“Los ataques militares de la Administración Trump en el Caribe y en el Océano Pacífico son ilícitos e irresponsables, así de sencillo”, aseveró Espaillat, del Partido Demócrata, en un comunicado.

El congresista reconoció que la crisis de drogas y opiáceos que atraviesa Estados Unidos “requiere soluciones comprobadas”, como acciones policiales y programas de tratamiento para el abuso de sustancias.

Sin embargo, señaló que Trump ha recortado ilícitamente el presupuesto aprobado por el Congreso para dichos programas y, además, ha enviado a agentes federales “a deportar abuelas y familias en lugar de perseguir narcotraficantes”.

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Críticas al uso de la fuerza militar

Espaillat insistió en que, si el Gobierno republicano espera tener “contacto bélico” con otro país, primero debe obtener autorización formal del Congreso que le permita usar sus fuerzas militares.

“Si esta Administración sigue menoscabando la autoridad del Congreso y prosigue con más ataques ilícitos, seguirá violando las leyes nacionales e internacionales”, agregó el legislador.

Aumento de tensiones en el Caribe

Durante las últimas semanas, la Administración Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando a varias personas cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión diplomática con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Justo hoy, el Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.

Antecedentes generales

En los últimos meses, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos se han visto afectadas por una serie de operaciones militares impulsadas por la Administración de Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico internacional.

Estas acciones, realizadas principalmente en el mar Caribe y el océano Pacífico, han generado controversia y condena internacional debido a los reportes de muertes de civiles y la falta de autorización del Congreso estadounidense para su ejecución.

El Gobierno de Trump ha justificado los ataques como parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque diversos sectores políticos y sociales han cuestionado su legalidad y efectividad, señalando que se trata de medidas unilaterales y de carácter militarista.

En este contexto, varios líderes y legisladores estadounidenses, especialmente del Partido Demócrata y del Caucus Hispano, han manifestado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y el menoscabo de las normas internacionales.

Entre ellos se destaca el congresista Adriano Espaillat, quien ha criticado de manera reiterada las acciones bélicas en el Caribe y ha advertido sobre las posibles repercusiones diplomáticas y violaciones a los derechos humanos que podrían derivarse de estas operaciones.

El arresto fue realizado en la calle Las Carreras, del municipio Comendador, donde Robert Guerrero, se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Sucati, modelo CG-150, color negro, sin placa.

El detenido transportaba un saco color verde que contenía 50 paquetes de cigarrillos marca Capital, de 200 unidades cada uno, para un total de 10,000 unidades, sin la documentación correspondiente que acreditara su procedencia legal.

El detenido transportaba un saco color verde que contenía 50 paquetes de cigarrillos marca Capital, de 200 unidades cada uno, para un total de 10,000 unidades, sin la documentación correspondiente que acreditara su procedencia legal.

Justicia

El detenido y la mercancía ilícita fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, para los procesos correspondientes conforme a la Ley.

El vehículo marca Toyota, modelo Vitz, color blanco, con placa de exhibición PP541999, era conducido por Juan Carlos Contreras Contreras, de nacionalidad dominicana, quien fue detenido durante la operación.

Al inspeccionar el vehículo, los militares encontraron ocultos entre la carrocería y tapicería de las puertas, 84 paquetes de cigarrillos marca Capital, cada uno con 10 cajetillas de 20 unidades, para un total de 16,800 unidades.

¿Qué pasará con el detenido?

El detenido, junto a la mercancía ocupada y el vehículo, fue trasladado a la Fortaleza General Benito Monción del ERD, para los fines legales procedentes.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas”, denunció Sarah Yager, directora de HRW en Washington, a través de un comunicado.

La Administración estadounidense ha reconocido al menos dos ataques contra lanchas cerca de las aguas territoriales de Venezuela, bajo el argumento de que las embarcaciones transportaban sustancias ilícitas con destino a Estados Unidos.

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HRW: «No hay conflicto armado que justifique estas acciones»

Yager advirtió que el problema del narcotráfico no puede ser tratado como un conflicto armado, y que Estados Unidos no puede eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos alegando lo contrario.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida”, subrayó HRW.

La organización señaló que los agentes de orden público, incluso si son militares, deben actuar con base en los estándares legales internacionales: usar la fuerza letal solo cuando sea estrictamente necesario y exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

Trump defiende ataques como parte de una ofensiva antidrogas

En medio de la escalada de tensiones con Venezuela, Trump ha adoptado una retórica belicista para justificar estas operaciones.

El pasado 2 de septiembre, el exmandatario anunció que fuerzas estadounidenses habían derribado una lancha venezolana, donde presuntamente viajaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes murieron en el acto.

Días después, Trump informó sobre otro ataque, esta vez contra una embarcación con tres personas a bordo, cargada con cocaína y fentanilo, según sus declaraciones.

Posteriormente, indicó que en total se han realizado tres operaciones similares, aunque no ofreció detalles adicionales.

Estas acciones forman parte de un operativo antidrogas lanzado por Washington, que ha sido duramente criticado por Caracas, la cual considera la ofensiva como una violación de la soberanía y una muestra de hostilidad política bajo el pretexto de la seguridad nacional.

En la provincia de Azua, fue intervenido un depósito ilegal de carbón vegetal, donde se incautaron 60 sacos del producto.

En el municipio Mao, provincia Valverde, fue detenido un ciudadano que transportaba en una camioneta Toyota Hilux, color rojo, una carga de carbón vegetal sin la documentación que avalara su procedencia legal.

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Asimismo, en el tramo carretero Nagua–Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, fue apresada una persona que conducía un camión tipo contenedor, marca Isuzu, color blanco, cargado con 150 varas de la especie Acacia, sin documentos que demostraran la legalidad del transporte de la madera.

En otro operativo, junto a técnicos y guardaparques del área protegida del río Ozama, fue paralizada una construcción por encontrarse dentro del cinturón verde declarado. El responsable fue debidamente notificado para comparecer ante las autoridades competentes.

Río al Medio

Finalmente, en la comunidad Río al Medio, también en la provincia de Azua, fue detenido un camión marca Hyundai, color blanco, cargado con arena extraída de manera ilegal de dicho afluente. El conductor emprendió la huida, por lo que se mantiene activo un proceso de localización.

Los detenidos, junto a los materiales incautados, fueron trasladados a las dependencias correspondientes para los procedimientos legales de lugar.

De acuerdo con la denuncia, los estafadores se hicieron pasar por amigos de la víctima y le prometieron enviarle una caja que contendría 18 celulares, un tanque y una maleta, a cambio de un pago en efectivo. 

Sin embargo, tras realizar la transacción, la ciudadana nunca recibió lo prometido y descubrió que había sido engañada.

Atrapado

Pérez fue arrestado en la avenida Bartolomé Colón de la ciudad de Santiago, en virtud de la orden judicial No. 0029-MARZO-2024, emitida por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El informe preliminar establece que el dinero fue depositado en la cuenta del detenido, hecho que lo vincula directamente con la estafa denunciada, de fecha 17/04/2023.

El apresado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Los importadores de bebidas alcohólicas reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación público-privada para combatir el comercio ilícito, tanto de productos introducidos de manera irregular como de aquellos fabricados ilegalmente en el país.

Además, reiteraron que este fenómeno representa un serio riesgo para la salud pública, reduce los ingresos fiscales del Estado y distorsiona la competencia en el mercado formal.

Bonarelli destacó que los importadores de bebidas alcohólicas mantienen una colaboración constante con las autoridades para fortalecer capacidades institucionales y apoyar la formulación de estrategias de control y prevención más eficaces.

• Con esta jornada, las entidades que conforman la Mesa Interinstitucional alcanzan un acumulado histórico de más de 135 millones de unidades de mercancías incineradas entre 2021 y 2025, con un valor estimado en RD$5,700 millones, según datos del CECCOM.
  
  

Durante la actividad, la Asociación de Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) reconoció el esfuerzo coordinado de las instituciones persecutoras del comercio ilícito, tras la más reciente jornada de incineración de productos ilícitos decomisados en todo el país, coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la República y otras entidades de la Mesa Interinstitucional contra el Comercio Ilícito.

En la provincia Elías Piña, sector Isidro Martínez, las autoridades desmantelaron un horno de carbón vegetal con capacidad para producir alrededor de 20 sacos.

 De igual forma, en el sector Los Tabucos se intervino otro horno con una producción estimada en seis sacos.

En Bahoruco, específicamente en la sección Santa María del distrito municipal de Neiba, fue localizado y destruido un horno de carbón con capacidad de 25 sacos.

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Mientras que en Sánchez Ramírez, en la sección Los Puentes del distrito municipal Fantino, municipio Cotuí, se desmanteló otro horno con capacidad aproximada de 30 sacos.

Otras partes donde llevaban cargamento de manera ilegal

Asimismo, en la entrada de Sabaneta, tramo carretero Cibao–Noroeste, fue detenido un ciudadano que transportaba de manera ilegal un cargamento de arena en un camión Mack, color blanco con negro, sin placa y sin contar con los permisos correspondientes de Medio Ambiente.

El vehículo fue retenido en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana (ERD) en El Guanal, y el detenido fue trasladado a la Dirección Provincial de Medio Ambiente en Santiago Rodríguez para los fines legales correspondientes.

Con estas acciones, el SENPA y el Ministerio de Medio Ambiente reiteraron su compromiso de salvaguardar los recursos naturales y garantizar la preservación del medio ambiente en la República Dominicana.

El conductor del vehículo, marca Toyota, modelo Tundra, color gris, placa L416322, al percatarse de la presencia militar, emprendió la huida, dejando abandonada la camioneta, en cuyo interior fue encontrado el contrabando de cigarrillos ilícitos de la marca Capital.

La mercancía decomisada y el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para ser entregada al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECOOM).

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Antecedente: El Creciente Problema del Contrabando en la República Dominicana

El contrabando es una de las principales preocupaciones de las autoridades en la República Dominicana debido a los graves efectos que tiene en la economía local, la salud pública y la seguridad.

Durante los últimos años, el tráfico ilegal de mercancías, en especial productos como cigarrillos, combustible y alimentos, ha aumentado significativamente, con zonas fronterizas como la provincia de Montecristi siendo puntos críticos. Este fenómeno no solo involucra la circulación de productos de procedencia extranjera, sino también la evasión de impuestos y la violación de normativas comerciales y sanitarias.

La proximidad con Haití, que comparten una frontera de más de 350 kilómetros, ha facilitado que se desarrollen rutas clandestinas para el contrabando de productos a través de caminos rurales y poco vigilados.

Las autoridades dominicanas han intensificado los operativos de control en diversas zonas, con el Ejército y la Dirección General de Aduanas realizando constantes intervenciones. Sin embargo, las redes de contrabando se adaptan rápidamente a las medidas, utilizando vehículos modificados, rutas alternas y operando bajo la protección de la oscuridad, como en el caso del operativo reciente en Montecristi.

Uno de los productos más contrabandeados es el cigarro, debido a su alta demanda y el elevado costo de los impuestos sobre los productos legales.

Las marcas de cigarrillos importados, muchas veces de dudosa calidad y sin cumplir con las normativas sanitarias locales, se han convertido en una de las mercancías más comunes en las operaciones de contrabando.

El mercado de cigarrillos ilícitos no solo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino que también representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado, lo que afecta directamente la recaudación de impuestos y la competitividad de los productos legales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para erradicar estas actividades ilegales, el contrabando sigue siendo una amenaza persistente para la estabilidad económica del país, con el riesgo adicional de que fomente otros delitos como el lavado de dinero y el tráfico de armas.

La lucha contra este flagelo requiere de una colaboración más estrecha entre las fuerzas armadas, las autoridades aduaneras, y la población en general, quienes deben estar alerta ante los riesgos del contrabando en sus comunidades.

De acuerdo con el informe estadístico del ERD, en el período comprendido entre el 1 y el 30 del referido mes, fueron enviadas ante el Ministerio Público 12 personas detenidas con la mercancía ilícita, incluyendo civiles y militares.

Unos 12 vehículos donde eran transportados los contrabandos, fueron retenidos durante esos operativos, incluyendo camionetas, minibuses, jeepetas, automóviles y camiones.

Las provincias donde fueron decomisados los cigarrillos ilícitos fueron Azua, donde se ocuparon 20 mil unidades; en San Juan de la Maguana, 804,800; en Dajabón, 72,800; en Elías Piña, 9,800; en Montecristi, 78,200, en Santiago, 68,800, en La Altagracia, 4,000; en Valverde, 280,200; y en Santiago Rodríguez, 103,800.

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana ha mantenido una firme postura ante el contrabando de mercancía ilícita en la frontera y las personas que incurren en esas acciones ilegales.