fe y gobierno se estructuraron juntos desde el inicio. La Sharía no era solo guía espiritual, sino un orden jurídico completo que abarcaba la vida pública y privada. El gobernante no se concebía como creador de la ley, sino como ejecutor de una norma revelada por Dios. Así, la autoridad política adquiría una dimensión sagrada inmediata: gobernar era, en última instancia, aplicar la voluntad divina en la sociedad.

Las coincidencias entre ambos modelos son evidentes: la fusión de moral religiosa y legislación civil, la sacralización del territorio y la idea de que la obediencia al poder político posee una dimensión espiritual. La política no era un ámbito autónomo, sino extensión de la teología. Gobernar significaba custodiar el orden querido por Dios; desobedecer podía interpretarse como desobedecer a la divinidad misma.

Pero bajo esa similitud se esconden diferencias decisivas. 

El cristianismo, desde sus textos fundacionales, mantuvo una distinción entre lo espiritual y lo temporal. La frase evangélica «den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» abrió una brecha conceptual que, con el paso de los siglos, permitiría la autonomía del poder civil frente al religioso. 

El Papa, aun ejerciendo poder temporal, no era considerado legislador divino en sentido estricto, sino intérprete de la Revelación y guardián de una tradición moral. En la concepción clásica del Estado islámico, en cambio, la ley divina se presenta como normativa completa y obligatoria para la vida social, lo que reduce el espacio para una legislación puramente humana desligada de la religión.

Esa diferencia teológica produjo consecuencias históricas profundas. El Estado Pontificio atravesó un largo proceso que culminó con la pérdida de sus territorios en 1870 y la redefinición de su soberanía espiritual, consolidada simbólicamente con los Pactos de Letrán de 1929. La Iglesia comprendió entonces que su autoridad universal dependía más de su fuerza espiritual que de su dominio geográfico. El Reino de Cristo se interiorizaba, se hacía conciencia antes que territorio.

El mundo islámico vivió, en cambio, una evolución más fragmentada. La desaparición del Califato otomano en 1924 no significó el abandono definitivo del ideal de un Estado regido por la ley divina, sino su reinterpretación en múltiples formas. Algunos países adoptaron modelos laicos; otros mantuvieron estructuras confesionales o buscaron revitalizar la dimensión teocrática del poder. El debate entre secularización y soberanía religiosa continúa siendo, en muchas sociedades islámicas, una cuestión abierta y conflictiva.

La laicización constituye así el punto de inflexión más significativo de la modernidad política. En Europa, especialmente, la separación entre Iglesia y Estado se consolidó gradualmente a través de la Reforma, la Ilustración y las revoluciones liberales.

No fue un proceso lineal ni pacífico, pero terminó por establecer la idea de que el Estado debía gobernar la convivencia civil sin pretender dirigir las conciencias, mientras la religión debía iluminar la vida moral sin ejercer dominio político directo. Esta distinción permitió a la fe sobrevivir en sociedades plurales y evitó que el poder instrumentalizara lo sagrado para legitimarse.

La experiencia histórica sugiere, en consecuencia, que la fusión absoluta entre religión y poder político genera tensiones que tarde o temprano obligan a redefinir sus límites. La laicización no implica necesariamente negar a Dios en la vida pública; significa reconocer que lo sagrado no puede ser reducido a instrumento de gobierno sin correr el riesgo de degradarse. Allí donde el poder pretende hablar en nombre directo de Dios, la crítica política se convierte en sacrilegio y la libertad de conciencia se ve amenazada. Allí donde la religión renuncia a gobernar, preserva mejor su autoridad moral y su capacidad profética frente al poder.

Contemplados desde la larga duración histórica, el Reino de Cristo y el dominio político inspirado en la ley de Allah aparecen como dos grandes respuestas a una misma pregunta: ¿cómo debe relacionarse la fe con el poder? 

La respuesta cristiana evolucionó hacia la espiritualización del Reino; la respuesta islámica continúa explorando diversas formas de articulación entre revelación y soberanía. 

Entre ambas experiencias se despliega uno de los debates más decisivos de la historia política de la humanidad: si el orden de Dios debe imponerse desde el Estado o si debe inspirar, sin dominar, la conciencia libre de los hombres.

Reacciones del movimiento MAGA ante la intervención en Irán

La periodista y podcastera Megyn Kelly, y los comentaristas políticos conservadores Tucker Carlson y Matt Walsh se encuentran entre las principales figuras que han expresado su malestar por la situación.

Kelly, expresentadora de Fox News, ya denunció el lunes que tenía «serias dudas» sobre el ataque a Irán lanzado por Estados Unidos e Israel.

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Un día después, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio incrementaron las críticas.

Rubio aseguró que Washington supo de antemano «que habría una acción israelí» contra Irán y «que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses».

Estas palabras han reforzado una idea que ya de por sí tiene peso en el entorno ultraconservador estadounidense -el Gobierno Trump se pliega exceso a los deseos de Israel- y, en este caso, hacen pensar al entorno MAGA que ha sido directamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el que ha tomado por EE.UU. la decisión de atacar a Irán.

El periodista Carlson apuntó en su podcast que «es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó».

En el mismo sentido se pronunció Matt Walsh, que escribió en su cuenta de X que Rubio «nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho».

Trump centró buena parte de la campaña electoral que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses.

Impacto político y preocupaciones legislativas

«No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en Estados Unidos Primero«, aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024.

El rechazo a la participación en la intervención en Oriente Medio y las dudas sobre el tiempo que pueda prolongarse, también alcanzan a algunos legisladores, como el republicano por Tennesee, Tim Burchett, que esta semana ha señalado que los «votantes MAGA» deberían estar preocupados por si la intervención militar en Irán se convierte en «otra guerra eterna».

«Yo diría que sigan preocupados. Estén alerta. Manténgannos alerta y honestos en este asunto», aseguró Burchett a un periodista en el Congreso en una clara señal del malestar que se extiende por el mundo MAGA y que puede resultar costoso políticamente para Trump, que encara en noviembre unas elecciones de medio mandato en la que los republicanos se juegan mantener su exigua mayoría en el Congreso.

«Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia», destacó en un traducción simultánea.

Visita oficial de Doug Burgum a Caracas y su agenda minera

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, Burgum confió en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estaba a su lado, así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quieren «eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital».

En este contexto, indicó que representantes de «unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería» lo acompañaron hoy en su visita a Venezuela, que durará dos días.

«Muchas de estas empresas ya trabajaron en Venezuela, en algún momento durante su historia», apuntó Burgum.

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Reforma de la Ley de Minas y cooperación bilateral

Por su parte Delcy Rodríguez pidió dar celeridad a la reforma de la Ley de Minas -que todavía tiene que presentarse al Parlamento venezolano-, y cuyo objetivo es ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

«Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. El secretario también ha venido acompañado de una nutrida e importante representación empresarial«, señaló la presidenta encargada.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado a Trump a calificar el país petrolero como «nuevo amigo y socio».

El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Con estos hechos, suman cuatro muertes de funcionarios locales en lo que va de la semana.

Las víctimas fueron el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador Francisco Bonilla, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, un gobierno electo por usos y costumbres. Ambos regresaban de una reunión en Chilpancingo cuando fueron atacados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, capital del estado, y permanecieron bajo resguardo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras familiares los reconocieron y reclamaron.

El operativo de seguridad se mantiene activo, con participación de policías locales vestidos de civiles, hasta que los cuerpos sean trasladados de vuelta a Ayutla.

Contexto de violencia en la región

El ataque ocurrió en un marco de tensión armada entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el grupo delictivo ‘Los Ardillos’, al que acusan de desplazar comunidades.

El pasado 30 de mayo, los grupos de autodefensa irrumpieron en Tierra Colorada para expulsar a ‘Los Ardillos’, provocando bloqueos de la Autopista del Sol por parte de comisarios y habitantes del Valle del Ocotito.

Desde entonces, la polarización armada persiste, con ataques continuos como el registrado el 1 de marzo, según denunciaron comunitarios de la Upoeg y Cipog-EZ.

Otros ataques a funcionarios locales

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El lunes anterior, otro ataque en la carretera Chilapa-Tlapa cobró la vida de la directora de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y del funcionario Fulgencio Salgado Sánchez.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, descartó que los asesinatos tengan motivaciones políticas y los atribuyó al «fenómeno de violencia que se vive a nivel nacional».

Acciones de la autoridad

«La policía y los soldados de la Guardia Fronteriza se vieron obligados a controlar varios lugares donde se celebraban reuniones prohibidas, en total violación de las instrucciones del Comando del Frente Interno», indicó este cuerpo en un comunicado.

Una de las fiestas, con cientos de personas, se celebró en la calle Nissim Bachar e Jerusalén, que terminó con la dispersión de los participantes y la confiscación del equipo de sonido, sin que se produjeran arrestos.

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¿Cómo ocurrió la detención en Har Homa?

En el barrio de Har Homa, al sur de la ciudad, la policía detuvo a seis personas que, según la nota, comenzaron a atacar a los agentes cuando dispersaban otra fiesta de decenas de jóvenes que celebraban el purim.

Desde que el sábado pasado Israel atacara Irán junto con Estados Unidos, se decretó en todo el territorio israelí el estado de emergencia y se aplicaron medidas de seguridad como la prohibición de reuniones y el cierre de toda actividad que no sea esencial.

Sin embargo, coincidiendo con el carnaval judío, cientos de personas protagonizaron fiestas al aire libre en calles y parques de Jerusalén, disfrazados y celebrando con música esta festividad, entre las sirenas que periódicamente suenan alertando de misiles iraníes.

A partir del jueves, Israel pasará de permitir solo actividades esenciales a que se puedan llevar a cabo «actividades limitadas«, después de varios días sin impactos graves por parte de los misiles lanzados por la nación persona y por la milicia chií Hizbulá.

Se podrán celebrar reuniones de hasta 50 personas, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido «dentro del tiempo de protección requerido», y los lugares de trabajo que tengan un refugio habilitado podrán operar en formato presencial.

Declaraciones de la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos

«En los ataques militares de Estados Unidos y del ´régimen usurpador´ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1.045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas», indicó la fundación.