Aunque el Ministerio Público solicitó como medida de coerción la prisión preventiva, el juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, le impuso a los imputados la presentación periódica y una garantía económica de 10 mil pesos.

El órgano persecutor dijo no estar de acuerdo con la decisión, al tiempo que anunció que será apelada, tras considerar que las acciones cometidas por los imputados son graves y afectan el desarrollo físico y psicológico de ambos niños.

Niños reportaron maltratos físicos y psicológicos 

La fiscal Nancy Abreu, directora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, explicó que, tras ser entrevistados y evaluados por médicos y psicólogos forenses, los niños narraron los maltratos físicos y psicológicos a los que eran sometidos.

• El niño de once años relató que su madre y su padrastro lo mantenían amarrados por el cuello con una cadena de metal, sin permitirle alimentarse y obligándolo a hacer sus necesidades fisiológicas encima de la ropa.

 Además, detalló que su padrastro los golpeaba a él y a su hermano de seis años con los puños, seguido de patadas y pisotones.

La Fiscalía informó que las víctimas se encuentran bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Violación de las leyes

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante José Manuel Polanco, quien calificó los hechos como una violación al artículo 309-2 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre violencia de género e intrafamiliar, así como al artículo 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (de la Ley 136-03).

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia lamentó la muerte de Uribe y llamó al «respeto por la vida de todas las personas y por unas próximas elecciones libres de violencia«, mientras que la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) condenó «con firmeza» el crimen y rechazó «de manera categórica todo tipo de violencia en el ejercicio de la política».

La MOE expresó además sus condolencias a la familia, seres queridos, colegas, equipo de trabajo y al partido de Uribe Turbay, el Centro Democrático, «acompañándolos en este momento de dolor y consternación«.

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 Consejo Nacional Electoral (CNE)

En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, recordó a Uribe Turbay como un «destacado servidor público y líder comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el bienestar del país» y rechazó «de manera enérgica» el crimen y a «toda estructura criminal que pretenda imponer el miedo y silenciar las voces que trabajan por un país más justo».

«Este vil asesinato no solo arrebata la vida de un líder íntegro, sino que constituye un atentado directo contra los valores democráticos que como institución estamos llamados a proteger», expresó Hernán Prada.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que con este asesinato son ya 97 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025.

Uribe Turbay, de 39 años, además de senador por el partido de derecha Centro Democrático y precandidato presidencial, fue un «destacado líder político de su colectividad», según esa organización.

El político recibió disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio, heridas por las que permaneció 64 días hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde falleció a la 01:56 hora local (06:56 GMT) de este lunes.

La muerte de Uribe Turbay reavivó el temor a que Colombia repita los episodios de violencia política de finales del siglo pasado, cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales en la campaña de 1990: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.

Desde distintos sectores, incluido los precandidatos presidenciales, se han hecho llamados a un acuerdo nacional para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen en un ambiente de respeto y sin violencia.

A los llamados por un ejercicio político en paz se sumó la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, quien definió a Uribe Turbay como «un hombre íntegro, valiente y comprometido con la democracia, la libertad y el bienestar de Colombia«.

«Colombia necesita reafirmar su compromiso con la vida, el diálogo y la convivencia, rechazando de manera unánime toda forma de violencia. Hoy más que nunca, honremos su memoria trabajando por un país unido, en paz y con instituciones fuertes», expresó Lacouture en su cuenta de X.

“Ya, afortunadamente, se encontró primero a uno y él dio la información y ya se liberaron», declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano no dio más detalles sobre los presuntos responsables, el motivo del crimen ni cómo ocurrió el operativo del rescate.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reveló la noche del domingo el delito, que ocurre en medio de una racha de raptos masivos del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Anáhuac, donde cerca de ocho hombres armados arribaron al lugar en donde estaban los trabajadores para raptarlos.

La central de radio de la Secretaría Pública del Ayuntamiento recibió el reporte del secuestro de los 12 hombres.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que todos serían empleados de una empresa constructora y que al sitio arribaron unos ocho hombres con armas de fuego que se llevaron a sus víctimas con rumbo desconocido.

Una de las hipótesis es que los criminales los habrían llevado a Nuevo Laredo, municipio del vecino estado de Tamaulipas que está en la frontera con Estados Unidos.

Los hechos ocurren en medio de una racha de secuestros masivos del crimen organizado en México, donde el mes pasado raptaron a 32 personas en Nuevo León, en los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, y a 66 en Culiacán y Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país.

La asociación civil Alto al Secuestro reportó la semana pasada la cifra “histórica” de 521 personas secuestradas el pasado marzo en México, de las que 262, más de la mitad, son migrantes. 

«Todos sabemos que estas elecciones no fueron ni justas, ni democráticas, ni libres», afirmó Odobescu, que participa en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas, según recoge el portal News.ro.

La ministra subrayó que Rumanía condena la organización de las elecciones en los territorios ucranianos «ilegítimamente anexionados por Rusia», pero también en otras regiones secesionistas como en Transnistria, Osetia del Sur o Abjasia.

«Estas se realizaron violando el derecho internacional», enfatizó Odobescu.

Putin fue reelegido para un quinto mandato con el 87,28% de los votos, según los datos provisionales ofrecidos al término del escrutinio por la Comisión Electoral Central de Rusia.

La UE no reconoció la celebración ni los resultados de las elecciones presidenciales rusas en los territorios ocupados de Ucrania y alertó de consecuencias para sus organizadores.

«La UE reitera que no reconoce ni reconocerá nunca ni la celebración de las denominadas ‘elecciones’ en los territorios de Ucrania ni sus resultados. Son nulas y no pueden producir efecto legal alguno», aseguró el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Según datos oficiales, Putin obtuvo un total de más de 76 millones de sufragios, en unos comicios que se celebraron durante tres días y que registraron, según los datos oficiales, la mayor participación ciudadana (77,44 %) en las ocho elecciones presidenciales que se han celebrado en la historia de Rusia.

La manifestación formó parte de una jornada de protestas internacionales, que en Argentina se desarrolló a los pies del emblemático Obelisco de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba (centro) y Mendoza (oeste).

Las protestas tienen lugar luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036, lo que ha generado la condena de buena parte de la comunidad internacional.

“El pasado 22 de octubre los venezolanos decidimos en la primaria, con una abrumadora mayoría de más del 90 % de los votos, que María Corina Machado es nuestra candidata presidencial. Nicolás Maduro no va a ser quien decida quién lo va a enfrentar, intentando sacarla del camino con una ilegal proscripción”, afirmó Elisa Trotta Gamus, activista venezolana residente en Argentina.

Trotta destacó que el Gobierno de Maduro asumió en octubre pasado, con el acuerdo de Barbados, una serie de compromisos sobre las garantías para las elecciones presidenciales a celebrarse este año, que entre otras cosas establece que se respetará que cada sector político escoja a su candidato.

Pero, según recordó la activista, «este acuerdo ha sido violado» con la inhabilitación de Machado.

Otro de los compromisos del acuerdo de Barbados fue la actualización del padrón para que los venezolanos en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales.

“De los casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, al menos 4 millones deberían poder votar en las elecciones presidenciales porque ya tienen más de 18 años. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha permitido la actualización del Registro Electoral en el exterior”, denunció Trotta.

La activista también advirtió que el Gobierno venezolano no ha cumplido con la liberación de los presos políticos.

“La persecución de la dictadura ha arreciado en las últimas semanas. El régimen ha desatado la denominada ‘furia bolivariana’ atacando las sedes de los partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil, deteniendo a activistas políticos y líderes sindicales, y ordenando la captura de periodistas y defensores de derechos humanos», denunció Trotta.

Aseveró que, «con esta violencia, Maduro deja claro que es él quien no quiere medirse en unas elecciones democráticas, porque tiene miedo al voto de los venezolanos”.

Por último, Trotta agradeció el pronunciamiento que hizo la semana pasada el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, para condenar la inhabilitación de María Corina Machado.

Este domingo, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció en un comunicado que el Gobierno de Maduro pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo lo acordado por las partes en octubre pasado.

La PUD cuestionó las reuniones convocadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, para diseñar a partir de este

“Claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa.

De acuerdo con esto, Lacalle Pou recordó que en más de una oportunidad dijo lo que pensaba del régimen de Venezuela y que lo hizo cuando fue opositor, cuando le tocó asumir y que también se lo dijo al mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

“Nosotros no tratamos de tener un punto de vista según nos guste más o menos un Gobierno”, afirmó Lacalle Pou, quien agregó que la inhabilitación de Machado muestra que no se tiene “ningún tipo de voluntad” de que las elecciones sean transparentes.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó el pasado 26 de enero que sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de 2024.

Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la ex diputada liberal, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el régimen y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Un día después, la Cancillería de Uruguay emitió un comunicado en el que manifestó su “gran preocupación” por esta situación.

“Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas”, señala el texto.

El “miedo” a competir

Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, denunció este jueves que el Estado “ha decidido aplastar al contrincante” a través de actos como la detención, hace más de una semana, de tres de los jefes de campaña de la antichavista, reportados como desaparecidos por sus abogados y familiares.

“Aquí hay un Estado que ha decidido aplastar al contrincante, aplastarlo. Eso significa llevarse detenidos o secuestrados, como están hoy, a tres venezolanos”, denunció la jefa de campaña de Machado, Magalli Meda, en un video publicado en la cuenta en X de la formación.

Meda calificó como “un secuestro” la detención de los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Juan Freites; Yaracuy, Luis Camacaro, y Trujillo, Guillermo López.

Aseguró que estas detenciones demuestran el “miedo” del régimen de Nicolás Maduro a competir contra la ex diputada liberal, cuya inhabilitación política fue ratificada el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Además, reiteró que las personas que han prestado servicios para los eventos públicos de Machado, alquilando tarimas o equipos de sonido, también han sido “perseguidas”.

Este miércoles, la defensa de los tres jefes de campaña de Machado denunció la “desaparición forzada” de estos hombres, pues ni sus familiares ni los juristas han podido verlos.

El EPG afirmó en un comunicado que las negociaciones «brindaron la oportunidad de reducir las diferencias sobre los detalles del acuerdo de transición gubernamental».

«Las partes interesadas alcanzaron un consenso sobre varios aspectos del proyecto y han acordado continuar las discusiones entre ellas en ausencia del EPG sobre las áreas clave del equilibrio de poder y la representación dentro de los acuerdos de transición propuestos», esgrimió el documento.

El GPE manifestó su voluntad de regresar a Haití «una vez que las partes interesadas hayan realizado progresos significativos en sus discusiones informales y ofrezcan una clara indicación de su disposición a entrar en la última fase de las negociaciones».

Entre los miembros del EPG que visitaron a Haití, están los exprimer ministros de Jamaica, Bahamas y Santa Lucía, Bruce Golding, Perry Christie y Kenny Anthony, respectivamente.

Acompañados por el asesor especial del secretario general del Caricom en Haití, Colin Granderson; la asistente del secretario general de Relaciones Extranjeras y de la Comunidad del Caricom, Elizabeth Solomon, y la directora de proyectos, Nickeva Eve-Benjamin.

Tras cinco meses de consultas con el EPG, un grupo de accionistas haitianos comenzó a negociar los detalles del borrador.

La violencia de bandas en Haití ha causado 8.000 muertos este año y los criminales controlan un 80 % de la capital Puerto Príncipe.

Además, ha producido 200.000 desplazados internos, entre ellos 143.000 en la capital, y ha tenido graves efectos económicos (cuatro años consecutivos de recesión) y sociales, con un sistema sanitario al borde del colapso y las escuelas cerradas desde 2020, año en que las clases se suspendieron por la pandemia.

En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una misión de seguridad para Haití.

Además, la violencia de las bandas armadas se ha extendido en los últimos meses por varias zonas del país caribeño, incluyendo los departamentos de Grande Anse y Artibonito, este último principal centro de producción agrícola del país, aumentando el riesgo de hambruna en Haití.

«Ante los atropellos de la dictadura: más unidad, más fuerza y más estrategia. Tenemos que reunificarnos para lograr un acuerdo de salvación nacional y elecciones presidenciales libres que permitan la solución a la crisis. Solo unidos para luchar podremos avanzar y salvar a Venezuela», expresó Guaidó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que los próximos comicios que se celebren en Venezuela deben ser para «salir de (Nicolás) Maduro. La organización y la lucha por condiciones debe ser nuestro foco de trabajo diario».

Guaidó aseguró que lo sucedido en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez-, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la repetición de las elecciones para el cargo de gobernador, es un «ejemplo» para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y para el «mundo» de que en el país caribeño no hay «Estado de derecho que garantice el respeto de la voluntad de la gente».

«Barinas demostró que en Venezuela no hay condiciones ni respeto al voto, pero sí hay voluntad para luchar hasta lograrlo», indicó.

El Tribunal Supremo ordenó la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de los derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano -candidato por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- se presentó pese a estar inhabilitado.

En un comunicado, publicado por el Supremo, el mismo que ordenó repetir las elecciones, también se indicó que «las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % de votos obtenidos por el candidato (oficialista) Argenis Chávez».

Ante esta situación y no lograr llegar a un consenso, la Sala Electoral del Tribunal Supremo declaró, «de mero derecho, la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar» y resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al opositor Freddy Superlano.

La inhabilitación se anunció después de que Freddy Superlano pudiera inscribirse en el sistema automatizado del CNE como candidato, sin que este anulara su postulación por defecto de forma o datos, como sí hizo con otros aspirantes.