Así lo señaló este miércoles la directora de Obra Católica Portuguesa de Migraciones, Eugénia Quaresma, que ayer entregó una solicitud para que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, envíe esa propuesta de ley al Tribunal Constitucional.

Su organización es un departamento de la Conferencia Episcopal Portuguesa y coordina el Foro de Organizaciones Católicas para Inmigración y Asilo (FORCIM).

Quaresma explicó que el martes fue recibida por la jefa de la Casa Civil de la Presidencia, Maria João Ruela, y la secretaria del Consejo de Estado, Rita Magalhães, en el Palácio de Belém, sede de la jefatura de Estado lusa.

«Nuestra visita fue para que el presidente preste atención a algunos aspectos que creemos que pueden rozar la inconstitucionalidad, como la cuestión de la reagrupación familiar, la del acceso a la justicia y cómo se aprobó tan rápidamente esta propuesta de ley sin pasar por todos los trámites», enumeró.

La iniciativa recibió el visto bueno del Parlamento la semana pasada, gracias al apoyo de los dos socios de Gobierno y del partido de ultraderecha Chega, y ahora está en el despacho de Rebelo de Sousa, que tiene que decidir si la sanciona como ley o la veta. También tiene la posibilidad de enviarla a la Corte Constitucional antes de adoptar una postura.

Quaresma destacó que en lo que respecta al acceso a la justicia por parte de los migrantes se quiere imponer «una limitación» a algo que está consagrado en la Constitución, por lo que consideró que restringir ese derecho es «anticonstitucional» y es uno de los aspectos que piden revertir.

«Otro tiene que ver con la reagrupación familiar y con los plazos y las desigualdades que se introducen», indicó la responsable católica, quien denunció que no se tienen en cuenta las necesidades de las familias ni de los menores de edad.

«Habría que mirar la Convención sobre los Derechos del Niño (de la ONU) porque es posible que sus derechos se estén poniendo en peligro -subrayó-. Además, esta introducción de diferencias entre hermanos menores y no menores de edad, que son sujetos a un tratamiento diferente. Son medidas que nos gustaría que se tengan en cuenta con más cuidado».

Quaresma reflexionó sobre el grave impacto que la restricción a la reagrupación familiar y otras medidas que impiden la integración pueden tener en la vida de los migrantes.

«Hay un impacto del que no se habla, que es el emocional, la distancia y la dificultad de reunirse con la familia, porque es algo que moviliza a la persona, cuidar de su familia», apuntó.

La responsable detalló que cuando alguien emigra solo, sin sus parientes, intenta ayudar a la supervivencia de la familia que queda en el país de origen, pero a veces llega un momento en que puede ser mucho más fácil para esa persona vivir en territorio nacional con sus seres queridos. 

Según Charpentier, esta iniciativa es fundamental para abordar temas de interés común entre ambas naciones y fortalecer las relaciones bilaterales.

«Me parece muy oportuna la petición que hace el gobierno haitiano de reactivar la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana en un momento en que la relación entre Haití y la República Dominicana no está en su mejor momento. Hay temas de gran interés para ambas partes de la isla que deben ser abordados, como el comercio, la seguridad, la migración y el medio ambiente», expresó Charpentier.

El líder de la Mesa Nacional para las Migraciones destacó que la reactivación de este espacio de diálogo permitiría a ambos países discutir asuntos sensibles de manera estructurada y con un enfoque cooperativo. «Creo que es un buen momento. Incluso el gobierno dominicano debería acoger esa petición para reactivar la Comisión Mixta Bilateral. También deberían reactivar todas aquellas comisiones y subcomisiones que tienen varios años sin reunirse», agregó.

Temas clave a abordar

Entre los puntos que, según Charpentier, requieren atención prioritaria se encuentran:

• Migración y migración laboral: Regularización y control de los flujos migratorios en un marco de cooperación bilateral.
• Comercio: Fortalecimiento del intercambio económico entre ambos países para beneficio mutuo.
• Salud: Implementación de estrategias conjuntas en materia de salud pública.
• Medio ambiente: Protección de los recursos naturales compartidos y lucha contra la deforestación.
• Seguridad: Acciones conjuntas para mejorar la seguridad en la zona fronteriza.

Además, Charpentier resaltó la importancia de retomar el tema consular. Señaló que «hace más de uno o dos años que el tema de las visas se ha paralizado». En este sentido, abogó por un acercamiento entre los funcionarios de ambas naciones para facilitar soluciones en un marco de respeto mutuo.

«Aquí en República Dominicana hay funcionarios trabajando. Pero lo que se necesita es que ambas comisiones y subcomisiones, tanto de Haití como de la República Dominicana, se reúnan y reactiven el diálogo», concluyó Charpentier.

«Este alarmante aumento de los desplazamientos pone de manifiesto el incesante ciclo de violencia que asola la capital haitiana. Nunca habíamos visto a tanta gente desplazarse en tan poco tiempo», declaró en un comunicado Grégoire Goodstein, jefe de la OIM en Haití.

Las familias, añadió, «se ven desarraigadas una y otra vez, obligadas a dejarlo todo para huir en busca de seguridad. Muchas de estas personas desplazadas ya vivían en condiciones precarias tras desplazamientos anteriores».

Durante años, la violencia de las bandas, los desplazamientos de población y la inestabilidad han reinado en Puerto Príncipe y en gran parte del país, y cada ola de ataques ha agravado el sufrimiento de comunidades ya vulnerables.

El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe permanece cerrado y la capital sitiada por las bandas armadas, que controla el 85 % de la capital.

La escalada de violencia ha tenido un impacto considerable en las comunidades de varios barrios de la capital, en particular Delmas, Carrefour-Feuilles, Martissant, Fort National, Pétion-Ville y Tabarre, obligando a miles de personas a huir en busca de seguridad.

La mayoría de las personas desplazadas han buscado refugio en 48 sitios de desplazamiento, 12 de ellos de nueva creación, mientras que otras han encontrado refugio en familias de acogida que ya están desbordadas, continuó el comunicado.

En total, más de un millón de personas se han visto desplazadas por todo el país, una cifra que se ha triplicado en el último año.

«Los recursos son insuficientes y las necesidades humanitarias superan con creces la capacidad de respuesta actual», añadió la OIM, que indicó, además, que la inseguridad no deja de aumentar.

Es necesario reforzar el apoyo a la Policía Nacional de Haití para dotarla de los recursos y capacidades necesarios para restablecer la estabilidad y la seguridad, prosiguió.

«Las personas que huyen de la violencia necesitan protección inmediata, comida, agua y refugio. La situación empeora día a día y, sin apoyo adicional, corremos el riesgo de asistir a una catástrofe humanitaria aún mayor», subrayó Goodstein.

Según informaciones verificadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 5.601 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales, un millar más que en 2023. 

El dato supone un 46% más que el mes anterior, señaló la agencia de la ONU en un comunicado. Entre los cerca de 13,000 haitianos deportados, 3,000 recibieron asistencia humanitaria a su regreso y 1,200 recibieron apoyo psicosocial.

«Para la mayoría de los haitianos, la perspectiva de la migración regular sigue siendo un obstáculo insuperable, por lo que la migración irregular es la única esperanza», señaló la organización.

La obtención de un pasaporte puede tardar «meses o más de un año», señala la OIM, que también cita altas cifras de desplazados internos.

Según el organismo, más de 360,000 haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares por la violencia y «muchos lo hicieron varias veces».

El país contaba con 11,6 millones de habitantes en 2022, según la ONU.

Haití, que ya atravesaba una profunda crisis política y de seguridad, ha sufrido un recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas, cuando varias pandillas aunaron fuerzas para atacar lugares estratégicos de Puerto Príncipe, afirmando querer derrocar al primer ministro, Ariel Henry.

Este último, muy controvertido, no pudo regresar al país al cabo de un viaje a Kenia a principios de marzo y presentó finalmente su dimisión para ceder el poder a un consejo de transición.

Pero el nombramiento de ese grupo de nueve personas se ha visto retrasado por desacuerdos internos y las supuestas dudas legales del gobierno saliente.

Martin Griffiths, el coordinador humanitario de la ONU, liberó el jueves 12 millones de dólares de un fondo de emergencia para hacer frente a la crisis.

Durante La Semanal con la Prensa de este lunes, el jefe de Estado aclaró que, según una carta enviada por la OIM, «ellos decían que atendían especialmente a los inmigrantes de Venezuela, ayudándolos con información y a los demás también inmigrantes en estado de vulnerabilidad.»

«Era una oficina pequeña como ellos mismos dijeron, nunca un centro de refugiados o una tergiversación en ese caso, que nosotros no vamos a aceptar», resaltó el mandatario.

Indicó que esta organización internacional está en el país desde los años 60 y «estuvo autorizado por el gobierno como las demás unidades de las Naciones Unidas«.

Sin embargo, «esas organizaciones no tienen que ver en nada con un centro de refugiados que no aceptaríamos nunca, tampoco no creo que vayan a la justicia a defender ningún tema de los migrantes, sino que le dan información, eso es lo que yo he leído en la carta».

Sánchez vive legalmente en Perú desde el 2019, en septiembre del año pasado viajó a Europa de vacaciones donde cuenta que le robaron su pasaporte situación que la obligó a viajar a Venezuela con un salvoconducto para obtener un nuevo documento, cuyo pasaporte se lo entregaron en enero y cuando regresó a Perú, para entonces su carnet de permiso temporal de permanencia había vencido y  migraciones le negó el ingreso.

Su abogado y la Defensoría del Pueblo sostienen que, al amparo de las normas vigentes, Migraciones sí podría permitir su ingreso a Perú

Desde Enero la joven venezolana permanece en el área de embarque internacional del aeropuerto de Lima, donde come se asea y se alimenta, según indicó CNN.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno en conjunto con Estados Unidos, formalizaron este lunes el acuerdo en el que los dominicanos no tendrán que hacer filas en las migraciones de los aeropuertos de ambas naciones.

Con la medida, los ciudadanos dominicanos que soliciten y obtengan la aprobación para participar en Global Entry podrán ingresar a EE.UU. utilizando los quioscos de control en las áreas del Servicio de Inspecciones Federales de aeropuertos estadounidenses.

Los solicitantes exitosos de Global Entry también recibirán el beneficio del programa TSA PreCheck, que permitirá un proceso de selección más fluido en el control de seguridad para vuelos nacionales e internacionales que salen de los Estados Unidos.

Al entrar en el programa, el país se convierte en décimo sexto en el mundo en ser parte del grupo y los viajeros se convierten en confiables al entrar a Estados Unidos, así lo informó el canciller de la República, Roberto Álvarez.

Dicha resolución en su artículo seis, indica que aquellos extranjeros que en la actualidad se encuentran en nóminas fijas o temporales, ocupando cargos permanentes de la administración pública, deberán ser colocados en condición de eventuales o jornaleros, según corresponda, en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Para el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones, William Charpentier, la República Dominicana está viviendo un tema de desempleo y el Estado prioriza a sus ciudadanos, pero manifestó que le preocupa que pueda contravenir la Constitución debido a que una vez el extranjero tiene residencia permanente o provisional en el país, obtiene derechos civiles.

Charpentier se refirió a maestros y técnicos que tienen mucho tiempo trabajando en el país cuya variación en el contrato podría afectarles.

En ese mismo orden, consideró que las autoridades migratorias no están respetando los derechos de las personas deportadas, por lo que le preocupa que militares y policías sin la inspección de agentes de migración persigan a los inmigrantes en su mayoría haitianos.

Aseguró que está de acuerdo con la aplicación de las leyes migratorias siempre y cuando se respete la dignidad de las personas.

En ese mismo sentido, se expresó el representante de la diáspora venezolana en el país, Miguel Otaiza, quien dijo que muchos venezolanos que trabajan en el República Dominicana serán desmejorados con la nueva resolución emitida por el Ministerio de la Administración Pública, debido a que ahora tendrán que ir a un concurso y ya no serán contratos fijos sino temporales.

Agradeció al Gobierno dominicano por el permiso temporero que tienden en el país, pero al no tener una residencia fija esto provocará que queden fuera.

En cambio, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Napoleón Rodríguez, co-proponente de la modificación a la Ley de Administración Pública 247-12, junto a su colega del mismo partido Jesús Ogando, dijo que esta modificación completa en ese punto y favorece la resolución del MAP.

De igual modo, Mercedes Rodríguez Diputada del PLD favoreció la resolución del MAP.