Miguel Surun Hernández, en representación del grupo, calificó dicha resolución como “una condena de muerte”, ya que la vida de muchas personas dependen del acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis

El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución que garantiza el derecho a salud.

“Le pedimos al Ministerio Público que actúe contra Miguel Surún Hernández. Que no siga haciendo el papel de cómplice encubridor de este delincuente que preside el Colegio de Abogados”, expresó.

Furcal aseguró que el Colegio de Abogados, de una entidad de naturaleza estrictamente gremial, derivó, en su cúpula bajo la dirección del Surún Hernández, en una asociación de malhechores, prevista como crimen en los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal.

Planteó que Surún Hernández se ha dedicado “a instrumentalizar el Colegio de Abogados para, bajo la ley de Adam Smith, realizar prácticas corruptas como lo es la de vender acusaciones y sentencias disciplinarias falsas como ha ocurrido con numerosos abogados que han sido arbitrariamente condenados por el Tribunal Disciplinario, instrumento lacayo de Surún”.

Furcal denunció que Surún Hernández haya comprado para su uso personal cinco inmuebles por un valor de 119 millones de pesos en la provincia de La Altagracia (Higuey).

Además, dijo que ha realizado conferencias y diplomados para pretender justificar el desfalco de sumas millonarias por el orden de los 300 millones de pesos.

Denunció que Surún Hernández tiene una compañía offshore en un paraíso fiscal como Panamá (el país de los famosos Papeles de Panamá).

Furcal cuestionó que un stand del CARD para una Feria del Libro que a lo sumo debería costar aproximadamente 150 mil pesos, según Surún Hernández, supuestamente salió por cuatro millones de pesos.

Precisó que la negativa de Surún Hernández a que la Cámara de Cuentas audite su gestión al frente del Colegio de Abogados “se debe a su temor de que toda esa podredumbre sea constatada por los auditores de esa institución estatal”.

Manifestó que, además, que Surún Hernández, ha alquilado el Colegio de Abogados para usarlo como instrumento de presión. Indicó que esto ocurrió en el caso de la abogada Anibel González en San Pedro de Macorís, donde el actual presidente del CARD llevó un grupo de abogados a vociferar consignas en el salón de audiencias del Palacio de Justicia para presionar al tribunal a fin de que le concediese la libertad bajo fianza a su esposo agresor, cosa que logró, e inmediatamente en libertad, el esposo procedió a matar a Anibel González.

“Es decir, que Miguel Alberto Surún Hernández no sólo está manchado por la corrupción, sino también por la sangre de esa abogada víctima de ese feminicidio que se produjo gracias a él y su instrumentalización del Colegio de Abogados para fines pecuniarios para su provecho personal”, afirmó.

Castellanos aseguró que Surún Hernández malversó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia (Higüey) y que “hasta tiene una compañía offshore en el paraíso fiscal de Panamá”.

“Solicitamos a la PEPCA que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández”, expresó.

Planteó Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad facultada constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. Precisó que el grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la Justicia a reclamar sus derechos.

Deploró que ese enriquecimiento ilícito de Surún Hernández ocurra mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación y demás servicios otros sectores organizados del país.

“Mientras el Dr. Miguel Surún Hernández se ha enriquecido, se ha multimillonarizado ilícitamente como presidente del Colegio de Abogados, la inmensa mayoría de los abogados se mueve en el hoyo de la pobreza. Surún se ha apropiado de cuantiosos fondos del Colegio de Abogados y los ha distraído para su beneficio personal”, indicó.

Planteó que Surún y los demás implicados han cometido varios crímenes y delitos ante la negativa de dejarse auditar. Citó que violaron los artículos 169; 170; 171; 172; 166 y 33; 145; 147; 148; 265; 266; 267; 59 y 60; 103; 104; 105 y 106 del Código Procesal Penal.

Precisó que también violentaron otras normativas y leyes, tales cuales los artículos 40, 44, 71, 72, 74, 75 Ordinal 3ro. de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados; los artículos 40 y 57 de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; el artículo 84 de la Ley No. 41-08 de Función Pública; y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Mediante instancia depositada por ante la Pepca, se solicita investigar el contrato suscrito por Sigmund Freund en representación del Estado Dominicano y de la Dirección de Alianzas Públicas Privadas de fecha 28 de octubre del 2021.

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que este día encuentra a la mayoría de juristas de la República Dominicana desamparados, desempleados, otros laborando en condiciones deplorables con bajos salarios, precariedades de insumos, deficiencias en infraestructuras físicas, limitado acceso a la educación, de oportunidades de crecimiento, carencia de seguro médico subsidiado y otros.

“Calificó como insólito que el Consejo Nacional de la Seguridad Social del país, después de 20 años de la implementación y aprobación de la Ley 87-01, todavía se niega a poner en vigencia el seguro contributivo y subsidiado en favor de los profesionales del Derecho que laboran de forma independiente”, denunció el gremialista.

Por tal razón, Surun Hernández convocó a una concentración frente al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero, para reiterar su reclamo de que se cumpla la Ley 87-01 y que se adopten medidas para mejorar las condiciones de los juristas del país.

Manifestó que el Card se suma a otras entidades que a una sola voz reclamarán que se ponga un alto a lo que calificó como una la mafia de la Seguridad Social.

El gremialista advirtió que las autoridades del Colegio de Abogados no detendrán su lucha en favor de los miembros del gremio.

Las actividades por la celebración del Día Internacional del Abogado incluyeron la entrega de una Ofrenda Floral, una conferencia “La Pirámide Invertida vs la Prueba Adversa”, impartida por el jurista Pedro Duarte Canaán y entrega de certificados de diplomados impartidos por el gremio a través de la Escuela Nacional del Abogado (ENA).

En los actos también estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de organización del Card; Cesario González, secretario de Educación; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad y el diputado Pedro Botello, entre otras personalidades

El jurista advirtió la función de administrar los recursos de la Procuraduría General de la República es competencia  del Consejo Superior de Ministerio Público.

“Cuestionamos si el presidente Abinader fue mal asesorado al anunciar que la creación del Ministerio de Justicia se haría mediante una ley adjetiva, y no de una modificación constitucional”, indicó el presidente del CARD.

Dicho ministerio facultado para administrar los recursos del Ministerio Público, debe ser establecido a través de una modificación constitucional, porque nuestra Carta Magna en su artículo 175.2 de manera expresa otorga esas facultades al Consejo Superior del Ministerio Público.

Una comisión del Colegio de Abogados, encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, depositó un documento en la Cámara Baja explicando las razones del rechazo de la pieza legislativa de autoría de la senadora por Bahoruco, Melania Salvador y que fue aprobada de manera “sorprendente” por el Senado de la República, según el jurista.

Surun Hernández aseguró que se trata de un “proyecto mordaza”, que promueve la censura, que viola la Constitución y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y que da licencia a los funcionarios para operar el manejo de la cosa pública sin cuestionamientos.

“Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos, de los cuestionamientos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa, una ley de censura, que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de la población en general del ejercicio cívico y democrático de generar opinión pública por las redes sociales y otros medios”, manifestó el jurista.

El presidente del CARD rechazó los artículos 3, 5, 6, 9, 10 y 13 de dicho proyecto de Ley, alegando que el articulo 3 plantea sanciones irracionales para los medios y personas; el artículo 5 que trata sobre Derecho fundamental a la intimidad que establece que si un tercero realiza intromisiones en contra de la voluntad de una persona sin su aprobación puede ser sancionado, lo que establece límites de publicaciones de informaciones de personas que sean figuras públicas o políticos.

Surun Hernández explicó otros artículos gravosos son el artículo 6 que habla sobre el derecho fundamental al honor que plantea que es la estimación o apreciación que un individuo tiene de sí mismo en virtud del reconocimiento que los demás hacen de su dignidad como persona, lo cual es totalmente interpretativo.

Otro de los artículos más lesivo y grave es el 9 de dispone el consentimiento informado previo del uso de la imagen que expresa que un tercero solo podrá hacer uso de la imagen de una persona con el consentimiento informado previo y expreso del titular del derecho, salvo que la imagen sea captada en un lugar o evento público y sea utilizada para la presentación de una información noticiosa, artística o estrictamente personal, lo que limita abiertamente la labor de la prensa y la libre expresión de cualquier ciudadano común que quiera tirar una foto a un artista o una personalidad y subirlo a sus redes sociales.

Mientras que el artículo 10, hace referencia a las “intromisiones ilegítimas y habla sobre la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona, que afecten su reputación, honor, buen nombre o su intimidad, así como la revelación o publicación en medios no autorizados, del contenido de escritos personales de carácter íntimo”.

Asimismo en su numeral 4 señala que “La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de las acciones o expresiones que de cualquier modo lesionan la dignidad de una persona, que menoscabe su fama, se difame o se lesione su imagen, honor y buen nombre, publicadas en cualquier medio tanto impreso como digital, tendrá consecuencias.

Mientras que el 13 plantea privilegios irritantes de inmunidad para los legisladores en torno a sus pronunciamientos.

El gremialista advirtió que si el proyecto es aprobado en la Cámara de Diputados sería una estocada mortal a los medios de comunicación y a la libre expresión del pensamiento de los ciudadanos, a través de la censura en violación de la Constitución de la República, leyes y tratados internacionales.

Además generará constantes demandas en los tribunales contra de ciudadanos y de medios de comunicación, por lo que la rechazamos totalmente.

Violaciones

El Presidente del Colegio de Abogados explicó que el referido proyecto viola el artículo 49 de la Carta Magna sobre la Libertad de Expresión e Información que plantea que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

Miguel Surun Hernández dijo que asimismo vulnera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 13, bajo el título de Participación de la Sociedad, en las letras a, b, c y d, que disponen garantizar el acceso eficaz del público a la información; realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios, pero sobre todo el de respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.

Otro violación es al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19, numeral uno que indica que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y en el numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Además afecta la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento que rige y protege el manejo de los medios de comunicación y de sus fuentes.

El propósito es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.

El magistrado titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitió la sentencia el pasado 27 de abril, en atención a un recurso sometido por la empresa Mahoe Traiding, ante la tardanza de la fiscalía del Distrito Nacional en iniciar las “diligencias de investigación” demandadas hace dos meses.

La solicitud a la fiscalía del Distrito Nacional forma parte de una querella sometida el pasado 22 de febrero del 2021 por lavado de activos, asociación de malhechores y evasión fiscal, que involucra a Hazoury Total, Miguel Alberto Surún Hernández, Rafael Fernández de Castro, y a las empresas CVC ONE y el Aeropuerto Internacional de Bávaro.

La sentencia indica que acoge “la solicitud de realización de diligencias de investigación presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD” cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo, por “haberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente”.

El artículo 286 del Código Procesal Penal faculta a las partes en conflicto a “preponer diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento”.

El juez además: “Ordena al ministerio Público disponer las diligencia de lugar a los fines de que sean obtenidas las informaciones elevadas a través de la solicitud”.

Establece que la fiscalía, cuya titular es Rosalba Ramos, no había respondido ni realizado gestión alguna, casi dos meses después de presentada la querella contra las empresas y personas citadas.

En sus motivaciones, el magistrado Sena Ferreras refiere que las diligencia de investigación es “referida a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y a la Dirección General de Impuestos Internos, para que estos emitan la situación y manejo de productos financieros, así como los pagos y registros del pago de la parte acusada”, pero no se recibió respuesta, entendiéndose esto “como una negativa ante la solicitud”; situación en la que el solicitante tiene derecho a acudir a un juez de instrucción para que decida sobre la petición.

Observa el juez que, “no existiendo obstáculo ni violación penal para que el ente persecutor haya dado respuesta ante tal solicitud hecha”, aún la fiscalía alegue que la parte querellante “no individualizó ni justificó” su pedimento, dicha solicitud está más que clara” en el escrito de la querella existente.

El apoderado legal de Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo explicó, y está incluido en las motivaciones de la querella, que esta empresa adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo económico en el cual recolectó más de US$300 millones, pero no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.

El contrato, dijo, incluía una cláusula arbitral para dirimir las reclamaciones, por lo que después de mucho esperar y solicitar la devolución de lo pagado, se acudió a la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. En diciembre del 2020, casi tres años después de iniciado el proceso, Cap Cana fue condenada a devolver los US$2.9 millones y pagar más US$567 mil de indemnización.

Lora señaló, que por las dificultades para cobrar se estudió todo el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana, y se decidió actuar porque este grupo económico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades económicas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirtió 117 millones de pesos en la compra de terrenos.

Propiedades, detalla, que CVC ONE vende más tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de Bávaro; y como en julio del 2019 Surún había traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses después, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo presidente.