La diáspora reconoce que aún es temprano para tomar ciertas medidas, pero considera que las autoridades deberían ampliar el Plan de Regularización de Venezolanos.

El cierre del consulado venezolano en la República Dominicana afecta a los ciudadanos venezolanos que residen en el país, ya que les impide realizar sus trámites consulares.

Posición oficial del Gobierno dominicano

La República Dominicana no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, reiteró el canciller Roberto Álvarez.

Es por ello que el Gobierno dominicano mantiene las mismas facilidades otorgadas a los venezolanos residentes en Quisqueya, permitiéndoles renovar permisos de trabajo temporal, residencias temporales y permanentes con pasaportes vencidos.

Los venezolanos, quienes aseguran comprender la situación, expresan su interés en que se extiendan los planes de regularización.

Indican que muchos niños, hijos de venezolanos, carecen de documentos debido al cierre de la embajada y el consulado, además de otros casos en los que los documentos se han extraviado o han sido robados, sin posibilidad de obtener un duplicado.

Desde 2021, el presidente Luis Abinader autorizó a la Dirección General de Migración a permitir que los venezolanos actualicen su estatus migratorio utilizando documentos vencidos.

El Gobierno dominicano reiteró que no reconoce a Delcy Rodríguez por formar parte del régimen de Nicolás Maduro, con el cual la República Dominicana no mantiene relaciones diplomáticas.

En Austin y Dallas, las manifestaciones se alargaron hasta el anochecer y terminaron en enfrentamientos con la Policía local, después de que las autoridades declararan las protestas como «asamblea ilícita«, según informaron medios locales.

En Austin, la capital del estado, los manifestantes marcharon hacia la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), donde la Policía y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) intentaron dispersarlos con gas pimienta y balas de goma. Varias personas fueron arrestadas.

En Dallas, por su parte, la Policía comenzó a dispersar a los manifestantes sobre las 22:00 hora local (03:00 GMT del martes) y también lanzó gas pimienta contra las personas que cargaban pancartas con mensajes como «nadie es ilegal» o «fin a las políticas de deportación«.

El gobernador de Texas, el ultraconservador Greg Abbott, es un aliado cercano de la Administración de Donald Trump y ha dado su apoyo a las políticas antimigrantes, incluida la respuesta militarizada a las protestas en California.

«Se está llevando a cabo un asalto organizado contra los agentes del orden, es hora de que se acabe y de permitir a los federales hacer cumplir las leyes del país«, escribió Abbott en su cuenta de la plataforma X este fin de semana.

Los Ángeles entra este martes en su quinto día en tensión, después de que las manifestaciones contra las redadas de ICE derivaran en enfrentamientos con la Policía, con brotes de violencia, vehículos incendiados y cientos de personas arrestadas.

El presidente ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad sin solicitar autorización al gobernador, un hecho sin precedentes en las últimas seis décadas.

A su vez, Trump señaló hoy que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección, promulgada en 1807, para disolver las protestas de manera militar. Este estatuto otorga al presidente la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país.

Los congresistas sostienen que la nación no puede asumir el peso de la crisis haitiana y que, en vez de cuestionar, la ONU debería intervenir directamente en Haití.

El nuevo protocolo de verificación migratoria en los hospitales de República Dominicana, han vuelto a poner al país en la mira de los organismos internaciones.

La vicepresidenta Raquel Peña, defendió las medidas implementadas por el gobierno en protección de los intereses nacionales.

Los legisladores hicieron un llamado al gobierno dominicano para que no ceda ante presiones internacionales y mantenga firme su política migratoria, enfocada en el control fronterizo y la repatriación de extranjeros en situación irregular.

El presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados, Ignacio Aracena, se sumó al abanico de defensa, alegando que el Estado dominicano actúa dentro del marco legal y en ejercicio de su soberanía.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves la implantación del protocolo migratoria en los hospitales del país, medida que afirma puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros.

Desde el lunes el país comenzó a exigir documentos de identificación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales públicos, con una gran presencia de migrantes embarazadas o que acaban de dar a luz.

El país está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia derivada de las nuevas medidas para fortalecer la política migratoria, que incluyen el endurecimiento de las penas y la propuesta de reformas legales.

Así lo aseguró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien expresó su respaldo absoluto a las acciones del gobierno.

Para el senador por la provincia La Altagracia y presidente de la comisión de reforma al código de trabajo, Rafael Barón Duluc, quien calificó de “atinadas” las medidas, es necesario respetar los derechos humanos para no caer en calificaciones negativas a nivel internacional.

Además del depósito ante el congreso de un proyecto de reforma a la ley migratoria con sanciones más severas para quienes faciliten la migración ilegal, las medidas anunciadas incluyen la aceleración del muro fronterizo y el impulso a la dominicanización del empleo en sectores como zonas francas y turismo.

Para la oposición, el plan migratorio del gobierno no es más que un anuncio populista fruto de la presión social.

Se espera que esta tarde en el encuentro la semanal con la prensa el presidente Abinader ofrezca más detalles de las medidas anunciadas este domingo.

“Desde nuestra posición, reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento y seguimiento de estas acciones en favor del orden y la seguridad nacional”, afirmó Arias al referirse al conjunto de disposiciones adoptadas por el mandatario dominicano.

Las declaraciones de Arias se producen después de que el mandatario dominicano anunciara un conjunto de 15 disposiciones enfocadas en reforzar el control fronterizo, combatir la migración irregular y proteger la soberanía nacional frente a la crisis sociopolítica que afecta a la nación vecina de Haití.

El presidente Abinader destacó durante su alocución que estas medidas, aunque firmes y en algunos casos difíciles, son necesarias para garantizar la paz y la estabilidad en la República Dominicana.

Entre las acciones más relevantes se encuentran el refuerzo militar en la frontera, la aceleración de la construcción del muro fronterizo, la reforma del marco legal migratorio y la implementación de un protocolo hospitalario que regule la atención médica a personas en situación irregular.

Rafael Arias valoró especialmente el llamado a la unidad nacional hecho por el presidente, destacando que “ningún desafío encuentra solución en la indiferencia, y esta es la hora de la determinación y el compromiso con nuestro país”.

Asimismo, Arias hizo un llamado a los diferentes sectores sociales para que apoyen estas políticas, al tiempo que reiteró que “la defensa de nuestra soberanía no es un tema partidista, sino un deber patriótico que nos compromete a todos”.

Con estas declaraciones, Arias se une a las voces que, desde distintos ámbitos de la vida nacional, han mostrado su respaldo al conjunto de medidas presentadas por el jefe de Estado.

En un memorando firmado el viernes y hecho público este sábado por la Casa Blanca, Trump afirmó que los abogados están alimentando un «fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito» en el sistema migratorio, por lo que ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que incurren en lo que a su juicio son conductas profesionales indebidas.

El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a «imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos».

En ese sentido, instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir dichos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren ciertas credenciales y se les rescinda cualquier contrato que puedan tener con el Gobierno federal.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.

Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como «otro paso» de Trump hacia el desmantelamiento del «Estado de derecho» y un intento de «silenciar» a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.

«Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia», afirmó Wang.

Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.

Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva, buscando expandir los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.

«La Cancillería ha dispuesto que los consulados generales del Perú redoblen la comunicación directa con las autoridades migratorias estadounidenses a fin de que les brinden inmediata información sobre los connacionales retenidos», señaló el Ministerio de Exteriores.

También instó a que los consulados les den acceso a los lugares de retención «para poder ejercer adecuadamente sus funciones de protección consular«.

En este sentido, agregó que, con recursos financieros adicionales, se han potenciado los servicios de asesoría legal en materia migratoria en favor de los peruanos en el país norteamericano.

También detalló que se está fomentando la colaboración activa con organizaciones benéficas locales y estudios jurídicos pro-bono.

«Los consulados generales en Estados Unidos están llevando a cabo campañas informativas dirigidas a la comunidad peruana, enfatizándoles la importancia de conocer los datos de contacto de sus consulados, mantener su documentación en regla, evitar situaciones de riesgo, y estar atentos a los cambios normativos», indicó la Cancillería.

Además, comunicó que la red consular en el país se ha fortalecido con los Consulados Generales en Salt Lake City (Utah), Phoenix (Arizona) y Seattle (Washington).

Precisó que también se ha incrementado la capacidad de las oficinas consulares en los países de tránsito, «para atender eventuales flujos de repatriación hacia Perú de connacionales que así lo requieran».

Sostuvo que la Cancillería «está en permanente contacto con las autoridades estadounidenses», a través de la Embajada de Estados Unidos en Perú y de la Embajada de Perú en Washington, «a fin de preservar los derechos de las peruanas y peruanos que sean deportados».

«La Cancillería exhorta a la comunidad peruana en Estados Unidos a mantenerse informada a través de los canales oficiales de los Consulados para cualquier consulta o asistencia», señaló.

Por otro lado, el canciller Elmer Schialer añadió en la información difundida que los peruanos que sean deportados «van a tener todas las facilidades que se necesiten para su reinserción en el país», y que el Gobierno está comprometido en velar «por su bienestar y un trato digno».

Asimismo, que el ministerio, a través de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, está coordinando estrategias y medidas concretas para contribuir a la reintegración de los connacionales retornados, como acceso a bolsas de empleo, servicios educativos y servicios de salud

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en la primera semana de mandato de Trump al menos a 2.382 inmigrantes indocumentados y cursó 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados, según sus propias cifras. 

Mientras que legisladores piden reforzar medidas migratorias para que el país no sufra las consecuencias de posibles deportaciones de haitianos desde Estados Unidos.

Para la Federación Internacional de los Derechos Humanos el respeto a los inmigrantes dominicanos, haitianos y de otras nacionalidades que están en Estados Unidos debe ser lo que prime de aplicarse las leyes migratorias que anunció Donald Trump de ganar la presidencia de ese país.

En tanto que, legisladores de diversas bancadas entienden que las deportaciones de Estados Unidos no lacerarán las relaciones diplomáticas con el país, aunque debe reforzarse la política migratoria para que de este lado de la isla no se sufra las consecuencias de las deportaciones de haitianos desde ese país norteamericano. 

Sin embargo, gremios que acogen a los migrantes consideran que los haitianos que sean deportados desde Estados Unidos, buscarían otros un país más desarrollado que República Dominicana para volver a establecerse.

Según informaciones, se estima que las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump impactaría a más dos millones inmigrantes.

Los entrevistados coincidieron en que cada país tiene derecho a implementar sus políticas migratorias, bajo respeto a los derechos humanos.