La medida formará parte de un plan estratégico denominando: “Optimización del proceso penal” que llevarán a cabo el conjunto de las instituciones de justicia para mejorar el abordaje de la justicia penal y del sistema penitenciario dominicano.

Este programa contempla un plan de acción urgente en La Victoria para los privados de libertad que se encuentren afectados por una de las siguientes condiciones: internos con enfermedades graves, pena cumplida, pena cumplida con multa y preventivos con fianza en situación de pobreza.

La iniciativa forma parte de la visión institucional del Poder Judicial de alcanzar una Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas.

Según Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, “para lograr este propósito se requiere mejorar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los privados de libertad vinculados a delitos menores con órdenes de libertad que no se hayan hecho efectivas o que estén en una situación grave de salud”.

Como parte del operativo de urgencia en la Penitenciaria de La Victoria, entre otras actividades, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1- Validar la identificación, evaluación y depuración realizada de las personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, previo a aplicar la medida judicial que corresponda.
2- Implementar proceso para la ejecución inmediata de las órdenes de libertad de quienes así lo requieran.
3- Habilitar médicos legistas con asiento permanente en La Victoria para la atención, evaluación médica y expedición del certificado médico.
4- Habilitar laboratorio móvil en La Victoria para realizar analíticas a los internos.
5- Facilitar el ingreso en centros hospitalarios de las personas con situación de salud y su abordaje adecuado al diagnóstico.
6- Habilitar traslados de privados de libertad a centros de salud a través de ambulancias y el suministro de medicamentos.
7- Designación de médicos internistas, psiquíatras y psicólogos para atención, evaluación y certificación del estado de los privados de libertad.

En el encuentro, los participantes expresaron su voluntad firme de buscar soluciones a la luz de la normativa procesal penal, que garantice la respuesta sin demora a los procesos judiciales, haciendo especial énfasis en la problemática que atraviesan internos con problemas graves de salud, sin expedientes, el estatus procesal de preventivos y condenados, encaminadas a dignificar y mejorar las condiciones en que se encuentran, haciendo uso de los institutos procesales que permite la norma.

En ese sentido, se propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional operativa a nivel nacional y a otras departamentales, a los fines de gestionar y dar seguimiento de las acciones requeridas a las instituciones del Estado considerando el nivel de urgencia.