Acogió la demanda reconvencional a favor de Carlos Manuel Cruz Jaquez, ratificando la validez del contrato de sociedad musical firmado el 23 de noviembre de 2022.

1. El tribunal ordenó a la parte demandante pagar el 15% correspondiente a la licencia por distribución musical, firmada con la empresa Iris Live Music, LLC el 20 de marzo de 2023, equivalente a veintisiete mil setecientos cincuenta dólares estadounidenses (US$27,750.00)., así como otro 15% adicional por todas las actividades y presentaciones artísticas realizadas sin el consentimiento del señor Carlos Manuel Cruz Jáquez.

Además, el tribunal condenó a la parte demandante al pago de las costas procesales a favor del licenciado Wagner Rodríguez Mancebo, abogado de la parte ganadora.

La importancia del cumplimiento de los contratos musicales

Esta decisión refuerza la importancia del cumplimiento de los contratos musicales y la protección de los derechos en la industria del entretenimiento en República Dominicana.

La acusación, fue presentada este martes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en el marco de un recurso de amparo de cumplimiento incoado contra el presidente Luis Abinader y varios funcionarios del sector energético.

Durante la audiencia celebrada en la Cuarta Sala del TSA, presidida por el juez Ramón Hiciano Berroa, el director ejecutivo de INSAPROMA, Euren Cuevas, sostuvo que si el Gobierno hubiera cumplido con las disposiciones constitucionales, legales y los acuerdos internacionales asumidos, el país no estaría atravesando la actual crisis energética.

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Gobierno incumple leyes ambientales y favorece los combustibles fósiles

El tribunal rechazó la solicitud de aplazamiento presentada por el Ministerio de Energía y Minas y procedió a conocer el fondo del recurso, reservándose el fallo para una fecha aún no determinada.

Durante el debate, las organizaciones demandantes acusaron al Gobierno de violar la Ley 112-00 de Hidrocarburos, que establece un fondo para promover energías renovables, y la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual plantea como objetivo la descarbonización de la matriz energética.

Asimismo, denunciaron que el Ejecutivo ha ignorado los artículos 61, 67 y 194 de la Constitución, que ordenan proteger la salud, el medio ambiente y combatir el cambio climático.

Por el contrario, afirman, se ha promovido el uso de fuentes altamente contaminantes, como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que emite 4.6 millones de toneladas de CO₂ al año, y las barcazas de generación eléctrica en Los Negros, Azua y en el río Ozama, que operan con combustibles fósiles como el bunker C.

Transición energética estancada y metas incumplidas

Las organizaciones ambientales también criticaron la construcción de nuevas plantas a base de combustibles fósiles en Manzanillo, Monte Cristi, lo que consideran una contradicción con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Además, denunciaron el incumplimiento de la Ley 57-07 de Incentivos a las Energías Renovables, que establece que para 2025 al menos un 25% de la matriz energética nacional debía provenir de fuentes renovables, meta que aseguran no se ha alcanzado.

En cuanto a los compromisos internacionales, destacaron el incumplimiento del Acuerdo de París, donde el país se comprometió a reducir en un 27% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En cambio, afirmaron que dichas emisiones siguen en aumento.

También criticaron los planes energéticos nacionales recientes, que priorizan el gas natural como fuente principal de generación, a pesar de ser un combustible fósil, ignorando el mandato de impulsar energías limpias y sostenibles.

Solicitan cumplimiento inmediato

Finalmente, el INSAPROMA y el CNLCC solicitaron al TSA que ordene al presidente Abinader, así como a los ministros de Energía y Minas, Medio Ambiente, Industria y Comercio, al director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al superintendente de Electricidad (SIE) y al vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático (CNCCMDL), el cumplimiento inmediato de todas las disposiciones constitucionales, legales y acuerdos internacionales vinculados al cambio climático y la transición energética.

Esta realidad, que afecta directamente el derecho del consumidor a recibir información clara y en su idioma, debe ser corregida antes de avanzar hacia la implementación de un etiquetado frontal con advertencia nutricional (EFAN), planteó el gremio de los industriales.

Según la AIRD, todo producto alimenticio comercializado en el país está obligado a tener su etiqueta en español, junto con el registro sanitario emitido por las autoridades competentes.

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Estos elementos garantizan que el consumidor pueda identificar correctamente el contenido y origen del producto. Sin embargo, en los puntos de venta abundan alimentos con etiquetas en otros idiomas, incompletas o sin registro sanitario, en abierta violación del marco legal vigente.

“No se puede construir una política de etiquetado frontal sólida sobre una base que está siendo incumplida. Las autoridades deben primero asegurar el respeto a las normas elementales antes de abrir un debate de mayor complejidad técnica y económica”, señaló Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

Experiencias internacionales diversas

El gremio recordó que la aplicación del EFAN en otros países de la región ha tenido resultados dispares. En México, por ejemplo, donde se aplica desde 2020, la prevalencia de obesidad en adultos pasó de 23.5% a 37.1% entre 2020 y 2023, según datos de la Revista Salud Pública de México.

Pujols apuntó que, a nivel global, no existe un consenso sobre un formato único, resaltando que Estados Unidos estudia un cuadro informativo nutricional, la Unión Europea no aplica un modelo uniforme, mientras que Brasil y Canadá usan formato de lupa, no octagonal.

Igualdad de reglas para todos

La AIRD insistió en que cualquier normativa debe aplicarse sin distinción a productos nacionales e importados.

“Lo que se exige a la industria local debe exigirse también al importador. Lo contrario es competencia desleal y es lo que hoy vemos en los anaqueles”, concluyó Pujols.

«La seguridad impulsa todo lo que hacemos en la FAA, incluida la responsabilidad legal de la supervisión de la seguridad de las empresas con licencias de transporte espacial comercial. El incumplimiento de los requisitos de seguridad por parte de una empresa tendrá consecuencias», dijo en un comunicado el asesor jefe de la FAA, Marc Nichols.

SpaceX afronta una multa de 633,009 dólares en EE.UU. por incumplimiento de su licencia

El propio Musk afirmó que planea denunciar a la FAA: «SpaceX presentará una demanda contra la FAA por extralimitación regulatoria», indicó en su red social, X.

La FAA recordó en su comunicado que SpaceX presentó en mayo de 2023 una solicitud para revisar su plan de comunicaciones relacionado con su licencia para lanzar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Las revisiones propuestas contemplaron agregar una nueva sala de control de lanzamiento en el hangar X y eliminar de sus procedimientos la encuesta de preparación prevista para dos horas antes del mismo.

El 18 de junio del año pasado, no obstante, la compañía utilizó la sala de control de lanzamiento no aprobada para la misión PSN SATRIA y no realizó la encuesta requerida. La FAA propuso una sanción de 350.000 por ambas infracciones.

Además, en julio de 2023 presentó una solicitud de revisión de su plan de emplazamiento de explosivos relacionado con su licencia para lanzar desde Cabo Cañaveral.

Ese mismo mes lanzó su misión EchoStar XXIV/Júpiter con el proyecto no aprobado, algo por lo que la Administración Federal le pide 283.009 dólares.

Luego de más de veinte años de la sociedad civil reclamar por una necesaria regulación de los partidos, finalmente hubo la voluntad política de aprobar la Ley 33-18 de Partidos Políticos en gran medida porque el entonces presidente quería garantizar que el candidato de su partido, estando él impedido constitucionalmente a repostularse, fuera electo mediante el método de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.  Afortunadamente estas no se impusieron, y el artículo 45 de dicha Ley dispone que las modalidades de selección de las candidaturas serán las primarias, convenciones internas y encuestas

Precisamente uno de los aspectos regulados por esta legislación de partidos es el establecimiento de limitaciones para las sustituciones de candidaturas, disponiéndose en el artículo 56 de la Ley que toda persona legítimamente seleccionada como candidato mediante una de las modalidades establecidas en la ley en los procesos internos de elección, no podrá ser sustituida, “salvo en los casos que la persona que ostenta la candidatura presente formal renuncia al derecho adquirido; se le compruebe una violación grave a la Constitución o a disposiciones de esta ley o que haya sido condenada penalmente, mediante sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada…”. Incluso para dar mayor fortaleza a los derechos adquiridos por personas seleccionadas en procesos internos, el artículo 25, numeral 8 de la misma establece como una de las actuaciones prohibidas a los partidos y agrupaciones políticas, “despojar de candidaturas que hayan sido válidamente ganadas en los procesos internos” para favorecer a otras personas, sean o no del mismo partido o agrupación.

Otra de las limitaciones impuestas por la Ley 33-18 a los partidos es el establecimiento en su artículo 58 de un porcentaje tope de un 20% para las reservas de candidaturas, el cual los partidos intentaron desnaturalizar interpretando a su conveniencia que debía calcularse sobre el total de las candidaturas, habiendo quedado establecido mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que debía ser por nivel de elección.  De igual forma los partidos están obligados a respetar los porcentajes de la cuota de género, de un mínimo de 40% y un máximo de 60%, incluyendo las candidaturas reservadas.

Pero resulta que no obstante la existencia de estas reglas del juego, los fantasmas de las viejas prácticas partidarias siguen pululando en los procesos partidarios, y la negativa cultura del incumplimiento de la ley también se hace presente, y los dirigentes a veces olvidan que están sometidos ahora a regulaciones que garantizan la transparencia y la democracia interna limitando su discrecionalidad, y que los plazos previstos para las distintas actividades ya no les permiten sortear sus fichas a su conveniencia, lo que les obliga a tomar decisiones estratégicas a tiempo, o cargar con el fardo de no haberlas tomado.

Al parecer los mismos partidos que reclaman con fiereza el cumplimiento de la ley cuando les beneficia, como lo hicieron con el porcentaje de la contribución económica del Estado a estos, por otro lado, se resisten a cumplir la misma o a someterse a mayores rigores democráticos, como evidencia el hecho de que la mayoría optó por no celebrar primarias para la escogencia de sus candidatos, y se resienten cuando resoluciones les desfavorecen o sentencias fallan en su contra. Lo peor es que incurren en una penosa y muy peligrosa práctica de intentar desacreditar a los órganos electorales, Junta Central Electoral y el TSE, culpándolos por errores cometidos por sus cúpulas, o pretendiendo poner en manos de la Junta solucionar entuertos que estos mismos provocaron, y que no tienen la posibilidad de resolver mediante las soluciones que la ley permite, o no desean hacerlo.

Las entidades que agrupan a enfermeras y enfermeros justifican su demanda de aumento salarial argumentando que el costo de la vida se ha disparado significativamente en el país, subrayando que es un compromiso que el gobiemo ha asumido con ellos en múltiples reuniones sostenidas en el Palacio Nacional.

Además del mejoramiento de sus ingresos, los sindicatos de enfermería exigen a las autoridades cumplir con la promesa de otorgar el sueldo 14 a los activos y pensionados, así como garantizar una pensión equivalente al 100 por ciento de su último salario al momento del retiro, y mantener su seguro médico. Para estos fines, han reclamado que se reconozca el tiempo de servicio que llevan laborando.

Han expresado que su único interés es lograr una mejora en la calidad de vida de los trabajadores de este sector, señalando que en las reuniones sostenidas con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la sede de gobierno, también han exigido la regulación, nivelación y unificación salarial.

Han manifestado que su último encuentro con la señora Raquel Peña tuvo lugar el pasado 13 de febrero del año en curso, destacando que en esa ocasión, la también encargada del Gabinete de la Salud, reafirmó su compromiso de cumplir con sus demandas reivindicativas, pero hasta el momento esto no se ha hecho realidad.

Además del aumento salarial, reclaman el nombramiento de más enfermeros y enfermeras, precisando que la falta de personal los obliga a trabajar en jornadas extenuantes en los hospitales, las cuales cumplen íntegramente debido a su profesionalismo y vocación de servicio.

El pliego de demandas, que ya ha sido discutido con las autoridades, incluye el cambio de designación, incentivos por desempeño y proyectos de viviendas en beneficio de quienes brindan atención a las personas en momentos de dificultades en su salud.

Las entidades que hacen el reclamo son el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, (SINATRAE), la Asociación Dominicana de Enfermeria del Antiguo (ADEIDSS), la Coordinadora Nacional de Enfermería Dignidad Gremial (CONAENDILANG-CASC) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED).

Según informó el Abogado Cirilo Guzmán, a Noticias SIN, en el año 2015, Toribio notificó a la productora sobre su posesión de los derechos de la historia del periodista, la cual la compañía planeaba llevar a la gran pantalla. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, la productora decidió proseguir con la producción, haciendo caso omiso de las preocupaciones legales planteadas.

El jurista alegó que la productora no solo desestimó las reclamaciones de Toribio, sino que también afirmó tener la libertad para narrar la historia a su discreción.

“Incluso mantuvieron el personaje principal intacto, aunque hicieron pequeños cambios en su ocupación, pasando de ser un médico general a un dentista”, indicó.

Ante esta situación, Toribio y sus representantes legales han anunciado la toma de medidas legales para proteger sus derechos de propiedad intelectual y detener la producción no autorizada.

Hasta el momento, la productora debe abstenerse a utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premier y derechos registrados, que le asisten a Michael Toribio Corniel.

“Luego de los últimos acontecimientos ocurridos desde que las autoridades suspendieron el comercio binacional con los haitianos, los productores avícolas organizados en nuestra institución, nos hemos visto afectados sobre todo en la parte del subsector huevos. Esta es la madre de todas la crisis con las pérdidas económicas ya provocadas y porque todavía no hay una solución a la situación actual”, declaró Manuel Escaño, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos (Asohuevos).

“Hemos estado vendiendo huevos en granjas a RD$2 pesos, siendo el costo de producción sobre RD$5 pesos, ya nuestras pedidas se calculan en 1,000 millones aproximadamente”, continuó declarando el representante.

Con pancartas en manos el grupo de comerciantes marcharon exigiendo al Gobierno cumplir con los acuerdos de compras de huevos y gallinas.

“Tenemos derecho a suplir huevos al Estado a través de las asociaciones”, “Señor presidente ampáranos”, “Esta es la madre de la crisis”, son algunas de las frases escritas en los carteles.

Se recuerda que el pasado jueves, los integrantes de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli) se declararon en quiebra por el cierre de la frontera dominico-haitiana.

Según el presidente de la asociación, Ambiorix Cabrera, en el tiempo en que la frontera ha estado cerrada, se han dejado de comercializar con Haití más de RD$ 50 millones de huevos, causando un exceso de oferta en el país y una acumulación de inventario  en almacenes sin ninguna salida.

De acuerdo a Cabrera una opción para manejar la crisis es el sacrificio de dos millones de gallinas ponedoras por parte del Gobierno con un precio de RD$ 200 pesos por unidad, así como diseñar planes especiales para la recuperación del sector.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Bliken, señaló en un comunicado que Washington sigue decidido en exigir que Rusia cumpla con la retirada de sus fuerzas a las posiciones que mantenían antes del inicio del conflicto y que permita el paso sin impedimentos de la ayuda humanitaria, como estipula el acuerdo de cese el fuego de 2008.

«Rusia también tiene que cambiar su reconocimiento de la llamada independencia de las regiones de Georgia Abjasia y Osetia del Sur. Estas acciones son esenciales para que centenares de miles de personas desplazadas internamente puedan volver a sus hogares con seguridad y vivir con dignidad», añadió Blinken.

El secretario de Estado también señaló que «como en Ucrania, la gente de Georgia han sufrido las consecuencias del desdén ruso hacia la ley internacional y el deseo de dominar sus vecinos».

En agosto de 2008, Rusia invadió Georgia en apoyo de la región separatista georgiana de Osetia del Sur que días antes había sido capturada por las tropas de Tiflis.

La intervención rusa provocó la retirada de las tropas georgianas en un breve pero intenso conflicto de cinco días que causó más de 600 muertos.

Dos semanas después Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, territorios que han funcionado en la práctica como estados independientes y que han solicitado integrarse en la Federación Rusa aunque el Kremlin no ha aceptado la petición.

Ed Live acusa al dúo mexicano de incumplimiento de acuerdo de presentación artística y daños y perjuicios, así como también se depositó ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella penal por servicio pagado y no realizado.

El 17 de enero Ed Live, que dirige el empresario artístico Eduardo Durán, promovía en Instagram el nuevo tema de J & J titulado “Llórale a tu madre”.

Ya para entonces habían inconvenientes, según queda constancia a raíz de una pregunta de un usuario pidiendo más información del concierto en Santo Domingo, a lo que desde la cuenta de Ed Live se le respondió: “Muy pronto… estamos tratando de resolver algunos inconvenientes y comunicarles inmediatamente”.

“La acción legal se da tras la agrupación artística cancelar de manera unilateral un concierto en la República Dominicana luego de haber recibido el depósito del pago solicitado y haber aprobado el material promocional para su presentación en el país, incumpliendo con el acuerdo pactado y ocasionando cuantiosas pérdidas económicas y morales a la empresa contratante”, explica un comunicado enviado por la empresa de relaciones públicas Coradín y Asociados.

El 2 de febrero se anunció la cancelación definitiva del concierto en la capital dominicana: “Lamentamos profundamente tener que comunicarles que el evento pautada para el 5 de marzo del 2022, en Hard Rock Café Santo Domingo, con los artistas Jesse y Joy con su tour Clichés Tour 2022 ha sido cancelado por razones de fuerza mayor”.

Luego Ed Live agregó: “En esas atenciones, les informamos a todas las personas que adquirieron sus boletas que pueden realizar el proceso de devolución escribiendo al correo reclamaciones de Uepa y reiteramos nuestro pesar por la situación”.