Esta aeronave es una Air Force One israelí Boeing 767-338 y está diseñada para operaciones de mando y control en situaciones de emergencia, incluyendo escenarios de guerra nuclear.

La aeronave se usa exclusivamente para el primer ministro israelí y el presidente del Estado de Israel. Es utilizado para viajes fuera del territorio nacional y por dentro cuenta con sistemas tecnológicos sofisticados para garantizar su funcionamiento por varias décadas.

De acuerdo con Blu Radio, el término “avión del Juicio Final” no es exclusivo de Israel, pues países como Estados Unidos y Rusia también cuentan con aeronaves similares para la protección de sus líderes políticos.

Estos aviones están equipados con tecnología analógica y son capaces de resistir ataques nucleares y los efectos del pulso electromagnético. Además, pueden reponer provisiones en el aire y solo necesitan descender a tierra para lubricar el motor una vez a la semana.

La noche antes de su juicio final, el prometido de Natti Natasha expresó a través de un «en vivo» en Instagram que está tranquilo, pero que «es duro, duro, duro porque yo no sé lo que vaya a pasar (en el juicio). Es duro y más fuerte es que estas personas que están aquí conmigo… eso sí me va a doler, lo digo al frente de ellos, me va a doler, exagerao».

Pina dijo que hay «una investigación bien fuerte» en su contra de lavado de dinero, de narcotráfico y «de muchas cosas que al final del día no son reales, no se pudieron llevar a la mesa, pero se quedó manchado mi nombre».

«Yo se los digo públicamente, no he tenido la necesidad de presentarle un lujo a ustedes… yo hago múltiples conciertos, yo tengo garajes (estaciones) de combustibles, yo tengo empresas, todas son pues legales», se defendió en el live de la red social mientras estaba en compañía de su familia.

Hoy, horas antes de la audiencia, Raphy Pina expresó por la misma red social que este año 2022 le toca «con lágrimas en los ojos, enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana. Que duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna», debido a que justamente un 24 de mayo, fue el día en que su padre falleció hace 22 años.

La audiencia en la que se dictará la condena contra Pina está pautada para las 9:00 de la mañana, en la sala del juez Besosa, ubicado en el Viejo San Juan.

La defensa del productor puertorriqueño había solicitado la libertad condicional o arresto domiciliario para que Pina “continúe sirviendo a su comunidad y criando a sus hijos” y porque “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”.

“Su compromiso con su familia e hijos, su conciencia social y altruismo, son reflejo de su moral, lealtad y gratitud”, señala el documento sometido por el licenciado Manuel A. Franco Domínguez y que, en términos jurídicos, busca describir al convicto más allá del crimen cometido.

Sobre el caso

Los cargos a los que se enfrenta el productor puertorriqueño son posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario, por lo que Pina se expone hasta un máximo de diez años de prisión.

El productor quedó bajo el programa de restricción domiciliaria y puede salir solo para asuntos médicos, religiosos o médicos y para comparecer ante el tribunal, aunque el pasado 22 le fue concedido un permiso para acudir al primer cumpleaños de su hija Vida Isabell.

La moción de la fiscalía argumenta que Pina Nieves “no ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes de que no es probable que se fugue o represente un peligro para otros o un riesgo de fuga y que su apelación plantea una cuestión sustancial de derecho o de hechos que probablemente resulte, entre otras cosas, en reversión o un nuevo juicio. Por lo tanto, se debe denegar la moción del demandado para la liberación pendiente de la apelación”.

Sin embargo, reconoce que, hasta el momento, Pina Nieves ha cumplido con todas las condiciones de fianza impuesta desde que fue arrestado en agosto de 2020.

La fiscalía federal solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión para el prometido de Natti Natasha. Los fiscales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner plantearon que sea una condena de cuatro años en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

Destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”, indica un medio boricua.

Con los argumentos finales de los imputados Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron por concluida el juicio de fondo que se inició hace casi un año en la jurisdicción ordinaria, luego de que se lo había remitió la Suprema Corte. Las magistradas se dieron un plazo de dos semanas para redactar la sentencia.

Al defenderse por última vez en el tribunal, los imputados reiteraron su inocencia y pidieron a las juezas emitir una sentencia con base en las pruebas y no por presiones mediáticas.

El proceso judicial por los 92 millones de dólares que la multinacional admitió haber pagado en el país a cambio de la adjudicación de obras públicas se inició originalmente en la Suprema Corte, que conoció la solicitud de medidas de coerción contra los 14 imputados inicialmente, de los cuales ocho fueron enviados a cumplir prisión preventiva. Finalmente, solo seis fueron enviados a juicio de fondo.

La Suprema remitió el expediente a un tribunal ordinario, cuando el exsenador Tommy Galán salió Congreso en 2020 y con ello perdió su jurisdicción privilegiada.

En el transcurso de las audiencias, los fiscales presentaron al tribunal más de mil pruebas documentales y testimoniales, que incluyen entrevistas con varios de los ejecutivos de la multinacional brasileña.

El Ministerio Público solicitó condenas de 10 años de prisión para  los coacusado a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, de 7 años para el abogado Conrado Pittaluga y de 5 años de reclusión  para los coimputados Andrés Bautista, ex presidente del Senado, Tommy Galán, ex senador de San Cristóbal y Juan Roberto Rodríguez, ex director de Inapa. Además del decomiso de sus bienes y una multa de 200 salarios mínimos.

Los fiscales también solicitaron que se les varíe las medidas de coerción por prisión preventiva. El tribunal fijó la lectura del fallo para las 3:00 de la tarde.