La fiscalía indicó en un comunicado que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

«La Fiscalía General de la República controló la investigación penal realizada por los órganos del ministerio del Interior contra Alejandro Gil«, según el comunicado, que explica que este organismo «ejerció la acción penal pública» y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.

Gil, el mayor alto cargo destituido por corrupción en Cuba en décadas

Fue cesado en febrero de 2024 y un mes más tarde el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, informó de una investigación en su contra por «graves errores», apuntando a delitos de corrupción.

Ahora, un año y siete meses más tarde, la fiscalía presenta formalmente los cargos contra quien fuera una de las personas de confianza de Díaz-Canel. Durante este tiempo el exministro ha estado en prisión provisional.

Al referirse a la investigación sobre Gil en marzo de 2024, Díaz-Canel habló de «graves imputaciones» que habían llevado al alto cargo a renunciar a sus cargos como miembro del comité central del Partido Comunista del Cuba (PCC, único legal) y diputado.

La acusación contra el ex vice primer ministro se entendió como el culmen de una campaña anticorrupción que puso entonces en marcha el Gobierno, reforzada desde los medios oficiales, y que destapó distintos casos en varios niveles administrativos en un momento de creciente descontento social por la crisis económica.

• Gil fue ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024.

Él estuvo a cargo de la implementación de la gran reforma monetaria de 2021, la controvertida Tarea Ordenamiento, que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba pero fue un fracaso.

También fue el encargado de aplicar las primeras medidas de ajuste para tratar de estabilizar la economía cubana y regresar a la senda del crecimiento. Entre ellas destacó la polémica subida de los combustibles, con incrementos de hasta el 400 %.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que ambos fueron formalmente acusados de «robo en banda organizada y asociación de criminales en vista de cometer un delito», cargos que pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Los sospechosos

Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010 -arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle justo cuando intentaba embarcar a su país de origen-, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.

Fingiendo ser unos operarios, ambos están acusados de penetrar en la Galería de Apolo del museo, gracias a una grúa que los elevó hasta un balcón, desde donde entraron en la galería de la que se llevaron joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros (más de 102 millones de dólares), aunque su valor patrimonial es incalculable.

• Aún no se ha dado con el paradero de los tesoros sustraídos.
  
  

Durante su custodia policial desde el pasado domingo en los locales centrales de la Policía Judicial (PJ) de París, los dos sospechosos «reconocieron parcialmente los hechos«, contó este mismo miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, en una rueda de prensa.

Beccuau explicó que fue determinante para el avance de las investigaciones las trazas de ADN de los dos hombres encontradas, detectadas en una de las motocicletas que el grupo utilizó en la fuga; y en el otro, en una de las dos vitrinas que se rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida.

Ambos sospechosos tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado, en concreto por tratar de sustrae un cajero automático estrellando un vehículo.

El robo del pasado 19 de octubre en el Louvre, considerado como el del «siglo» por los medios franceses, creó una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que achacan no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

Tanto la ministra de la Cultura, Rachida Dati, como la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, se han visto obligadas a dar explicaciones ante los parlamentarios franceses para aplacar la consternación nacional e internacional provocada por el suceso. 

Las autoridades incluyeron el cargo en un nuevo documento de imputación contra el senador y su esposa, Nadine Arslanian, que están acusados de haber aceptado miles de dólares en sobornos a cambio de usar su influencia política para «proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto».

«Entre otras acciones, Menéndez suministró información sensible del Gobierno de EE.UU. y dio otros pasos que ayudaron en secreto al Gobierno de Egipto», indica el texto de la acusación, publicado en la plataforma del sistema de Justicia de EE.UU.

El senador, que representa a Nueva Jersey, fue acusado inicialmente por la Fiscalía federal el pasado 22 de septiembre junto a su esposa y los empresarios que presuntamente sobornaron a Menéndez: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, quienes siguen imputados en el nuevo documento.

El político se declaró no culpable el mes pasado, como los otros acusados, y renunció a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores, pero de momento mantiene su escaño pese a las llamadas de su partido a que dimita.

Entre los nuevos argumentos de las autoridades se indica que la esposa de Menéndez, Nadine, y el empresario Wael Hana colaboraron para «presentar funcionarios de inteligencia y militares» al senador en un «acuerdo corrupto» que implicaba sobornos al senador y su esposa.

A cambio, Menéndez actuaría, violando su deber, «en beneficio del Gobierno de Egipto», de Hana y «de otros, incluyendo con respecto a ventas y financiación de carácter militar al extranjero», agregan las autoridades.

Los sobornos que presuntamente recibieron los Menéndez desde al menos 2018 hasta 2022 fueron: dinero en efectivo, oro, pago de una hipoteca, un trabajo en el que se exigía una presencia casi nula para Nadine y un vehículo Mercedes-Benz.

El juicio fue fijado para el 6 de mayo de 2024.