«Se olvidan de lo que hicimos por ellos. Jugamos un papel muy importante en la vida de Estados Unidos (…) es despiadado; lo que está pasando es inaceptable, es inhumano. No es estadounidense», expresa a EFE la haitiana Carline Paul desde el Centro Cultural de la Pequeña Haití de Miami.

La mujer, a quien la comunidad llama ‘Teacher Carline’, llegó a Estados Unidos a los 10 años, lleva 53 años en Florida y tiene nietos con TPS, una protección que el pasado 25 de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió eliminar a la Administración de Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas.

Maestra jubilada de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, Carline dice haber visto a la comunidad superar batallas parecidas: «Lo que hacemos como comunidad es unirnos y estar ahí para la gente».

Los haitianos con TPS aportan cada año unos 2.600 millones de dólares a la economía de Florida, unos 1.500 millones solo en el área de Miami, según la organización FWD.us.

La mayor comunidad haitiana del país vive en dicho estado, donde muchos trabajan en la sanidad, el cuidado de mayores, la construcción y la hostelería.

El tiempo se agota

El viernes pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS, en inglés) fijó para el 24 de julio el vencimiento del programa migratorio que incluye permisos de trabajo para haitianos.

Aunque el Supremo autorizó el fin del TPS, grupos migratorios y abogados señalan que la terminación efectiva dependerá de que concluya el proceso en un tribunal de distrito, por lo que los beneficiarios y sus empleadores siguen en un limbo.

En el Centro Cultural de la Pequeña Haití de Miami, Lilly, una organizadora comunitaria que evita decir su nombre completo, describe el desgaste de no saber qué pasará mañana.

Viviendo en ese miedo, eso hace mucho daño, hace daño mental, emocional», dice a EFE.

Lleva tres años ayudando a migrantes a buscar opciones legales y cuenta que muchos de ellos ya no duermen.

Ella misma se despierta a las tres o las cuatro de la madrugada con la misma pesadilla: que la detienen en la calle sin motivo. «No es porque estoy haciendo algo, sino porque soy yo, por el estatus», relata.

Para conservar el TPS, la apuesta ahora es el Congreso, donde en abril pasado la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prorrogarlo hasta abril de 2029, pero sigue pendiente en el Senado.

Tengo esperanza porque lucho y no voy a dejar de luchar (…) donde hay voluntad, hay un camino», asegura Carline.

‘El momento más difícil’

Para Lilly, este es «el momento más difícil» que ha vivido la comunidad desde que llegó a EE. UU., donde el TPS para los haitianos se instauró en 2010 tras un terremoto.

Lo más duro, cuenta, es dejar de un día para otro lo que se ha construido durante años y separarse de la familia. «Cada día uno piensa qué será mañana o qué será en un año, en dos años (…) no somos personas que han llegado ayer, estamos aquí hace años, trabajando duro, pagando impuestos».

Haití vive uno de los mayores desastres humanitarios del mundo, con más de 8.200 asesinatos entre enero de 2025 y marzo de 2026, según Human Rights Watch.

Por ello, Carline reporta que «hay miedo en la comunidad, la gente tiene miedo de hablar, miedo de participar en las actividades que son para su propio bien».

Nunca en mi vida he cometido un delito, solo ayudar a la gente. ¿Ayudar ahora es un delito?», observa.

Mientras Lilly pide mirar más allá de las leyes: «Detrás de las leyes, detrás de las políticas, somos reales; hay familias reales», dice. «Somos humanos, tenemos derecho a ser humanos con dignidad».

Frente al miedo, reivindica también la unión entre las comunidades inmigrantes de Miami. «A pesar de todo lo que está pasando, podemos ser unidos. Hay fuerza en eso, unirse», recalca. «Me encanta ver la comunidad unida, así, luchando».