En la vecina Uganda la situación es «estable», sin nuevos casos registrados, por lo que los contagios confirmados siguen siendo dos, con un fallecido, agregó Tedros en su cuenta oficial en X.

En la RDC, las cifras aumentan «a medida que mejoran las labores de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están dificultando la respuesta», agregó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tedros indicó que personal adicional de la OMS se ha desplegado en la provincia oriental congoleña de Ituri, el epicentro del brote, para apoyar a las comunidades afectadas, mientras se mantiene el contacto regular con las autoridades gubernamentales para coordinar las acciones de respuesta.

El director general ofrece este viernes una rueda de prensa sobre la situación de este brote, la segunda desde que el domingo 17 de mayo lo declarara una emergencia internacional.

Es la primera vez que un máximo responsable de la OMS declara este tipo de alerta sin convocar previamente un comité de emergencia, aunque por ahora los expertos de la organización consideran «bajo» el riesgo a nivel global, mientras que lo mantienen alto en la RDC y en la región de África subsahariana.

De acuerdo con la circular No. 008962 del MAP, a partir del 1 de julio, se implementarán los siguientes turnos:
Grupo A: Tendrá el horario de 7:00 am – 3:00 pm.
Grupo B: Tendrá el horario de 7:30 am – 3:30 pm.

Las instituciones que reciben más de 2,000 visitas al mes en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, uno de 7:00 AM a 2:00 PM y otro de 2:00 a 9:00 P.M.

Esta es una de las medidas del Gobierno que busca mejorar el tránsito y la seguridad vial.

Además, el Gobierno anunció restricciones en giro a la izquierda, sincronización de semáforos, incursión de nuevos vagones del Metro de Santo Domingo, entre otros, para evitar el congestionamiento vehicular.

La evaluación fue coordinada por el Departamento de Análisis Regulatorio y Compromisos de Servicios, en cumplimiento con el Decreto 211-10, el cual establece que el MAP es responsable de evaluar anualmente las Cartas Compromiso de las instituciones del Estado.

El director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, resaltó el compromiso institucional y de cada colaborador en hacer sus servicios más cercanos a la gente.

“Alcanzar un 99% en uno de los indicadores más exigentes del Sistema es una muestra de nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y la satisfacción de los ciudadanos-clientes.” 

Entre los principales puntos fuertes destacados en el informe se encuentran la publicación de informes semestrales sobre los compromisos asumidos, el funcionamiento efectivo de los canales de comunicación con la ciudadanía, y altos niveles de cumplimiento en los atributos de profesionalidad, confiabilidad y tiempos de respuesta en los servicios evaluados, especialmente en la Autorización de Permisos.

Rodríguez agregó que este resultado representa un verdadero compromiso con la calidad y la excelencia del servicio que brindamos a los ciudadanos.”

De su lado, Giselle Collado, directora de planificación y desarrollo, explicó como área responsable de la carta compromiso que el resultado obtenido reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la transparencia y la mejora constante en la gestión pública.

APORDOM reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, y acogió las recomendaciones del informe para fortalecer la próxima versión de su Carta Compromiso.

Asimismo, las entidades deberán gestionar la capacitación de su personal a través de los canales oficiales de la DIDA, asegurando una formación clara y efectiva sobre sus derechos y opciones en materia de seguridad social.

En materia de pensiones, se establece el compromiso de velar por el reconocimiento de los derechos adquiridos de aquellos empleados públicos que actualmente cotizan en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y que califican, según lo dispuesto en la Ley No. 379-81, para retornar al Sistema de Reparto Estatal. Esto les permitirá acceder a una pensión garantizada por el Estado dominicano.

Con esta iniciativa, el MAP y la DIDA refuerzan su compromiso con la protección social de los servidores públicos, asegurando que cada trabajador conozca y ejerza plenamente sus derechos dentro del sistema de seguridad social del país.

Sobre el proceso de solicitud de traspaso de una AFP al Sistema de Reparto Estatal

Para poder acceder al traspaso de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI) al Sistema de Reparto Estatal, los servidores públicos deberán contar con al menos 20 años de labor y haber alcanzado una edad mínima de 60 años o 35 años en la administración pública sin importar la edad y haber estado afiliado al Sistema de Reparto gestionado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) previo al inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), implementado el 1 de junio de 2003.

Los interesados deben presentar una solicitud voluntaria de traspaso de CCI (Administradora de Fondos de Pensiones) a Reparto a través de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entidad que se encargará de canalizar el caso ante los organismos competentes.

La evaluación de las solicitudes está a cargo de una comisión interinstitucional conformada por la DIDA, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP). Esta comisión verifica el cumplimiento de los requisitos y determina la procedencia del traspaso de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 572-07 y 579-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

El acuerdo, firmado por el ministro del MAP, Sigmund Freund y el titular del SNS, Mario Lama, también contó con la presencia de Gregorio de Jesús Montero,  director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); los viceministros: de Planificación e Inversión Pública, Martín Franco; Hadeline Matos, de Evaluación de Desempeño Institucional del MAP; Ilka González, directora de Planificación y Desarrollo del SNS,  junto a directores regionales y representantes de hospitales del país.

En su intervención, el ministro Sigmund Freund destacó que este acuerdo es la materialización de una visión ya trazada en el Plan de Gobierno del presidente Luis Abinader, que prioriza el fortalecimiento del sistema de salud y la consolidación de un modelo de gestión pública orientado a resultados.

El ministro señaló que este acuerdo refleja una visión estratégica planteada en el Plan de Gobierno del presidente Luis Abinader, que prioriza la mejora del sistema de salud y la creación de un modelo de gestión pública orientado a resultados. 

El doctor Lama, además expresó su agradecimiento al MAP por el apoyo en la mejora de los hospitales, destacando el esfuerzo conjunto como un gran reto. Afirmó que, aunque no se puede lograr un 100% de eficacia, los indicadores positivos demuestran que los niveles de calidad han mejorado. Igualmente, subrayó que, a pesar de los logros alcanzados, aún hay espacios de mejora y el compromiso colectivo es esencial para convertir el sector salud en un referente de éxito.

En el 2025, el Sistema de Monitoreo SISMAP Salud ampliará su cobertura con la incorporación de 87 nuevos hospitales, sumando un total de 187 establecimientos de salud. Este crecimiento tiene como meta optimizar los procesos institucionales, mejorar la calidad del servicio y asegurar una atención eficiente.

Como parte de este avance, también se reconocieron a los hospitales más destacados de la versión 2024 del SISMAP Salud. El primer lugar fue otorgado al Hospital Municipal Dr. José A. Columna, de Bonao, seguido por el Hospital General Provincial Santiago Rodríguez en el segundo lugar y el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert en Mao, en el tercero. Estos centros de salud fueron destacados por su compromiso con la mejora continua y la excelencia en la atención médica.

Generalidades del acuerdo

El convenio, rubricado por el MAP y el SNS contempla la inclusión en SISMAP Salud de la totalidad de los centros hospitalarios, los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN), y los Centros de Diagnóstico pertenecientes a la Red Pública, dependientes del Servicio Nacional de Salud.

Asimismo, el impulso de los procesos de fortalecimiento institucional, calidad, mejora continua y atención al usuario del sistema público de salud, sobre la base de la eficiencia, eficacia, atención oportuna, calidad en el servicio y acceso universal e inclusivo para la población.

Circular conjunta de incentivos

En esta misma actividad se realizó la firma de la Circular Conjunta de Incentivos y Reconocimientos del SISMAP Salud, un mecanismo diseñado para estimular el desempeño institucional y destacar a los hospitales que han demostrado excelencia en su gestión.

Ruta de Estratégica del SISMAP Salud

En el acto, realizado por el MAP y el SNS, se presentó la “Ruta Estratégica del SISMAP Salud”, que es un programa de acompañamiento técnico que permitirá al equipo del MAP y del SNS brindar asistencia directa a los hospitales en la implementación de la nueva Guía del SISMAP Salud.

El proceso busca asegurar que los centros hospitalarios, además de monitoreados, también cuenten con las herramientas necesarias para traducir los indicadores en mejoras concretas en su gestión y en la calidad de los servicios que ofrecen a la población.

Sobre el SISMAP Salud

El SISMAP Salud es una herramienta que permite evaluar el desempeño hospitalario en términos de eficiencia, calidad y transparencia en la gestión. Con la ampliación de este sistema, el Gobierno refuerza su compromiso con la excelencia en la administración pública y la mejora en la prestación de los servicios de salud.

Consideran que esta disposición del ministro Sigmund Freund fue adoptada “muy personal” ya que la ley no establece este tipo de disposición, por lo que insisten en considerarla inconstitucional.

Luego del revuelo que generó la medida, el MAP aclaró que no se aplicará ninguna sanción ni régimen de consecuencias para aquellos servidores públicos que decidan no participar en este ejercicio. Mientras el presidente Abinader dijo que la disposición busca «apoyar con el Bono Luz» a empleados de menores ingresos.

Al referirse a la circular, Abinader enfatizó que la medida busca establecer una cultura de ejemplo y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, sin ánimo de sancionar. “Lo que busca, incluso, es que en algunos casos los empleados públicos que están en la escala salarial más baja puedan recibir apoyo con el pago de esos servicios; esta disposición no busca más que dar el ejemplo”, explicó el mandatario, en respuesta a las críticas.

«Esa disposición tiene una intención y solo puede tenerla si es voluntaria, lo que busca es que en algunos casos a los empleados de salarios más bajos era darle hasta el bono luz, que iba a tener efectos positivos a los de menor nivel con el apoyo de bono luz», dijo Abinader.

Previamente, Sigmund Freund, titular del MAP, también defendió la medida en entrevistas recientes y en un comunicado. Freund subrayó que el objetivo principal es conocer los patrones de consumo de los empleados y fomentar una “cultura de cumplimiento y responsabilidad cívica”. Agregó que el Estado debe ser un referente en la responsabilidad ciudadana, y que esta disposición se alinea con los principios de la Ley 41-08 sobre conducta ética en el servicio público. Incluso, indicó que él mismo envió su factura de electricidad para cumplir con la solicitud.

Freund insistió en que este “ejercicio libre y voluntario” no infringe la privacidad ni la Constitución, argumentando que la información de facturas de servicios públicos es de naturaleza administrativa, emitida por empresas concesionarias que brindan servicios esenciales.

Desde que se dio a conocer la medida, distintas voces han manifestado sus preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los servidores públicos. En respuesta, el MAP emitió un comunicado reiterando que el levantamiento de información es “voluntario” y que su fin último es el compromiso de los servidores públicos en el cumplimiento ético de sus obligaciones. La entidad asegura que no se aplicarán sanciones por no cumplir con el pedido de presentar facturas y que la intención es garantizar la continuidad de los servicios y, en algunos casos, ofrecer apoyo a quienes más lo necesiten.

El MAP estableció un plazo de 15 días para que las direcciones de Recursos Humanos en las instituciones públicas confirmen si los empleados poseen contratos de servicios públicos a su nombre o al de algún familiar, con el objetivo de “facilitar la gestión administrativa”.

Los legisladores mostraron su desacuerdo con la decisión del MAP por considerar que la medida viola la privacidad de las personas, derecho protegido por la Constitución.

Para algunos congresistas, aunque la circular 018031 pudiera ser una forma de incentivar la cultura de pago del servicio eléctrico y del agua, consideran que esto no obliga a los servidores públicos a ofrecer dicha información, ya que no está contemplado en la ley.

En el propio oficialismo califican la medida como un exceso por parte del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.

Los congresistas sugirieron al gobierno retirar de inmediato esta medida.

«Por eso es que dicen que las segundas gestiones nunca fueron buenas. Este gobierno nos vive sorprendiendo constantemente con asuntos que uno a veces considera absurdo ridículo y a veces uno no sabe como calificarlos, y es lo que podemos decir sobre esa circular 018031 que emitió el MAP bajo la firma del ministro que dicho sea de paso está plagada de faltas ortográficas, yo no se si Sigmund Freund la firmó sin leerla y prefiero pensar que la firmó sin leerla y no pensar que la leyó y no detectó las faltas ortográficas», expresó Delgado en el programa El Despertador, el cual conduce junto a otros periodistas.

Subrayó que hay algunos abogados que dicen que eso es una violación a la Constitución, «pero no solo es eso, sino de que es algo que se torna hasta cierto punto ridículo, porque yo te pregunto, cuál es el objetivo de esto, o sea el objetivo de saber si un empleado del Estado tiene un contrato de servicio de agua o electricidad para qué, qué pasa si ese empleado tiene un atraso, ¿lo van a cancelar, le va a descontar del salario?».

Manifestó que en el país más o menos un tercio de los empleados del Estado devenga de salario mínimo de 10, 000 pesos, por lo que se preguntó, qué contrato van a tener esos, que viven en barrios marginados y que no pagan el servicio de la luz.

A través de un Tweet, Freund sostuvo que la disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que se exigen a los ciudadanos.

El objetivo de la circular 018031 es levantar información para planificaciones diversas y conocer el perfil del consumo. La disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que se exigen a los ciudadanos.

— Sigmund Freund (@SigmundFreund) October 31, 2024

Lo que dijo Freund este viernes en una entrevista en un programa radial:

En tanto que en un programa radial, Freund dijo que aclara que esa circular no viola ningún articulo de la constitución y que esta dispuesto a discutirlo en cualquier escenario.

Sostuvo que esa disposición tiene como objetivo dos elementos principales, establecer la cultura de pago de los servicios de pago de los servicios por parte de los empleados públicos.

«Nosotros como servidores públicos somos los que tenemos que dar ejemplos a la sociedad y ante la provi0sion de sus servicios por parte de empresa de esa naturaleza… en el día de ayer yo fui el primero que envié mi factura de electricidad a Recursos del MAP».

Defendió que la idea es levantar la información sobre patrones de consumo, tipo de servicios que se brindan, como está la calidad del servicio. «estamos hablando que no solamente tiene un aspecto de formalización y de verificar tu cumplimento, sino tambien levantar la información que va a servir para todo lo que son los desarrollos de las políticas publicas del sector eléctrico».

En una acalorada entrevista, al ser cuestionado que el artículo 44 no habla de la no inherencia de la vida privada y familiar, el pedirle a un empleado público el tener que llevar una factura de pago de energía eléctrica, dijo que las facturas de electricidad como de agua son generadas por empresas públicas en virtud de la provisión de un servicio público, el documento, la herramienta que se emite es propiedad de la empresa.

Agregó que para ellos podría ser muy fácil y lo podrían lograr sin ningún tipo de violación a ninguna ley.

El entrevistador refutó que las empresas no son públicas sino de naturaleza privada, poniendo de ejemplo que el Banco de Reservas es una empresa de naturaleza privada sin importar que el propietario sea el Gobierno.

Comunicado del MAP este jueves:

“Es fundamental que, como servidores públicos cumplamos con nuestro deber constitucional de respetar las normativas vigentes, y mostremos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones, no solo para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, sino también para fomentar una cultura de responsabilidad y civismo entre los ciudadanos y servidores, promovidas por principios que rigen la conducta de los servidores públicos establecidos en la ley 41-08.”, agregó el titular del MAP.

Asimismo, indicó que el cumplimiento en el pago de los servicios no solo asegura su continuidad, sino que también refleja la ética y compromiso con el bienestar colectivo. “Es parte de nuestro compromiso como gobierno ser ejemplo en el cumplimiento de nuestros deberes.”

Las direcciones de Recursos Humanos deberán confirmar en un plazo de 15 días laborables si el servidor público posee contrato de energía eléctrica y agua. En caso de que el empleado no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de que familiar está y si cumple con sus obligaciones de pago.

La circular establece que, “es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa”.

El documento está dirigido a ministros, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, contralor general de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.