Trump aseguró en su alocución que «el flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año».

Contexto político y elecciones legislativas en EE.UU.

El republicano arrancó su discurso destacando sus logros en inmigración (afirmó que los cruces fronterizos han «caído a cero»), en la lucha contra el narcotráfico o en materia de economía, ya que aseguró que ha logrado controlar la inflación o hacer que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares.

El discurso del presidente se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes. 

Renovación del mandato y contexto político en Haití

En el actual contexto de Haití, «este paso resulta necesario para acompañar los esfuerzos de estabilidad y diálogo político en favor de la paz y la seguridad regional», escribió la Cancillería dominicana en X.

El nuevo mandato de la Binuh, redactado entre Estados Unidos y Panamá, busca fortalecer la oficina de la ONU en Haití en un contexto «complejo» por la situación de inseguridad, dijo el jueves el representante permanente adjunto panameño, Ricardo Moscoso, tras la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Fuerza de Supresión de Pandillas y situación de seguridad

Esta renovación se produce en un momento crítico para Haití, marcado por el control territorial de amplias zonas del país por parte de bandas armadas, el colapso de servicios básicos y un prolongado estancamiento del proceso político de transición tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Ante el deterioro acelerado de la seguridad en Haití, el Consejo aprobó en septiembre pasado la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un operativo multinacional con mandato explícito para combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH).

La GSF reemplaza a la anterior Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024, cuyos resultados fueron considerados insuficientes frente al avance de las bandas, que controlan puertos, carreteras y barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe.

La nueva fuerza ya está trabajando en el terreno en Haití, con miembros de la antigua MSS, cuyo mandato culminó meses atrás.

Se espera que los primeros contingentes de la GSF lleguen a Haití en abril, mientras que el despliegue completo está previsto para octubre, con hasta 5.500 efectivos aportados por al menos 18 países.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas armadas en Haití desde inicios de 2022 y más de 1,4 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares el año pasado a causa de la violencia, la cifra más alta jamás registrada en el país, según datos de organismos internacionales. 

Renovación del mandato y contexto político

El representante permanente adjunto de Panamá, Ricardo Moscoso, afirmó tras la votación que el nuevo mandato, redactado por su país junto con Estados Unidos, busca fortalecer la oficina de la ONU en Haití en un contexto «complejo» por la situación de inseguridad.

«Este texto se ajusta al contexto actual y procura mantener un equilibrio entre el acompañamiento al proceso político y electoral y el apoyo a su sistema de justicia», señaló.

El diplomático agregó que el mandato reforzará «el desarme de las pandillas y su reintegración, así como la protección de los derechos humanos».

Por su parte, la representante estadounidense Jennifer Locetta dijo que la lucha contra las pandillas es prioritaria y que debe «frenarse con un liderazgo firme y con el apoyo del pueblo haitiano».

Locetta dijo que la comunidad internacional debe asistir a las autoridades haitianas para facilitar la celebración de elecciones en el país, un proceso que debe promover una «representación inclusiva» en la toma de decisiones.

También recordó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés) expira el 7 de febrero. Antes de esa fecha, los actores políticos haitianos deben alcanzar un acuerdo u organizar elecciones para evitar un vacío de poder que podría agravar la crisis de seguridad.

Situación de seguridad y acciones internacionales

Por su parte, Ericq Pierre, representante de Haití ante la ONU, afirmó en el Consejo que el Gobierno haitiano considera que la reducción de la violencia debe avanzar «de manera gradual» y enfatizó la necesidad de «proteger a la población, restaurar el estado de derecho y crear las condiciones para la estabilidad institucional mediante el diálogo»

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La renovación del mandato de la Binuh se produce en un momento crítico para Haití, marcado por el control territorial de amplias zonas del país por parte de bandas armadas, el colapso de servicios básicos y un prolongado estancamiento del proceso político de transición tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

En este contexto, el Consejo de Seguridad subrayó en resoluciones previas que la Binuh, una misión política sin componente militar, no cuenta con capacidades para enfrentar la violencia armada, por lo que su labor se centra en el acompañamiento institucional, la mediación política, la defensa de los derechos humanos y la coordinación de la respuesta internacional.

Ante el deterioro acelerado de la seguridad, el Consejo aprobó en septiembre pasado la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un operativo multinacional con mandato explícito para combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH).

La GSF reemplazará a la anterior Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024, cuyos resultados fueron considerados insuficientes frente al avance de las bandas, que controlan puertos, carreteras y barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe.

Aunque se trata de mandatos distintos, la ONU señaló que la labor de la Binuh y el despliegue de la GSF son complementarios.

Se espera que los primeros contingentes de la GSF lleguen a Haití en abril, mientras que el despliegue completo está previsto para octubre, con hasta 5.500 efectivos aportados por al menos 18 países. EFE

Uno de los referentes de la derecha brasileña se encuentra en Estados Unidos desde marzo, con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, condenado a 27 años de prisión como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Contexto legal y reacción institucional en Brasil

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, dijo hace una semana que Eduardo Bolsonaro ya contaba con un número de faltas «suficientes» para su destitución, y le dio un plazo para que pueda presentar su defensa, algo que el parlamentario no realizó.

La Constitución brasileña establece la pérdida del mandato del legislador que falte a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo en caso de licencia médica o misión oficial.

«Perdí el mandato por hacer exactamente lo que mis electores esperan de mí», expresó el tercer hijo del exmandatario que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

En ese contexto, expresó que la decisión tomada este jueves por la cúpula de la Cámara baja se la toma como «una medalla de honor» y sentenció: «Estoy seguro de que esta historia no ha terminado«.

El líder del Partido Liberal en la Cámara, el diputado Sóstenes Cavalcante, dijo que se reunirá con el equipo legal para evaluar «todos los recursos pertinentes» para apelar la decisión tomada este jueves.

Flávio Bolsonaro, precandidato para las elecciones presidenciales de 2026 por el PL, culpó al «extraño sistema persecutorio vigente» en Brasil, que obliga a su hermano a vivir en el exterior.

«Hay casos y casos. Si un parlamentario fuera secuestrado por un grupo terrorista durante mucho tiempo y excediera el límite de ausencias, ¿también perdería su mandato? ¿O si sufriera un accidente y permaneciera inconsciente durante meses en un hospital?», escribió en su cuenta de X Flávio, primogénito de Jair Bolsonaro.

Tras el cabildeo de Eduardo, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense revocó recientemente la gran mayoría de los aranceles y sanciones que había impuesto a ciertos miembros del Supremo.

La cúpula, presidida por Hugo Motta, también decretó por este mismo motivo la pérdida de la banca del diputado Alexandre Ramagem, del Partido Liberal, condenado por su rol en la trama golpista y que se encuentra prófugo en Estados Unidos.

En rueda de prensa hace una semana, Motta había afirmado que Eduardo Bolsonaro ya contaba con un número de faltas «suficientes» para la destitución de su mandato, y le dio un plazo para que pueda presentar su defensa, algo que el parlamentario no realizó.

La Constitución brasileña establece la pérdida del mandato del legislador que falte a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo por licencia médica o misión oficial.

• Inespre venderá pollo a RD$200 en feria agropecuaria desde este viernes en la Ciudad Ganadera
• Varios muertos deja accidente de avión del expiloto de NASCAR Greg Biffle en EEUU: medios

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• Varios muertos deja accidente de avión del expiloto de NASCAR Greg Biffle en EEUU: medios

Impacto en la política y contexto internacional

El hijo del expresidente acumuló 59 ausencias sin justificación desde marzo, cuando viajó a Estados Unidos con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, unas actividades que le costaron una imputación de la Corte Suprema por intento de coacción a la Justicia.

Esto, en una investigación paralela a la del juicio por golpismo por el cual Jair Bolsonaro resultó condenado a 27 años de prisión, como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Tras el cabildeo de Eduardo Bolsonaro, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense revocó recientemente los aranceles y algunas sanciones que había impuesto a ciertos miembros del Supremo.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), recibió en septiembre una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista liderada por el líder de la ultraderecha.

La Corte Suprema de Brasil inició esta misma semana el trámite para pedir la extradición de Ramagem, quien, en septiembre pasado, cuando el juicio en su contra concluía, viajó al norte del país, ingresó a Guyana por vía terrestre y luego viajó hacia Estados Unidos, donde se encuentra hasta ahora.

El pasado septiembre un micrófono abierto captó, durante una visita de Trump al Reino Unido, al secretario de Gabinete de la Casa Blanca, Will Scharf, proclamando entre risas «crisis es nuestra marca», y explicando a continuación a su interlocutora que ese es el título (´Our brand is crisis´) de una película de 2015 protagonizada por Sandra Bullock.

Puede que Scharf desconozca que el citado largometraje está basado en un documental homónimo que desentraña la campaña de calumnias diseñada por consultores políticos estadounidenses para lograr la reelección de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2002.

Pero en cualquier caso supone una admisión inconfundible de la raíz de la que ha partido el Trumpismo en este segundo mandato.

Porque eso es exactamente en lo que ha basado este proyecto político, en inventar o amplificar una serie de crisis que dibujaban en el horizonte el fin de la civilización blanca y judeocristiana en EE.UU. y que posicionaban al magnate neoyorquino como la única solución posible.

Y esto último es la justificación que se ha esgrimido desde la Casa Blanca -que habla de jueces lunáticos empeñados en ignorar la voz y el mandato otorgado por los votantes estadounidenses- cada vez se cuestiona una acción de esta Administración.

Las agresivas campañas del segundo Gobierno Trump contra la inmigración, las iniciativas de diversidad, inclusión y equidad, el cambio climático, su condena del multilateralismo o sus alabanzas a China o Rusia, dibujan un Ejecutivo con inclinaciones autocráticas.

El diario The New York Times publicó en abril un artículo en el que se consultaba a 35 prestigiosos académicos del derecho estadounidense sobre las políticas de sus 100 primeros días de su segundo mandato. De los 35, 34 hablaron de ataques frontales a la Constitución, ilegalidad, debilitamiento de las libertades garantizadas por la Primera Enmienda o de una clara obsesión por concentrar y consolidar el poder del presidente.

Donde el movimiento MAGA ve al iconoclasta iluminado que EE.UU. necesita para romper con el sistema corrupto de las élites dominantes, la academia ve vandalismo puro y duro.

Michael Dorf, profesor de derecho en Cornell, y uno de los consultados en el artículo afirma en otra columna que «tras rodearse de aduladores, Trump no se siente ahora constreñido por la Constitución y las leyes federales».

Dorf considera que su segundo Gobierno se sustenta ahora en las creencias de los «neorreaccionarios» de Silicon Valley, que creen que el país debería ser dirigido como una corporación liderada por un director ejecutivo todopoderoso.

Y así, en menos de un año Trump se ha valido de agencias federales o el Departamento de Justicia para tratar de que se procese a rivales políticos, ha deportado a migrantes sin el debido proceso o firmado órdenes ejecutivas de peso para eludir al Congreso, cómo las relativas a sus «aranceles recíprocos».

También ha desplegado agentes federales y militares en ciudades estadounidenses de manera unilateral, difuminando la separación entre autoridad civil y militar, ha acosado a medios de comunicación o universidades o intentado eliminar el derecho de suelo para los hijos de indocumentados.

A su vez, ha redibujado distritos electorales sin ajustarse a los calendarios del censo para asegurar asientos republicanos en la Cámara baja de cara a las legislativas de medio mandato de 2026 o dictaminado que aquellos a los que acusa, sin aparentes pruebas, de traficar drogas por rutas marítimas merecen ser volados por los aires.

La lista se antoja interminable y ha deparado cientos de demandas contra las decisiones de la segunda Administración Trump, entre 500 y 530 requerimientos presentados ante tribunales federales, según distintas herramientas de seguimiento en línea.

Segundo Gobierno estadounidense

El segundo Gobierno estadounidense más demandado de la historia es curiosamente el de su predecesor, Joe Biden, que fue llevado a los tribunales en unas 135 ocasiones, muy por debajo de lo que el magnate inmobiliario ha logrado en los apenas 11 meses que han transcurrido desde que volvió a la Casa Blanca.

Así lo indica un grupo de expertos en el informe anual de la Fundación Alternativas sobre el estado de la Unión Europea (UE), publicado este miércoles y que analiza -entre otros temas- el impacto en el viejo continente del regreso al poder de Trump en EE.UU.

«Vivimos un momento de cierta frustración para los europeístas (…), con una nueva alza de aquellos que quieren poner en cuestión el proyecto europeo, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera», recordó en el acto de presentación del informe el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro.

La «hostilidad» de Trump como motor para la UE

En ese contexto, exacerbado por la elección hace justo un año de Trump, el panorama parece sombrío para la UE, pero si juega bien sus cartas puede acabar «consolidada como actor global», según el catedrático de relaciones internacionales Francisco Aldecoa.

«Se están formando dos occidentes: Estados Unidos por un lado y Europa por otro, coincidiendo cada vez en menos asuntos», escribe en el informe Aldecoa.

A su juicio, la UE puede ganar influencia y liderazgo en ese escenario si no deja atrás valores como el multilateralismo, el libre comercio y su concepción «completa y exigente» de los derechos humanos.

El «arranque hostil hacia Europa» del segundo mandato de Trump ha tenido, argumenta Aldecoa, una «influencia positiva» para el desarrollo de la UE, con frutos como el impulso al acuerdo con el Mercosur, al que «incluso se le ha puesto fecha» de firma pese a que hace un año existía una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo.

«Ante la política de Trump, o debido a esta, se está consiguiendo, por un lado, una cohesión entre los miembros de la Unión Europea, y, por otro, un acercamiento con otros socios, como el Reino Unido, algo espectacular en muy pocos meses», recalca Aldecoa, que también percibe más cooperación con Canadá, Noruega o Suiza.

Además, considera que la presidencia de Trump va a «acelerar el proceso» de ampliación de la UE y es probable que al menos Montenegro y Albania puedan entrar en el bloque antes de 2030.

La reindustrialización como palanca

Para Pablo Garde, otro autor del informe y subsecretario de Industria y Turismo de España, la reindustrialización puede ser clave en ese objetivo de que la UE «hable de tú a tú» con Estados Unidos y China y pueda «defender sus valores«.

«Necesitamos reindustrializar Europa, porque necesitamos no perder definitivamente la carrera de la innovación«, subrayó Garde en el acto de presentación, y recalcó la urgencia de una mayor «integración del mercado único«.

Para ello, indica Garde en el informe, hay que «utilizar la descarbonización como palanca de innovación» y mantener el énfasis en la transformación digital.

La UE ha apostado también por un mayor gasto en defensa, pero según otro autor del informe, el general de brigada José Enrique de Ayala, es un error aspirar a una meta en términos de PIB, como el 5 % que se ha marcado la OTAN, que a su juicio es «arbitraria» y guiada por los intereses de EE.UU.

Por su parte, el director de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, abogó por aumentar el presupuesto europeo: «Europa ahorra tres veces más que Estados Unidos, pero invierte mucho menos«, lamentó en el prefacio del informe.

Encuesta

«Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo», dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028.

El responsable de la diplomacia estadounidense, que se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

El mandatario fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor del presidente, asegurara en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. recoge que «ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces» y fuera ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su Administración cuenta con «un gran grupo de personas» para las elecciones de 2028, en cambio, a su juicio, los demócratas «no».

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, haya dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee ‘Trump 2028’ como la que utilizó en la última campaña presidencial.

Candidatos

Además, hace unos días, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien Trump mantiene un enfrentamiento, y la exvicepresidenta Kamala Harris, que perdió contra él el pasado noviembre, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata en los próximos comicios.

El pasado 30 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de Estados Unidos para el despliegue en el país caribeño de la GSF que sustituye a la MSS, desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.

Como parte de esta transición, la GSF «está actualizando las antiguas cuentas de redes sociales, canales de comunicación, logotipos, banderas e insignias de la MSS para reflejar su nueva identidad y mandato«, señaló un comunicado de la MSS.

Aunque este proceso puede llevar tiempo, «el flujo de información al público y a los socios continuará sin obstáculos, con el mismo nivel de transparencia, compromiso y capacidad de respuesta», aseguró.

• La nueva fuerza continúa colaborando estrechamente con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), en particular a través de recientes operaciones logísticas en la región de Artibonite, añadió la información.

En el marco de la GSF, el Gobierno de Canadá entregó recientemente 20 vehículos blindados de transporte de tropas adicionales, cinco de los cuales ya se han desplegado en la región de Artibonite.

Comunidades haitianas

Mientras la GSF sigue recibiendo apoyo material y logístico adicional de sus socios y partes interesadas internacionales, reafirmó «su compromiso inquebrantable de proteger a las comunidades haitianas y promover una paz duradera y una seguridad nacional reforzada».

La GSF, que tiene el respaldo del Gobierno haitiano, contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses.