Según un comunicado de la ATM, las fórmulas del Gobierno de Kais Said «violan las garantías constitucionales e internacionales contra el despido de jueces y el derecho de los litigantes a un tribunal independiente y a un Poder Judicial imparcial».

La organización recordó casos recientes de «acoso» del Ejecutivo a jueces, mediante órdenes de traslado irregulares, bloqueo de la correspondencia escrita, «impidiendo a los profesionales recibirla» y, en casos más «graves», suspensión «sin justificación alguna».

Para la ATM, estos procedimientos atacan la libertad de expresión, la organización y el activismo de sus miembros, que defienden y buscan aplicar la independencia judicial y ejercer sus derechos y obligaciones.

Condena a Anas Hamadi y origen del conflicto

En este sentido, recordó la condena a un año de prisión, «con efecto inmediato», al presidente de la organización, Anas Hamadi, dictada en abril de este año, «tras una causa que no cumplió con los estándares mínimos de un juicio justo».

El proceso se remonta al año 2022, cuando Hamadi convocó una huelga contra la decisión de Said de cesar por decreto a 57 jueces.

La AMT consideró que el hecho «representó un precedente peligroso en el país, donde en ninguna época se implicó a jueces en procesos sobre la base de su actividad sindical y asociativa».

Ante estos «ataques», el gremio condenó «la violación, por parte del Ejecutivo, de las garantías de independencia judicial y el principio de separación de poderes».

Presión internacional por la independencia judicial

Además, recordó que la Asociación Internacional de Jueces y la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, instaron al Estado tunecino, en repetidas ocasiones, «a respetar sus obligaciones y normas internacionales de independencia judicial».

Asimismo, pidieron al Gobierno respetar los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, que estipulan que los jueces «no deben ser objeto de injerencias, presiones, amenazas o influencias indebidas de ninguna índole» y que «solo pueden ser suspendidos por incompetencia o mala conducta».

Frente a los «reiterados incumplimientos», la ATM manifestó que las decisiones del Ejecutivo «adolecen de vicios de forma y fondo, ya que se comunican verbalmente, sin dejar constancia escrita», generando «un secretismo que impide tener conocimiento de ellas».

Además —agregó—, «la falta de procedimientos penales contra jueces suspendidos hace que las decisiones sean indefinidas, lo que equivale, en la práctica, a un despido encubierto», con la «consiguiente negativa de garantías procesales».

Por tanto —dijo la organización—, «el Gobierno debe cesar inmediatamente su injerencia y sometimiento al poder judicial, su menoscabo de la independencia e impedir la suspensión indefinida».

Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, diversas organizaciones denunciaron una «instrumentalización de la justicia», represión contra la disidencia y retrocesos de las libertades.